De delitos sexuales a Ayotzinapa: El nuevo giro en la investigación que nadie vio venir

Un cambio inesperado acaba de sacudir el caso Ayotzinapa. A menos de dos meses de que se cumplan 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Iguala, el rostro que tomará las riendas de la investigación es Mauricio Pazarán Álvarez. Su nombre tal vez no suena tanto, pero su trayectoria dice mucho: pasó 15 años trabajando en la Fiscalía de Delitos Sexuales de la CDMX, y ahora es el nuevo fiscal provisional del caso que ha marcado a México entero.

La salida de Rosendo Gómez al frente de la investigación, quien estaba en el cargo desde 2022, fue anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum este miércoles 16 de julio. Y con su renuncia, también se levantó el polvo de una investigación que ha estado envuelta en reclamos, frustraciones y señalamientos por su lentitud y poca claridad.

Pazarán no es ajeno a las fiscalías. Ha sido secretario y Ministerio Público en asuntos del fuero común durante gran parte de su carrera. Entre 2000 y 2015 estuvo enfocado en atender delitos sexuales en la capital del país. Luego, de 2015 a 2021, se movió a la Fiscalía de Narcomenudeo, y después estuvo en la Fiscalía de Asuntos Relevantes. También tuvo una breve pasada por el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, donde estuvo dos meses en el área de Apelaciones y Amparos. Nada en su currículum lo vincula directamente con desapariciones forzadas… hasta ahora.

Su llegada al caso no ha pasado desapercibida. El Centro Prodh, una de las organizaciones que ha acompañado a las familias desde el inicio, dejó clara su postura: “El relevo del titular de la Unidad Especializada en la Investigación del caso Ayotzinapa, tras escándalos de corrupción y malas prácticas, tardíamente da la razón a las familias”. Y no se quedaron ahí: recalcaron que se perdió tiempo valioso encargando la investigación a un perfil “no idóneo”.

El nuevo fiscal carga con la presión de once años sin respuestas claras y con la exigencia, cada vez más intensa, de verdad y justicia. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez no se anduvo con rodeos: pidió que se recupere el tiempo perdido y que se avance hacia la verdad.

Mientras tanto, el reloj sigue corriendo. Las familias siguen esperando. Y el caso Ayotzinapa escribe, otra vez, un nuevo capítulo.

Parálisis en el Poder Judicial Afecta Miles de Casos Diarios, Incluidos Casos Mediáticos

Debido a la suspensión de labores en los juzgados y tribunales federales, cerca de 40 mil casos diarios quedarán sin atención, incluyendo algunos de los más relevantes de este sexenio, como los de Ayotzinapa, Mario Aburto, Emilio Lozoya y Carlos Ahumada. El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) anunció recientemente, a través de una circular, que los juzgados y tribunales deben atender únicamente casos urgentes, como la calificación de detenciones, vinculaciones a proceso, medidas cautelares relacionadas con la prisión preventiva y decisiones sobre extradición, entre otros.

Sin embargo, audiencias de tipo intermedio, como la del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, no se consideran dentro de estas excepciones. Murillo Karam enfrenta dos procesos judiciales relacionados con el caso Ayotzinapa, y aunque la Fiscalía General de la República (FGR) planeaba formalizar las acusaciones el 20 de agosto, la audiencia fue suspendida debido al acuerdo entre jueces y magistrados para detener labores en protesta contra la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) impulsada por Morena en la Cámara de Diputados.

En el caso de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), también se ven afectados los procedimientos. Lozoya enfrenta cargos por los casos Odebrecht y Agronitrogenados, y el Ministerio Público Federal ha solicitado penas de 46 y 15 años de prisión, respectivamente. Sin embargo, la apertura del juicio oral no puede proceder debido a que Lozoya promovió amparos y obtuvo suspensiones que deben resolverse primero, lo que, al no ser considerado urgente, retrasa el proceso.

El caso de Mario Aburto Martínez, quien confesó haber asesinado al ex candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, en 1994, también se encuentra en pausa. Aburto presentó dos amparos para impedir que la Fiscalía General de la República cierre la investigación contra ex funcionarios que presuntamente lo torturaron tras su arresto. Aunque las demandas fueron aceptadas por el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, el caso no avanza debido a que no se considera urgente.

Por otro lado, el amparo promovido por Carlos Ahumada contra una orden de reaprehensión también está detenido. Ahumada, empresario mexicano de origen argentino, cuenta con una suspensión definitiva que impide su arresto. A pesar de que debe comparecer ante un juez de ejecución de sanciones en el reclusorio Norte el 27 de agosto, no podrá ser detenido debido a la situación actual.

Asimismo, el amparo de María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en el que busca que Pemex le pague las pensiones pendientes, está igualmente suspendido. Además, los casos contra militares involucrados en delitos relacionados con el caso Ayotzinapa también están en espera debido a la suspensión de actividades en los tribunales.

INE ordena retirar contenido de conferencia mañanera de AMLO por cuestionamientos sobre Ayotzinapa

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) le ha instruido retirar el contenido de la conferencia matutina del pasado 8 de marzo, donde cuestionó la participación del abogado Vidulfo Rosales en actos de campaña de Claudia Sheinbaum, relacionándolos con la generación de violencia en protesta por el caso Ayotzinapa.

Según detalló López Obrador, la notificación de la Comisión llegó el martes de esta semana a Palacio Nacional, estableciendo un plazo de 6 horas para que el gobierno federal eliminara dicho planteamiento de todas sus plataformas digitales.

