Etiqueta: Juan Luis González Alcántara Carrancá

Reforma minera de AMLO divide criterios y trae choque de posturas en la Corte

Publicada el por CuestionesdePolítica

Un nuevo capítulo en la vida jurídica del país se abrió con la denuncia de la Secretaría de Gobernación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El máximo tribunal recibió el señalamiento sobre una posible contradicción de criterios en torno a la reforma de la Ley Minera impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La denuncia, ingresada el 7 de abril a través del director de Amparos, Fernando Puente Castillo, pone en el centro de la discusión el artículo quinto transitorio del decreto de reforma. Este artículo ordenó desechar todas las solicitudes de nuevas concesiones de exploración y explotación de recursos minerales que estuvieran pendientes al momento de su entrada en vigor.

La controversia surgió debido a que las dos salas de la SCJN emitieron resoluciones opuestas sobre el mismo tema. En octubre de 2024, la segunda sala falló que dicho transitorio violaba el principio constitucional de irretroactividad de la ley. De acuerdo con su resolución, las solicitudes en trámite debían ser evaluadas conforme a la legislación vigente cuando fueron presentadas, respetando así los derechos de quienes apostaron por los procesos mineros bajo normas anteriores.

No obstante, la primera sala tomó una postura completamente diferente en marzo de 2025. Determinó que el artículo en cuestión no infringía el principio de no retroactividad, considerando que los solicitantes no poseían un derecho adquirido simplemente por tener un trámite en curso. Argumentó que los cambios sustanciales en la Ley Minera justificaban la cancelación de las solicitudes en proceso, alineándose con el nuevo marco legal.

La SCJN notificó oficialmente este jueves que la denuncia fue turnada al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Será su responsabilidad estudiar el caso y elaborar un proyecto de resolución que será sometido al análisis del pleno.

Esta disputa entre salas no solo pone en relieve la complejidad jurídica de la reforma minera, sino también la importancia de una interpretación unificada que brinde certeza legal en temas de inversión, derechos y explotación de los recursos naturales. El desenlace promete impactar el panorama normativo del país y será seguido de cerca por el sector energético, jurídico y empresarial.

El estudio y resolución de esta contradicción marcará un precedente crucial en la aplicación de reformas legales en México, especialmente en sectores estratégicos como la minería.

Loretta Ortiz: El adiós histórico a la Primera Sala de la Corte

Publicada el por CuestionesdePolítica

La ministra Loretta Ortiz Ahlf se ha convertido en la última presidenta de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en un momento histórico que marca el cierre de un capítulo en la estructura judicial de México. Su designación, respaldada por la unanimidad de sus colegas y propuesta por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, simboliza una etapa final cargada de reflexión y responsabilidad.

En su discurso inaugural, Ortiz Ahlf reconoció el peso de liderar esta sala durante sus últimos meses de operación, antes de su desaparición como parte de la reforma judicial recientemente aprobada. Una reforma que transformará el panorama del Poder Judicial y que la ministra ha apoyado públicamente, convencida de su impacto en la evolución del sistema legal. 

“Asumo esta función plenamente consciente de la responsabilidad que representa”, declaró, destacando la trascendencia histórica de la Primera Sala, cuyas decisiones han sido fundamentales para el desarrollo del derecho en México. La ministra también enfatizó su compromiso de honrar la confianza depositada por sus colegas: los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Margarita Ríos Farjat y el propio Gutiérrez Ortiz Mena. 

La Primera Sala, especializada en asuntos civiles y penales, ha sido un bastión para la interpretación de leyes y la protección de derechos fundamentales. Bajo la presidencia de Ortiz Ahlf, enfrentará sus últimos desafíos, buscando consolidar su legado antes de que la reforma entre en vigor el próximo septiembre. “Mi equipo y yo pondremos todo nuestro esfuerzo por corresponder a esta confianza y llevar a buen puerto todas las funciones de esta sala”, afirmó con determinación. 

La ministra reconoció que, aunque las posturas jurídicas dentro del tribunal pueden ser diversas, esta pluralidad enriquece las decisiones tomadas. “Tengo plena certeza que esta pluralidad fortalece nuestras decisiones y nuestra responsabilidad frente a la esperanza de justicia que toca estas puertas”, señaló, subrayando el valor del debate y el consenso en la SCJN. 

