FGR pospone definición sobre Raúl Rocha Cantú tras solicitud presidencial y orden de captura vigente

La situación jurídica del empresario Raúl Rocha Cantú, también propietario del certamen Miss Universo, permanece sin una postura pública definitiva por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum solicitara a la dependencia informar sobre el cambio de medida cautelar y la reactivación de una orden de aprehensión en su contra. El tema fue abordado durante una conferencia de prensa realizada en Palacio Nacional, donde la mandataria federal fue cuestionada directamente sobre el estatus legal del caso.

Durante su intervención, Sheinbaum precisó que corresponde exclusivamente a la FGR dar a conocer los detalles relacionados con la situación jurídica del empresario. “Tiene que informarlo la fiscalía, es un tema de la fiscalía y tienen que informar, pero sí tenemos información, pero a quien le corresponde informarlo es a la fiscalía”, señaló la presidenta ante los medios, al subrayar la autonomía de la institución encargada de la investigación.

Horas más tarde, la Fiscalía General de la República emitió un posicionamiento a través de su cuenta oficial en la red social X, en el que indicó que dará a conocer información sobre el caso una vez que sea legalmente procedente. En el mensaje, la dependencia señaló que actúa conforme al marco jurídico vigente y en estricto apego al debido proceso. “En cuanto exista información que sea susceptible de ser difundida, lo haremos del conocimiento de la opinión pública”, informó la FGR, sin detallar plazos ni precisar el alcance de las actuaciones en curso.

El contexto de este pronunciamiento se da después de que el medio Latinus reportara, la noche anterior, la existencia de una orden de captura contra Raúl Rocha Cantú, presuntamente relacionada con el delito de delincuencia organizada. De acuerdo con dicha información, la orden fue autorizada por un juez del estado de Querétaro el pasado 15 de diciembre de 2025. Posteriormente, la propia Fiscalía indicó que desconoce el paradero actual del empresario.

Según los elementos presentados por el Ministerio Público para solicitar la orden de aprehensión, Rocha Cantú no cuenta con un domicilio plenamente identificable para su localización. La documentación judicial refiere que el domicilio proporcionado por el imputado fue verificado por personal de la FGR y se constató que no es habitado por él. Este hecho fue integrado como parte de las pruebas que sustentaron la solicitud ante la autoridad judicial.

En el texto de la orden de captura se establece que el empresario no tiene un arraigo domiciliario comprobable en el Estado de México, Querétaro ni en la Ciudad de México. Asimismo, se señala que en el inmueble registrado nunca ha pernoctado y que se trata de un domicilio irregular, presuntamente proporcionado con el fin de evitar su ubicación por parte de las autoridades.

Mientras la orden judicial permanece vigente y la localización del empresario no ha sido confirmada, la Fiscalía General de la República mantiene reserva sobre el avance de las actuaciones. La dependencia reiteró que cualquier información adicional será comunicada públicamente cuando así lo permita el proceso legal en curso.

Caso Carlota ‘N’: Fiscalía devuelve inmueble mientras avanza proceso por doble homicidio

La historia que estremeció a Chalco y sacudió al Estado de México suma un nuevo capítulo. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México decidió devolver la posesión de una vivienda a Mariana ‘N’, hija de Carlota ‘N’, una mujer de 74 años detenida por su presunta implicación en el homicidio de dos personas y la tentativa de asesinato de un menor de edad. La propiedad, ubicada en el municipio de Chalco, fue el epicentro de un conflicto que derivó en violencia, arrestos y una polémica resolución judicial. 

Todo comenzó cuando Mariana ‘N’ denunció el 25 de marzo que un grupo de personas había invadido el inmueble familiar. Acudió a la Fiscalía Regional de Chalco para levantar un acta por despojo, iniciando así una carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público. Seis días después, el 31 de marzo, volvió al lugar acompañada por policías municipales, aunque esa jornada no se ejecutó ninguna acción de desalojo por parte de los agentes.

 

La tensión escaló rápidamente. El 2 de abril, Carlota ‘N’, en un intento por recuperar el domicilio, se presentó presuntamente armada y en compañía de sus hijos. El enfrentamiento terminó de forma trágica. Dos personas perdieron la vida y un menor resultó herido. La mujer de la tercera edad fue arrestada en el sitio, junto con sus familiares Mariana ‘N’ y Eduardo ‘N’.

 

De acuerdo con la Fiscalía, a los detenidos se les cumplimentó una orden de aprehensión por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio. Permanecen a disposición de la autoridad judicial, que será la encargada de definir su situación legal.

 

La fiscalía, luego de analizar la carpeta de investigación, determinó este 4 de abril otorgar la posesión del inmueble a Mariana ‘N’. La resolución se basó en la documentación y declaraciones recopiladas a lo largo del proceso legal.

 

Sin embargo, el giro inesperado surgió en voz del abogado defensor de Mariana ‘N’, quien expresó que, por el momento, “no era de su interés” aceptar la restitución de la propiedad. La razón detrás de esta negativa no fue especificada.

 

El caso continúa generando repercusiones y atrayendo la atención pública. La tensión en la comunidad de Chalco persiste, mientras la autoridad judicial avanza en la evaluación del proceso legal de los implicados. La restitución de una propiedad en disputa, los crímenes cometidos y la complejidad del conflicto familiar mantienen en vilo a quienes siguen de cerca esta historia que combina lo legal, lo social y lo trágico.

