CDMX anuncia comité para víctimas y revela causas de accidente en Puente de la Concordia

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció este miércoles la conformación de un comité de solidaridad que tendrá como función central recibir y administrar las donaciones ciudadanas destinadas a las víctimas de la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

Brugada explicó que la decisión responde a las peticiones de distintos sectores de la población que han solicitado un mecanismo transparente para canalizar apoyos. Este comité estará integrado por representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Cruz Roja, así como miembros de la sociedad civil, empresarios y personalidades reconocidas.

“El objetivo de este comité será recibir y administrar donaciones y aportaciones solidarias para las personas lesionadas y las familias”, precisó la mandataria capitalina. Indicó además que en los próximos días se definirá una cuenta bancaria para la recepción de recursos, con el propósito de que éstos se distribuyan de manera ordenada y directa entre los afectados.

A una semana del accidente, Brugada informó que ya se han entregado apoyos emergentes a las víctimas hospitalizadas, a quienes han sido dadas de alta y a las familias de las personas fallecidas. Aunque no detalló montos, aseguró que también se han brindado alimentos, atención de salud mental y asesoría jurídica.

En paralelo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer los avances de la investigación sobre el siniestro ocurrido en la autopista México-Texcoco, a la altura del cruce con la México-Puebla. La fiscal capitalina, Bertha Alcalde, informó que la pipa transportaba gas LP desde Tuxpan, Veracruz, con destino a una gasera ubicada en la alcaldía Tláhuac.

De acuerdo con el peritaje, el vehículo circulaba a exceso de velocidad al tomar la salida hacia la autopista México-Puebla, donde existe una curva con pendiente positiva. En ese tramo perdió el control e impactó primero contra el muro de contención exterior. Posteriormente cambió de dirección y golpeó un segundo muro interior.

El fuerte impacto provocó que el contenedor se volcara y recibiera un golpe adicional en la parte frontal izquierda, lo que ocasionó una fractura de aproximadamente 40 centímetros. Por esa abertura se fugó el gas que transportaba la unidad.

La fiscal detalló que la fractura pudo haberse originado por el choque con un objeto rígido, ya sea una pieza del propio camión o fragmentos de los muros. El gas se expandió a lo largo de un área de 180 metros, donde finalmente una chispa generó el incendio que derivó en la explosión.

Caen 13 implicados en el asesinato de colaboradores de Clara Brugada en la CDMX

Las autoridades capitalinas confirmaron la detención de 13 personas relacionadas con el homicidio de Ximena Guzmán Cuevas, secretaria particular de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y de José Muñoz Vega, su asesor. Ambos fueron asesinados durante un ataque armado registrado la mañana del martes 20 de mayo en la alcaldía Benito Juárez.

En conferencia, la mandataria capitalina informó que de los detenidos, tres están identificados como autores materiales del ataque, mientras que el resto habría participado en la planeación logística del crimen.

“Durante la madrugada de este día, en coordinación con el gobierno de México, se llevó a cabo un importante operativo relacionado con los homicidios de nuestros compañeros Ximena Guzmán y José Muñoz. En dicho operativo se detuvieron a 13 personas, entre ellas tres que participaron directamente en el homicidio y otras en la preparación logística”, señaló Brugada, quien subrayó la coordinación interinstitucional como factor clave para este avance.

La jefa de Gobierno agradeció de manera personal el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y recalcó que la colaboración entre la Ciudad de México y el gobierno federal ha sido determinante en la investigación.

El ataque ocurrió alrededor de las 08:30 horas en la intersección de Calzada de Tlalpan y la calle Napoleón. Según los reportes, Guzmán y Muñoz viajaban juntos cuando fueron interceptados y agredidos directamente por sujetos que escaparon a bordo de una motocicleta. Ambos murieron en el lugar.

Tras el crimen, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital, la Fiscalía General de Justicia local, la Secretaría de Seguridad federal, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Marina desplegaron un operativo conjunto. Entre las diligencias, se revisaron cámaras del sistema de videovigilancia para seguir rutas de escape e identificar a los responsables.

