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La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, en lo general, el dictamen que establece un límite máximo a las pensiones financiadas con recursos públicos, fijando el tope en el 50% de la remuneración del titular del Poder Ejecutivo federal, equivalente a 70 mil pesos mensuales. La votación registró 458 votos a favor, sin sufragios en contra ni abstenciones, y posteriormente el proyecto fue turnado a la discusión en lo particular.

La propuesta fue defendida por legisladores de Morena, quienes señalaron que la medida busca corregir desigualdades dentro del sistema de pensiones. La diputada Haidyd Arreola sostuvo que el dictamen responde a la necesidad de atender diferencias entre beneficios elevados y pensiones bajas dentro del servicio público.

“No siempre lo legal es justo ni lo justo es lo legal. La verdad duele. Duele ver cómo nuestro Estado es saqueado por pensiones millonarias y cómo a unos apenas les alcanza para subsistir y cubrir sus necesidades básicas. Este contraste no es menor, es una distorsión estructural del sistema”, afirmó durante la fundamentación del dictamen.

La legisladora también aseguró que la reforma cuenta con sustento jurídico y no contraviene el principio de irretroactividad. Explicó que las reformas constitucionales pueden incidir en situaciones previas conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin vulnerar la seguridad jurídica.

Desde la oposición, legisladores del Partido Acción Nacional cuestionaron el alcance del dictamen y señalaron que no se incluyen todos los casos. La diputada Laura Cristina Márquez criticó que el proyecto excluya a ciertos funcionarios y planteó que la medida no aplica a ministros en retiro.

“¿Por qué la justicia del gobierno de Morena es selectiva? ¿Por qué exfuncionarios de paraestatales o descentralizadas, pero altos funcionarios del Ejecutivo no? ¿Por qué a unos sí y a otros no se les incluye?”, señaló. También cuestionó: “¿Cómo se explica que los ministros en retiro mantengan ese haber de retiro vitalicio, y a quienes han dedicado su vida al servicio de México se les rasura sin elementos técnicos y violando sus derechos?”.

La legisladora también hizo referencia a otros temas durante su intervención y criticó el impacto presupuestal de la medida frente a otros gastos del gobierno.

Por su parte, el diputado del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Domínguez, advirtió que la reforma podría abrir la puerta a la retroactividad de la ley. “Lo más grave de este documento es que le están abriendo la puerta a empezar con la retroactividad de la ley. Las pensiones, pues, son un derecho”, señaló.

El legislador agregó que modificar derechos previamente adquiridos podría afectar la certeza jurídica y la confianza en las instituciones. También afirmó que permitir cambios sobre beneficios establecidos implicaría que ningún derecho esté garantizado.

Tras la aprobación en lo general, la Cámara de Diputados continuó con la discusión en lo particular del dictamen que fija el tope a las pensiones financiadas con recursos públicos.

La historia que estremeció a Chalco y sacudió al Estado de México suma un nuevo capítulo. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México decidió devolver la posesión de una vivienda a Mariana ‘N’, hija de Carlota ‘N’, una mujer de 74 años detenida por su presunta implicación en el homicidio de dos personas y la tentativa de asesinato de un menor de edad. La propiedad, ubicada en el municipio de Chalco, fue el epicentro de un conflicto que derivó en violencia, arrestos y una polémica resolución judicial. 

Todo comenzó cuando Mariana ‘N’ denunció el 25 de marzo que un grupo de personas había invadido el inmueble familiar. Acudió a la Fiscalía Regional de Chalco para levantar un acta por despojo, iniciando así una carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público. Seis días después, el 31 de marzo, volvió al lugar acompañada por policías municipales, aunque esa jornada no se ejecutó ninguna acción de desalojo por parte de los agentes.

La tensión escaló rápidamente. El 2 de abril, Carlota ‘N’, en un intento por recuperar el domicilio, se presentó presuntamente armada y en compañía de sus hijos. El enfrentamiento terminó de forma trágica. Dos personas perdieron la vida y un menor resultó herido. La mujer de la tercera edad fue arrestada en el sitio, junto con sus familiares Mariana ‘N’ y Eduardo ‘N’.

De acuerdo con la Fiscalía, a los detenidos se les cumplimentó una orden de aprehensión por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio. Permanecen a disposición de la autoridad judicial, que será la encargada de definir su situación legal.

La fiscalía, luego de analizar la carpeta de investigación, determinó este 4 de abril otorgar la posesión del inmueble a Mariana ‘N’. La resolución se basó en la documentación y declaraciones recopiladas a lo largo del proceso legal.

