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En un paso firme por proteger el patrimonio de miles de familias en la Ciudad de México, el Gobierno capitalino, liderado por Clara Brugada Molina, activó esta semana la primera Mesa de Atención contra el Despojo de Inmuebles. El anuncio se realizó en el corazón de la ciudad, el Zócalo, durante la jornada número 34 del programa Zócalo de Gobierno Ciudadano.

Este nuevo espacio especializado atenderá directamente a quienes han sido víctimas o están en riesgo de perder su vivienda por fraudes, amenazas o procedimientos legales irregulares. Además, ofrecerá acompañamiento legal y canalización directa de casos a las autoridades competentes.

El evento no solo sirvió para presentar esta acción, sino también para escuchar y atender más de 760 solicitudes ciudadanas de diversos temas. La instalación de la mesa representa un avance claro en el compromiso de brindar justicia a quienes han sido despojados de su patrimonio. Según información oficial del gobierno local, se busca con esta estrategia proteger los derechos patrimoniales de la población y reforzar el acceso a la justicia.

El gabinete responsable está conformado por un equipo interinstitucional que incluye a la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de la Vivienda y la Secretaría de Ordenamiento Territorial. Este grupo ha tenido resultados palpables, al lograr recuperar varios inmuebles tanto públicos como privados en diferentes puntos de la ciudad. La operación de este equipo es constante y se mantiene activa para responder ante nuevos casos.

Actualmente, el despojo de vivienda ya es considerado un delito tipificado en el Código Penal local, con penas que van de cinco a diez años de prisión. Este tipo de delitos han venido en aumento, lo que ha obligado a las autoridades a tomar medidas más directas, como esta mesa de atención.

Durante el anuncio, Clara Brugada envió un mensaje contundente a quienes han sufrido este delito: “No están solos. Aquí tienen un gobierno que los respalda”. Su postura reafirma el objetivo de esta acción: dar voz y respaldo legal a las víctimas que antes no sabían a dónde acudir.

Esta mesa no es un hecho aislado. Marca el inicio visible de una estrategia integral para detener el avance del despojo habitacional, asegurar los derechos legales de las familias y evitar que más personas pierdan su hogar por actos ilegales o abusos. La ciudad se mueve, se organiza y protege a quienes más lo necesitan.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) no ejercerá un uso discrecional sobre datos biométricos. Así lo afirmó el titular de la dependencia, Omar García Harfuch, quien destacó que toda acción relacionada con bases de datos y procesos de investigación estará bajo la estricta conducción del Ministerio Público.

En conferencia de prensa, luego de un extenso encuentro con coordinadores parlamentarios, García Harfuch reiteró el respeto institucional a los procedimientos legales. La comparecencia, realizada a puerta cerrada y con duración de tres horas, fue escenario para acordar la instalación de mesas de trabajo incluyentes. Estas instancias contarán con la participación de todos los grupos parlamentarios, con el objetivo de garantizar transparencia en la legislación relacionada con seguridad y tecnologías de vigilancia.

“No es que la Secretaría de Seguridad pueda tener acceso discrecional a todo, de ninguna manera”, aclaró, subrayando el carácter colaborativo del trabajo legislativo y la necesidad de mantener la tranquilidad entre las distintas bancadas.

En relación al proceso electoral del 1 de junio, el funcionario fue enfático al garantizar condiciones de seguridad en todo el país. En la jornada se renovarán autoridades judiciales y se celebrarán elecciones municipales en Durango y Veracruz. “Definitivamente habrá seguridad”, aseguró. Destacó que la estrategia incluye un despliegue importante de la Guardia Nacional, con 3,500 elementos en Veracruz y 2,500 en Durango, en coordinación estrecha con gobiernos estatales.

García Harfuch subrayó que este esfuerzo responde a una visión preventiva y coordinada, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La premisa es clara: no habrá espacio para provocaciones ni actos represivos. El compromiso, aseguró, es garantizar el bienestar de la ciudadanía, replicando la disciplina mostrada por la policía capitalina en fechas recientes.

El titular de la SSPC también abordó el reciente ataque armado en la alcaldía Benito Juárez, donde perdieron la vida Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de Gobierno Clara Brugada. Aunque evitó especulaciones, fue tajante al rechazar vínculos con los atentados ocurridos en 2020 contra su persona y el perpetrado en 2022 contra el periodista Ciro Gómez Leyva.

Aseguró que las investigaciones del caso avanzan con firmeza, profesionalismo y total compromiso. Reafirmó que no habrá impunidad, al igual que en otros hechos ocurridos en la capital: “No importa el tiempo que tarden, las investigaciones son firmes y vamos a dar resultados”.

La jornada electoral contará con respaldo institucional y vigilancia constante. En medio del contexto nacional, el mensaje es directo: la legalidad no se negocia y la ciudadanía contará con el respaldo total del Estado.