Desmantelan red de extorsión en Chiapas: 78 detenidos, incluidos policías y funcionarios

En un golpe contundente contra la corrupción en Chiapas, las autoridades desmantelaron una red de extorsión que operaba en los municipios de Villaflores y Villa Corzo, integrada por policías municipales y funcionarios locales. Un total de 78 personas fueron detenidas, entre ellas 39 policías de Villaflores, 26 de Villa Corzo y varios funcionarios, incluido un ex policía de la fiscalía estatal.

Según las investigaciones, la red criminal estaba encabezada por René “N”, secretario municipal del Ayuntamiento de Villaflores, la directora de Vialidad y Tránsito del municipio, y el director de la policía municipal de Villa Corzo. René “N” presuntamente organizaba y recolectaba el dinero producto de las extorsiones.

Durante una conferencia de prensa, el fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, y el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, detallaron que las detenciones fueron el resultado de operativos realizados tras denuncias de empresarios, ganaderos y operadores de mototaxis, quienes eran víctimas de esta red.

La banda criminal exigía pagos semanales de entre 150 y 200 pesos a los conductores de mototaxis, bajo amenazas de secuestro o muerte si no cumplían con las cuotas. Además de las detenciones, se efectuaron seis cateos en domicilios de Villaflores, donde se capturó a María “N”, identificada como líder de los mototaxis, quien también estaría vinculada a las extorsiones.

El fiscal Llaven Abarca aseguró que las investigaciones continuarán, pues existen otros servidores públicos implicados en esta estructura delictiva. Los operativos forman parte de un esfuerzo conjunto por parte de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo para combatir la corrupción y la impunidad en la región.

Este caso ha generado gran indignación en la comunidad, ya que las autoridades involucradas, encargadas de velar por la seguridad de los ciudadanos, se encontraban utilizando sus cargos para cometer actos delictivos. Según las denuncias, las actividades de la red afectaban principalmente a sectores vulnerables, como pequeños empresarios y trabajadores del transporte.

Las autoridades han prometido sanciones ejemplares para los responsables y medidas contundentes para prevenir que situaciones similares vuelvan a ocurrir. Este operativo representa un paso importante en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción en el estado de Chiapas.

Poderes Judiciales Estatales Saturados por Delitos de Alto Impacto

Los poderes judiciales estatales están desbordados por la carga de trabajo en casos de delitos graves como robos, extorsiones y homicidios, con un promedio de 200 a 800 casos por juez en algunos estados.

Las causas penales iniciadas en 2022 duplican a las que se cierran, con solo uno de cada 10 casos llegando a sentencia. El resto se resuelve mediante soluciones alternas, cancelaciones del proceso o acuerdos de culpabilidad, siendo el 90% de las sentencias condenatorias.

La reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, actualmente en discusión, sugiere la elección directa de jueces federales y estatales. Un análisis de datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2023 del Inegi muestra que en 2022 se iniciaron 237,752 nuevos procesos bajo el sistema penal acusatorio, mientras que solo se resolvieron 111,620, dejando un total de 387,945 casos pendientes.

En promedio, cada uno de los 1,785 jueces locales tendría 217 casos, pero en realidad la carga varía significativamente. Estados como Puebla y Tabasco tienen jueces con más de 800 y 700 casos respectivamente. Otros estados con altas cargas incluyen Baja California, Coahuila y Veracruz, con entre 440 y 480 casos por juez.

En 31 de las 32 entidades, se abrieron más casos de los que se resolvieron. Baja California, por ejemplo, solo resolvió el 3.6% de los casos iniciados en 2022, mientras que Veracruz y Tabasco también presentan altas cargas de trabajo con más de 400 procesos por juez. Ciudad de México es la única excepción, habiendo resuelto más casos de los que inició en 2022, con un promedio de 93 casos por juez.