La fiscal general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, encabezará una conferencia de prensa para detallar los resultados del operativo. Brugada precisó que no se aceptaron preguntas en el anuncio inicial debido a que la investigación continúa y apenas se están mostrando los primeros resultados.

En redes sociales, la jefa de Gobierno lamentó el asesinato y envió condolencias a las familias de las víctimas, asegurando que “el compromiso es claro: los responsables serán detenidos y deberán enfrentar a la justicia”.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, condenó el hecho y garantizó que todas las áreas de la dependencia colaboran con la fiscalía y con las instancias federales. Por su parte, Omar García Harfuch, titular de Seguridad y Protección Ciudadana federal, calificó el ataque como un acto cobarde y expresó: “No dejaremos que este hecho quede impune”.

Las investigaciones seguirán abiertas para esclarecer el móvil del crimen, calificado por las autoridades como una agresión directa.

CDMX lanza ofensiva legal contra el despojo de inmuebles con penas de hasta 22 años

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó este martes una estrategia integral para combatir el delito de despojo de inmuebles, un fenómeno que definió como “uno de los más graves y dolorosos” para las familias capitalinas. Durante la conferencia matutina, anunció la instalación oficial del Gabinete de Prevención y Atención a los Despojos, que ya opera desde hace cuatro meses, y que busca coordinar acciones institucionales para enfrentar este delito estructural y multifactorial.

El gabinete está encabezado por el secretario de Gobierno, César Cravioto, y la Fiscal capitalina, Bertha Alcalde. Lo integran también instancias clave como el Poder Judicial, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Registro Público de la Propiedad, la Consejería Jurídica, Protección Civil, Patrimonio Inmobiliario y, próximamente, la Comisión de Derechos Humanos local, con el fin de garantizar un enfoque con perspectiva de derechos.

Uno de los pilares de la estrategia es la creación de una Unidad Operativa Especializada Contra el Despojo, adscrita a la Secretaría de Gobierno. Su función será atender casos específicos con celeridad y coordinación interinstitucional. Además, se implementará una campaña ciudadana de prevención para informar sobre prácticas fraudulentas, fomentar la cultura de la legalidad y promover el conocimiento de los derechos patrimoniales.

En el plano legislativo, Brugada anunció que enviará al Congreso local un paquete de reformas para endurecer el castigo a quienes cometan este delito. Entre las principales propuestas destacan penas de prisión que van de 6 a 11 años en su tipo base, y de 12 a 22 años sin derecho a fianza en casos agravados. Estas agravantes incluyen el uso de violencia, daño físico a los inmuebles, impedimento del uso del bien, simulación de actos jurídicos como compraventas falsas, o participación de servidores públicos, notarios, corredores inmobiliarios o personas que usurpen funciones de autoridad.

Las reformas también amplían la definición legal del delito de despojo, incluyendo esquemas encubiertos y nuevos tipos de fraude, lo que permitirá una persecución penal más eficaz. Se contemplan medidas de protección cautelar desde la detección del riesgo, para impedir que el despojo se consolide legalmente, protegiendo así el patrimonio de las víctimas desde el inicio del proceso.

Por su parte, la fiscal Bertha Alcalde informó que en lo que va de 2025 se han registrado 2 mil 245 denuncias por despojo, lo que representa un incremento del 8% respecto al año anterior. Las alcaldías con mayor número de casos son Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.

Con este plan, el Gobierno capitalino busca reforzar sus capacidades institucionales, garantizar el acceso a la justicia, y proteger a los grupos más vulnerables frente a un delito que, según Brugada, “rompe vínculos familiares y comunitarios”.

Academia Militarizada en la mira: Se acumulan denuncias y crecen las investigaciones

Una nueva denuncia por violencia familiar equiparada se suma al caso de la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, institución que ha cobrado notoriedad tras la trágica muerte del menor Erick durante un campamento en el estado de Morelos. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) confirmó este viernes que ocho niños más habrían sido víctimas de maltrato dentro de la academia.

