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Morena prepara un nuevo movimiento político rumbo a 2027. El partido guinda impulsa una propuesta para que la consulta de revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum se realice el mismo día que las elecciones de jueces, diputaciones federales y 17 gubernaturas. La iniciativa, encabezada por el vicecoordinador Alfonso Ramírez Cuéllar, se discutirá el próximo lunes en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, a partir de las seis de la tarde.

El objetivo del proyecto es sincronizar ambos procesos electorales para hacerlos coincidir en una sola jornada nacional en junio de 2027. Actualmente, la Constitución establece que las consultas populares deben realizarse el primer domingo de agosto, pero con la reforma propuesta, se adelantarían al primer domingo de junio, fecha que coincide con las elecciones intermedias federales.

De aprobarse por el Congreso de la Unión, la medida modificaría el artículo 5 de la Constitución y redefiniría la manera en que los ciudadanos participan en los ejercicios de democracia directa. Según Ramírez Cuéllar, esto permitiría aprovechar la movilización electoral de las elecciones intermedias, evitando duplicar procesos y costos logísticos.

La propuesta, contenida en un documento de 34 páginas, plantea que la revocación de mandato solo pueda solicitarse una vez durante el periodo presidencial, entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre posteriores al segundo año de gobierno. El ejercicio se realizaría mediante voto libre, directo y secreto, el mismo día que se eligen diputados federales.

Uno de los argumentos centrales del proyecto es el ahorro económico. De acuerdo con las estimaciones del legislador, unificar la consulta con la elección intermedia permitiría reducir el gasto público en al menos mil 500 millones de pesos, cifra similar a la que costó la revocación de mandato del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en 2022.

Además del factor económico, Morena considera que esta sincronización fomentaría una mayor participación ciudadana. Al concentrar en un solo día tanto la elección de representantes como el ejercicio de consulta sobre la continuidad presidencial, se busca incentivar la asistencia a las urnas y fortalecer los mecanismos de democracia directa.

La propuesta será discutida en la Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por Leonel Godoy, también integrante de la bancada guinda. Si logra avanzar en esa instancia, el proyecto podría escalar al pleno de la Cámara de Diputados para su eventual aprobación y envío al Senado.

Con este planteamiento, Morena busca consolidar un nuevo esquema electoral que combine eficiencia administrativa, ahorro presupuestal y una mayor implicación ciudadana en las decisiones políticas del país, en una jornada que marcaría el rumbo electoral de 2027.

La bancada de Morena llega dividida a la votación de este domingo en la Cámara de Diputados para elegir a la nueva presidencia de la Mesa Directiva, mientras crece la tensión por el veto a figuras del PAN y el riesgo de un posible bloqueo legislativo.

Tras una discusión de más de tres horas, los legisladores de Morena aceptaron por mayoría que el Partido Acción Nacional (PAN) ocupe la presidencia de la Mesa Directiva a partir del 1 de septiembre. Sin embargo, el ala dura del partido guinda vetó a seis diputados panistas, encabezados por Kenia López Rabadán, propuesta rechazada por Dolores Padierna bajo el argumento de evitar “que ofenda a la presidenta Claudia Sheinbaum”.

La lista de vetados también incluyó al actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, quien había sido considerado para permanecer como vicepresidente en la Mesa Directiva de Morena. Según relataron diputados, la dirigencia nacional del partido pidió directamente a Padierna y a otros inconformes, entre ellos Alfonso Ramírez Cuéllar, que Gutiérrez Luna quedara fuera de cualquier cargo en la nueva mesa.

Al cierre de la plenaria, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, destacó que “la bancada está muy sensata”, después de escuchar a más de 60 oradores que defendieron y cuestionaron la entrega de la presidencia al PAN. Explicó que el acuerdo consiste en respetar al blanquiazul, pero todavía no hay definición sobre la persona que encabezará la mesa: “El acuerdo es respetar al PAN en la Mesa Directiva, pero la persona que encabece, o la persona que se proponga es lo que estamos revisando, en una amigable relación”.

Durante las negociaciones, Monreal sostuvo encuentros individuales con más de 100 diputados de Morena en el Auditorio Aurora Jiménez, acompañado del coordinador de operación política, Pedro Haces Barba. Por su parte, el coordinador panista, José Elías Lixa, consultó con el dirigente nacional Jorge Romero, quien respaldó la postulación de López Rabadán, al recordar que ya había ocupado la vicepresidencia de la Mesa Directiva.

“Para evitar confusiones, sostengo personalmente que se debe respetar la ley, y en este sentido sostengo que la presidencia debe quedar en manos del PAN, como segunda fuerza”, afirmó Lixa.

Monreal adelantó que todavía faltan acuerdos para lograr la mayoría calificada que garantice la elección, al advertir que la indefinición podría extenderse. “No se ha definido, todavía no hay la definición sobre la presidencia de la mesa directiva, será mañana un día pesado también”, comentó.

El líder morenista recordó además que la ley no contempla una salida clara si, después de cinco días, no se alcanza la votación de dos terceras partes del pleno. En ese escenario, advirtió, podría detonarse una crisis constitucional: “Después de ese día, todo lo que apruebe la Cámara de Diputados no tendrá validez”.

La reforma electoral vuelve al centro del debate político en México tras las recientes declaraciones encontradas entre diputados del PAN y Morena. Desde la Cámara de Diputados, las posturas se endurecen luego de la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, presentada como una iniciativa clave para rediseñar el sistema electoral del país.

Federico Döring Casar, legislador del PAN, acusó al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, de ser el operador político designado por la presidenta para “destruir la democracia y al INE”.En un video difundido en sus redes sociales, el panista calificó a Gómez como el “Rasputín electoral”, a quien señaló de actuar con rencor y resentimiento en vez de buscar consensos para una reforma democrática.

Döring también acusó al exfuncionario de permitir el lavado de dinero por parte de cárteles a través de la empresa Vector, vinculada al empresario Alfonso Romo. Aseguró que Gómez nunca detectó estas operaciones cuando dirigía la UIF, lo que —según sus palabras— motivó su salida del cargo. Además, advirtió que el nuevo marco legal en construcción busca permitir el uso de recursos ilícitos en campañas, especialmente provenientes del narcotráfico y del llamado “huachicol fiscal”.

El legislador acusó al actual gobierno de simulación en el combate al crimen organizado, al señalar que se han logrado decomisos importantes sin que haya detenidos ni aseguramientos financieros reales. En este contexto, responsabilizó directamente a figuras como Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch de la falta de resultados concretos.

En contraste, Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador parlamentario de Morena, defendió la iniciativa presidencial al asegurar que se trata de una reforma estructural para “fortalecer la legitimidad de la representación política” y erradicar prácticas como la reelección, el nepotismo electoral y el fuero legislativo.

Ramírez Cuéllar indicó que la propuesta contempla elevar los estándares del servicio público, implementar un nuevo sistema de auditoría y fiscalización del gasto, así como consolidar los órganos electorales para reducir costos. Añadió que también se busca transformar el sistema de medios de comunicación para garantizar la libertad de expresión y abrir espacios críticos hacia el poder.

En un comunicado, el morenista explicó que la Comisión Presidencial trabajará en un diagnóstico integral sobre el modelo electoral y de partidos en México, con el objetivo de sentar las bases de un nuevo Estado Democrático de Bienestar. Destacó que la transformación debe responder a las nuevas realidades del país, promoviendo mayor ética, transparencia y participación ciudadana.

Con posturas claramente enfrentadas, la discusión sobre la reforma electoral anticipa una nueva etapa de tensiones políticas que marcará el rumbo legislativo en los próximos meses.