Javier Duarte deberá seguir tras las rejas: Jueza cierra la puerta a su salida anticipada

La jueza de Ejecución Ángela Zamorano Herrera resolvió que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, deberá cumplir de manera íntegra la condena que le fue impuesta en 2018, al negar la solicitud de libertad anticipada presentada por su defensa. La resolución fue emitida durante una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, donde ambas partes expusieron sus argumentos sobre la procedencia de la medida.

Duarte fue detenido el 15 de abril de 2017 en Panajachel, Guatemala, y extraditado a México el 17 de julio del mismo año. Desde entonces cumple una sentencia de nueve años por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, de la cual ha cubierto más del 96 %, según los datos expuestos en la audiencia.

Su defensa argumentó que el exmandatario ha mostrado buen comportamiento, un cambio de conducta y que ha cumplido con la mayor parte de su condena, razones que —señalaron— justificaban su egreso anticipado bajo medidas cautelares.

Sin embargo, la juzgadora consideró que esos elementos no eran suficientes para otorgar el beneficio solicitado. Entre los factores que influyeron en su decisión se encuentran las observaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), que calificó a Duarte como un interno con mala conducta y recordó que el exgobernador evadió una audiencia por un caso de presunta desaparición forzada, motivando un señalamiento de incumplimiento.

Además, la FGR destacó que Duarte enfrenta un proceso vigente por el delito de desaparición forzada, relacionado con el entorpecimiento de la investigación por la desaparición del policía David Lara Cruz. En este caso, la audiencia intermedia se ha pospuesto en seis ocasiones. También se señaló que el exfuncionario no cumplió con el Plan de Actividades para su reinserción social, que incluye participación en actividades culturales, deportivas y recreativas.

La defensa respondió que el delito por el que se le acusa en este proceso excluye su participación directa en la desaparición, y sostuvo que Duarte nunca ha sido acusado ni vinculado a proceso por desaparición forzada como tal. “Jamás se ha acusado a Javier Duarte del delito de desaparición forzada”, afirmaron sus representantes legales, quienes insistieron en que el caso fue sobreseído previamente.

Tras la negativa de la jueza, su abogado Pablo Campuzano adelantó que analizarán la posibilidad de apelar la resolución. Mencionó también que el cumplimiento total de la pena está previsto para abril, por lo que evaluarán los tiempos procesales para definir los siguientes pasos legales.

En paralelo, Duarte mantiene otro proceso abierto por peculado, actualmente en fase intermedia. Las denuncias en su contra lo señalan por la presunta malversación de más de 62 mil millones de pesos provenientes de fondos federales durante su administración en Veracruz.

La jueza Ángela Zamorano Herrera, quien asumió el cargo en septiembre tras ganar la elección del llamado “acordeón” con 54 mil 797 votos, fue la encargada de emitir esta resolución que confirma la permanencia del exgobernador en prisión hasta concluir su condena.

Extraditan a México a Hernán Bermúdez, líder de “La Barredora”, con nueva orden de aprehensión

Hernán Bermúdez Requena, identificado por las autoridades como líder del grupo criminal “La Barredora” en Tabasco, arribó este jueves a territorio mexicano tras ser expulsado de Paraguay, país en el que fue detenido la semana pasada por ingreso irregular.

“El Abuelo” o “Comandante H”, como también es conocido, fue trasladado por autoridades mexicanas desde el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi en Asunción, donde la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay lo entregó formalmente.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el operativo de repatriación contó con la colaboración directa de la Presidencia de Paraguay. “Agradecemos la firme colaboración y apoyo de la Presidencia de Paraguay, quien notificó la decisión de expulsar a dicha persona por no contar con un ingreso ni estancia regular en ese país”, expresó el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, en su cuenta de X.

El vuelo que lo trasladó a México hizo una escala en Colombia de más de 12 horas y retomó su trayecto alrededor de las 8:30 de la mañana de este jueves. Finalmente aterrizó a las 11:13 horas en el aeropuerto de Tapachula, Chiapas, desde donde será llevado al Centro Federal de Reinserción Social Número 1, “El Altiplano”, en el Estado de México.

