Autoridades federales descartan intimidaciones en Sinaloa y ubican operación de “Los Chapitos”

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que no existen registros de amenazas ni actos de intimidación dirigidos a la empresa minera canadiense Vizsla Silver ni a sus trabajadores antes del secuestro de 10 empleados en el municipio de Concordia, Sinaloa. La información fue dada a conocer durante una conferencia de prensa en la que se detallaron los primeros elementos oficiales del caso.

De acuerdo con el funcionario federal, los reportes recabados por las autoridades no muestran antecedentes de amedrentamiento previo contra el personal de la compañía. “En los primeros reportes que tenemos es que no había habido ni amenazas ni una afectación a los trabajadores de esta empresa”, afirmó García Harfuch al referirse a las condiciones en las que operaba la minera antes del hecho.

Sin embargo, el titular de la Secretaría de Seguridad precisó que la zona donde ocurrió la privación de la libertad es un territorio bajo operación de una célula criminal identificada como parte de “Los Chapitos”. Añadió que ya se tiene identificado a uno de los líderes que mantienen actividades en ese sector, dato que forma parte de las líneas de investigación abiertas por las autoridades.

El secuestro se registró el 24 de enero. Una vez que se presentó el reporte correspondiente, el Gabinete de Seguridad activó acciones de búsqueda y coordinación interinstitucional. La empresa Vizsla Silver notificó la desaparición de 10 de sus empleados, quienes se encontraban alojados en una vivienda rentada por la propia compañía dentro del fraccionamiento La Clementina, en Concordia.

Tras cinco días sin que se lograra la localización de los trabajadores, la minera canadiense anunció la suspensión de sus operaciones en el municipio. De acuerdo con testimonios de habitantes de la zona, los empleados fueron vistos por última vez alrededor de las 6:30 de la mañana, cuando un grupo armado arribó al inmueble donde se hospedaban y los privó de la libertad.

Hasta el momento, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Sinaloa no ha hecho públicas las fichas de búsqueda de los 10 empleados desaparecidos. Entre las personas reportadas como no localizadas se encuentran Ignacio Salazar, José Castañeda, Antonio Esparza, Javier Vargas, Javier Valdez, Antonio Jiménez, Antonio de la O y Saúl Alberto Ochoa Pérez, quien es el único que cuenta con una ficha oficial difundida por las autoridades.

Las investigaciones continúan en curso y las autoridades federales mantienen las acciones de localización en la región, mientras se da seguimiento al contexto de seguridad en el área donde ocurrieron los hechos.

Golpe histórico al tráfico de combustibles: Detienen a directivos y funcionarios

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó sobre la detención de directivos de empresas privadas y servidores públicos vinculados con el aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tamaulipas. Las aprehensiones se realizaron en un operativo conjunto con la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR), tras la obtención de órdenes de captura.

De acuerdo con las dependencias, las detenciones ocurrieron en días recientes como parte de una investigación federal que se inició en marzo, luego de un decomiso considerado uno de los más grandes en la región. La indagatoria permitió identificar a empresarios y funcionarios relacionados con el resguardo y la posesión del combustible.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, señaló que la acción conjunta derivó en la captura de los primeros implicados. Aunque no se han revelado nombres ni cargos específicos, se confirmó que se trata de directivos de compañías privadas y servidores públicos presuntamente involucrados en operaciones irregulares.

Los detenidos ya se encuentran a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su situación jurídica en las próximas horas. El funcionario federal destacó que el aseguramiento forma parte de la estrategia integral contra delitos vinculados con el almacenamiento y comercialización ilegal de combustibles, actividades relacionadas con redes de corrupción y financiamiento de grupos criminales.

“El proceso de investigación sigue en curso y seguiremos trabajando para detener a todos los involucrados en este delito, como parte de la estrategia contra la corrupción y la impunidad del gobierno federal”, señaló García Harfuch.

La SSPC informó que este domingo a las 11:00 horas se ofrecerá una conferencia de prensa para dar a conocer más detalles sobre los perfiles de los detenidos, las acciones emprendidas y el avance de las investigaciones.

El operativo que dio origen a este caso se realizó en marzo, cuando autoridades federales aseguraron un buque que arribó al puerto de Tampico el día 19, con una carga reportada como aditivos para aceites lubricantes. Tras labores de inteligencia, se confirmó que transportaba 10 millones de litros de diésel. En la embarcación también se localizaron armas de fuego, cartuchos y documentos relevantes para el caso.

De manera paralela, se ejecutaron cateos en predios ubicados en Camino Antiguo a Medrano y en el Libramiento del Ejido Ricardo Flores Magón, donde se aseguraron contenedores, tractocamiones, camionetas pick-up, equipos de cómputo, más hidrocarburo y cartuchos útiles.

