Trabajadores celebran la revisión de la Reforma en la Suprema Corte

Entre aplausos y gritos de victoria, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) lograron un gran avance en su lucha: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha decidido revisar la legalidad de la polémica reforma judicial. La decisión llegó como una bocanada de aire fresco para jueces, magistrados y empleados judiciales, quienes se reunieron a las afueras del máximo tribunal, esperando ansiosos el veredicto.

 

“¡Ocho a tres en contra! La Corte ha decidido revisar esta reforma”, anunció emocionado Fernando Miguez, vocero de los trabajadores del PJF, mientras la multitud estallaba en júbilo. La sesión, dirigida por la ministra presidenta Norma Piña, culminó en un gesto de esperanza para quienes temían por su autonomía laboral y el futuro del Poder Judicial.

 

Carlos Ávila, secretario de juzgado y otro de los líderes del movimiento, no tardó en expresar su satisfacción: “Que se escuche fuerte y claro, aquí y en todo el país: hay República porque las ministras y ministros patriotas han defendido el Estado de derecho”. Su mensaje resonó con fuerza, no solo entre los trabajadores presentes, sino también en las redes sociales, donde el tema se convirtió rápidamente en tendencia.

 

La decisión de la SCJN abre la puerta para que se analicen los procedimientos que llevaron a la aprobación de la reforma judicial. Según Ávila, el proceso legislativo “tiene muchos vicios” que podrían invalidar la reforma. “Si todo sigue este curso, podemos regresar al estado de cosas antes de su aprobación, y eso es lo que esperamos”, declaró en una entrevista posterior.

 

Jesús Cruz Sibaja, otro trabajador del Poder Judicial, destacó que este proceso también toca temas clave como la “autonomía de los órganos judiciales” y la independencia de jueces y magistrados. Los manifestantes, conscientes de que aún queda camino por recorrer, mantendrán la presión y analizarán su situación laboral en los próximos días.

 

A pesar de esta victoria, los trabajadores aún evalúan extender su paro de labores. Se espera que se reúnan el jueves en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para discutir si continúan con el paro hasta el 15 de octubre, como una forma de asegurar que sus derechos sean respetados y que las mesas de diálogo sigan activas.

 

Este triunfo en la Suprema Corte representa más que una simple revisión de la reforma: es un mensaje de resistencia y unión entre los trabajadores judiciales, que seguirán luchando para mantener la independencia de su institución.

Revés Judicial en Caso del Viaducto Bicentenario: FGR Anuncia Acciones Legales

La Fiscalía General de la República (FGR) ha anunciado su determinación de tomar medidas legales tras el rechazo del juez federal de vincular a proceso a siete personas acusadas de la explotación ilegal del Viaducto Bicentenario. Este proyecto, administrado por OHL-Aleática, supuestamente causó daños por un valor exorbitante de 8 mil 403 millones 242 mil 312 pesos a la Federación.

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, Daniel Ramírez Peña, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, decidió no proceder contra los individuos acusados, incluidos Rubén Gerardo López Barrera, José Andrés de Oteyza Fernández, Sergio Hidalgo Monroy Portillo, Ernesto Javier Nemer Álvarez, Luis Gilberto Limón Chávez, Jorge Joaquín González Bezares y Alberto Tomás Angulo Lara.

La FGR expresó su consternación ante esta decisión, calificándola de injusta y señalando que el juez había emitido una opinión pública sobre el caso antes de conocer todas las pruebas y argumentos presentados por las partes involucradas. La dependencia federal anunció su intención de iniciar acciones legales contra el juzgado por su supuesta parcialidad.

En una declaración oficial, la FGR enfatizó la ilegalidad de la concesión otorgada por el Estado de México a la empresa Viaducto Bicentenario, S. A. de C. V., en 2008, para operar la vía de comunicación federal. Esta concesión se consideró nula, lo que llevó a la explotación ilegal del bien nacional, violando los artículos 149, 150 y 151 de la Ley General de Bienes Nacionales.

La fiscalía destacó que el Estado de México y la empresa en cuestión se beneficiaron desproporcionadamente de la explotación ilegal del viaducto, mientras que la Federación no recibió ninguna compensación por el uso de su propiedad. Además, señaló que las autoridades competentes habían advertido sobre esta ilegalidad en múltiples ocasiones desde 2011.

La FGR rechazó la afirmación del Estado de México de que tenía autoridad para otorgar la concesión federal, argumentando que solo la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes está facultada para hacerlo. Advirtió que este caso no es meramente administrativo o civil, sino que implica la comisión de un delito, y prometió utilizar todos los recursos legales disponibles para abordar esta situación.

Este revés judicial en el caso del Viaducto Bicentenario destaca la complejidad y la importancia de salvaguardar los recursos nacionales y garantizar la justicia en los casos de presunta corrupción e ilegalidad. La FGR reiteró su compromiso de perseguir a aquellos que infringen la ley y de defender los intereses de la Federación.