Libro de Scherer vincula a AMLO con freno a investigación contra hijo de Bartlett por ventiladores Covid

El exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, sostiene que el entonces mandatario Andrés Manuel López Obrador intervino para frenar una investigación relacionada con presuntos actos de corrupción atribuidos a León Manuel Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett Díaz, exdirector de la Comisión Federal de Electricidad.

La revelación forma parte del capítulo 19 del libro Ni venganza ni perdón: Una amistad al filo del poder, donde Scherer Ibarra describe un conflicto interno derivado de la intención de la Secretaría de la Función Pública de investigar y consignar responsabilidades por la venta de ventiladores respiratorios durante la pandemia de Covid-19.

Según el testimonio, la entonces titular de la dependencia, Irma Eréndira Sandoval, decidió avanzar en las indagatorias por la comercialización de equipos médicos a sobreprecio. “Eso generó un problema serio porque la Secretaría de la Función Pública había tomado la decisión de que se indagara y se consignara una investigación que le atribuyera responsabilidades al hijo de Bartlett”, relata Scherer. Añade que la secretaria “se empeñó en seguir la investigación” y que, ante la tensión, “vino la salida abrupta de Irma”.

En 2020, la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de León Bartlett, vendió al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo 20 ventiladores respiratorios a 1.5 millones de pesos cada uno. El precio fue considerado de los más elevados registrados en ese periodo. Posteriormente, los equipos fueron señalados por incumplir especificaciones técnicas, lo que derivó en su devolución y en sanciones para la compañía.

Las autoridades impusieron a la firma inhabilitaciones por 24 y 27 meses, además de multas superiores a 2 millones de pesos. No obstante, en años recientes la empresa volvió a obtener contratos gubernamentales. Durante la administración de Claudia Sheinbaum, Cyber Robotics Solutions ha recibido al menos siete contratos que alcanzan hasta 362 millones de pesos por suministro de equipo especializado, mantenimiento y servicios técnicos, principalmente en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS.

El libro expone que el conflicto por la investigación coincidió con la salida de Sandoval de la Secretaría de la Función Pública, en medio de tensiones dentro del gabinete federal durante la emergencia sanitaria.

Denuncian impedimento legal para candidatura de Javier Corral al Senado

El representante del PRI ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Hiram Hernández Zetina, ha levantado una denuncia que pone en tela de juicio la elegibilidad de Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, como candidato de Morena al Senado de la República. Según Hernández Zetina, Corral estaría incumpliendo uno de los requisitos constitucionales para tal cargo debido a su doble nacionalidad.

Hernández Zetina argumenta que Corral posee nacionalidad estadounidense, ya que nació en El Paso, Texas, el 2 de agosto de 1966. Esto, según el representante del PRI, lo hace inelegible para ocupar un cargo que, de acuerdo con el artículo 32, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está reservado para ciudadanos mexicanos por nacimiento y sin otra nacionalidad.

“Javier Corral es inelegible para ser candidato al Senado. No cumple con el requisito constitucional de no contar con otra nacionalidad; nació en El Paso, Texas”, afirmó Hernández Zetina, quien además presentó ante el INE las actas de nacimiento de Corral como prueba.

El representante del PRI también señaló durante su intervención que durante el mandato de Corral como gobernador de Chihuahua, se habrían cometido actos de corrupción entre funcionarios de su administración, de los cuales el propio Corral podría haber sido cómplice. Entre los nombres mencionados se encuentran Francisco Arredondo, exfiscal de derechos humanos, Arturo Fuentes, exsecretario de Hacienda, Eduardo Fernández, exsecretario de Salud, y Antonio Pinedo Cornejo, excoordinador de comunicación social, todos ellos involucrados en procesos por desvío de recursos.