Las autoridades calificaron este decomiso como uno de los golpes más importantes al tráfico ilícito de combustibles en la región y destacaron la coordinación entre la Semar, FGR, SSPC, además de la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Muere delegado de la FGR en atentado con granada; el vehículo fue calcinado

Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas desde al menos 2019, fue asesinado en Reynosa tras un violento ataque registrado la tarde del sábado. El atentado ocurrió sobre el Bulevar Hidalgo, una de las principales avenidas de esta ciudad fronteriza, y dejó como saldo la muerte del funcionario federal y la destrucción total de su vehículo oficial.

Los primeros reportes recabados por autoridades federales indican que la unidad en la que viajaba el delegado fue alcanzada por el impacto de una granada, lo que provocó un incendio inmediato. El vehículo terminó completamente calcinado, sin que se pudiera hacer nada por salvar la vida del funcionario.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas confirmó el hecho mediante un comunicado, en el que detalló que el vehículo se incendió tras los hechos violentos. “Derivado de los hechos en que perdiera la vida una persona presumiblemente servidor público federal, cuyo vehículo se incendió en el Bulevar Hidalgo en Reynosa, se ha establecido coordinación con la Fiscalía General de la República para colaborar en las investigaciones, en caso de que así se requiera”, señaló la dependencia estatal.

De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, se escucharon varias detonaciones de arma de fuego poco antes del incendio. Sin embargo, hasta el momento, la FGR no ha emitido una postura oficial sobre el móvil del ataque, ni ha dado a conocer si existen líneas de investigación concretas.

La identidad del delegado se manejaba con discreción por el tipo de funciones que desempeñaba. Aunque su nombre no era ampliamente conocido en medios, tenía una presencia institucional confirmada en actos públicos. En marzo pasado, participó en una ceremonia de honores a la bandera en Reynosa, donde acompañó al gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya. En dicho evento, el mandatario estatal agradeció a Claudia Sheinbaum Pardo por su respaldo a los afectados por las inundaciones ocurridas ese mes.

Tras el ataque, las autoridades mantienen operativos y labores de inteligencia para esclarecer los hechos, mientras se refuerza la seguridad en puntos estratégicos de Reynosa. El asesinato de Vázquez Reyna marca un nuevo episodio de violencia contra servidores públicos en Tamaulipas, una entidad golpeada por la delincuencia organizada y la confrontación de grupos armados en diversas zonas.

Titular de Profeco confirma sanciones pese a presiones, pero se reserva los nombres

En un entorno político cada vez más tenso, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante Ruíz, ha confirmado que recibió presiones por parte de legisladores de Morena para frenar sanciones contra establecimientos, aunque decidió reservarse los nombres de quienes lo presionaron.

Durante la conferencia matutina de este lunes, Escalante Ruíz evitó detallar quiénes fueron los integrantes del partido oficialista que, según sus propias declaraciones del pasado 14 de julio, intentaron intervenir en procedimientos sancionadores impulsados por la Profeco. A pesar de la insistencia de la prensa, el funcionario federal se limitó a enviar un mensaje enfático: “Más allá de los nombres, yo quisiera dar dos mensajes. Uno es que formalmente o finalmente los procedimientos a estas empresas se realizaron (…) encontramos en la gran mayoría de los legisladores mucha sensibilidad y nos van a ayudar en particular a mejorar”.

Estas declaraciones se dan luego de que, el pasado 14 de julio, Escalante señalara ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social que integrantes y diputados de Morena lo habían presionado para no sancionar establecimientos con graves irregularidades en sus servicios. “Luego de sancionar a una gasolinera, me buscó una diputada, ‘ayúdale’, pero le dije ‘no, no los voy a ayudar’ y pedí el acta de verificación”, relató Escalante en esa ocasión.

El episodio desató reacciones inmediatas. La presidenta Claudia Sheinbaum, consultada al respecto el 16 de julio, dijo tajantemente: “Que lo comente el titular de Profeco (…) Mi opinión es que no puede haber tráfico de influencias de ningún tipo para ninguna cosa en el gobierno, esa es mi opinión”.

La expectativa era que Escalante revelara los nombres de quienes habrían ejercido presión indebida. Sin embargo, durante su comparecencia más reciente, optó por omitirlos, priorizando un discurso institucional en el que reiteró que las sanciones sí se ejecutaron, a pesar de los intentos de interferencia.

La situación pone de relieve la tensión entre el discurso oficial de transparencia y combate a la corrupción, y los mecanismos informales que todavía operan dentro de ciertas estructuras políticas. Escalante, sin embargo, se mantuvo firme en la defensa del trabajo de la Profeco y su autonomía para aplicar la ley, a pesar de las presiones.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer si el funcionario rendirá otro informe o si se abrirá alguna investigación interna por parte del gobierno federal o del partido Morena.