El domingo por la mañana, trabajadores del Poder Judicial de la Federación se manifestaron cerca del Ángel de la Independencia, en Ciudad de México, para exigir respeto a su autonomía y rechazar la reforma judicial propuesta por el gobierno, que busca reducir el presupuesto del sector y modificar la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Decenas de personas se reunieron en la Avenida Paseo de la Reforma para llevar a cabo la segunda marcha nacional en defensa de la independencia del Poder Judicial. Vestidos de blanco y portando pancartas, los manifestantes expresaron su descontento con ciertas medidas y declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Durante la marcha, se escucharon consignas como “El Poder Judicial contrapeso nacional” y “¡Fuera dictador!”, refiriéndose a las críticas que el mandatario mexicano ha dirigido hacia el Poder Judicial y la ministra presidenta Norma Piña.

Otro de los señalados durante la protesta fue el exministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, a quien se le tildó de “corrupto” y “traidor” por haberse unido a la campaña de la candidata morenista Claudia Sheinbaum, mientras enfrenta una investigación en el Poder Judicial.

Según la organización del evento, marchas similares se realizaron en varios estados, incluyendo Nuevo León, Jalisco, Zacatecas, Chiapas, Puebla, Morelos y el Estado de México. Los trabajadores del Poder Judicial dejaron claro su compromiso en la lucha por la independencia y la integridad de la justicia en el país.

Las prácticas cuestionables en la gestión de la Oficial Mayor, Profesora Trinidad Franco, en el Estado de México, han generado preocupación sobre posibles malversaciones de fondos públicos y falta de transparencia en el proceso de licitaciones.

En menos de un año en el cargo, Franco ha sido señalada por llevar a cabo licitaciones que levantan sospechas de favoritismo hacia ciertos contratistas y compras de servicios a precios inflados. Estas acciones, que van en contra de los principios de transparencia y austeridad tantas veces planteados por la Gobernadora de la entidad, Delfina Gómez,  podrían representar un uso inadecuado de los recursos del estado.

La rapidez con la que se han resuelto estas licitaciones también ha llamado la atención, sugiriendo una falta de rigurosidad en los procesos y levantando interrogantes sobre la integridad del gobierno que representa.

La preocupación del gobierno estatal crece ante la posibilidad de que estas irregularidades lleguen a oídos del presidente Andrés Manuel López Obrador, especialmente en un contexto electoral donde tales problemas podrían ser perjudiciales para la imagen del gobierno.

Este tipo de comportamientos, en plena época electoral, podría socavar la credibilidad del gobierno, especialmente cuando se proclama como un defensor de los intereses de los ciudadanos más necesitados.

Faltan pocos días para que empiecen las campañas por la presidencia municipal en Ixtapaluca, un municipio con más de 340 mil votantes, el cual recientemente se ha visto muy afectado por la inseguridad que azota a la ciudadanía; pero además por la falta de obra pública que cada vez es más evidente.

Es por eso que en Facebook se ha desatado una serie de encuestas en donde los vecinos de este municipio están participando muy activamente en las redes, dándole a Luis Arreguín la victoria en varias de ellas.

El es empresario, con una familia de mucho arraigo en este municipio, pero también estuvo trabajando 9 años en la administración municipal, lo que le da la experiencia para sacar a Ixtapaluca del hoyo.

La verdad como ixtapaluquense lo que quiero que pase este 2 de junio, es que gane el mejor preparado y el que realmente ofrezca una opción real para que a todos nos vaya mucho mejor.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha anunciado su determinación de tomar medidas legales tras el rechazo del juez federal de vincular a proceso a siete personas acusadas de la explotación ilegal del Viaducto Bicentenario. Este proyecto, administrado por OHL-Aleática, supuestamente causó daños por un valor exorbitante de 8 mil 403 millones 242 mil 312 pesos a la Federación.

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, Daniel Ramírez Peña, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, decidió no proceder contra los individuos acusados, incluidos Rubén Gerardo López Barrera, José Andrés de Oteyza Fernández, Sergio Hidalgo Monroy Portillo, Ernesto Javier Nemer Álvarez, Luis Gilberto Limón Chávez, Jorge Joaquín González Bezares y Alberto Tomás Angulo Lara.

La FGR expresó su consternación ante esta decisión, calificándola de injusta y señalando que el juez había emitido una opinión pública sobre el caso antes de conocer todas las pruebas y argumentos presentados por las partes involucradas. La dependencia federal anunció su intención de iniciar acciones legales contra el juzgado por su supuesta parcialidad.

