Miles marchan en CDMX para exigir justicia a 11 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa

A once años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, miles de personas se movilizaron este viernes en la Ciudad de México para exigir justicia. Padres de los jóvenes, organizaciones sociales, estudiantes y ciudadanos salieron a las calles bajo la lluvia, con pancartas y consignas que recordaron la noche del 26 de septiembre de 2014.

La marcha inició a las 16:30 horas en el Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, y recorrió cuatro kilómetros hasta llegar al Zócalo capitalino, amurallado y resguardado por elementos de seguridad. La consigna “Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos” acompañó el avance de los manifestantes. Durante el trayecto, frente al antimonumento dedicado a las víctimas, se realizó un pase de lista en el que se pronunciaron uno a uno los nombres de los desaparecidos.

Mario González, padre de uno de los normalistas, expresó: “Para nosotros no es un día especial, es un día como otro. Es vivir el dolor”. Melitón Ortega, portavoz de las familias, reiteró las demandas al Ejército mexicano para entregar los 800 folios que, aseguran, contienen información clave sobre lo sucedido aquella noche. También solicitaron que el Centro Nacional de Inteligencia se sume a las investigaciones para esclarecer los hechos.

Mientras los familiares mantenían un acto pacífico en el Zócalo, grupos anarquistas vandalizaron negocios y lanzaron petardos y bombas molotov, informó la policía capitalina. A pesar de estos hechos, la movilización se desarrolló con amplia participación de jóvenes que, con mensajes en cartulinas y altavoces, insistieron en mantener viva la memoria de los 43 estudiantes y en no permitir que se repitan violaciones de derechos humanos.

“Es importante que empecemos a alzar la voz de nuevo, no podemos seguir permitiendo que el Estado nos siga reprimiendo. Si seguimos callados van a volver a pasar este tipo de sucesos (…) Quien no conoce su historia está condenado a repetirla”, expresó Itai Paulina, de 22 años.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha prometido desde el inicio de su gobierno nuevas líneas de investigación que conduzcan a conocer el paradero de los estudiantes. Para Ortega, la mandataria es quien puede “cerrar una herida que no se ha cerrado, que sigue abierta”.

Las actividades de protesta comenzaron el 17 de septiembre y culminaron con esta marcha, aunque las familias anunciaron que seguirán saliendo cada día 26 del mes en Ayotzinapa para exigir justicia. Esta semana, cerca de dos mil personas se manifestaron frente a la Secretaría de Asuntos Exteriores para pedir la extradición de Tomás Zerón desde Israel y de Ulises Bernabé desde Estados Unidos. La desaparición de los 43 fue reconocida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como un crimen de Estado.

Protestas de Normalistas en Guerrero termina con incendios de vehículos en el Congreso

Las manifestaciones por los diez años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa alcanzaron un nuevo nivel de tensión este viernes, cuando normalistas de diferentes estados vandalizaron el Congreso de Guerrero en Chilpancingo. ¿El resultado? Autos quemados, explosiones y un mensaje claro: el reclamo de justicia sigue vivo.

 

Lo que comenzó como un mitin pacífico, terminó en una serie de disturbios cuando los estudiantes, provenientes de escuelas normales rurales de todo el país, lanzaron petardos e incendiaron vehículos dentro del estacionamiento del Congreso. Los manifestantes llegaron a bordo de siete autobuses y, tras su discurso, usaron una camioneta para derribar las puertas del recinto. El caos no tardó en desatarse: “Fue impresionante ver cómo la camioneta quedó recargada contra un árbol, ardiendo en llamas”, relató uno de los testigos en la escena.

 

La manifestación originalmente estaba planeada para realizarse en las instalaciones de la 35 Zona Militar, pero en un giro inesperado, los normalistas decidieron cambiar de objetivo y dirigirse al Congreso estatal. En este mitin participaron contingentes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), sumándose a la protesta estudiantes de Morelos, Puebla y Chiapas. “El cambio de planes fue estratégico, queríamos que el Congreso escuchara nuestras demandas”, expresó uno de los organizadores.

 

A pesar de la magnitud del incidente, no se reportaron heridos. Sin embargo, el personal y visitantes en las instalaciones del Poder Legislativo vivieron momentos de angustia mientras los manifestantes lanzaban petardos y quemaban vehículos. En total, se reportaron al menos 15 autos dañados, de los cuales tres fueron completamente incendiados, y varios más sufrieron rotura de cristales. “Nos desalojaron rápidamente, pero fue un caos total”, comentó un trabajador del Congreso.

 

A pesar de la violencia, ninguna corporación policial acudió al lugar. Fueron los bomberos y brigadistas de Protección Civil quienes finalmente lograron sofocar las llamas de los vehículos, mientras el personal de seguridad interna evacuaba a los trabajadores y visitantes.

‘El Mochomo’ Sigue Tras las Rejas y Bajo Nueva Investigación: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR), dirigida por Alejandro Gertz Manero, despejó las dudas generadas por informaciones sobre la supuesta liberación de José Ángel “C”, conocido como ‘El Mochomo’. La FGR confirmó que el presunto responsable de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, permanece en prisión y está siendo investigado por nuevos cargos relacionados con delitos contra la salud.

El domingo 11 de febrero, la Fiscalía emitió un comunicado oficial a través de sus redes sociales, desmintiendo categóricamente los rumores sobre la liberación de “El Mochomo”. Afirmaron que José Ángel “C” se encuentra recluido en un Centro Federal de Readaptación Social, específicamente en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

La institución también aclaró que, a pesar de versiones que indicaban lo contrario, no se ha dictado ningún auto de libertad en favor de “El Mochomo”. Además, confirmó que sigue enfrentando cargos por delincuencia organizada y desaparición forzada, relacionados con el caso Ayotzinapa.

La FGR resaltó que en octubre de 2023, un juez federal exoneró a José Ángel del delito de delincuencia organizada en otra causa penal. Sin embargo, esta sentencia aún no es firme, ya que el Ministerio Público Federal impugnó la resolución. El proceso se encuentra actualmente bajo estudio del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Estado de México.

La dependencia también informó que, en el área de Delincuencia Organizada, se recibió información oficial de las autoridades estadounidenses sobre presuntos delitos contra la salud cometidos por “El Mochomo”. Esto llevó a la apertura de otro procedimiento penal en septiembre de 2020, donde un juez federal vinculó a proceso a José Ángel. Sorprendentemente, en octubre de 2023, otro juez federal emitió una sentencia absolutoria, decisión que fue apelada de inmediato por la FGR y se encuentra en trámite.

La Fiscalía insistió en que la información sobre la supuesta liberación se refiere a un acuerdo que se determinó hace más de cuatro meses y que no favorece al procesado para obtener su libertad por los delitos cometidos en el caso Ayotzinapa.

José Ángel “C”, conocido como ‘El Mochomo’, es hermano de Sidronio Casarrubias Salgado, presunto líder del cártel Guerreros Unidos. Este cártel ha sido señalado como responsable de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, y el gobierno federal, al reabrir la investigación, ha buscado identificar y responsabilizar a los principales involucrados.

Es crucial destacar que “El Mochomo” ya había presentado un amparo anteriormente, el cual fue desestimado por el Poder Judicial. Sin embargo, con el tiempo, un juez de distrito determinó que José Ángel debería ser absuelto, generando incertidumbre en el desarrollo del caso.

La nueva información proporcionada por la FGR revela que se ha abierto otro procedimiento penal contra “El Mochomo” por delitos contra la salud, basado en datos proporcionados por autoridades estadounidenses. Esto podría prolongar su permanencia en prisión mientras se lleva a cabo la investigación.