La Suprema Corte revoca el amparo a Mario Aburto y permanece en prisión con nuevo juicio

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha tomado una decisión que reaviva uno de los episodios más oscuros de la política mexicana. Este miércoles, la Primera Sala de la Corte revocó el amparo que podría haber permitido la liberación de Mario Aburto Martínez, quien fue detenido en 1994 por el asesinato del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta. Esta resolución no solo cierra la puerta a la libertad inmediata de Aburto, sino que también ordena reponer el juicio y, por primera vez, incluir a la familia de Colosio en el proceso legal.

 

La votación se llevó a cabo en una sesión clave a la que asistió la ministra Lenia Batres, cuyo voto resultó determinante tras un empate en la deliberación anterior, celebrada el 25 de septiembre. Con tres votos a favor, los ministros Loretta Ortiz Ahlf, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Batres Guadarrama se impusieron sobre la postura de sus colegas Margarita Ríos Fajart y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quienes votaron en contra de la revocación.

 

El proyecto, identificado como 6917/2023, no fue nuevamente debatido en esta ocasión, lo que permitió un avance rápido en la resolución. Sin embargo, el impacto de la decisión resuena más allá del ámbito judicial, ya que ordena que se convoque a los familiares de Colosio para que sean parte del proceso. Este punto ha sido un tema largamente discutido, pues muchos consideraban que la familia de Colosio no había tenido la representación adecuada en el proceso legal que condenó a Aburto a 45 años de prisión.

 

Esta resolución surge a raíz de una impugnación promovida por la Fiscalía General de la República (FGR) contra un amparo otorgado a Aburto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. El amparo, concedido a principios de año, abría la posibilidad de revisar su condena y, eventualmente, su liberación. Sin embargo, la FGR argumentó que la liberación de Aburto sin un proceso adecuado afectaría los derechos de los involucrados, incluyendo los de la familia del candidato asesinado.

 

Es importante recordar que Aburto ha sostenido, desde hace varios años, que fue torturado tras su detención en 1994, acusaciones que llevaron a su defensa a promover diversas acciones legales. En mayo de este año, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México admitió un recurso de impugnación interpuesto por la defensa de Aburto, quien buscaba que se avanzara en la investigación por actos de tortura, mismos que la FGR había desestimado.

 

Aburto Martínez fue detenido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, acusado de disparar contra Colosio durante un mitin político. El asesinato del candidato presidencial del PRI conmocionó al país y dio lugar a teorías de conspiración que hasta el día de hoy siguen alimentando el debate público. A pesar de la condena y la sentencia de 45 años que cumple Aburto, su caso continúa siendo un punto de controversia, sobre todo por las persistentes acusaciones de tortura y los cuestionamientos sobre la investigación original.

 

Aunque Aburto permanecerá en prisión, la orden de reponer el juicio e incluir a la familia de la víctima en el proceso podría cambiar el rumbo de este caso que ha marcado la historia política de México.

‘El Mochomo’ Liberado Pese a Acusaciones de Soborno Millonario

En un giro impactante del caso Ayotzinapa, José Ángel Casarrubias Salgado, conocido como “El Mochomo” y presunto implicado en la desaparición de los normalistas, salió en libertad en octubre del año pasado. A pesar de la acusación de delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos contra la salud, un juez lo absolvió, generando sorpresa y controversia.

La Fiscalía General de la República (FGR) se encontró con la noticia de su liberación mientras impugnaba el fallo del juez de Distrito en el Estado de México. La apelación fue admitida, pero “El Mochomo” ya no estaba en prisión, lo que levantó interrogantes sobre los procedimientos judiciales.

La conexión de “El Mochomo” con el caso Ayotzinapa ha sido motivo de preocupación. Una llamada interceptada por la DEA reveló sus conversaciones con sus hermanos sobre el ataque a los estudiantes en 2014. Aunque la FGR buscaba mantenerlo tras las rejas, el juez decidió absolverlo.

El proceso legal enfrentó varios obstáculos, incluida la negación de amparo en julio de 2020 y la revelación en 2023 de una llamada entre los abogados de “El Mochomo” y su madre, coordinando un presunto soborno de dos millones de dólares para asegurar su liberación.

Este escándalo arroja dudas sobre la integridad del sistema judicial mexicano y plantea interrogantes sobre la influencia indebida en el proceso legal. La liberación de “El Mochomo” a pesar de las evidencias en su contra resalta la necesidad de revisar y fortalecer los mecanismos que garantizan la justicia en casos cruciales como el de Ayotzinapa.

El papel del presunto líder de Guerreros Unidos en la desaparición de los 43 normalistas no ha sido pasado por alto. La FGR insiste en su implicación, mientras que la sociedad espera respuestas claras y acciones contundentes para garantizar que casos tan sensibles no se vean afectados por irregularidades judiciales.

El momento de la liberación de “El Mochomo” coincide con los esfuerzos continuos de la FGR por resolver el caso Ayotzinapa. A pesar de las complejidades legales y las acusaciones de soborno, la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas persiste.

El hecho de que “El Mochomo” haya eludido las consecuencias legales nuevamente pone de manifiesto los desafíos que enfrenta México en su lucha contra la impunidad. La comunidad internacional, así como los ciudadanos mexicanos, están observando de cerca este caso emblemático, exigiendo transparencia y responsabilidad en el sistema judicial.