Al llegar a México, Bermúdez fue notificado de una nueva orden de aprehensión girada en su contra por el delito de delincuencia organizada. La Fiscalía General de la República (FGR) sustentó el mandamiento en la causa penal 386/2025, con fecha del 17 de septiembre, emitida por Mario Elizondo Martínez, juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez.

Las imputaciones en su contra consideran su presunta participación en delitos contra la salud, acopio de armas, secuestro, delitos relacionados con hidrocarburos y funciones de dirección en actividades ilícitas. Además, se le atribuye secuestro agravado en contra de R.M.A. y un agravante adicional: haber cometido crímenes mientras se desempeñaba como servidor público, ya que ocupó la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco durante la administración del entonces gobernador Adán Augusto López Hernández.

La orden de aprehensión no solo alcanza a Bermúdez Requena. También incluye a Daniel Hernández Montejo, alias “Prada” o “Chichirria”; José del Carmen Castillo Ramírez, “La Rana”, exservidor público bajo su mando; Savier Eduardo Vázquez Orellana y Manuel de Atocha Romero Hernández. Todos ellos deberán ser puestos a disposición en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

“La Barredora” es un grupo criminal con operaciones en Tabasco y presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Las autoridades lo relacionan con actividades de narcomenudeo, extorsión y secuestro exprés en la región.

El cumplimiento de la nueva orden de aprehensión quedó en manos de un agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Con este procedimiento, Bermúdez y los coacusados serán ingresados en el Centro Federal de Reinserción Social Número 1, donde enfrentarán los cargos presentados por la FGR.

Tribunal confirma que no hay pruebas contra ‘El Mochomo’ en caso Ayotzinapa

Un Tribunal de Apelaciones del Estado de México ha confirmado la absolución de Ángel Casarrubias Salgado, alias “El Mochomo”, por el delito de delincuencia organizada, en relación con las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La resolución se basa en la falta de pruebas que acreditaran la existencia del grupo criminal con el que se le vinculaba. 

Según el expediente 486/2023, la sentencia dictada en octubre de 2023 por un juez de distrito especializado en el Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México, con sede en el penal de Almoloya de Juárez, fue ratificada. “El juez de enjuiciamiento dictó sentencia absolutoria a los justiciables, al no acreditarse el delito de delincuencia organizada”, señala el fallo.

 

La Fiscalía General de la República (FGR) intentó revertir esta decisión, argumentando que Casarrubias Salgado formaba parte de la organización delictiva “Guerreros Unidos”, presuntamente implicada en la desaparición de los estudiantes. No obstante, el tribunal desestimó estos argumentos por considerarlos inoperantes.

 

Desde su detención en 2020, “El Mochomo” ha enfrentado diversas acusaciones. En diciembre de ese año, presentó un amparo contra el auto de formal prisión que se le dictó. En octubre de 2023, un juez federal lo absolvió, lo que provocó la inmediata apelación por parte de la FGR.

 

El caso Ayotzinapa sigue siendo un tema de gran relevancia en México. Según la versión oficial del gobierno de Enrique Peña Nieto, la noche del 26 de septiembre de 2014, los 43 estudiantes fueron detenidos en Iguala por policías y entregados al cártel Guerreros Unidos, quienes supuestamente los asesinaron y arrojaron sus restos al río San Juan en Cocula. Sin embargo, investigaciones posteriores han cuestionado esta narrativa.

 

La decisión judicial sobre Casarrubias Salgado genera nuevas interrogantes en torno a la investigación del caso y el papel de las autoridades en el esclarecimiento de los hechos. Mientras tanto, familiares y organizaciones continúan exigiendo justicia y verdad sobre lo ocurrido con los estudiantes de Ayotzinapa.

Concedida prisión domiciliaria por motivos de salud para Jesús Murillo Karam

Concedida prisión domiciliaria por motivos de salud para Jesús Murillo Karam

Después de una serie de solicitudes y evaluaciones médicas, el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam, obtuvo la autorización para cumplir su proceso en prisión domiciliaria debido a su estado de salud. 

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, Juan José Hernández Leyva, accedió a la petición de la defensa de Murillo Karam, considerando su avanzada edad, 76 años, y su historial médico, que incluye enfermedad obstructiva crónica, hipertensión arterial e insuficiencia vascular cerebral.

