Debaten en Congreso local sobre austeridad en Poder Judicial

Debaten en Congreso local sobre austeridad en Poder Judicial

En el Congreso del Estado de México, el senador Ricardo Monreal Ávila aseguró que la iniciativa de reforma al Poder Judicial reforzará la austeridad como deber y una política de Estado; Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia estatal, se pronunció por una suficiencia presupuestal; en tanto que el diputado Jesús Izquierdo Rojas, presidente de la Directiva de la LXI Legislatura mexiquense, y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez coincidieron en que debe ser una reforma consensuada.

 

En el tercer foro de los Diálogos Nacionales para la reforma del Poder Judicial: Austeridad, Fideicomisos y Derecho Laboral de los Trabajadores del Poder Judicial, organizados por el Congreso de la Unión, el senador Ricardo Monreal (Morena), presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, puntualizó que con la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador se respetará que nadie en la administración pública gane más que la persona titular del Ejecutivo federal y se eliminarán el haber de retiro y las pensiones vitalicias para ministras y ministros que concluyen con sus encargos.

 

Ante el diputado Elías Rescala Jiménez (PRI), presidente de la Jucopo de la LXI Legislatura mexiquense, Ricardo Sodi expuso que, frente a las carencias de personal, instalaciones y equipo de los tribunales de justicia, no es posible hablar de austeridad, y afirmó estar en favor de la suficiencia presupuestal y la racionalidad del gasto para una aplicación transparente y eficiente para acercarse a los estándares internacionales, con una mayor número de personas juzgadoras y mejores condiciones para su trabajo.

 

El legislador Jesús Izquierdo se pronunció por una reforma consensuada que beneficie a toda la población, fortalezca el estado de derecho y se adapte a las necesidades institucionales de las personas impartidoras de justicia; mientras que la gobernadora Delfina Gómez hizo votos para que de estos foros surjan acciones para consolidar una reforma integral y eficaz, con la que se garantice el acceso pronto y expedito a la justicia que proteja a todas y todos, en especial a personas más vulnerables; además, se pronunció por no afectar los derechos laborales de las y los trabajadores del Poder Judicial.

 

Asimismo, el diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados Federal, subrayó que es una de las reformas estructurales más importantes en materia judicial en los últimos 150 años con la que se busca, a través del diálogo, garantizar a la población el derecho a una justicia pronta, expedita y gratuita; mientras que el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados Federal, indicó la Carta Magna impone un respeto a la autonomía de los poderes judiciales y los derechos de las y los trabajadores del sector, pero enfatizó que todo lo demás está a discusión.

 

El senador Ricardo Monreal abundó que actualmente las y los ministros en retiro son beneficiados con el 100 por ciento de sus salarios los primeros dos años y el 80 por ciento los siguientes años hasta su muerte y puntualizó que su sueldo tabular es de 300 mil pesos.
Que incluye aguinaldo de 568 mil pesos, seguro de vida de 12 millones de pesos (mdp), pago de defunción de un millón 189 mil pesos para gastos funerarios, pago por riesgo de 640 mil pesos, prima vacacional de 95 mil 474 pesos, derecho de contar con cinco personas de apoyo y cinco personas para seguridad cuyo salario absorbe el Poder Judicial, reembolso de compra de medicamentos y mantenimiento de dos vehículos tipo Suburban blindadas, apoyo de gasolina por 22 mil pesos mensuales, apoyo de peaje.

Cuestiones de Política 

Directorio

Felipe Arvizu se roba 500 millones de pesos para su campaña de reelección en Ixtapaluca

Nos hicieron llegar a esta redacción, información que confirma que desde la Secretaría de Gobernación han dado el visto bueno para que Felipe Arvizu se robe el presupuesto del ayuntamiento, para operar su reelección.

La cantidad es constante y sonante: 500 millones de pesos para operar su reelección con compra de votos, puesto que en la CDMX están alertados de que su campaña está comprometida por los pésimos resultados que ha dado en su administración municipal, sobre todo en la inseguridad, ya que Ixtapaluca se ha convertido en uno de los municipios más peligrosos del Estado de México.

