Scherer revela acuerdo entre López Obrador y Zaldívar para la presidencia de la SCJN

Un acuerdo político previo entre el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y el ministro en retiro Arturo Zaldívar marcó el proceso de elección en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), según relata Julio Scherer Ibarra en su libro Ni venganza ni perdón: Una amistad al filo del poder.

En el capítulo 26, titulado “La Corte”, el exconsejero jurídico de la Presidencia detalla que respaldaba la candidatura de Zaldívar porque existía un compromiso político mutuo con el titular del Ejecutivo federal. “El candidato que yo apoyaba era Arturo Zaldívar, que había hecho un compromiso político con el presidente y el presidente con él”, expone en la obra.

De acuerdo con el testimonio, en la contienda interna también participaba el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien contaba con el apoyo de la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Scherer señala que López Obrador le solicitó dialogar con la titular de Gobernación para construir un acuerdo que favoreciera a Zaldívar, al ser el único con quien tenía un compromiso político directo.

El exfuncionario describe una reunión celebrada en la casa de Sánchez Cordero, donde Zaldívar y él buscaron sumar apoyos entre los ministros. Según su versión, aunque hubo diálogo en un ambiente distendido, la entonces secretaria no manifestó respaldo explícito a la candidatura.

Scherer también atribuye el voto decisivo a favor de Zaldívar al entonces ministro Eduardo Medina Mora. Añade que, tiempo después, Medina Mora fue presionado por la Fiscalía General de la República para presentar su renuncia al cargo. El libro sostiene que López Obrador depositaba plena confianza en Zaldívar y que, bajo esa lógica, impulsó la propuesta para extender su mandato al frente del máximo tribunal.

Finalmente, Scherer afirma que, tras su salida de la Consejería Jurídica y la llegada de Adán Augusto López a la Secretaría de Gobernación, se perdió la interlocución con el Poder Judicial. En su relato, considera que una relación más efectiva pudo haber evitado la profunda reforma judicial aprobada posteriormente, al estimar que no existían razones suficientes para una transformación de tal magnitud.

Reforma minera de AMLO divide criterios y trae choque de posturas en la Corte

Un nuevo capítulo en la vida jurídica del país se abrió con la denuncia de la Secretaría de Gobernación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El máximo tribunal recibió el señalamiento sobre una posible contradicción de criterios en torno a la reforma de la Ley Minera impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La denuncia, ingresada el 7 de abril a través del director de Amparos, Fernando Puente Castillo, pone en el centro de la discusión el artículo quinto transitorio del decreto de reforma. Este artículo ordenó desechar todas las solicitudes de nuevas concesiones de exploración y explotación de recursos minerales que estuvieran pendientes al momento de su entrada en vigor.

La controversia surgió debido a que las dos salas de la SCJN emitieron resoluciones opuestas sobre el mismo tema. En octubre de 2024, la segunda sala falló que dicho transitorio violaba el principio constitucional de irretroactividad de la ley. De acuerdo con su resolución, las solicitudes en trámite debían ser evaluadas conforme a la legislación vigente cuando fueron presentadas, respetando así los derechos de quienes apostaron por los procesos mineros bajo normas anteriores.

No obstante, la primera sala tomó una postura completamente diferente en marzo de 2025. Determinó que el artículo en cuestión no infringía el principio de no retroactividad, considerando que los solicitantes no poseían un derecho adquirido simplemente por tener un trámite en curso. Argumentó que los cambios sustanciales en la Ley Minera justificaban la cancelación de las solicitudes en proceso, alineándose con el nuevo marco legal.

La SCJN notificó oficialmente este jueves que la denuncia fue turnada al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Será su responsabilidad estudiar el caso y elaborar un proyecto de resolución que será sometido al análisis del pleno.

Esta disputa entre salas no solo pone en relieve la complejidad jurídica de la reforma minera, sino también la importancia de una interpretación unificada que brinde certeza legal en temas de inversión, derechos y explotación de los recursos naturales. El desenlace promete impactar el panorama normativo del país y será seguido de cerca por el sector energético, jurídico y empresarial.