Con esta etapa final, la Primera Sala se despide como un pilar del sistema judicial mexicano. La ministra Loretta Ortiz lidera este momento clave con una visión clara y un firme compromiso hacia el cambio. Su labor no solo cerrará un ciclo, sino que también sentará las bases para un futuro en el que la justicia continuará siendo una esperanza palpable para quienes la buscan.

Más de 800 jueces y magistrados renuncian al pase directo en elecciones 2025 siendo un declinación histórica

Publicada el por CuestionesdePolítica

El Senado de la República anunció una decisión sin precedentes en el ámbito judicial y político mexicano: un total de 820 jueces y magistrados han decidido no contender por el pase directo en la boleta electoral de junio de 2025 para mantener sus cargos. Esta lista, que incluye a 487 magistrados y 333 jueces, fue presentada de manera oficial por la Cámara Alta este viernes, marcando un punto clave en la próxima renovación del poder judicial.

 

Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, aclaró que inicialmente se había registrado un número superior de solicitudes de declinación, ascendiendo a 859. Sin embargo, después de un análisis exhaustivo y de verificación documental, se determinó que algunas solicitudes estaban duplicadas o no cumplían con los requisitos específicos, lo que ajustó la cifra final. “Queríamos asegurar que cada escrito representara la voluntad clara de cada juzgador y no existiera confusión en el tipo de documentos recibidos”, comentó Fernández Noroña.

 

El anuncio también señaló a algunos jueces y magistrados que presentaron sus escritos de declinación fuera del plazo estipulado, lo que generó inquietudes entre los senadores sobre la validez de dichas solicitudes. Entre ellos destacan Salvador Flores, juez de distrito en Morelos, y Nancy Selene Hidalgo, jueza de distrito en el Estado de México, quienes formaron parte de un grupo de siete juzgadores cuyos documentos se recibieron con retraso.

 

El listado publicado por el Senado no solo incluyó las declinaciones, sino también menciones especiales que han captado la atención pública. Uno de los casos más emotivos fue el de la jueza Julieta Ramírez Fragoso, especialista en materias civil, administrativa y laboral en Puebla. Diagnosticada con cáncer de hueso en julio, Ramírez solicitó la posibilidad de postergar su participación electoral hasta el proceso de 2027 debido a sus circunstancias médicas. Este gesto de humanidad y profesionalismo fue aplaudido tanto por sus colegas como por los legisladores.

 

Otro caso destacado fue el de Cecilia Armengol Alonso, magistrada del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien solicitó ser candidata única en su cargo y ser postulada por los tres poderes de la Unión. Armengol expresó que, de obtener esta consideración, se mantendría en su puesto sin necesidad de pasar por el proceso electoral de 2025. Esta solicitud abre un debate sobre el proceso de elección de magistrados y sus implicaciones en el equilibrio entre independencia y estabilidad en el poder judicial.

 

Además de los jueces y magistrados de circuito, el Senado confirmó que ministros de la Suprema Corte de Justicia, incluyendo a Norma Lucía Piña, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Margarita Ríos Farjat y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, entre otros, también declinaron su participación en el pase directo para la boleta de 2025. Esta decisión, que ha sido objeto de intenso escrutinio, plantea una reflexión sobre la independencia del poder judicial en México y la transparencia de sus procesos de elección.

 

El Senado discutirá en su próxima sesión los detalles de estas declinaciones y evaluará los pasos a seguir en relación con la elección de nuevos magistrados y jueces. La medida busca asegurar que los próximos cargos sean ocupados por funcionarios que, más allá de su antigüedad, representen un compromiso renovado con la imparcialidad y la justicia.

Suprema Corte de México listará revisión de Reforma Judicial que podría redefinir la justicia

Publicada el por CuestionesdePolítica

El próximo 5 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzará la revisión de un proyecto crucial para el sistema judicial mexicano. La iniciativa, redactada por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, propone invalidar varios elementos de la reforma judicial, entre ellos la elección de jueces y magistrados mediante voto popular, una medida que ha generado amplio debate sobre la independencia judicial en México.

 

 

En una sesión privada celebrada esta semana, la SCJN acordó iniciar la discusión sobre este proyecto, marcando un momento sin precedentes en la historia de la Corte. De aprobarse, este proyecto no solo redefiniría la estructura de selección de jueces y magistrados, sino que podría tener implicaciones profundas en la dinámica de la justicia en México. González Alcántara Carrancá sugiere que el voto popular solo debería aplicarse en la elección de ministros y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), mientras que el resto de los jueces y magistrados federales serían seleccionados mediante otros mecanismos.