Mientras tanto Ixtapaluca está sumida en la falta de obra pública, baches, semáforos descompuestos, invitando a que sus habitantes emigren a otros lugares.

¿Se imagina que se podría hacer con 500 millones de pesos por Ixtapaluca?

De entrada, le puedo decir que alcanzaría para pavimentar 86 kilómetros de calles, es decir de Ixtapaluca a Cuautla. Pero Felipe prefiere gastarlo en retener el poder. Así se las gasta este personaje.

Luis Arreguín, la mejor opción para Ixtapaluca

  • Orgulloso Ixtapaluquese, Arreguín se ve reflejado en la ciudanía y enfoca sus esfuerzos para mejorar el futuro de su comunidad.

El candidato a la Presidencia Municipal de Ixtapaluca, Luis Arreguin, por la coalición PAN-PRI-PRD-Nueva Alianza, llevó a cabo una conferencia de Prensa para presentar sus propuestas durante su campaña en el municipio de Ixtapaluca.

Ante simpatizantes y ciudadanos convencidos de su proyecto, se registró ante su partido destacando: “esta es la tarea más importante de mi vida, la tarea de rescatar el lugar en el vivo, ver mi hogar otra vez brillar con seguridad y esperanza”.

Consciente de que la Transformación “nos engañó” el candidato busca avivar la esperanza dentro del municipio, dotado de gente buena y trabajadora, que cómo él, están cansadas de lo mismo y buscan un Ixtapaluca distinto, en el que se puedan sacar las cosas adelante y poder velar por el futuro de nuestros hijos.

Pide a la ciudadanía darse la oportunidad de recuperar Ixtapaluca de las malas prácticas gubernamentales y ver de nuevo salir el sol en un municipio rico, de progreso, de gente buena, trabajadora y valiente.

“Hoy nos registramos y nos registramos con la fe y con la fuerza que tiene el proyecto de Ixtapaluca, que tienen todos y cada uno de los militantes. La fe y la fuerza que van a levantar las hordas rojas que van a extenderse por todos los rincones de la entidad”, señaló.

Luis Arreguín es empresario, con una familia de mucho arraigo en este municipio. Con 9 años en la administración municipal, le da la experiencia para gobernar y lograr  fortalecer a la entidad.

Ixtapaluca, un municipio con más de 340 mil votantes, se ha visto recientemente muy afectado por la inseguridad que azota a la ciudadanía y por la falta de obra pública, temas que al candidato le preocupan y apuesta por lograr de este municipio un lugar seguro y con desarrollo palpable.

Arreguín también se ha posicionado dentro de la comunidad como el candidato mejor aceptado en las encuestas.

Denuncian irregularidades en la gestión de la Oficial Mayor de Delfina Gómez en el Edomex

Las prácticas cuestionables en la gestión de la Oficial Mayor, Profesora Trinidad Franco, en el Estado de México, han generado preocupación sobre posibles malversaciones de fondos públicos y falta de transparencia en el proceso de licitaciones.

En menos de un año en el cargo, Franco ha sido señalada por llevar a cabo licitaciones que levantan sospechas de favoritismo hacia ciertos contratistas y compras de servicios a precios inflados. Estas acciones, que van en contra de los principios de transparencia y austeridad tantas veces planteados por la Gobernadora de la entidad, Delfina Gómez,  podrían representar un uso inadecuado de los recursos del estado.

La rapidez con la que se han resuelto estas licitaciones también ha llamado la atención, sugiriendo una falta de rigurosidad en los procesos y levantando interrogantes sobre la integridad del gobierno que representa.

La preocupación del gobierno estatal crece ante la posibilidad de que estas irregularidades lleguen a oídos del presidente Andrés Manuel López Obrador, especialmente en un contexto electoral donde tales problemas podrían ser perjudiciales para la imagen del gobierno.

Este tipo de comportamientos, en plena época electoral, podría socavar la credibilidad del gobierno, especialmente cuando se proclama como un defensor de los intereses de los ciudadanos más necesitados.