El estudio y resolución de esta contradicción marcará un precedente crucial en la aplicación de reformas legales en México, especialmente en sectores estratégicos como la minería.

Escándalo electoral tras denuncia a Ministras de la SCJN por apoyos irregulares del SME y SNTE

El proceso electoral rumbo al 1 de junio suma una nueva controversia. Carlos Enrique Odriozola Mariscal, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf. La acusación: violación de los principios de equidad en la contienda, derivado del uso indebido de propaganda electoral y recursos tanto públicos como privados. 

Ortiz Ahlf, según la denuncia, recibió patrocinio del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y la Cooperativa La Cruz Azul. La presunta irregularidad se registró en un evento masivo realizado en el Auditorio Ernesto Velasco, ubicado en la colonia Tabacalera de la Ciudad de México. Odriozola argumentó que no se extendió invitación a otros candidatos, afectando así el principio de equidad en la contienda.

 

Aunque la ministra Ortiz declaró que no realizó ningún gasto en el evento, sino que asistió como invitada, la normatividad electoral establece que las aportaciones en especie están prohibidas. Cualquier apoyo de este tipo podría constituir una falta a la legislación vigente en materia electoral.

 

Por otro lado, Odriozola señaló que Yasmín Esquivel inició su campaña en el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, acompañada de integrantes de la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Al finalizar el evento, los asistentes recibieron atole y tamales, lo que podría representar otra violación a la normatividad electoral.

 

El documento presentado ante el INE exige que se fiscalicen ambos eventos y se determine la aplicación de sanciones en caso de confirmarse las irregularidades denunciadas. La ley electoral establece que durante los periodos de campaña está prohibido recibir aportaciones en especie, así como cualquier tipo de respaldo económico proveniente de organizaciones sindicales u otras instituciones con recursos públicos o privados.

 

Este nuevo señalamiento genera tensión en un proceso electoral que ha estado marcado por denuncias y controversias. Con la cercanía de la elección del 1 de junio, el INE tendrá que evaluar los hechos y determinar si las ministras Esquivel y Ortiz incurrieron en alguna falta.

 

La resolución de este caso podría sentar un precedente importante sobre la aplicación de las normas electorales en el país. Mientras tanto, la denuncia de Odriozola aviva el debate sobre la transparencia y equidad en los procesos de selección de altos funcionarios en México.

Ministro Pardo Rebolledo Renuncia a la SCJN y Declina Participación en Elección Extraordinaria

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Jorge Mario Pardo Rebolledo, ha anunciado su renuncia y su decisión de no participar en la elección extraordinaria prevista para 2025.

A través de una carta enviada al Senado de la República, el ministro explicó que, aunque su periodo oficial culmina el 9 de febrero de 2026, prefiere retirarse anticipadamente para no tomar parte en el proceso electoral, una condición establecida por la reciente reforma judicial. En sus propias palabras, Pardo Rebolledo expresó: “Declino participar en el proceso electoral extraordinario 2024-2025 para la designación de personas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.”

En la misiva, el ministro también destacó su trayectoria de más de 40 años en el Poder Judicial, la cual definió como un “expediente limpio”, caracterizado siempre por la independencia, honestidad e imparcialidad en su labor. Además, agregó: “Presento mi renuncia al cargo que desempeño, conforme al artículo séptimo transitorio, segundo párrafo, de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024.”

Pardo Rebolledo aprovechó la ocasión para rechazar las descalificaciones y ofensas recibidas como parte de su función en la SCJN. Enfatizó que su renuncia responde a un acto de “congruencia personal” y no a razones de conveniencia.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó en su conferencia matutina que algunos ministros de la SCJN estarían renunciando para conservar sus beneficios económicos de retiro. “Si no presentan su renuncia ahora, ya no tendrían los haberes de retiro, que es todo lo que reciben los ministros y ministras cuando se retiran de la Corte, y es una suma considerable,” subrayó Sheinbaum.

