Cinco años después de iniciar una disputa legal por un proyecto de energía limpia que nunca se concretó como estaba previsto, el contrato entre el Ayuntamiento de Monterrey y la empresa Next Energy no sólo fue cancelado, sino que ahora derivó en una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el alcalde Adrián de la Garza.
La dirigencia de Morena en Nuevo León, acompañada por legisladores federales y locales, acudió a las instalaciones de la FGR para denunciar al edil por presunto ejercicio abusivo de funciones, al considerar que el convenio firmado con la compañía generó una afectación económica superior a los 7 mil 300 millones de pesos para las finanzas municipales.
La acusación se centra en la firma del contrato celebrado con Next Energy de México. Según Morena, en ese proceso participaron Adrián de la Garza y la entonces contralora municipal, Jobita Morín Flores, quien presuntamente también mantenía una relación como socia de la empresa.
Anabel Alcocer Cruz, presidenta estatal del partido, señaló que la denuncia busca esclarecer si durante la formalización del acuerdo ocurrieron actos que pudieran constituir conductas ilegales. Citó además el artículo 220 del Código Penal Federal, que sanciona a servidores públicos que intervienen en contratos que generen beneficios económicos indebidos para ellos o personas vinculadas.
El caso cobró nueva relevancia apenas un día después de que el Ayuntamiento de Monterrey anunciara, el 2 de junio de 2026, la cancelación definitiva del contrato con Next Energy, luego de años de litigios relacionados con el incumplimiento de la empresa para suministrar energía limpia al municipio.
La controversia también provocó confrontaciones políticas entre Adrián de la Garza y el exalcalde Luis Donaldo Colosio Riojas, quien durante su administración intentó rescindir el convenio. Sin embargo, la empresa logró impedir la cancelación mediante recursos de amparo.
Mientras la investigación escala en Nuevo León, el director de Next Energy, Eugenio Javier Maiz, permanece detenido en Aguascalientes. El empresario enfrenta denuncias por incumplimientos contractuales en Monterrey, Mexicali y la capital hidrocálida.
En ese último municipio, la compañía obtuvo en 2019 un contrato por 7 mil 800 millones de pesos para desarrollar infraestructura fotovoltaica en Cañada Honda. El proyecto contemplaba la instalación de mil 919 microplantas y más de 60 mil paneles solares durante un periodo de 30 años. Tras retrasos y modificaciones al convenio, el ayuntamiento presentó una denuncia en 2022.
Maiz fue capturado en Reynosa, Tamaulipas, en diciembre de 2025. Posteriormente fue trasladado a Aguascalientes, donde un juez le impuso prisión preventiva justificada por los delitos de amenazas y cohecho, después de que presuntamente ofreciera 500 mil pesos a custodios para intentar evitar su traslado.