 

La reforma judicial que entró en vigor en el último año introdujo cambios polémicos, como la figura de “jueces sin rostro” y los comités de evaluación para juzgadores federales. Además, se reformó el artículo 107, prohibiendo la emisión de suspensiones con efectos generales contra leyes, lo que ha sido criticado por limitar la capacidad de los ciudadanos para desafiar normas legales que consideran injustas. La propuesta de Alcántara Carrancá plantea eliminar estos elementos, argumentando que distorsionan la imparcialidad y transparencia del sistema judicial.

 

“La justicia debe ser independiente de presiones externas, incluyendo las populares”, declaró una fuente cercana al ministro. Esta afirmación destaca el dilema que enfrenta la SCJN: garantizar que el sistema judicial permanezca libre de influencias políticas, mientras se respeta el derecho de los ciudadanos a participar en la elección de sus representantes legales.

 

Otro aspecto clave del proyecto es la continuidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyos magistrados actuales mantendrían sus cargos hasta 2027, como dicta la reforma. Tras esa fecha, la propuesta contempla que los ciudadanos elijan a los magistrados del TEPJF mediante voto popular, una medida que algunos consideran un avance hacia la transparencia, aunque otros lo ven como una posible amenaza a la imparcialidad judicial.

 

La decisión de la SCJN de abordar esta reforma es histórica, ya que desde 1994 solo se habían aceptado tres impugnaciones similares sin que la Corte emitiera una resolución. Esta vez, sin embargo, el proyecto atenderá las impugnaciones presentadas por partidos nacionales como el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, y sobreseerá las impugnaciones realizadas por minorías legislativas, como el Partido Unión Democrática de Coahuila y legisladores del Congreso de Zacatecas.

 

Para el jurista Raúl Ávila, la revisión de la Corte “representa un reto que pondrá a prueba la solidez de nuestras instituciones judiciales”. Según Ávila, el debate sobre si los jueces deben ser elegidos por voto popular o seleccionados de manera independiente es un tema delicado que podría redefinir la relación entre el poder judicial y la sociedad mexicana.

 

El próximo 5 de noviembre marcará, sin duda, un punto de inflexión para el sistema judicial en México, mientras el país espera el veredicto de su máxima autoridad en justicia. La decisión de la SCJN tendrá implicaciones que podrían trascender la actual administración, configurando los cimientos del sistema judicial para las próximas décadas.

SCJN Admite Solicitud de ASF para Revisar Absolución de Rosario Robles

Publicada el por CuestionesdePolítica

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha aceptado revisar la petición de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para confirmar o revocar la absolución de Rosario Robles, exsecretaria de Sedesol y Sedatu durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, acusada de ejercicio indebido del servicio público.

La ASF impugnó la decisión del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México, que en abril pasado había ratificado la cancelación del proceso penal contra Robles, quien pasó tres años en prisión preventiva.

El expediente ha sido asignado al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, miembro de la Primera Sala de la SCJN, debido a su especialización en la materia. El caso podría ser llevado al pleno del máximo tribunal del país.

La SCJN señaló que, si se considera necesaria la intervención del Pleno, se procederá conforme al numeral 87 del Reglamento, remitiendo el asunto al ministro designado para los efectos legales correspondientes.

Si la SCJN decide atraer el caso, deberá determinar si fue correcto tratarlo como faltas administrativas en lugar de delitos penales. En abril, Rosario Robles celebró la conclusión del proceso en su contra, sin prever la acción de la ASF ante la Corte.

Ministra Piña Urge Diálogo para Reforma Judicial

Publicada el por Fernando Guzman

Al finalizar el Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, para dialogar sobre la reforma al Poder Judicial. Piña enfatizó que es crucial evitar que la búsqueda de justicia se convierta en una “pesadilla”.

En su discurso, Piña, también presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), advirtió que la reforma, tal como está planteada, podría llevar a los cargos de ministro, juez o magistrado a personas populares, lo cual contradice el objetivo de la propia reforma y podría perpetuar lo que se busca eliminar. “No podemos optar por soluciones fáciles que pongan en riesgo la continuidad de la impartición de justicia en nuestro país”, subrayó. “Un poder judicial autónomo e independiente es esencial para la defensa de nuestra democracia”.

La ministra destacó la importancia de que tanto López Obrador como Sheinbaum consideren los hallazgos del encuentro para evaluar el impacto de la reforma no solo en la justicia, sino en el futuro del país.

