La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la incorporación de Vidulfo Rosales Sierra, abogado conocido por encabezar la defensa legal de las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, como nuevo integrante del Poder Judicial de la Federación.
De acuerdo con el directorio disponible en la página oficial de la Corte, Rosales ocupa ahora el cargo de secretario de estudio y cuenta en la Coordinación General de Asesores de Presidencia. En esta posición, su responsabilidad principal será analizar expedientes para proponer a los ministros las determinaciones jurídicas a seguir, además de participar en las sesiones donde se resuelven los casos.
El salario bruto asignado al puesto es de aproximadamente 168 mil pesos mensuales; sin embargo, después de las deducciones fiscales correspondientes, su ingreso neto asciende a 118 mil 138 pesos al mes. A este monto se suman diversas prestaciones otorgadas a los funcionarios de este nivel en el Poder Judicial.
Entre los beneficios laborales se encuentran aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y quinquenal. También incluye seguros de gastos médicos mayores, seguro colectivo de retiro, seguro de separación individualizado, cobertura del ISSSTE, así como apoyo económico para lentes graduados. En el apartado de estímulos destacan el bono por el Día del Padre, estímulo por antigüedad y por jubilación. Además, cuenta con licencias prejubilatorias, ayuda por incapacidad médica, gastos funerales y pago por defunción.
Este nuevo nombramiento ocurre semanas después de que, a finales de agosto, Rosales anunciara públicamente su salida de la representación legal del caso Ayotzinapa. En ese momento, no precisó hacia dónde dirigiría su carrera profesional, únicamente adelantó que continuaría su labor en defensa de los derechos humanos desde otros espacios.
En un posicionamiento compartido entonces, expresó: “Me retiro de la primera línea de la lucha social con la frente en alto, con la seguridad de haber puesto un grano de arena en la pelea de nuestros pueblos, seguiré exigiendo que los derechos humanos sean una realidad, que los pueblos indígenas y afromexicano tengan una vida digna y no seamos tratados como personas de segunda”.
Con este movimiento, Rosales deja atrás casi una década de acompañamiento legal a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, y pasa a integrarse a la estructura más alta del sistema judicial en México, con un cargo que combina tareas técnicas de análisis jurídico con beneficios laborales de amplio alcance.
