Una situación de caos y tensión se ha desatado frente a las instalaciones de la Fiscalía de Guerrero, donde un grupo de normalistas ha protagonizado una protesta tras la confirmación de la fuga de un policía implicado en un caso de homicidio. Reportes preliminares indican que los manifestantes han lanzado artefactos explosivos, provocando incendios en vehículos estacionados.

La protesta surge como respuesta al escape de un miembro de la Policía Estatal de Guerrero, quien se encontraba bajo arresto administrativo por su presunta participación en el asesinato de Yanqui Rothan Gómez Peralta, un joven de 23 años ocurrido el pasado 7 de marzo en Chilpancingo.

Los manifestantes, en su mayoría estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, expresan su indignación y exigen justicia frente a la impunidad que rodea este caso. Según medios locales, la presencia de los normalistas desencadenó enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, obligando al desalojo de las oficinas de la Fiscalía y del Palacio de Gobierno para resguardar la integridad de los servidores públicos.

En medio de la protesta, varios vehículos estacionados en la Fiscalía fueron consumidos por el fuego, producto de las detonaciones de artefactos explosivos lanzados por los manifestantes. Imágenes compartidas en redes sociales muestran columnas de humo y llamas que se elevan desde el lugar de los disturbios.

A pesar de la presencia de la Guardia Nacional en las inmediaciones, los reportes señalan que los agentes se replegaron ante el avance de los manifestantes, lo que dejó a las instalaciones de la Fiscalía en un estado de vulnerabilidad.

La situación continúa siendo fluida y en evolución, con la llegada de más autobuses con estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa para sumarse a la protesta. Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido declaraciones sobre los acontecimientos y no se han reportado heridos como resultado de los enfrentamientos.

El clima de tensión y la incertidumbre persisten en Guerrero, donde la sociedad civil demanda respuestas claras y acciones contundentes por parte de las autoridades para garantizar el esclarecimiento de los hechos y la justicia para las víctimas. La protesta de los normalistas es un recordatorio del profundo malestar y la desconfianza que prevalecen en la región frente a la falta de seguridad y la impunidad que amenazan el tejido social.

Un sismo de magnitud 5.0 con epicentro en Coyuca de Benítez, Guerrero, sacudió la tarde del sábado la Ciudad de México, generando alarma y desalojos en varios edificios de la metrópoli. El Servicio Sismológico Nacional (SSN) confirmó el evento, informando que el temblor fue perceptible levemente tanto en la CDMX como en otras áreas del Estado de México.

El movimiento telúrico se registró a las 18:00 horas, activando las alertas sísmicas y desencadenando la evacuación de varios edificios en la capital. A pesar de que la magnitud preliminar se informó como 5.0, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, precisó que la magnitud real fue de 5.2, aunque el temblor se percibió con baja intensidad. Hasta el momento, no se han reportado daños significativos.

El Centro de Instrumentación y Registro Sísmico A.C. (SASMEX) emitió alertas automáticas a la Ciudad de México, Chilpancingo, Acapulco, Oaxaca, Morelia, Colima, Puebla y Cuernavaca, según su informe preliminar. El protocolo de seguridad se activó de inmediato, con sobrevuelos de cóndores realizados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX para evaluar posibles daños.

El secretario de Gobernación, Javier Aquino, confirmó la activación de protocolos de seguridad y revisiones en diversos inmuebles, sin que hasta el momento se reporten daños graves o afectaciones a las personas. La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, informó que no se registran daños causados por el sismo en su estado, y Protección Civil activó protocolos preventivos.

En el Estado de México, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez anunció la activación de los protocolos de Protección Civil en todo el territorio, manteniéndose alertas y con despliegue de seguridad. En Puebla, el sismo también activó alarmas, provocando evacuaciones en el Centro Histórico y plazas comerciales.

Las autoridades continúan monitoreando la situación y brindando información actualizada a la ciudadanía.

En un giro sorprendente, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, titular de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, ha solicitado una licencia de seis meses sin goce de sueldo “para atender asuntos de carácter personal y familiar”, según un comunicado oficial. Este inesperado paso genera interrogantes sobre las repercusiones que podría tener en medio de la crisis de violencia que enfrenta el estado.

La solicitud de licencia, presentada ante el Congreso del estado, se fundamenta en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero y la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.

Valdovinos asumió la responsabilidad como fiscal general el 28 de diciembre de 2021, tras competir con otros 44 aspirantes al puesto. Durante su ausencia, el Dr. Zipacná Jesús Torres Ojeda, actual vicefiscal de Investigación, asumirá el cargo de manera temporal. La fiscal asegura que, una vez que desaparezcan las razones de su solicitud, retomará sus funciones.

Este paso se produce en un contexto crítico para Guerrero, marcado por una ola de violencia que ha paralizado ciudades clave como Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo y Taxco, debido a amenazas del crimen organizado a transportistas. La renuncia de Evelio Méndez Gómez a la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero el 25 de enero, seguida por la designación de Rolando Solano Rivera, también agrega complejidad a la situación de seguridad en el estado.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda instó recientemente a la Fiscalía a investigar los actos violentos contra transportistas que han ocurrido desde el 4 de febrero. La solicitud de licencia de Valdovinos Salmerón se produce en respuesta a este llamado, así como en medio de un aumento de la violencia, reportes de desapariciones, asesinatos a transportistas, incendios provocados y atentados contra aspirantes políticos.

La crisis alcanzó su punto álgido con el asesinato de Omar Reina Abarca, líder transportista de la Organización de Taxistas Real de Oro, el pasado martes en Chilpancingo. Este acto violento ha afectado directamente al servicio de transporte público en la capital, que se detuvo desde el 5 de enero tras el asesinato de cuatro conductores en diferentes eventos.

El gobierno había anunciado un avance del 90% en la reanudación del servicio de transporte público el pasado lunes, buscando recuperar la normalidad en las actividades afectadas. Sin embargo, el reciente asesinato ha generado nuevas dudas sobre la seguridad en la región.

La ciudadanía y expertos en seguridad esperan respuestas claras y medidas contundentes por parte de las autoridades para restablecer la paz y la normalidad en Guerrero, ante la incertidumbre que rodea la solicitud de licencia de Sandra Luz Valdovinos Salmerón.