En una declaración oficial, la FGR enfatizó la ilegalidad de la concesión otorgada por el Estado de México a la empresa Viaducto Bicentenario, S. A. de C. V., en 2008, para operar la vía de comunicación federal. Esta concesión se consideró nula, lo que llevó a la explotación ilegal del bien nacional, violando los artículos 149, 150 y 151 de la Ley General de Bienes Nacionales.

La fiscalía destacó que el Estado de México y la empresa en cuestión se beneficiaron desproporcionadamente de la explotación ilegal del viaducto, mientras que la Federación no recibió ninguna compensación por el uso de su propiedad. Además, señaló que las autoridades competentes habían advertido sobre esta ilegalidad en múltiples ocasiones desde 2011.

La FGR rechazó la afirmación del Estado de México de que tenía autoridad para otorgar la concesión federal, argumentando que solo la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes está facultada para hacerlo. Advirtió que este caso no es meramente administrativo o civil, sino que implica la comisión de un delito, y prometió utilizar todos los recursos legales disponibles para abordar esta situación.

Este revés judicial en el caso del Viaducto Bicentenario destaca la complejidad y la importancia de salvaguardar los recursos nacionales y garantizar la justicia en los casos de presunta corrupción e ilegalidad. La FGR reiteró su compromiso de perseguir a aquellos que infringen la ley y de defender los intereses de la Federación.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) realizó su primer recorrido de supervisión en el Tren Interurbano, un proyecto de infraestructura que ha generado diversas críticas y controversias. Acompañado de la gobernadora Delfina Gómez, AMLO destacó los avances y reveló que la inauguración completa de la obra, que conectará Toluca con la Ciudad de México, se llevará a cabo en agosto, desafiando las críticas que ha enfrentado durante su construcción.

El mandatario resaltó el funcionamiento actual del tramo de Zinacantepec a Lerma, apodado “El Insurgente”, señalando que ya cuenta con 10 mil pasajeros diarios. El recorrido de supervisión abarcó desde Lerma hasta la estación Santa Fe, y AMLO compartió la experiencia a través de un video en redes sociales, subrayando los beneficios que el Tren ha proporcionado a los habitantes de la zona.

El proyecto del Tren Interurbano México-Toluca, iniciado en 2015 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, tiene como objetivo fundamental conectar la Zona Metropolitana de Toluca con el oeste de la Ciudad de México. Con una inversión original de 56 mil 511 millones de pesos, busca aliviar el tráfico entre ambas zonas y mejorar la movilidad en la región.

El presidente informó que se han iniciado pruebas en el nuevo tramo que conectará Zinacantepec con Santa Fe, agregando 9 kilómetros al recorrido ya existente. La infraestructura completa del Tren abarca 58 kilómetros desde Zinacantepec hasta la estación Observatorio, conectándose con la red del Metro de la CDMX y atravesando cinco municipios en el Estado de México y dos alcaldías en la capital.

El proyecto contempla siete estaciones y cuenta con 20 trenes eléctricos, cada uno con capacidad para 719 pasajeros y una velocidad máxima de 160 km/h. La inversión total estimada para la culminación del proyecto asciende a 97 mil millones de pesos, con la expectativa de servir a 81 mil usuarios diarios y reducir significativamente los tiempos de viaje.

A pesar de los avances y las cifras positivas presentadas por AMLO, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón García, ha expresado críticas y preocupaciones. Limón García ha destacado la falta de medidas de seguridad adecuadas durante la construcción, señalando incidentes como el fallecimiento de un obrero y la ausencia de diálogo con los vecinos afectados.

La alcaldesa también hizo hincapié en la reciente caída de dos trabajadores del proyecto, resultando en una muerte y una grave lesión. Estos eventos subrayan, según Limón García, la insuficiencia de medidas preventivas y la falta de permisos necesarios para la obra.

Un sismo de magnitud 5.0 con epicentro en Coyuca de Benítez, Guerrero, sacudió la tarde del sábado la Ciudad de México, generando alarma y desalojos en varios edificios de la metrópoli. El Servicio Sismológico Nacional (SSN) confirmó el evento, informando que el temblor fue perceptible levemente tanto en la CDMX como en otras áreas del Estado de México.

