El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reportó que 25.1 millones de mexicanos, equivalente al 19.4% de la población, sufren de rezago educativo, convirtiéndose en la tercera carencia más común después de la falta de acceso a la seguridad social y a servicios de salud.

Los estados con mayores índices de rezago educativo son Chiapas (31.1%), Oaxaca (29.1%), Michoacán (28.9%), Guerrero (28.8%) y Veracruz (25.5%). En contraste, las entidades con menores tasas de rezago son Sonora (14.6%), Baja California Sur (14.2%), Nuevo León (13.5%), Coahuila (13.5%) y Ciudad de México (9.7%).

El Coneval define el rezago educativo afectando a personas entre 3 y 21 años que no han completado la educación obligatoria ni asisten a instituciones formales, así como a adultos que no han terminado los niveles educativos correspondientes a su época.

Paulina Amozurrutia Navarro, fundadora de Educación con Rumbo (ECR), atribuye el rezago a múltiples factores, incluyendo la falta de presupuesto y un modelo educativo deficiente que ha descuidado áreas cruciales como la ciencia, la lectoescritura y la lógica matemática. Critica a la actual administración por relegar la educación, reflejado en recortes presupuestarios que afectan desde la educación infantil hasta la superior.

Amozurrutia subraya la necesidad de un liderazgo competente en la Secretaría de Educación Pública (SEP) para abordar problemas como la pérdida de aprendizaje y el abandono escolar. Critica la gestión de Delfina Gómez y la actual secretaria por falta de experiencia y conocimientos técnicos en el sector educativo.

Alejandra Luna Guzmán, académica de la Universidad Iberoamericana, explica que el rezago educativo también se debe a la pobreza, la desnutrición y la falta de atención médica. Cita a los ganadores del Premio Nobel de Economía 2019, quienes identificaron que la pobreza perpetúa la falta de educación, ya que niños desnutridos o en necesidad de trabajar no pueden asistir regularmente a la escuela.

Carlos Ornelas, experto en educación, señala que las escuelas reflejan las desigualdades sociales. En sociedades más igualitarias, como Finlandia, las brechas educativas son menores gracias a sistemas fiscales justos que subsidian los servicios sociales. Ornelas critica al gobierno actual por su mala gestión, exacerbada por la pandemia, que ha incrementado el rezago educativo.

Estos datos del Coneval evidencian una problemática persistente y agravada, subrayando la urgencia de una intervención efectiva para mejorar el sistema educativo en México.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a asumir competencia y revelar el procedimiento que deben seguir las escuelas particulares en la Ciudad de México al conocer la existencia de una Alerta Amber sobre alguno de sus alumnos.

El INAI también pidió a la SEP identificar la instancia facultada para sancionar a las escuelas particulares que se nieguen a presentar a un menor de edad ante las autoridades, así como las sanciones y el fundamento legal aplicable.

La comisionada Norma Julieta del Río Venegas señaló que la Alerta Amber se emite cuando un menor está en riesgo inminente de daño grave debido a su desaparición y destacó que México fue pionero en América Latina al implementar este programa para localizar y recuperar a niñas, niños y adolescentes desaparecidos. Ella añadió que las desapariciones de menores suelen estar vinculadas a la explotación infantil, prostitución y trata de personas.

Del Río Venegas exhortó a la sociedad a apoyar la difusión de la Alerta Amber a través de redes sociales, donde se publican las cédulas de búsqueda con datos y fotografías de menores desaparecidos.

El fallo del INAI llegó después de que la SEP se declaró incompetente para responder a una solicitud de información sobre el protocolo para las escuelas particulares respecto a la Alerta Amber. Del Río Venegas indicó que la SEP no realizó la búsqueda de información prevista por la Ley Federal de Transparencia, ya que no consultó todas las unidades administrativas que podrían tener los datos requeridos.

La ponencia del INAI determinó que la Subsecretaría de Educación Básica, la Unidad de Actualización Normativa, Legalidad y Regulación, la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación, y la Jefatura de Oficina de la Secretaría son áreas que podrían poseer la información solicitada.

Por lo tanto, el pleno del INAI revocó la respuesta de la SEP y le ordenó asumir competencia y realizar una nueva búsqueda en todas sus unidades administrativas para proporcionar la información solicitada.

En una noche que debería haber estado marcada por la búsqueda del conocimiento, la Universidad Tecnológica de Tecámac, en el Estado de México, se vio sacudida por una explosión en su laboratorio de biotecnología. Seis estudiantes resultaron gravemente lesionados, uno de ellos con heridas oculares que lo llevaron de urgencia al Hospital General La Raza, en la Ciudad de México. Este incidente ha desatado la indignación estudiantil, culminando en un bloqueo en la carretera México-Pachuca.

La explosión, ocurrida el 15 de febrero, tuvo lugar mientras los estudiantes realizaban prácticas de química. Un matraz de vidrio estalló, lanzando fragmentos que hirieron severamente a los presentes, especialmente a una joven cuyo rostro fue afectado, requiriendo una evaluación oftalmológica urgente.

Las autoridades de Protección Civil municipal reportaron que el incidente tuvo lugar en el laboratorio de bioquímica y, tras la explosión, se implementaron medidas para canalizar a los estudiantes lesionados a centros médicos. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades universitarias no han proporcionado información oficial sobre el incidente ni han esclarecido sus causas.

La mañana siguiente, estudiantes de la Universidad Tecnológica de Tecámac tomaron la iniciativa de expresar su preocupación. Docenas de ellos bloquearon la carretera frente al plantel, exigiendo mejoras en las instalaciones educativas. Alegan que las instalaciones son inseguras y no han recibido el mantenimiento adecuado, poniendo en riesgo sus actividades académicas.

Los manifestantes señalaron que las demandas anteriores sobre el mantenimiento de las instalaciones no han obtenido respuesta de la administración universitaria. La explosión en el laboratorio, un evento que podría haberse evitado con adecuadas medidas de seguridad y mantenimiento, se ha convertido en la gota que colmó el vaso de la comunidad estudiantil.

Además de exigir mejoras en las instalaciones, los estudiantes expresaron su descontento por la falta de respuesta de la institución ante el incidente del 15 de febrero. El bloqueo en la carretera México-Pachuca generó complicaciones en el tráfico, pero los estudiantes afirmaron que mantendrán la protesta hasta que un representante de la institución o de la Secretaría de Educación Pública (SEP) atienda sus demandas.