Lenia Batres critica en sesión un proyecto que no estaba en discusión y ministros corrigen el error

Durante la sesión pública de este jueves en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Lenia Batres Guadarrama intervino para expresar su desacuerdo con un proyecto de resolución que no formaba parte de los asuntos que se encontraban en discusión en ese momento.

La participación ocurrió mientras el pleno analizaba otro expediente distinto dentro de la agenda del día. Batres tomó la palabra para manifestar su postura en contra de un proyecto elaborado bajo la ponencia del ministro Giovanni Figueroa Mejía, relacionado con un amparo promovido por un grupo de personas que denunciaron la presunta violación al derecho humano a una buena administración pública.

Durante su intervención, la ministra expresó su posición frente a la propuesta de resolución. “Estoy en contra del proyecto que se pone a nuestra consideración que propone conceder el amparo a un grupo de personas que reclamaron la violación al derecho humano a una buena administración pública”, declaró ante el pleno.

Tras escuchar su comentario, el ministro Figueroa Mejía aclaró que el expediente al que se refería la ministra no se encontraba en debate durante esa sesión, ya que había sido retirado previamente de la lista de asuntos programados para discusión.

La aclaración se produjo en el momento en que se advirtió la confusión. El propio ministro explicó que el proyecto aludido no estaba siendo analizado en ese momento por el pleno.

Posteriormente, el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar, también precisó la situación para ubicar el tema que realmente se encontraba en discusión. “Estamos en el asunto 28, el otro quedó en lista”, indicó durante la sesión.

El expediente que los ministros analizaban en ese momento correspondía a un amparo en revisión relacionado con la obligación de las comisiones de atención a víctimas de determinar el monto de una indemnización por daño moral.

Dentro de ese asunto, el debate se centró en los criterios que deben aplicarse para fijar las compensaciones a personas que han sufrido afectaciones y que recurren a estos organismos para recibir reparación del daño.

Durante la deliberación del caso que sí formaba parte de la agenda del día, la ministra Lenia Batres expresó una postura distinta a la que había mencionado previamente, ya que en ese expediente manifestó su respaldo al proyecto discutido por el pleno.

La sesión continuó con la revisión del amparo en materia de reparación del daño moral, mientras que el proyecto mencionado inicialmente por la ministra quedó pendiente al haber sido retirado de la lista de asuntos programados para análisis en esa jornada.

Finalmente al término se culmino con la discusión de los asuntos de los créditos fiscales de Grupo Salinas, la reclamación de unos recursos y vato a favor en varios asuntos.

Exministro Laynez critica postura de la SCJN sobre consultas a personas con discapacidad

Javier Laynez Potisek, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), calificó de “postura regresiva” el cambio de criterio adoptado por los nuevos integrantes del máximo tribunal respecto a las consultas a personas con discapacidad. En su opinión, esta nueva postura impone a los propios grupos vulnerables la carga de defender derechos que deberían ser protegidos de manera preventiva.

A través de su cuenta en X, recientemente creada, Laynez Potisek expresó que el nuevo criterio que se perfila en la SCJN servirá como base para analizar impugnaciones a leyes que afecten a grupos vulnerables, incluso si no se llevaron a cabo consultas durante el proceso legislativo. “Sin intervención oficiosa, la desigualdad se reproduce”, subrayó el exministro en su publicación del martes.

Este lunes, el pleno de la SCJN invalidó un artículo de la Ley para personas con discapacidad de Guerrero, manteniendo la discusión abierta sobre el derecho a la consulta. El argumento mayoritario de los ministros fue que la violación al derecho a la consulta debe ser analizada únicamente cuando los grupos vulnerables afectados presenten impugnaciones.

La ministra Lenia Batres explicó que invalidar leyes por falta de consulta previa representaba “una deformación de los fines del derecho a la consulta conquistado por las personas con discapacidad para permitir que se utilizase en su contra al invalidar decretos que regulaban o ampliaban derechos”.