Sin embargo, el giro inesperado surgió en voz del abogado defensor de Mariana ‘N’, quien expresó que, por el momento, “no era de su interés” aceptar la restitución de la propiedad. La razón detrás de esta negativa no fue especificada.

El caso continúa generando repercusiones y atrayendo la atención pública. La tensión en la comunidad de Chalco persiste, mientras la autoridad judicial avanza en la evaluación del proceso legal de los implicados. La restitución de una propiedad en disputa, los crímenes cometidos y la complejidad del conflicto familiar mantienen en vilo a quienes siguen de cerca esta historia que combina lo legal, lo social y lo trágico.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los lineamientos que regirán la campaña electoral para la elección del Poder Judicial de la Federación, estableciendo criterios que garantizan equidad, orden y transparencia en el proceso.

Con la contienda a punto de iniciar, se definieron restricciones clave para los candidatos: queda prohibido el uso de templetes, sonido profesional y carpas en eventos públicos. Tampoco podrá utilizarse perifoneo. La consejera Carla Humphrey precisó que las reuniones en espacios abiertos están permitidas siempre que sean “no onerosas, sin erogaciones ni montajes“. Como únicos medios autorizados para amplificar la voz, se podrán emplear megáfonos y bocinas no profesionales.

Las y los aspirantes tendrán acceso a foros, universidades, podcasts y mesas de diálogo, siempre que no implique un costo adicional para la candidatura. Además, se permitirá la creación de canales en YouTube, páginas web y perfiles en redes sociales, aunque sin opción de pagar por publicidad o aumentar su alcance mediante pauta digital.

El uso de propaganda impresa estará limitado a materiales en papel biodegradable. Se autoriza que los candidatos porten camisas o prendas con su nombre, pero queda prohibido uniformar a los equipos de apoyo. No se podrán rotular vehículos ni bardas, y la instalación de espectaculares y propaganda utilitaria también queda fuera de los lineamientos permitidos.

En materia de seguridad, la consejera del INE indicó que “los vehículos blindados y el personal de seguridad podrán ser utilizados atendiendo las problemáticas en materia de seguridad que aquejan a nuestro país”. Cualquier candidato que decida contar con un equipo de seguridad deberá informar a la unidad del cargo que ocupa actualmente.

El objetivo de estas disposiciones es claro: proteger el principio de equidad en la contienda y asegurar el correcto uso de los recursos. “El INE no solo regula y fiscaliza, sino que acompaña”, destacó la consejera Humphrey.

El instituto reafirma su compromiso con una elección ordenada, legal y transparente, en la que la confianza ciudadana sea el pilar fundamental del proceso.

El Congreso de Jalisco rechazó una iniciativa que buscaba permitir a menores de edad cambiar su identidad de género en documentos oficiales. Con 21 votos en contra, 13 a favor y una abstención, las y los legisladores se opusieron a la medida, a pesar de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2022 que ordenaba reformas en el tema.

La propuesta pretendía que los menores de edad pudieran realizar el trámite acompañados de un tutor o, en caso de no contar con uno, con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Sin embargo, el Congreso mantuvo su postura de restringir este derecho a personas mayores de 18 años, como ya está establecido en el Código Civil de Jalisco.

El rechazo de la iniciativa generó reacciones divididas entre organizaciones civiles y grupos conservadores. La Asociación por las Infancias Transgénero en Jalisco recordó que la SCJN determinó que el derecho a la identidad es universal y no debe estar sujeto a la edad. Asimismo, Izack Zacarías, coordinador de la organización Impulso Trans, afirmó que negar el reconocimiento legal de la identidad de género a niñas, niños y adolescentes es una forma de violencia.

“Hablar de colocar una edad es seguir violentando a las personas en su identidad. Ya está comprobado que la identidad se reconoce desde temprana edad y hay que respetarla”, declaró Zacarías.

Por otro lado, el Frente Nacional por la Familia defendió la decisión del Congreso, argumentando que este tipo de cambios deben realizarse en la adultez. Jaime Cedillo, representante del grupo, señaló que la sociedad debe acompañar a los menores en su proceso de autodescubrimiento, pero sin tomar decisiones definitivas hasta la mayoría de edad.

Días antes de la votación, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, pidió al Congreso rechazar la propuesta, argumentando que los menores no tienen la madurez suficiente para definir su identidad de género de manera legal.

A pesar del fallo legislativo, organizaciones en defensa de los derechos de las personas trans seguirán impulsando acciones para que se cumpla la resolución de la SCJN. Mientras tanto, la falta de regulación deja a los menores de edad sin una vía legal para obtener documentos que reconozcan su identidad de género en Jalisco.