El presidente expresó su malestar por lo que considera un intento de censura, afirmando que su intervención se limitaba al ejercicio de su derecho de réplica y que en ningún momento incurrió en irregularidades. “Tan solo hice un llamado para que no fueran a provocar”, señaló el mandatario.

López Obrador recordó un hecho específico que mencionó en la conferencia, sin entrar en detalles, donde se refería a una declaración que indicaba la intención de generar disturbios en eventos políticos. Sin embargo, argumentó que esto no guardaba relación con el ámbito electoral y que solo buscaba mantener la calma y la paz en el proceso político.

En la conferencia del 8 de marzo, realizada en Michoacán, el presidente había instado al abogado de los padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa a evitar caer en provocaciones, especialmente después de anunciar acciones de protesta radical. En ese contexto, había cuestionado la decisión de dirigir las protestas específicamente hacia una candidata presidencial.

El mandatario compartió estos detalles con los medios de comunicación, subrayando la presión que enfrenta su administración para retirar ciertos contenidos de sus conferencias.

Sheinbaum Descarta ‘Narcoelección’ y Aboga por Participación Ciudadana Segura

En un claro mensaje de rechazo hacia la posibilidad de que las elecciones en México se vean marcadas por la violencia o estén vinculadas al narcotráfico, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Morena, PT y Verde Ecologista, desmintió categóricamente la existencia de una “narcoelección”.

La exjefa de gobierno de la Ciudad de México hizo hincapié en la importancia de la participación masiva del pueblo mexicano en un proceso electoral que, a su parecer, no se ve empañado por situaciones violentas de manera generalizada.

En medio de señalamientos hacia la oposición por intentar implementar una campaña negra, Sheinbaum resaltó que este proceso dista de las tácticas empleadas en 2006 contra el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Afirmó que, si bien existen zonas específicas con problemáticas de violencia, el gobierno de México está abordando estas situaciones de manera efectiva y la presencia de la Guardia Nacional es crucial.

La candidata se pronunció sobre el caso Ayotzinapa, destacando que el presidente López Obrador mantiene un diálogo constante con los padres de los 43 jóvenes desaparecidos. Aseguró que se han tomado medidas legales, como la detención del ex procurador general de Justicia, Jesús Murillo Karam, y la orden de aprehensión contra Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, quien actualmente se encuentra en Israel.

En cuanto a su participación en el encuentro con aspirantes presidenciales de la Ibero, la candidata señaló que su prioridad es la visita a los municipios del país. Destacó que se está analizando la agenda para no interferir en los recorridos con la población y resaltó la importancia de estar cerca de la gente durante la campaña electoral.

Sobre su visita en Maravatío, Michoacán, y la falta de un mensaje tras el asesinato de precandidatos a la alcaldía del municipio por Morena y el PAN, Sheinbaum argumentó que la sola presencia constituye un mensaje de apoyo a los habitantes y que estarán siempre con la población.

Finalmente, Claudia Sheinbaum reiteró su propuesta de seguridad, buscando abordar de manera integral los desafíos de inseguridad, y destacó la importancia de construir soluciones efectivas en colaboración con la ciudadanía.

‘El Mochomo’ Liberado Pese a Acusaciones de Soborno Millonario

En un giro impactante del caso Ayotzinapa, José Ángel Casarrubias Salgado, conocido como “El Mochomo” y presunto implicado en la desaparición de los normalistas, salió en libertad en octubre del año pasado. A pesar de la acusación de delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos contra la salud, un juez lo absolvió, generando sorpresa y controversia.

La Fiscalía General de la República (FGR) se encontró con la noticia de su liberación mientras impugnaba el fallo del juez de Distrito en el Estado de México. La apelación fue admitida, pero “El Mochomo” ya no estaba en prisión, lo que levantó interrogantes sobre los procedimientos judiciales.

La conexión de “El Mochomo” con el caso Ayotzinapa ha sido motivo de preocupación. Una llamada interceptada por la DEA reveló sus conversaciones con sus hermanos sobre el ataque a los estudiantes en 2014. Aunque la FGR buscaba mantenerlo tras las rejas, el juez decidió absolverlo.

El proceso legal enfrentó varios obstáculos, incluida la negación de amparo en julio de 2020 y la revelación en 2023 de una llamada entre los abogados de “El Mochomo” y su madre, coordinando un presunto soborno de dos millones de dólares para asegurar su liberación.

Este escándalo arroja dudas sobre la integridad del sistema judicial mexicano y plantea interrogantes sobre la influencia indebida en el proceso legal. La liberación de “El Mochomo” a pesar de las evidencias en su contra resalta la necesidad de revisar y fortalecer los mecanismos que garantizan la justicia en casos cruciales como el de Ayotzinapa.

El papel del presunto líder de Guerreros Unidos en la desaparición de los 43 normalistas no ha sido pasado por alto. La FGR insiste en su implicación, mientras que la sociedad espera respuestas claras y acciones contundentes para garantizar que casos tan sensibles no se vean afectados por irregularidades judiciales.

El momento de la liberación de “El Mochomo” coincide con los esfuerzos continuos de la FGR por resolver el caso Ayotzinapa. A pesar de las complejidades legales y las acusaciones de soborno, la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas persiste.

El hecho de que “El Mochomo” haya eludido las consecuencias legales nuevamente pone de manifiesto los desafíos que enfrenta México en su lucha contra la impunidad. La comunidad internacional, así como los ciudadanos mexicanos, están observando de cerca este caso emblemático, exigiendo transparencia y responsabilidad en el sistema judicial.