Durante el evento, el diputado morenista Óscar Cantón Zetina, cercano a López Obrador y secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, tuvo un enfrentamiento con algunos participantes al insistir en que el pueblo había mandatado la reforma el 2 de junio. Las protestas de los asistentes manifestaron desacuerdo, a lo que Cantón Zetina respondió pidiendo respeto y defendiendo la exigencia popular para llevar a cabo la reforma propuesta por el presidente.

La reunión contó también con la presencia de Marcela Guerra, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y los ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Loretta Ortiz Ahlf. Asimismo, asistieron Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, y Adrián Alcalá y Blanca Lilia Ibarra, comisionados del INAI.

SCJN Desestima Controversia Constitucional Sobre Regulación Satelital del IFT

Publicada el por Fernando Guzman

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó una controversia constitucional presentada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal contra el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). La SCJN determinó que el IFT tiene la autoridad para regular la comunicación vía satélite sin afectar las atribuciones del Presidente para definir y administrar los tiempos en radio y televisión destinados al Estado.

La controversia, identificada como 257/2023, fue promovida por la Consejería Jurídica, encabezada por María Estela Ríos González, contra un acuerdo del IFT emitido en enero de 2023. La Consejería argumentaba que el IFT carecía de facultades para regular la comunicación satelital, sugiriendo que podría afectar la capacidad del Ejecutivo para ejercer sus funciones de comunicación social.

El pleno de ministros, sin embargo, determinó que los argumentos de la Consejería Jurídica no tenían fundamento. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien propuso declarar infundada la controversia, señaló que la demanda se basaba en hechos hipotéticos y no presentaba evidencia de que el nuevo reglamento hubiera llevado a la rescisión de convenios entre concesionarios de radio y televisión y el Poder Ejecutivo.

El fallo de la SCJN confirmó que el IFT tiene la competencia constitucional para regular la comunicación vía satélite y que el Ejecutivo federal no tiene la autoridad para invadir el campo regulatorio de otro órgano. La Corte también aclaró que la simple existencia de las nuevas disposiciones regulatorias no constituye motivo suficiente para que los concesionarios rescindan sus convenios con el gobierno.

El Ministro González Alcántara subrayó que el Ejecutivo no demostró cómo las disposiciones del IFT podrían causar la terminación de convenios con concesionarios de radio y televisión. También enfatizó que el IFT tiene atribuciones para celebrar convenios con concesionarios para la prestación de servicios públicos y para salvaguardar los derechos fundamentales de la ciudadanía, refutando así las preocupaciones presentadas por el Ejecutivo.

Suprema Corte ratifica la “Ley Godoy” para la reelección del Fiscal de la Ciudad de México

Publicada el por Fernando Guzman

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio luz verde a la llamada “Ley Godoy”, una reforma que establece el proceso de ratificación del Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por un periodo equivalente al de su mandato original.

Esta reforma, promulgada en mayo de 2023 por el Congreso de la Ciudad de México, surgió de una iniciativa presentada por Ernestina Godoy, entonces fiscal, quien buscaba extender su permanencia en el cargo por cuatro años más, con el argumento de una necesaria reestructuración administrativa en la FGJCDMX. La ley tomó el nombre de “Ley Godoy” porque fue presentada por la fiscal, poco antes de que concluyera su mandato.

La acción de inconstitucionalidad presentada por diputados de oposición fue desestimada por la SCJN. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, ponente del proyecto, explicó que el proceso legislativo que aprobó la reforma no presentaba irregularidades ni violaciones a las normas de votación y publicidad.

Su informe fue aprobado por una mayoría de 10 votos, con el ministro Luis María Aguilar Morales votando en contra. Aguilar Morales sostuvo que el procedimiento de aprobación pudo haber tenido problemas relacionados con el acceso y la participación de los diputados en el proceso.

El Pleno también aprobó por unanimidad las reglas para la conformación del Consejo Ciudadano, encargado de analizar la ratificación del fiscal capitalino.

Aunque esta reforma permitía la ratificación de Godoy, finalmente ella no logró obtener la mayoría calificada necesaria en el Congreso de la Ciudad de México, por lo que su intento fue rechazado.

Como resultado, desde enero pasado, Ulises Lara asumió el cargo de fiscal interino hasta que el Congreso designe a un nuevo titular. Este proceso, que comenzó en febrero, podría prolongarse hasta el último trimestre de 2024 debido a la renovación legislativa en junio.

Tras no lograr la ratificación, Ernestina Godoy optó por postularse como candidata al Senado de la República por el partido Morena.