Ministra Piña Urge Diálogo para Reforma Judicial

Al finalizar el Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, para dialogar sobre la reforma al Poder Judicial. Piña enfatizó que es crucial evitar que la búsqueda de justicia se convierta en una “pesadilla”.

En su discurso, Piña, también presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), advirtió que la reforma, tal como está planteada, podría llevar a los cargos de ministro, juez o magistrado a personas populares, lo cual contradice el objetivo de la propia reforma y podría perpetuar lo que se busca eliminar. “No podemos optar por soluciones fáciles que pongan en riesgo la continuidad de la impartición de justicia en nuestro país”, subrayó. “Un poder judicial autónomo e independiente es esencial para la defensa de nuestra democracia”.

La ministra destacó la importancia de que tanto López Obrador como Sheinbaum consideren los hallazgos del encuentro para evaluar el impacto de la reforma no solo en la justicia, sino en el futuro del país.

Durante el evento, el diputado morenista Óscar Cantón Zetina, cercano a López Obrador y secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, tuvo un enfrentamiento con algunos participantes al insistir en que el pueblo había mandatado la reforma el 2 de junio. Las protestas de los asistentes manifestaron desacuerdo, a lo que Cantón Zetina respondió pidiendo respeto y defendiendo la exigencia popular para llevar a cabo la reforma propuesta por el presidente.

La reunión contó también con la presencia de Marcela Guerra, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y los ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Loretta Ortiz Ahlf. Asimismo, asistieron Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, y Adrián Alcalá y Blanca Lilia Ibarra, comisionados del INAI.

SCJN Desestima Controversia Constitucional Sobre Regulación Satelital del IFT

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó una controversia constitucional presentada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal contra el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). La SCJN determinó que el IFT tiene la autoridad para regular la comunicación vía satélite sin afectar las atribuciones del Presidente para definir y administrar los tiempos en radio y televisión destinados al Estado.

La controversia, identificada como 257/2023, fue promovida por la Consejería Jurídica, encabezada por María Estela Ríos González, contra un acuerdo del IFT emitido en enero de 2023. La Consejería argumentaba que el IFT carecía de facultades para regular la comunicación satelital, sugiriendo que podría afectar la capacidad del Ejecutivo para ejercer sus funciones de comunicación social.

El pleno de ministros, sin embargo, determinó que los argumentos de la Consejería Jurídica no tenían fundamento. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien propuso declarar infundada la controversia, señaló que la demanda se basaba en hechos hipotéticos y no presentaba evidencia de que el nuevo reglamento hubiera llevado a la rescisión de convenios entre concesionarios de radio y televisión y el Poder Ejecutivo.

El fallo de la SCJN confirmó que el IFT tiene la competencia constitucional para regular la comunicación vía satélite y que el Ejecutivo federal no tiene la autoridad para invadir el campo regulatorio de otro órgano. La Corte también aclaró que la simple existencia de las nuevas disposiciones regulatorias no constituye motivo suficiente para que los concesionarios rescindan sus convenios con el gobierno.

El Ministro González Alcántara subrayó que el Ejecutivo no demostró cómo las disposiciones del IFT podrían causar la terminación de convenios con concesionarios de radio y televisión. También enfatizó que el IFT tiene atribuciones para celebrar convenios con concesionarios para la prestación de servicios públicos y para salvaguardar los derechos fundamentales de la ciudadanía, refutando así las preocupaciones presentadas por el Ejecutivo.

Suprema Corte ratifica la “Ley Godoy” para la reelección del Fiscal de la Ciudad de México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio luz verde a la llamada “Ley Godoy”, una reforma que establece el proceso de ratificación del Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por un periodo equivalente al de su mandato original.

Esta reforma, promulgada en mayo de 2023 por el Congreso de la Ciudad de México, surgió de una iniciativa presentada por Ernestina Godoy, entonces fiscal, quien buscaba extender su permanencia en el cargo por cuatro años más, con el argumento de una necesaria reestructuración administrativa en la FGJCDMX. La ley tomó el nombre de “Ley Godoy” porque fue presentada por la fiscal, poco antes de que concluyera su mandato.

La acción de inconstitucionalidad presentada por diputados de oposición fue desestimada por la SCJN. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, ponente del proyecto, explicó que el proceso legislativo que aprobó la reforma no presentaba irregularidades ni violaciones a las normas de votación y publicidad.

Su informe fue aprobado por una mayoría de 10 votos, con el ministro Luis María Aguilar Morales votando en contra. Aguilar Morales sostuvo que el procedimiento de aprobación pudo haber tenido problemas relacionados con el acceso y la participación de los diputados en el proceso.

El Pleno también aprobó por unanimidad las reglas para la conformación del Consejo Ciudadano, encargado de analizar la ratificación del fiscal capitalino.

Aunque esta reforma permitía la ratificación de Godoy, finalmente ella no logró obtener la mayoría calificada necesaria en el Congreso de la Ciudad de México, por lo que su intento fue rechazado.

Como resultado, desde enero pasado, Ulises Lara asumió el cargo de fiscal interino hasta que el Congreso designe a un nuevo titular. Este proceso, que comenzó en febrero, podría prolongarse hasta el último trimestre de 2024 debido a la renovación legislativa en junio.

Tras no lograr la ratificación, Ernestina Godoy optó por postularse como candidata al Senado de la República por el partido Morena.