El movimiento telúrico se registró a las 18:00 horas, activando las alertas sísmicas y desencadenando la evacuación de varios edificios en la capital. A pesar de que la magnitud preliminar se informó como 5.0, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, precisó que la magnitud real fue de 5.2, aunque el temblor se percibió con baja intensidad. Hasta el momento, no se han reportado daños significativos.

El Centro de Instrumentación y Registro Sísmico A.C. (SASMEX) emitió alertas automáticas a la Ciudad de México, Chilpancingo, Acapulco, Oaxaca, Morelia, Colima, Puebla y Cuernavaca, según su informe preliminar. El protocolo de seguridad se activó de inmediato, con sobrevuelos de cóndores realizados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX para evaluar posibles daños.

El secretario de Gobernación, Javier Aquino, confirmó la activación de protocolos de seguridad y revisiones en diversos inmuebles, sin que hasta el momento se reporten daños graves o afectaciones a las personas. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, informó que no se registran daños causados por el sismo en su estado, y Protección Civil activó protocolos preventivos.

En el Estado de México, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez anunció la activación de los protocolos de Protección Civil en todo el territorio, manteniéndose alertas y con despliegue de seguridad. En Puebla, el sismo también activó alarmas, provocando evacuaciones en el Centro Histórico y plazas comerciales.

Las autoridades continúan monitoreando la situación y brindando información actualizada a la ciudadanía.

En una noche que debería haber estado marcada por la búsqueda del conocimiento, la Universidad Tecnológica de Tecámac, en el Estado de México, se vio sacudida por una explosión en su laboratorio de biotecnología. Seis estudiantes resultaron gravemente lesionados, uno de ellos con heridas oculares que lo llevaron de urgencia al Hospital General La Raza, en la Ciudad de México. Este incidente ha desatado la indignación estudiantil, culminando en un bloqueo en la carretera México-Pachuca.

La explosión, ocurrida el 15 de febrero, tuvo lugar mientras los estudiantes realizaban prácticas de química. Un matraz de vidrio estalló, lanzando fragmentos que hirieron severamente a los presentes, especialmente a una joven cuyo rostro fue afectado, requiriendo una evaluación oftalmológica urgente.

Las autoridades de Protección Civil municipal reportaron que el incidente tuvo lugar en el laboratorio de bioquímica y, tras la explosión, se implementaron medidas para canalizar a los estudiantes lesionados a centros médicos. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades universitarias no han proporcionado información oficial sobre el incidente ni han esclarecido sus causas.

La mañana siguiente, estudiantes de la Universidad Tecnológica de Tecámac tomaron la iniciativa de expresar su preocupación. Docenas de ellos bloquearon la carretera frente al plantel, exigiendo mejoras en las instalaciones educativas. Alegan que las instalaciones son inseguras y no han recibido el mantenimiento adecuado, poniendo en riesgo sus actividades académicas.

Los manifestantes señalaron que las demandas anteriores sobre el mantenimiento de las instalaciones no han obtenido respuesta de la administración universitaria. La explosión en el laboratorio, un evento que podría haberse evitado con adecuadas medidas de seguridad y mantenimiento, se ha convertido en la gota que colmó el vaso de la comunidad estudiantil.

Además de exigir mejoras en las instalaciones, los estudiantes expresaron su descontento por la falta de respuesta de la institución ante el incidente del 15 de febrero. El bloqueo en la carretera México-Pachuca generó complicaciones en el tráfico, pero los estudiantes afirmaron que mantendrán la protesta hasta que un representante de la institución o de la Secretaría de Educación Pública (SEP) atienda sus demandas.

La Fiscalía General de la República (FGR), dirigida por Alejandro Gertz Manero, despejó las dudas generadas por informaciones sobre la supuesta liberación de José Ángel “C”, conocido como ‘El Mochomo’. La FGR confirmó que el presunto responsable de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, permanece en prisión y está siendo investigado por nuevos cargos relacionados con delitos contra la salud.

El domingo 11 de febrero, la Fiscalía emitió un comunicado oficial a través de sus redes sociales, desmintiendo categóricamente los rumores sobre la liberación de “El Mochomo”. Afirmaron que José Ángel “C” se encuentra recluido en un Centro Federal de Readaptación Social, específicamente en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

La institución también aclaró que, a pesar de versiones que indicaban lo contrario, no se ha dictado ningún auto de libertad en favor de “El Mochomo”. Además, confirmó que sigue enfrentando cargos por delincuencia organizada y desaparición forzada, relacionados con el caso Ayotzinapa.