Durante la sesión, el ministro presidente Hugo Aguilar recordó que la práctica de la anterior composición de la SCJN consistía en invalidar automáticamente leyes o decretos por la ausencia de consulta, incluso cuando la legislación era favorable para pueblos y comunidades indígenas. Aguilar destacó que el nuevo criterio busca un “punto medio” en las decisiones del Pleno de la Corte.

Laynez Potisek abrió su cuenta de X el 1 de septiembre, apenas un día después de dejar el cargo la anterior composición de la Suprema Corte. La crítica al nuevo criterio sobre el derecho a la consulta constituye la primera postura pública que manifiesta un ministro en retiro respecto a las decisiones de los actuales integrantes del tribunal.

El exministro enfatizó que la carga de defender los derechos de las personas con discapacidad recae ahora directamente sobre los propios afectados, una situación que considera regresiva en términos de igualdad y protección legal. Su intervención marca un señalamiento importante dentro del debate sobre la forma en que la SCJN abordará la protección de grupos vulnerables en el futuro, particularmente en lo relativo al derecho a ser consultados antes de la aprobación de leyes y normas que les conciernen.

Caso Cuauhtémoc Blanco: Tras votación cerrada, el expediente queda descartado

En una sesión a puerta cerrada que se extendió por horas, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados aprobó con tres votos a favor y uno en contra el desechamiento del expediente que acusaba al exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, por intento de violación. La propuesta fue impulsada por su presidente, Hugo Eric Flores Cervantes, quien argumentó su improcedencia.

El respaldo de Morena y PVEM fue clave en la decisión. Raúl Bolaños-Cacho, diputado del Partido Verde, justificó su voto a favor señalando fallas en la investigación de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Según explicó, la carpeta presentaba dictámenes contradictorios, falta de testigos y una ausencia de perspectiva de género en su resolución.

El legislador destacó que, en caso de votar en contra, el dictamen habría quedado desechado definitivamente. Con esta resolución, la Fiscalía de Morelos podrá presentar una nueva denuncia con una investigación más sólida y evitar que el caso se estanque.

En el transcurso de la discusión, el diputado panista Germán Martínez acusó a Flores Cervantes de actuar como “abogado de Cuauhtémoc Blanco“. Ante esta afirmación, el presidente de la Sección Instructora respondió enérgicamente, rechazando cualquier sesgo en su decisión y defendiendo el análisis jurídico del expediente.

Martínez calificó la votación como un agravio contra las mujeres del país y solicitó a las líderes políticas Claudia Sheinbaum y Margarita González Saravia que no guarden silencio ante la resolución. Expresó su indignación, asegurando que con este dictamen se estaría otorgando impunidad al exgobernador.

Flores Cervantes insistió en que el expediente carecía de rigor técnico y profesional. Señaló que los peritajes psicológicos presentados eran contradictorios: uno indicaba que la víctima no presentaba daño psicológico, mientras que otro, realizado dos meses después con la misma metodología, sostenía lo contrario.

El dictamen será enviado este viernes a la presidencia de la Cámara de Diputados, donde se espera que sea analizado en las sesiones de la próxima semana. La discusión aún no ha terminado, y el pleno tendrá la última palabra sobre el futuro del caso.

Fiscalía de Morelos solicita desafuero de Cuauhtémoc Blanco para continuar investigación

La Fiscalía General del Estado de Morelos ha solicitado a la Cámara de Diputados el desafuero del exgobernador Cuauhtémoc Blanco para que pueda responder ante un juez penal por el delito de violación en grado de tentativa. 

En un comunicado oficial, la fiscalía indicó que esta petición ante el Congreso de la Unión es un requisito constitucional necesario para que el Ministerio Público pueda proceder penalmente contra un servidor público. La solicitud se formalizó este jueves y marca un nuevo capítulo en la investigación contra el actual diputado federal.

