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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que exista un acuerdo con el empresario Ricardo Salinas Pliego respecto al adeudo fiscal que mantiene Grupo Salinas, y aseguró que si realmente tuvieran la intención de pagar, ya lo habrían hecho.

Durante su conferencia matutina de este lunes 27 de octubre en Palacio Nacional, la mandataria federal aclaró que no hubo ningún convenio con el empresario. “Si hubieran querido pagar, pues hubieran pagado desde ese momento. Con el SAT no se requiere ninguna reunión, con el SAT no se requiere ninguna mesa técnica. Sencillamente hoy pueden pagar”, afirmó.

Sheinbaum hizo referencia a una carta que el propio Salinas Pliego difundió en redes sociales, en la que el empresario aseguró que Grupo Salinas sí tiene la voluntad de cumplir con sus obligaciones fiscales y que “es tiempo de que todo México conozca la verdad”. En el documento, el grupo empresarial explicó que la carta fue enviada a la entonces jefa de Gobierno en octubre de 2024, donde expresaba su disposición a pagar “lo que es legal y correcto” y mencionaba las mesas de negociación sostenidas con la Secretaría de Gobernación durante el sexenio anterior.

En la misma carta, Salinas Pliego señaló que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, había llegado a un supuesto acuerdo con la empresa durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Ante ello, Sheinbaum aclaró que pidió a Medina presentarse para explicar los hechos y puntualizó que “nunca se llegó a ningún acuerdo”.

Por su parte, la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano, señaló que el grupo empresarial no ha obtenido respuesta del Servicio de Administración Tributaria (SAT) debido a la forma en que suele litigar. Explicó que Grupo Salinas acostumbra presentar recursos legales para frenar el cobro y extender los procesos judiciales, por lo que el SAT ha optado por esperar la resolución definitiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes de actuar.

Galeano subrayó que las empresas involucradas pueden realizar el pago de sus adeudos en cualquier momento sin necesidad de una cita o autorización especial. “Es preciso aclarar que si es el deseo de estas empresas realizar algún pago relacionado con estos adeudos, pueden hacerlo hoy mismo, en cualquier momento, sin restricción”, declaró.

Con ello, tanto la Presidencia como la Procuraduría Fiscal reafirmaron que no existe negociación ni trato especial con el empresario, y que el cumplimiento de las obligaciones fiscales depende exclusivamente de la decisión de Grupo Salinas.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha revocado el límite de 220 mil pesos fijado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para los gastos personales de campaña en la elección judicial. La decisión obliga al INE a establecer montos diferenciados según el cargo al que se aspire, pues se consideró que el tope uniforme no era racional ni razonable. 

El INE había establecido un límite general de 220 mil 326.20 pesos para todas las candidaturas en la elección judicial, lo que equivalía a un gasto diario de aproximadamente 3 mil 672.10 pesos. Sin embargo, el TEPJF determinó que este monto debía ser una base y no un tope absoluto, ya que la ley establece que el límite de gastos no podrá ser superior a esa cifra, pero no impide que se fijen montos diferenciados dependiendo del cargo.

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, autor del proyecto aprobado, argumentó que el límite de 220 mil pesos se aplica a las diputaciones federales por distrito, lo que significa que debe utilizarse como parámetro para ajustar los topes de cada cargo. Explicó que existen 300 distritos electorales uninominales, y aunque esto no implica multiplicar el monto por cada distrito, sí permite establecer un límite superior basado en una lógica diferenciada.

Rodríguez Mondragón señaló que el INE debe considerar el órgano a elegir, el tamaño del electorado y el territorio abarcado para definir los montos. En este sentido, subrayó que no es comparable el gasto de una persona que compite por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con alcance nacional, frente a quien busca un puesto en un distrito judicial de menor extensión.

El Tribunal también resaltó que, debido a las restricciones impuestas en la reforma electoral, como la prohibición de contratar espacios en radio, televisión, espectaculares y redes sociales, las candidaturas deben contar con los recursos suficientes para llevar a cabo actividades permitidas, como la impresión de propaganda y la participación en foros públicos.

No obstante, la magistrada Janine Otálora votó en contra de esta resolución, argumentando que la ley es clara en que los topes de gastos de campaña no pueden superar el monto de 220 mil pesos. Consideró que elevar estos límites sin justificación afecta la equidad electoral, favoreciendo a quienes disponen de mayores recursos económicos. Su postura coincidió con la del consejero Uuc-kib Espadas, quien también sostuvo que los montos deberían ajustarse de forma diferenciada, pero sin superar el tope máximo legal.

El INE ahora deberá establecer una nueva fórmula para definir los gastos personales de campaña. En la sesión donde se discutió esta decisión, la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, propuso una estructura diferenciada, con montos que iban desde 220 mil pesos para juzgados de distrito hasta 1.4 millones de pesos para la Suprema Corte. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por la mayoría de los consejeros, quienes insistieron en la necesidad de respetar el límite legal.

Con esta resolución, el INE enfrentará el reto de diseñar una nueva metodología para la asignación de gastos personales de campaña que concilie los principios de equidad y racionalidad en el uso de los recursos electorales.