Durante los últimos días, se ha especulado sobre la renuncia de varios integrantes del Poder Judicial Federal (PJF), incluidos ministros de la SCJN. Entre ellos, figura el nombre de Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien es maestro en Derecho de Amparo y doctor en Ciencias Penales por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores. Desde el 10 de febrero de 2011, Pardo Rebolledo ha sido ministro en la SCJN, presidiendo además la Primera Sala de la Corte entre octubre de 2012 y 2014.

Suprema Corte de México listará revisión de Reforma Judicial que podría redefinir la justicia

El próximo 5 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzará la revisión de un proyecto crucial para el sistema judicial mexicano. La iniciativa, redactada por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, propone invalidar varios elementos de la reforma judicial, entre ellos la elección de jueces y magistrados mediante voto popular, una medida que ha generado amplio debate sobre la independencia judicial en México.

 

 

En una sesión privada celebrada esta semana, la SCJN acordó iniciar la discusión sobre este proyecto, marcando un momento sin precedentes en la historia de la Corte. De aprobarse, este proyecto no solo redefiniría la estructura de selección de jueces y magistrados, sino que podría tener implicaciones profundas en la dinámica de la justicia en México. González Alcántara Carrancá sugiere que el voto popular solo debería aplicarse en la elección de ministros y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), mientras que el resto de los jueces y magistrados federales serían seleccionados mediante otros mecanismos.

 

La reforma judicial que entró en vigor en el último año introdujo cambios polémicos, como la figura de “jueces sin rostro” y los comités de evaluación para juzgadores federales. Además, se reformó el artículo 107, prohibiendo la emisión de suspensiones con efectos generales contra leyes, lo que ha sido criticado por limitar la capacidad de los ciudadanos para desafiar normas legales que consideran injustas. La propuesta de Alcántara Carrancá plantea eliminar estos elementos, argumentando que distorsionan la imparcialidad y transparencia del sistema judicial.

 

“La justicia debe ser independiente de presiones externas, incluyendo las populares”, declaró una fuente cercana al ministro. Esta afirmación destaca el dilema que enfrenta la SCJN: garantizar que el sistema judicial permanezca libre de influencias políticas, mientras se respeta el derecho de los ciudadanos a participar en la elección de sus representantes legales.

 

Otro aspecto clave del proyecto es la continuidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyos magistrados actuales mantendrían sus cargos hasta 2027, como dicta la reforma. Tras esa fecha, la propuesta contempla que los ciudadanos elijan a los magistrados del TEPJF mediante voto popular, una medida que algunos consideran un avance hacia la transparencia, aunque otros lo ven como una posible amenaza a la imparcialidad judicial.

 

La decisión de la SCJN de abordar esta reforma es histórica, ya que desde 1994 solo se habían aceptado tres impugnaciones similares sin que la Corte emitiera una resolución. Esta vez, sin embargo, el proyecto atenderá las impugnaciones presentadas por partidos nacionales como el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, y sobreseerá las impugnaciones realizadas por minorías legislativas, como el Partido Unión Democrática de Coahuila y legisladores del Congreso de Zacatecas.

 

Para el jurista Raúl Ávila, la revisión de la Corte “representa un reto que pondrá a prueba la solidez de nuestras instituciones judiciales”. Según Ávila, el debate sobre si los jueces deben ser elegidos por voto popular o seleccionados de manera independiente es un tema delicado que podría redefinir la relación entre el poder judicial y la sociedad mexicana.

 

El próximo 5 de noviembre marcará, sin duda, un punto de inflexión para el sistema judicial en México, mientras el país espera el veredicto de su máxima autoridad en justicia. La decisión de la SCJN tendrá implicaciones que podrían trascender la actual administración, configurando los cimientos del sistema judicial para las próximas décadas.