 

Cuauhtémoc Blanco, quien dejó la gubernatura de Morelos en agosto de 2024, asumió su cargo como diputado federal por Morena el 1 de septiembre del mismo año. Su fuero parlamentario impide que se le procese judicialmente sin la aprobación de la Cámara de Diputados.

 

El caso se originó en diciembre de 2023, cuando Fabiola “N” denunció haber sido agredida por Blanco. Según la fiscalía, la víctima ha aportado nuevas pruebas en los últimos meses, lo que ha impulsado la investigación y la necesidad de retirar el fuero al exfutbolista para que enfrente la justicia.

 

Además, la fiscalía informó que se está integrando una carpeta de investigación por el delito de amenazas en agravio de la denunciante. En este contexto, se ha mencionado la presunta participación del dirigente estatal de Morena, Ulises Bravo, quien habría intimidado a la víctima tras su denuncia contra Blanco.

 

Otro hecho relevante es la denuncia interpuesta en octubre de 2024 por la mediahermana del exfutbolista, cuyo caso está registrado bajo la carpeta de investigación con folio SC01/9583/2024 de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos. Según los informes, la agresión denunciada habría ocurrido en la residencia oficial del gobierno estatal, ubicada en la colonia Reforma de Cuernavaca.

 

Este proceso judicial podría marcar un precedente en la política mexicana, ya que determinará si un servidor público con fuero puede ser juzgado sin impedimentos legales. Por el momento, se espera la respuesta de la Cámara de Diputados sobre la solicitud de desafuero para que Cuauhtémoc Blanco pueda comparecer ante la justicia y esclarecer los hechos de los que se le acusa.

Solicitan juicio político contra legisladores de la 4T por aprobar la Reforma Judicial

En un movimiento inesperado, diversas organizaciones civiles presentaron una solicitud de juicio político en contra de diputados y senadores que aprobaron la reforma judicial impulsada por Morena y sus aliados. Esta acción fue motivada por lo que consideran una violación a las suspensiones de amparo otorgadas por jueces de Chiapas y Morelos, que buscaban frenar el avance de la reforma.

 

El abogado Alejandro Valenzuela, quien representa a las organizaciones, compareció ante la sala de prensa de la Cámara de Diputados en San Lázaro para hacer pública la solicitud. “Esta denuncia es por la violación de las suspensiones de amparo que ya habían sido otorgadas. Se presentaron todas las pruebas, incluyendo las suspensiones emitidas por los jueces”, explicó Valenzuela.

 

La reforma judicial ha sido objeto de controversia desde su aprobación en el Senado la madrugada del 11 de septiembre, luego de haber sido avalada previamente en la Cámara de Diputados. Según Valenzuela, los legisladores ignoraron las suspensiones de amparo emitidas, lo que generó un conflicto legal que podría derivar en el juicio político solicitado. “Esperamos que se proceda conforme a la ley. Los legisladores denunciados no pueden ser juez y parte en este proceso”, destacó.

 

De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, cualquier legislador involucrado en una denuncia no puede formar parte de la subcomisión que evaluará el caso. “Solo cinco diputados de Morena no participaron en la discusión y aprobación de la reforma, por lo que serían los únicos habilitados para formar parte de la subcomisión de examen previo”, aclaró el abogado.

 

La denuncia ahora será revisada por la Cámara Baja, donde se deberá formar una subcomisión de examen previo que analizará si procede o no el juicio político. Si el dictamen avanza, los legisladores denunciados no podrán participar en la votación que defina su destino. “Es fundamental que se respeten las excusas e impedimentos establecidos por la ley para evitar conflictos de interés”, recordó Valenzuela.

 

Mientras tanto, la reforma judicial continúa su camino, habiendo sido aprobada por 23 congresos locales, con la excepción de Durango. Este escenario pone en el centro del debate no solo la validez de la reforma, sino también la integridad del proceso legislativo. La decisión final sobre el juicio político está en manos del Congreso, pero el mensaje es claro: la batalla legal por la reforma judicial apenas comienza.

