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La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno impuso sanciones administrativas a tres empresas que proporcionaron información falsa durante procesos de contratación pública vinculados a la adquisición de vehículos, servicios de recolección de residuos y suministro de alimentos. Las resoluciones incluyen multas económicas, periodos de inhabilitación para contratar con el gobierno federal y la inscripción de las compañías en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, medida que impide de manera automática su participación en nuevos concursos públicos.

De acuerdo con la información oficial, las empresas sancionadas son Ravisa Autos del Oriente, S.A. de C.V.; Gen Industrial, S.A. de C.V.; y Escore Alimentos, S.A. de C.V. Las sanciones derivan de irregularidades detectadas en distintas licitaciones públicas nacionales, en las que las compañías entregaron documentación con datos que no correspondían a la realidad.

Ravisa Autos del Oriente recibió una multa por 175 mil 367 pesos y fue inhabilitada por un periodo de tres meses para celebrar contratos con el sector público. La sanción se originó por la entrega de información falsa dentro de la Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-10-LAU-010LAU001-N-77-2025, correspondiente a la “Adquisición de camionetas pick-up doble cabina, nuevas, transmisión 4×4, modelo 2025 o 2026”. La irregularidad se detectó en una constancia de situación fiscal relacionada con aportaciones patronales y el entero de descuentos.

En tanto, Gen Industrial y Escore Alimentos fueron sancionadas con multas de 157 mil 658 pesos cada una, además de una inhabilitación de tres meses para contratar con dependencias federales. En el caso de Gen Industrial, la falta se identificó en la documentación presentada para la Licitación Pública Nacional Electrónica número LA-12-NBB-012NBB001-N-1-2023, correspondiente al “Servicio de Recolección de Residuos”, donde se acreditó la entrega de información falsa como parte de su propuesta.

Por su parte, Escore Alimentos incurrió en una falta similar durante la Licitación Pública Nacional número LA-12-M7F-012M7F002-N-8-2023, relativa a la “Contratación del servicio de alimentación para personal y pacientes”. La información incorrecta se encontraba en una opinión sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

Las sanciones fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, lo que formaliza su vigencia y la incorporación de las empresas al registro oficial de proveedores sancionados. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que estas medidas refuerzan la vigilancia sobre los procesos de compra gubernamentales y subrayó: “Con estas acciones, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno refrenda su compromiso con la legalidad y la integridad de las compras públicas. Engañar para obtener contratos públicos o en su celebración tiene consecuencias”.

La tragedia por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, sigue cobrando víctimas. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó este jueves que la cifra de fallecidos ascendió a ocho personas, mientras que 67 permanecen hospitalizadas.

En conferencia de prensa, la mandataria detalló que del total de 94 lesionados, 22 se encuentran en estado crítico, seis están graves, 39 en condición delicada y 19 ya fueron dados de alta. Entre los hospitalizados, la mayoría presenta quemaduras de segundo y tercer grado, así como cuadros de intoxicación derivados del accidente ocurrido la tarde del miércoles 10 de septiembre.

Brugada anunció que el gobierno capitalino implementará un programa de apoyo económico especial dirigido a las familias de los afectados. “Vamos a tener un proceso que garantice que puedan salir adelante con sus derechos a los que les corresponden, daremos puntual seguimiento para ello, a partir de hoy vamos a generar un apoyo inicial de emergencia que garantice que ellos se puedan mover, que puedan estar atendiendo a sus familiares, vamos a profundizar el censo con las familias, para ubicar cuáles son las familias que enfrentan situaciones más difíciles”, explicó.

La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, confirmó que ya se iniciaron las investigaciones para deslindar responsabilidades. Informó que el chofer de la pipa se encuentra bajo custodia policial en un centro de salud, en estado crítico. “Con respecto al chofer, no se encuentra en calidad de detenido en este momento, pero como ya mencionó la jefa, está bajo custodia en el centro de salud donde se encuentra. Según su estado de salud, determinaremos cuándo y si se va a judicializar el caso”, indicó.

Entre las primeras líneas de investigación, las autoridades analizan la posibilidad de que el vehículo circulara a exceso de velocidad. Los peritajes siguen en curso para establecer las causas exactas del siniestro.

El accidente ocurrió alrededor de las 14:30 horas del miércoles, en la intersección del Puente de la Concordia con la Calzada Ignacio Zaragoza, una de las vialidades más transitadas del oriente capitalino. La magnitud de la explosión generó un fuerte despliegue de cuerpos de emergencia que atendieron a decenas de personas lesionadas en la zona.

La pipa involucrada pertenece a la empresa Transportadora Silza, S.A. de C.V., que cuenta con permisos de transporte ante la Comisión Nacional de Energía y forma parte del Grupo Tomza, uno de los principales distribuidores de gas en el país.

Con la cifra de víctimas mortales en aumento y decenas de personas aún en estado crítico, las autoridades mantienen bajo vigilancia médica a los heridos, al tiempo que avanzan las investigaciones para definir responsabilidades y evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse.