Retraso y tensiones en San Lázaro: Hacienda entrega el Paquete Económico 2026

El Paquete Económico 2026 llegó a la Cámara de Diputados con más de cuatro horas de retraso. El encargado de llevarlo fue el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, quien arribó al recinto legislativo a las 10:30 de la noche, pese a que la entrega estaba programada desde la tarde. Tras cumplir con esta primera parada, el funcionario se dirigirá al Senado.

En su intervención, Amador Zamora subrayó que el documento llega en un escenario internacional complicado. “Este paquete se presenta en un entorno internacional complejo marcado por tensiones comerciales y geopolíticas que han puesto a prueba todas las economías y que, sin embargo, ha mostrado fortaleza”, afirmó.

Antes de ingresar al Salón Verde, el secretario sostuvo un breve encuentro con el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, con quien conversó unos minutos.

El retraso, sin embargo, no pasó desapercibido. Desde Acción Nacional, el coordinador parlamentario José Elías Lixa criticó con dureza la tardanza, a la que calificó como un hecho inusual: “Estamos ante una insólita informalidad de Hacienda ante la Cámara de Diputados que comenzó con retrasos y que genera graves y severas especulaciones sobre el contenido del propio documento”.

El legislador panista insistió en que estas especulaciones “poco le sirven al país, que necesita y requiere de certezas de los funcionarios de su estado”.

En contraste, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, adoptó un tono más relajado y minimizó la demora. Recordó que “en estricto sentido la ley prevé que se entregue el 8 de septiembre y esto podría haber ocurrido antes de la media noche”.

El Paquete Económico 2026 es uno de los ejercicios más relevantes del año legislativo, pues define la ruta financiera del país. El documento está integrado por los Criterios Generales de Política Económica, la iniciativa de Ley de Ingresos, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y la Miscelánea Fiscal.

Con la entrega ya consumada en San Lázaro, los legisladores disponen ahora del documento que marcará el debate político y económico de los próximos meses.

Tensión en San Lázaro: PAN acusa intento de destruir al INE; Morena promete transformación

La reforma electoral vuelve al centro del debate político en México tras las recientes declaraciones encontradas entre diputados del PAN y Morena. Desde la Cámara de Diputados, las posturas se endurecen luego de la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, presentada como una iniciativa clave para rediseñar el sistema electoral del país.

Federico Döring Casar, legislador del PAN, acusó al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, de ser el operador político designado por la presidenta para “destruir la democracia y al INE”.En un video difundido en sus redes sociales, el panista calificó a Gómez como el “Rasputín electoral”, a quien señaló de actuar con rencor y resentimiento en vez de buscar consensos para una reforma democrática.

Döring también acusó al exfuncionario de permitir el lavado de dinero por parte de cárteles a través de la empresa Vector, vinculada al empresario Alfonso Romo. Aseguró que Gómez nunca detectó estas operaciones cuando dirigía la UIF, lo que —según sus palabras— motivó su salida del cargo. Además, advirtió que el nuevo marco legal en construcción busca permitir el uso de recursos ilícitos en campañas, especialmente provenientes del narcotráfico y del llamado “huachicol fiscal”.

El legislador acusó al actual gobierno de simulación en el combate al crimen organizado, al señalar que se han logrado decomisos importantes sin que haya detenidos ni aseguramientos financieros reales. En este contexto, responsabilizó directamente a figuras como Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch de la falta de resultados concretos.

En contraste, Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador parlamentario de Morena, defendió la iniciativa presidencial al asegurar que se trata de una reforma estructural para “fortalecer la legitimidad de la representación política” y erradicar prácticas como la reelección, el nepotismo electoral y el fuero legislativo.

Ramírez Cuéllar indicó que la propuesta contempla elevar los estándares del servicio público, implementar un nuevo sistema de auditoría y fiscalización del gasto, así como consolidar los órganos electorales para reducir costos. Añadió que también se busca transformar el sistema de medios de comunicación para garantizar la libertad de expresión y abrir espacios críticos hacia el poder.

En un comunicado, el morenista explicó que la Comisión Presidencial trabajará en un diagnóstico integral sobre el modelo electoral y de partidos en México, con el objetivo de sentar las bases de un nuevo Estado Democrático de Bienestar. Destacó que la transformación debe responder a las nuevas realidades del país, promoviendo mayor ética, transparencia y participación ciudadana.

Con posturas claramente enfrentadas, la discusión sobre la reforma electoral anticipa una nueva etapa de tensiones políticas que marcará el rumbo legislativo en los próximos meses.

Morena cierra filas: Niega corrupción y llama a la unidad ante ofensiva mediática

En medio de tensiones internas y una creciente presión mediática, Morena llevó a cabo su Consejo Nacional este domingo en la Ciudad de México, con la asistencia de senadores, diputados, gobernadores y figuras clave del partido. La presidenta nacional, Luisa María Alcalde, y el presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo, marcaron postura clara: no habrá protección para quienes incurran en actos de corrupción y es momento de cerrar filas.

Desde su llegada, el senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, denunció lo que calificó como una “ofensiva mediática terrible” en contra de su coordinador parlamentario, refiriéndose a los señalamientos hacia el ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez. Reconoció que hay “algo de fuego amigo”, pero aseguró que se trata principalmente de una estrategia de la derecha. “La verdad es que traen una ofensiva mediática terrible contra el senador”, declaró, dejando claro que, mientras no haya denuncias formales, todo es “golpeteo”.

Rechazó cualquier comparación con el caso de Genaro García Luna: “García Luna está preso, confeso, sentenciado. Cualquier similitud con ese caso es absurdo”, subrayó. También criticó que los medios no exijan explicaciones a Felipe Calderón.

Por su parte, Luisa María Alcalde fue contundente al afirmar que Morena no solapará a nadie que traicione los principios del movimiento. “No protegemos a persona alguna que incurra en actos de corrupción o que traicione los principios que dan vida a nuestro Movimiento. Nuestra guía es clara: la verdad y la justicia”, puntualizó. Aseguró que si hay dudas o señalamientos, será la autoridad quien deberá resolver, sustentada en pruebas.

Alcalde reiteró que el compromiso de Morena es combatir cualquier acto que atente contra la confianza del pueblo. “Todo aquel que se desvíe de estos principios, debe responder por sus actos”, sostuvo en su intervención ante el pleno del Consejo Nacional.

Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional y gobernador de Sonora, llamó a la militancia a dialogar con madurez y colaborar con profesionalismo. Reconoció que algunas tensiones internas se deben a iniciativas y reacciones de los propios cuadros del partido, por lo que pidió cuidar que las diferencias no impongan costos políticos a la organización ni al gobierno.

Durazo instó a territorializar la defensa de la Cuarta Transformación y recordó que, aunque existan enfoques distintos, el objetivo es común. “Podemos pensar distinto, pero no luchamos por cosas distintas. Entre nosotros puede haber enfoques distintos, pero hay algo que no podemos perder de vista: el origen y el objetivo común de nuestra lucha”, dijo.

El Consejo Nacional se realizó en un contexto de presiones internas y externas que, según Durazo, buscan abrir grietas en el movimiento. “Voces malintencionadas apuestan también a la fractura de nuestro movimiento”, advirtió, al tiempo que pidió pensar en las consecuencias de cada diferencia antes de que se convierta en crisis.

El encuentro cerró con llamados a la unidad, el compromiso ético y la defensa organizada de los principios que dieron origen a Morena.

Elección Judicial en la mira tras impugnación de candidaturas por vínculos penales

En una acción sin precedentes dentro del nuevo proceso electoral judicial en México, las cámaras de Senadores y Diputados solicitaron formalmente al Instituto Nacional Electoral (INE) la cancelación del registro de 26 candidaturas. Esta solicitud, presentada por Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna, presidentes del Senado y la Cámara de Diputados respectivamente, apunta directamente a la integridad de los aspirantes involucrados.

Las objeciones se basan en dos frentes contundentes. El primero, de carácter legal y ético: 18 de las personas impugnadas se encuentran presuntamente vinculadas a investigaciones penales federales, algunas con órdenes de aprehensión activas. Las acusaciones incluyen delitos de alto impacto como abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones y presunta relación con la delincuencia organizada. A juicio de los legisladores, esta situación representa una clara violación del requisito constitucional de “gozar de buena reputación”, indispensable para aspirar a un cargo judicial.

El segundo punto crítico recae en el desempeño académico. Ocho candidaturas adicionales han sido impugnadas por no alcanzar el promedio mínimo requerido de 8.0 en estudios de licenciatura. Las calificaciones de estas personas oscilan entre 7.0 y 7.93, lo cual, según Gutiérrez Luna, pone en entredicho no solo la preparación profesional, sino la calidad ética que debe caracterizar a los futuros jueces, juezas y magistrados. “La exigencia académica no es un trámite, sino un parámetro mínimo de calidad profesional y ética”, puntualizó el diputado.

El informe presentado a las autoridades electorales incluye documentación sobre carpetas de investigación abiertas, así como detalles de las relaciones de algunos aspirantes con personajes vinculados al crimen organizado. También se hace referencia a casos en los que los candidatos han ejercido como abogados defensores de individuos procesados por delitos de alto perfil, generando así posibles conflictos de interés.

En palabras de Gutiérrez Luna, “la elección por voto popular no exime del cumplimiento de los requisitos éticos y constitucionales para acceder a la función judicial”. Su declaración resalta la importancia de proteger la legitimidad del Poder Judicial frente al contexto electoral que, por primera vez en la historia de México, permitirá a la ciudadanía elegir directamente a jueces, magistrados y otros cargos de este poder del Estado.

El 1 de junio de 2025, más de 99 millones de votantes están convocados a las urnas para elegir 881 cargos entre más de 3,400 postulaciones. En medio del proceso, las campañas —que finalizarán el 28 de mayo— se desarrollan bajo la mirada atenta de la sociedad civil, organismos internacionales y la oposición, que han encendido alertas sobre una posible injerencia del crimen organizado y del Poder Ejecutivo.

La impugnación de estas candidaturas podría marcar un precedente clave en la consolidación de una justicia verdaderamente independiente, transparente y profesional en el país.

Un Infonavit más transparente y justo con una reforma que busca proteger a los trabajadores: Monreal

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, ha propuesto un conjunto de 30 modificaciones a la reforma de la Ley del Infonavit aprobada previamente por el Senado. Estas propuestas buscan fortalecer la transparencia, garantizar la equidad en la toma de decisiones y brindar mayor protección a los derechos de los trabajadores.

 

Entre los principales cambios, destaca la obligación de la Dirección General del Instituto de publicar en su página web información actualizada y precisa sobre aspectos financieros, administrativos y operativos. Este punto es crucial para ofrecer a los derechohabientes una visión clara del estado del Fondo de Vivienda y de los proyectos de construcción.

 

Monreal también subraya la importancia de preservar el equilibrio histórico en la gobernanza del Infonavit mediante la integración tripartita de sus órganos. En este sentido, plantea ajustar la composición de la Comisión de Vigilancia y el Comité de Auditoría para que cada sector –gobierno, trabajadores y empresarios– tenga la misma representación, evitando la predominancia de uno sobre los otros.

 

Un elemento central de su propuesta es blindar las subcuentas de vivienda y los créditos de los trabajadores. Estas serán consideradas inviolables, lo que significa que no estarán sujetas a auditorías o fiscalizaciones. Este enfoque responde a las inquietudes expresadas por representantes sindicales y trabajadores, quienes buscan mayor seguridad en la gestión de sus recursos.

 

Otro punto relevante es la modificación del plazo para la creación de una empresa filial que coordine la construcción de viviendas. Inicialmente prevista para finales de 2024, Monreal propone extender el plazo hasta febrero de 2025, permitiendo una planificación más detallada y adecuada a las nuevas normativas.

 

En cuanto a la fiscalización, el proyecto establece que será responsabilidad de la Auditoría Superior de la Federación, garantizando un escrutinio riguroso e independiente del Instituto como organismo fiscal autónomo. Asimismo, los proyectos de vivienda aprobados antes del 1 de julio de 2023 serán cancelados, aunque los promoventes tendrán 30 días para presentar propuestas alineadas a las nuevas reglas.

 

Con estas modificaciones, la reforma pretende reforzar la confianza en el Infonavit como una institución al servicio de los trabajadores, promoviendo transparencia y equilibrio en su funcionamiento. Se prevé que las propuestas sean discutidas en comisiones el próximo jueves y turnadas al pleno en febrero, antes de ser enviadas nuevamente al Senado para su aprobación final.

 

La iniciativa liderada por Monreal busca no solo modernizar el marco jurídico del Infonavit, sino también proteger los intereses de los trabajadores y fomentar un modelo de gobernanza más inclusivo y transparente.

La batalla silenciosa por el control del Comité Técnico de Evaluación entre Monreal y Adán Augusto

Este martes, la Cámara de Diputados decidirá la composición del Comité Técnico de Evaluación (CTE), organismo que tendrá un papel clave en la selección de jueces, ministros y magistrados. Sin embargo, el camino hacia esta votación ha sido todo menos sencillo, en medio de una intensa pugna política entre dos figuras emblemáticas de Morena: Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los diputados de Morena, y Adán Augusto López Hernández, líder del partido en el Senado.

 

La disputa entre Monreal y Adán Augusto no se limita a simples desacuerdos, sino que refleja una batalla por influencia y poder dentro del partido. Según fuentes legislativas, ambos líderes han puesto sobre la mesa tres de los cinco nombres que deben integrar el comité, compuesto por tres mujeres y dos hombres. Cada uno busca asegurar la mayoría en el CTE, lo cual representaría una ventaja crucial para su facción en la futura selección de altos cargos judiciales.

 

Para evitar una escalada en el conflicto, se ha considerado la intervención de Sergio Gutiérrez Luna y Gerardo Fernández Noroña, presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado, respectivamente, quienes intentarán fungir como mediadores en la elección del quinto integrante del CTE. La propuesta tiene como objetivo evitar la injerencia de otras figuras dentro del partido, como Ernestina Godoy, consejera jurídica de la presidencia.

 

La noche de este lunes se perfila como decisiva: las bancadas de Morena buscarán llegar a un acuerdo que permita la presentación formal de la lista de candidatos al CTE y que ésta sea aprobada el martes en la Cámara de Diputados.

 

En una conferencia de prensa reciente, Monreal se reunió con los coordinadores parlamentarios de otros partidos en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para exponer las cualidades que deben cumplir los integrantes del CTE, aunque sin presentar nombres concretos. “Ellos hacen uso de su derecho de proponer o no candidatos, yo no quiero calificar si es o no un error táctico de ellos o un acierto táctico”, señaló Monreal respecto a la ausencia de propuestas de otros líderes como Rubén Moreira (PRI) y Noemí Berenice Luna (PAN).

 

Monreal también expresó su respeto hacia Movimiento Ciudadano (MC), cuyo liderazgo, bajo Dante Delgado, se ha consolidado en la política mexicana. Ante la posibilidad de que MC abandone la reunión de Puntos Constitucionales, Monreal respondió con diplomacia: “Lo que hagan ellos, yo no puedo cuestionarlo, sino respetarlo; es su estrategia y táctica, y ellos sabrán valorar si es o no la correcta”.

 

En la sesión privada de la Jucopo, Ivonne Ortega, coordinadora de MC, lanzó una pregunta incómoda al recordar que Andrés Manuel López Obrador, durante su tiempo como jefe de Gobierno, recurrió al Poder Judicial para evitar cambios en el nombre de Ciudad de México. “¿Ahora, ante quién se debe acudir entonces?”, inquirió Ortega, subrayando la importancia de un poder judicial independiente en los conflictos constitucionales. La respuesta de Monreal, con una sonrisa evasiva, fue: “Esa no te la voy a responder”.

 

El desenlace de este conflicto definirá no sólo el control del CTE, sino también la influencia que Monreal y Adán Augusto tendrán en los nombramientos judiciales. La votación de este martes en la Cámara de Diputados podría ser la clave para resolver esta pregunta.

Solicitan juicio político contra legisladores de la 4T por aprobar la Reforma Judicial

En un movimiento inesperado, diversas organizaciones civiles presentaron una solicitud de juicio político en contra de diputados y senadores que aprobaron la reforma judicial impulsada por Morena y sus aliados. Esta acción fue motivada por lo que consideran una violación a las suspensiones de amparo otorgadas por jueces de Chiapas y Morelos, que buscaban frenar el avance de la reforma.

 

El abogado Alejandro Valenzuela, quien representa a las organizaciones, compareció ante la sala de prensa de la Cámara de Diputados en San Lázaro para hacer pública la solicitud. “Esta denuncia es por la violación de las suspensiones de amparo que ya habían sido otorgadas. Se presentaron todas las pruebas, incluyendo las suspensiones emitidas por los jueces”, explicó Valenzuela.

 

La reforma judicial ha sido objeto de controversia desde su aprobación en el Senado la madrugada del 11 de septiembre, luego de haber sido avalada previamente en la Cámara de Diputados. Según Valenzuela, los legisladores ignoraron las suspensiones de amparo emitidas, lo que generó un conflicto legal que podría derivar en el juicio político solicitado. “Esperamos que se proceda conforme a la ley. Los legisladores denunciados no pueden ser juez y parte en este proceso”, destacó.

 

De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, cualquier legislador involucrado en una denuncia no puede formar parte de la subcomisión que evaluará el caso. “Solo cinco diputados de Morena no participaron en la discusión y aprobación de la reforma, por lo que serían los únicos habilitados para formar parte de la subcomisión de examen previo”, aclaró el abogado.

 

La denuncia ahora será revisada por la Cámara Baja, donde se deberá formar una subcomisión de examen previo que analizará si procede o no el juicio político. Si el dictamen avanza, los legisladores denunciados no podrán participar en la votación que defina su destino. “Es fundamental que se respeten las excusas e impedimentos establecidos por la ley para evitar conflictos de interés”, recordó Valenzuela.

 

Mientras tanto, la reforma judicial continúa su camino, habiendo sido aprobada por 23 congresos locales, con la excepción de Durango. Este escenario pone en el centro del debate no solo la validez de la reforma, sino también la integridad del proceso legislativo. La decisión final sobre el juicio político está en manos del Congreso, pero el mensaje es claro: la batalla legal por la reforma judicial apenas comienza.

Monreal revela las reformas que vienen: Guardia Nacional y Derechos Indígenas

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, dejó claro que el Congreso no descansará en septiembre. Tras su reunión semanal en la casa de transición de Claudia Sheinbaum, presidenta electa, Monreal anunció las próximas reformas que están por aprobarse: la relativa a la Guardia Nacional y la referente a los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.

 

“Siempre vengo, cada ocho días, para revisar la agenda legislativa, los intereses prioritarios de la presidenta electa y para conversar sobre las últimas sesiones del Congreso”, comentó Monreal al salir de la reunión. Su visita es parte de un esfuerzo coordinado con Sheinbaum, quien asumirá el cargo en unos meses.

 

Monreal confía en que las iniciativas promovidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador estarán aprobadas antes de que termine septiembre. “La semana que entra vamos a deliberar, a discutir y, en su caso, aprobar la reforma en materia de comunidades indígenas y afromexicanas, y luego la de la Guardia Nacional la tercera semana”, adelantó.

 

Estas reformas, consideradas prioritarias por el partido en el poder, reflejan el compromiso de la administración actual con temas de seguridad y derechos humanos. La reforma de la Guardia Nacional, en particular, ha sido un tema polémico, con debates en torno a su control y operación.

 

Mientras Monreal y su equipo preparan el terreno en el Congreso, Sheinbaum también se pronunció sobre un tema delicado: la reciente consulta lanzada por la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, para explorar si existe alguna vía legal para detener la reforma judicial.

 

Sheinbaum criticó la medida, insinuando que la SCJN podría estar actuando en contra de la voluntad popular. “¿Pero cómo unas cuantas personas van a poder echar para atrás la voluntad del pueblo de México? La votación del 2 de junio, eso no es legal”, declaró al llegar a su casa de transición.

 

Con estas declaraciones, el ambiente político en México se vuelve aún más tenso. Las próximas semanas serán clave para determinar el rumbo de estas reformas. Lo que es claro es que tanto Monreal como Sheinbaum están decididos a avanzar con su agenda, asegurando que los cambios propuestos se concreten antes de que termine el mes.

Diputados de la 4T posponen debate sobre la GN para festejar a la virtual presidenta

En un giro inesperado en el ámbito legislativo mexicano, los diputados de la Cuarta Transformación (4T) decidieron posponer la discusión de una reforma crucial para sumarse a las celebraciones por la entrega de la constancia de mayoría a Claudia Sheinbaum, quien ha sido oficialmente reconocida como la presidenta electa de México. 

 

Este aplazamiento ha generado diversas reacciones, poniendo en pausa el debate sobre la adscripción de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), una iniciativa central en la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador.

 

El aplazamiento fue comunicado a través de un oficio firmado por Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, quien explicó que la reunión programada para este jueves se realizaría ahora en modalidad semipresencial el próximo jueves 22 de agosto. “Por razones de agenda extraordinaria y espacio, se ajusta la cita a reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales”, detalla el documento que fue enviado a los legisladores.

 

Esta decisión ha provocado un retraso en la discusión y posible aprobación de la reforma que busca incorporar la Guardia Nacional a la Sedena, una medida que, según la iniciativa presidencial, es clave para “impulsar la pacificación del territorio nacional por medio de una institución profesional y disciplinada”. Sin embargo, el ajuste en el calendario legislativo ha levantado preguntas sobre las prioridades del grupo parlamentario mayoritario.

 

Los diputados de Morena, quienes son mayoría en la Comisión de Puntos Constitucionales, no escondieron su entusiasmo por la celebración en torno a Sheinbaum. Según informaron algunos legisladores por la mañana, “había una alta probabilidad de llevar a cabo la reunión hoy por la tarde, porque ‘vamos a la cargada con nuestra presidenta electa’”. Esta declaración revela el ánimo festivo que predominó sobre las responsabilidades legislativas, un gesto que ha sido interpretado por algunos analistas como una muestra de lealtad política, pero que también ha suscitado críticas por la falta de atención a temas de seguridad nacional.

 

Mientras tanto, la oficina de Comunicación Social de la Cámara de Diputados se limitó a informar que “la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales se cancela hasta nuevo aviso”, sin ofrecer más detalles sobre los motivos detrás de la decisión, ni sobre cómo afectará el desarrollo de otras iniciativas presidenciales en curso.

 

El retraso en la discusión de la reforma de la Guardia Nacional no es un asunto menor. Esta iniciativa ha sido uno de los pilares de la estrategia de seguridad del presidente López Obrador, quien ha insistido en la necesidad de fortalecer a la GN bajo el mando de la Sedena para garantizar la paz y la estabilidad en el país. La adscripción de la GN a la Sedena busca, según el mandatario, “consolidar una fuerza de seguridad que esté a la altura de los desafíos que enfrenta México en materia de delincuencia organizada y violencia”.

 

Sin embargo, la decisión de posponer la discusión ha dejado un vacío en la agenda legislativa que algunos consideran preocupante. Este aplazamiento ha generado expectativas sobre cómo se manejarán los tiempos legislativos en las próximas semanas, especialmente en lo que respecta a la reforma judicial, que también está programada para ser discutida el 22 de agosto, después de los ajustes realizados tras los nueve foros que se llevaron a cabo sobre esta iniciativa.

 

Este episodio deja en el aire la pregunta sobre el equilibrio entre el entusiasmo político y la responsabilidad legislativa. Mientras que la celebración por la primera mujer presidenta electa de México es, sin duda, un motivo de orgullo y regocijo, las tareas legislativas no pueden quedar en segundo plano. Las decisiones que se toman hoy tendrán repercusiones en la seguridad y el bienestar de millones de mexicanos, y posponer debates cruciales para un festejo, por legítimo que sea, podría enviar señales contradictorias sobre las prioridades del Congreso en estos tiempos de transformación.

 

El próximo 22 de agosto, la Comisión de Puntos Constitucionales retomará el debate sobre la Guardia Nacional. Sin embargo, la pausa en esta discusión ya ha dejado su marca, recordándonos que en la política, cada decisión cuenta, y el equilibrio entre celebración y responsabilidad es más delicado de lo que parece.

Diputados aprueban ley de Protección Civil para financiar desastres naturales

La Cámara de Diputados, con el respaldo de Morena y sus aliados del PT y el Partido Verde Ecologista, dio luz verde en su fase inicial a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de Protección Civil. Esta medida busca que los estados asignen fondos de sus presupuestos para hacer frente a desastres naturales.

La votación en el pleno legislativo resultó en 242 votos a favor, 202 en contra y ninguna abstención. Durante la discusión, se presentaron 120 enmiendas a través de reservas.

El diputado Jorge Ángel Sibaja Mendoza, representante de Morena, fue quien presentó la iniciativa, destacando que la nueva ley establece la obligación de los estados de destinar recursos para atender emergencias, tal como lo indica la Ley General de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios. Esta disposición requiere la creación de un fondo destinado a la atención inmediata de la población afectada y la reconstrucción de la infraestructura pública.

Sibaja Mendoza resaltó que los estados deberán desembolsar recursos en caso de emergencia o desastre, mientras que la intervención del gobierno federal solo ocurrirá mediante un acuerdo, cuando la magnitud del evento lo amerite, como sucedió recientemente en Acapulco.

El legislador hizo hincapié en que esta reestructuración facilitará una mejor comunicación y coordinación entre los estados y el gobierno federal, a través de un mecanismo de transferencia de recursos.

Sin embargo, el diputado del PAN, Miguel Humberto Rodarte de Lara, anunció la intención de la oposición de impugnar la medida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, argumentando su posible inconstitucionalidad.

Durante el debate, legisladores de la oposición criticaron la iniciativa por su impacto en el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), señalando que esta medida lo dejaría obsoleto.