Durante una conferencia de prensa encabezada por autoridades capitalinas, la titular de la FGJ, Bertha Alcalde, puntualizó que los nuevos señalamientos apuntan a “vejaciones, arrestos y otras formas de castigos”, presuntamente aplicados a menores dentro de las instalaciones educativas. Esta nueva línea de investigación está siendo llevada por la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes.

Paralelamente, se mantiene la colaboración entre las fiscalías de la Ciudad de México y de Morelos, a fin de facilitar cualquier información que resulte clave para esclarecer el fallecimiento del menor Erick, ocurrido el 27 de abril. La coordinación entre ambas dependencias busca cerrar cualquier vacío informativo sobre el historial de la academia, especialmente por tratarse de un centro que opera con el respaldo de un registro oficial.

Erick, de corta edad, perdió la vida mientras participaba en un campamento escolar. Su madre, Érika Torbellin, denunció públicamente que su hijo y otros alumnos fueron agredidos por un sargento de la academia. La necropsia realizada señala que la causa de muerte fue estallamiento de vísceras, aunque aún se esperan los resultados de patología, los cuales se emitirán en un plazo aproximado de dos semanas.

El caso ha causado conmoción en redes sociales y ha movilizado a colectivos ciudadanos que exigen justicia. Las voces de protesta encontraron eco en la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien informó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) también inició un proceso de investigación sobre la legalidad y funcionamiento del centro educativo, ya que su registro depende directamente de esa dependencia.

Como resultado de estas acciones, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, anunció en sus redes sociales que la academia fue clausurada oficialmente. Sellos fueron colocados en sus instalaciones como parte de las medidas precautorias adoptadas por las autoridades locales.

El caso sigue abierto y cada declaración oficial va sumando piezas a un rompecabezas institucional que exige respuestas y acciones contundentes. La sociedad permanece atenta mientras la investigación avanza, con la esperanza de que la justicia alcance a todos los responsables.

Pinchazos en el Metro: 41 casos, 3 detenidos y un operativo en marcha en CDMX

En medio del creciente número de denuncias por posibles pinchazos en el transporte público de la Ciudad de México, autoridades capitalinas han encendido las alertas. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que hasta ahora se han registrado 41 reportes por estos hechos, que se extienden desde el Metro hasta las calles y sistemas de transporte universitarios.

La titular de la FGJ, Bertha Alcalde, precisó que del total de denuncias, 33 se produjeron en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, cuatro en el Metrobús, tres en la vía pública y uno en el Pumabús, el servicio interno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De esos reportes, sólo 15 casos han mostrado señales físicas consistentes con una punción, según las evaluaciones médicas. En los demás, los indicios corresponden a lesiones superficiales como escoriaciones o rasguños. Para esclarecer los hechos, se han realizado exámenes toxicológicos a las personas afectadas, y en cuatro de ellos se detectó la presencia de estupefacientes.

Estos hallazgos están siendo analizados en profundidad para determinar si las sustancias encontradas están relacionadas directamente con los pinchazos o si podrían derivarse de otros factores como medicamentos. La fiscal Alcalde enfatizó que hasta el momento no se ha establecido conexión entre estos eventos y delitos como secuestro, abuso sexual u otros de alto impacto. Tampoco se han reportado consecuencias graves para las personas afectadas.

En respuesta a esta situación, se han detenido a tres personas. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el origen, intención y patrón detrás de estos incidentes, si es que existiese alguno.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) también ha tomado medidas. Su titular, Pablo Vázquez, señaló que se ha implementado un protocolo de atención inmediata especializado para abordar cada reporte. Este incluye la intervención de policías de proximidad y el traslado de la víctima a unidades médicas para su atención y evaluación.

Actualmente, 5 mil 800 elementos de la policía capitalina están desplegados en el Metro como parte del operativo de vigilancia, y personal especializado de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ha sido designado exclusivamente para dar seguimiento a los casos relacionados con los pinchazos.

Aunque las investigaciones están en curso y aún no se ha determinado una causa común o móvil claro, las autoridades insisten en que no se debe minimizar la situación. La acción inmediata, la coordinación interinstitucional y la vigilancia reforzada buscan brindar tranquilidad a los usuarios del transporte público y asegurar que cualquier caso se atienda con seriedad y eficacia.