La controvertida ausencia del empresario argentino Carlos Ahumada en los Juzgados

La controvertida ausencia del empresario argentino Carlos Ahumada en los Juzgados

Carlos Ahumada, empresario argentino nacionalizado, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán tras su ausencia en una cita judicial en México. Este 16 de julio, Ahumada no se presentó ante el juez de Ejecución en el Reclusorio Norte, a pesar de su reciente extradición desde Argentina. Sin embargo, su ausencia no fue una violación a la ley, sino una respuesta a la “invitación” extendida por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, la cual no conllevaba obligación legal alguna. 

Ahumada enfrenta una sentencia condenatoria por el delito de fraude genérico, con una pena pendiente de 10 años y 23 días. A pesar de esto, su abogado, Enrique Ostos, asegura que han presentado un escrito en el juzgado para que se fije una fecha de audiencia, con el objetivo de solicitar la cancelación del proceso penal por prescripción.

 

La extradición de Ahumada desde Argentina, ocurrida la mañana del 16 de julio, fue un proceso marcado por la controversia. Según Ostos, Ahumada fue sometido a casi 30 días de detención en “condiciones inhumanas” en una cárcel preventiva de la Interpol en Argentina, lo que añade una capa de complejidad a su situación legal. “El juez lo privó de su libertad injustamente, pero ahora está descansando en casa”, afirmó el abogado.

 

La extradición de Ahumada y su llegada a México fueron seguidas de cerca por la FGJ y la Fiscalía General de la República (FGR), entidades responsables de coordinar su traslado y posterior disposición ante las autoridades mexicanas. “Después de cumplir con los protocolos necesarios, fue remitido al lugar de la FGR y posteriormente puesto a disposición de la FGJ, la autoridad que requirió su extradición”, explicó Ostos.

 

La defensa de Ahumada no solo se centra en cuestionar las condiciones de su detención en Argentina, sino también en buscar la prescripción de la pena impuesta en 2009, de la cual aún le resta cumplir un año y 11 meses. Además, existe un monto económico pendiente para saldar los daños ocasionados por su cliente, un punto crucial en la estrategia de defensa.

 

Ahumada ha sido una figura controvertida en México, no solo por sus problemas legales, sino también por su implicación en escándalos políticos. A principios de junio, una juez federal concedió una suspensión provisional para evitar su recaptura en México, tras la reactivación de una orden de reaprehensión dictada en su contra en octubre de 2019. Esta medida impide que Ahumada sea detenido nuevamente mientras se resuelven los recursos legales presentados por su defensa.

 

El empresario argentino ya había sido detenido en agosto de 2019 en Argentina, a solicitud de la FGR, por presunta defraudación, aunque fue liberado poco después. La orden de captura internacional y su posterior liberación solo añadieron más controversia a su ya turbulenta historia legal.

 

Enrique Ostos enfatiza que su cliente está comprometido a cumplir con cualquier requerimiento legal. “Carlos se comprometió a presentarse ante cualquier autoridad que se requiriese. Ya cumplió con esa formalidad en el aeropuerto y se informó al juez del cumplimiento de esa orden”, afirmó.

 

El caso de Carlos Ahumada continúa generando interés y controversia, no solo por las implicaciones legales, sino también por su conexión con figuras políticas de alto perfil. A principios de junio, una juez federal le concedió una suspensión provisional para evitar su recaptura, lo que añade una capa adicional de protección a su ya compleja situación.

 

El futuro legal de Carlos Ahumada sigue siendo incierto. La fecha de su próxima audiencia se fijará en los próximos días, y será crucial para determinar si su sentencia por fraude genérico será finalmente cancelada por prescripción. Mientras tanto, el empresario y su defensa continuarán luchando por demostrar la injusticia de su detención y buscar la exoneración definitiva.

 

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