La Fiscalía General de la República (FGR) ha anunciado su determinación de tomar medidas legales tras el rechazo del juez federal de vincular a proceso a siete personas acusadas de la explotación ilegal del Viaducto Bicentenario. Este proyecto, administrado por OHL-Aleática, supuestamente causó daños por un valor exorbitante de 8 mil 403 millones 242 mil 312 pesos a la Federación.
El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, Daniel Ramírez Peña, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, decidió no proceder contra los individuos acusados, incluidos Rubén Gerardo López Barrera, José Andrés de Oteyza Fernández, Sergio Hidalgo Monroy Portillo, Ernesto Javier Nemer Álvarez, Luis Gilberto Limón Chávez, Jorge Joaquín González Bezares y Alberto Tomás Angulo Lara.
La FGR expresó su consternación ante esta decisión, calificándola de injusta y señalando que el juez había emitido una opinión pública sobre el caso antes de conocer todas las pruebas y argumentos presentados por las partes involucradas. La dependencia federal anunció su intención de iniciar acciones legales contra el juzgado por su supuesta parcialidad.
En una declaración oficial, la FGR enfatizó la ilegalidad de la concesión otorgada por el Estado de México a la empresa Viaducto Bicentenario, S. A. de C. V., en 2008, para operar la vía de comunicación federal. Esta concesión se consideró nula, lo que llevó a la explotación ilegal del bien nacional, violando los artículos 149, 150 y 151 de la Ley General de Bienes Nacionales.
La fiscalía destacó que el Estado de México y la empresa en cuestión se beneficiaron desproporcionadamente de la explotación ilegal del viaducto, mientras que la Federación no recibió ninguna compensación por el uso de su propiedad. Además, señaló que las autoridades competentes habían advertido sobre esta ilegalidad en múltiples ocasiones desde 2011.
La FGR rechazó la afirmación del Estado de México de que tenía autoridad para otorgar la concesión federal, argumentando que solo la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes está facultada para hacerlo. Advirtió que este caso no es meramente administrativo o civil, sino que implica la comisión de un delito, y prometió utilizar todos los recursos legales disponibles para abordar esta situación.
Este revés judicial en el caso del Viaducto Bicentenario destaca la complejidad y la importancia de salvaguardar los recursos nacionales y garantizar la justicia en los casos de presunta corrupción e ilegalidad. La FGR reiteró su compromiso de perseguir a aquellos que infringen la ley y de defender los intereses de la Federación.
