SRE descarta impacto en camioneros mexicanos tras suspensión de visas en Estados Unidos

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que la suspensión de visas para conductores de camiones en Estados Unidos no tendrá repercusión en los transportistas mexicanos, gracias a las disposiciones previstas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El canciller Juan Ramón de la Fuente informó en conferencia de prensa que el gobierno mexicano analiza la medida anunciada el jueves, pero descartó afectaciones para los choferes nacionales. “Porque los conductores de camiones mexicanos tienen una visa que está prevista en el T-MEC, que es una visa B, y esta nueva disposición solamente afectará aquellos conductores que tienen otros tipos de visa, E y H”, señaló.

De la Fuente explicó que la decisión del gobierno estadounidense responde principalmente a la intención de “prevenir el cabotaje”, es decir, el traslado de mercancías entre diferentes estados dentro de Estados Unidos por parte de choferes extranjeros. Subrayó que México continuará revisando los alcances de la medida para garantizar la certidumbre de los trabajadores del transporte.

El jueves, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció la suspensión inmediata de visas de trabajo para conductores extranjeros de camiones comerciales. Justificó que esta medida busca proteger tanto la seguridad vial como las oportunidades laborales de los camioneros estadounidenses, aunque no presentó cifras sobre accidentes o la proporción de choferes extranjeros en el sector.

El anuncio se dio pocos días después de que un camionero de origen indio, Harjinder Singh, fuera detenido y acusado de tres cargos de homicidio tras un accidente ocurrido en Florida. El conductor realizó un giro prohibido en una autopista, lo que derivó en el trágico incidente. El caso cobró relevancia política en Estados Unidos, ya que Singh, en situación migratoria irregular, había obtenido su licencia de conducir en California, estado gobernado por el demócrata Gavin Newsom, crítico de la actual administración y posible aspirante presidencial en 2028.

El hecho generó críticas por parte de simpatizantes del expresidente Donald Trump, quienes lo utilizaron como argumento contra los demócratas en materia de control migratorio y seguridad. En paralelo, la administración republicana confirmó que se lleva a cabo un proceso de verificación de más de 55 millones de visados válidos en ese país. De encontrarse irregularidades, se podría proceder a la anulación de documentos y la deportación de sus titulares.

Mientras tanto, la SRE en México mantiene seguimiento puntual de las disposiciones estadounidenses y reiteró que los camioneros nacionales seguirán protegidos por el marco legal del T-MEC, el cual garantiza la validez de su visa B para operar en territorio estadounidense.

Otros estados de EU consideran replicar polémica ley migratoria de Texas

La discusión sobre la legalidad y el alcance de la Ley SB4 de Texas continúa mientras las autoridades judiciales de Estados Unidos evalúan su validez. Esta legislación, que ha sido calificada como xenófoba por el gobierno mexicano, ha despertado el interés de otros estados en adoptar un enfoque similar en materia migratoria.

La SB4 establece el delito de entrada ilegal al territorio texano y otorga poderes a policías y jueces locales para detener, encarcelar y deportar a extranjeros basándose únicamente en la sospecha de su estatus migratorio, con penas que podrían llegar hasta los 20 años de prisión.

Tanto el gobierno federal estadounidense como organizaciones civiles han impugnado la ley, argumentando su inconstitucionalidad. México ha solicitado a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos que mantenga congelada la implementación de la SB4.

En medio de este debate, otros estados muestran interés en seguir el ejemplo de Texas. En Oklahoma, el presidente de la Cámara de Representantes, Charles McCall, ha presentado una propuesta de ley migratoria que permitiría a las autoridades estatales detener a migrantes sin documentos, justificando la medida como un intento por asegurar la frontera del estado contra la inmigración ilegal, aunque Oklahoma se encuentre a más de 550 kilómetros de la frontera con México.

En Georgia, un proyecto de ley conocido como Ley de Seguimiento y Denuncia de Extranjeros Criminales HB-1105 avanza en el proceso legislativo. Esta propuesta obligaría a la policía local a identificar y detener a extranjeros sin documentos, y está pendiente de aprobación en la Cámara de Representantes estatal y de la firma del gobernador republicano, Brian Kemp.

En New Hampshire, por su parte, se está considerando una ley que permitiría a la policía local detener a presuntos inmigrantes sin documentos por delitos relacionados con allanamiento de morada.

Mientras tanto, tanto el Departamento de Justicia de la administración Biden como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) han impugnado la SB4, argumentando que viola las leyes al interferir con las facultades de las autoridades federales de migración y frontera.

Se especula que, de obtener otro fallo judicial favorable, estados liderados por republicanos podrían presentar proyectos de ley similares a la SB4, siguiendo la línea de la política impulsada por el gobernador texano Greg Abbott.