 

La medida fue concedida luego de que el Primer Tribunal Colegiado Penal resolviera a favor del exprocurador el pasado 4 de abril, respaldando la solicitud de cambio de medida cautelar presentada por sus abogados.

 

Jesús Murillo Karam enfrenta acusaciones relacionadas con delitos graves, incluyendo desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Desde su detención en agosto de 2022, ha permanecido en prisión preventiva, bajo la custodia del Estado.

 

A lo largo de su detención, Murillo Karam ha experimentado diversos problemas de salud que han requerido atención médica especializada. Se ha sometido a procedimientos quirúrgicos delicados, como una Edarterecotomía Carotídea, debido a una carótida obstruida que lo pone en riesgo de complicaciones graves, incluyendo coágulos cerebrales.

 

Además de su condición cardiovascular, el exprocurador padece de hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y otras afecciones crónicas que han sido motivo de preocupación para sus médicos tratantes.

 

La concesión de la prisión domiciliaria no solo responde a la necesidad de garantizar la salud y el bienestar de Jesús Murillo Karam, sino que también refleja la responsabilidad del sistema judicial en salvaguardar los derechos fundamentales de los acusados, independientemente de la gravedad de los cargos en su contra.

 

Si bien la medida representa un cambio en las condiciones de detención del exprocurador, el proceso legal en su contra continúa, y se espera que se lleve a cabo bajo la supervisión y las condiciones establecidas por las autoridades judiciales pertinentes.

 

La decisión de otorgar la prisión domiciliaria a Jesús Murillo Karam subraya la importancia de considerar la salud y las circunstancias individuales de los acusados en el sistema de justicia penal, garantizando así un equilibrio entre la aplicación de la ley y el respeto por los derechos humanos.

Cuestiones de Política 

Directorio

Revés Judicial en Caso del Viaducto Bicentenario: FGR Anuncia Acciones Legales

La Fiscalía General de la República (FGR) ha anunciado su determinación de tomar medidas legales tras el rechazo del juez federal de vincular a proceso a siete personas acusadas de la explotación ilegal del Viaducto Bicentenario. Este proyecto, administrado por OHL-Aleática, supuestamente causó daños por un valor exorbitante de 8 mil 403 millones 242 mil 312 pesos a la Federación.

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, Daniel Ramírez Peña, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, decidió no proceder contra los individuos acusados, incluidos Rubén Gerardo López Barrera, José Andrés de Oteyza Fernández, Sergio Hidalgo Monroy Portillo, Ernesto Javier Nemer Álvarez, Luis Gilberto Limón Chávez, Jorge Joaquín González Bezares y Alberto Tomás Angulo Lara.

La FGR expresó su consternación ante esta decisión, calificándola de injusta y señalando que el juez había emitido una opinión pública sobre el caso antes de conocer todas las pruebas y argumentos presentados por las partes involucradas. La dependencia federal anunció su intención de iniciar acciones legales contra el juzgado por su supuesta parcialidad.

En una declaración oficial, la FGR enfatizó la ilegalidad de la concesión otorgada por el Estado de México a la empresa Viaducto Bicentenario, S. A. de C. V., en 2008, para operar la vía de comunicación federal. Esta concesión se consideró nula, lo que llevó a la explotación ilegal del bien nacional, violando los artículos 149, 150 y 151 de la Ley General de Bienes Nacionales.

La fiscalía destacó que el Estado de México y la empresa en cuestión se beneficiaron desproporcionadamente de la explotación ilegal del viaducto, mientras que la Federación no recibió ninguna compensación por el uso de su propiedad. Además, señaló que las autoridades competentes habían advertido sobre esta ilegalidad en múltiples ocasiones desde 2011.

La FGR rechazó la afirmación del Estado de México de que tenía autoridad para otorgar la concesión federal, argumentando que solo la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes está facultada para hacerlo. Advirtió que este caso no es meramente administrativo o civil, sino que implica la comisión de un delito, y prometió utilizar todos los recursos legales disponibles para abordar esta situación.

Este revés judicial en el caso del Viaducto Bicentenario destaca la complejidad y la importancia de salvaguardar los recursos nacionales y garantizar la justicia en los casos de presunta corrupción e ilegalidad. La FGR reiteró su compromiso de perseguir a aquellos que infringen la ley y de defender los intereses de la Federación.