La FGR resaltó que en octubre de 2023, un juez federal exoneró a José Ángel del delito de delincuencia organizada en otra causa penal. Sin embargo, esta sentencia aún no es firme, ya que el Ministerio Público Federal impugnó la resolución. El proceso se encuentra actualmente bajo estudio del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Estado de México.

La dependencia también informó que, en el área de Delincuencia Organizada, se recibió información oficial de las autoridades estadounidenses sobre presuntos delitos contra la salud cometidos por “El Mochomo”. Esto llevó a la apertura de otro procedimiento penal en septiembre de 2020, donde un juez federal vinculó a proceso a José Ángel. Sorprendentemente, en octubre de 2023, otro juez federal emitió una sentencia absolutoria, decisión que fue apelada de inmediato por la FGR y se encuentra en trámite.

La Fiscalía insistió en que la información sobre la supuesta liberación se refiere a un acuerdo que se determinó hace más de cuatro meses y que no favorece al procesado para obtener su libertad por los delitos cometidos en el caso Ayotzinapa.

José Ángel “C”, conocido como ‘El Mochomo’, es hermano de Sidronio Casarrubias Salgado, presunto líder del cártel Guerreros Unidos. Este cártel ha sido señalado como responsable de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, y el gobierno federal, al reabrir la investigación, ha buscado identificar y responsabilizar a los principales involucrados.

Es crucial destacar que “El Mochomo” ya había presentado un amparo anteriormente, el cual fue desestimado por el Poder Judicial. Sin embargo, con el tiempo, un juez de distrito determinó que José Ángel debería ser absuelto, generando incertidumbre en el desarrollo del caso.

La nueva información proporcionada por la FGR revela que se ha abierto otro procedimiento penal contra “El Mochomo” por delitos contra la salud, basado en datos proporcionados por autoridades estadounidenses. Esto podría prolongar su permanencia en prisión mientras se lleva a cabo la investigación.

En un giro impactante del caso Ayotzinapa, José Ángel Casarrubias Salgado, conocido como “El Mochomo” y presunto implicado en la desaparición de los normalistas, salió en libertad en octubre del año pasado. A pesar de la acusación de delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos contra la salud, un juez lo absolvió, generando sorpresa y controversia.

La Fiscalía General de la República (FGR) se encontró con la noticia de su liberación mientras impugnaba el fallo del juez de Distrito en el Estado de México. La apelación fue admitida, pero “El Mochomo” ya no estaba en prisión, lo que levantó interrogantes sobre los procedimientos judiciales.

La conexión de “El Mochomo” con el caso Ayotzinapa ha sido motivo de preocupación. Una llamada interceptada por la DEA reveló sus conversaciones con sus hermanos sobre el ataque a los estudiantes en 2014. Aunque la FGR buscaba mantenerlo tras las rejas, el juez decidió absolverlo.

El proceso legal enfrentó varios obstáculos, incluida la negación de amparo en julio de 2020 y la revelación en 2023 de una llamada entre los abogados de “El Mochomo” y su madre, coordinando un presunto soborno de dos millones de dólares para asegurar su liberación.

Este escándalo arroja dudas sobre la integridad del sistema judicial mexicano y plantea interrogantes sobre la influencia indebida en el proceso legal. La liberación de “El Mochomo” a pesar de las evidencias en su contra resalta la necesidad de revisar y fortalecer los mecanismos que garantizan la justicia en casos cruciales como el de Ayotzinapa.

El papel del presunto líder de Guerreros Unidos en la desaparición de los 43 normalistas no ha sido pasado por alto. La FGR insiste en su implicación, mientras que la sociedad espera respuestas claras y acciones contundentes para garantizar que casos tan sensibles no se vean afectados por irregularidades judiciales.

El momento de la liberación de “El Mochomo” coincide con los esfuerzos continuos de la FGR por resolver el caso Ayotzinapa. A pesar de las complejidades legales y las acusaciones de soborno, la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas persiste.

El hecho de que “El Mochomo” haya eludido las consecuencias legales nuevamente pone de manifiesto los desafíos que enfrenta México en su lucha contra la impunidad. La comunidad internacional, así como los ciudadanos mexicanos, están observando de cerca este caso emblemático, exigiendo transparencia y responsabilidad en el sistema judicial.