INE entrega 316 propuestas para reformar el sistema electoral; comisión presidencial afina iniciativa

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó a la comisión presidencial para la reforma electoral un amplio paquete de propuestas técnicas que serán consideradas en la iniciativa que la presidenta Claudia Sheinbaum enviará al Congreso de la Unión. El documento fue entregado por la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala y contiene un total de 316 planteamientos, de los cuales 241 cuentan con consenso del Consejo General y 75 fueron formulados a título personal por distintos consejeros.

La reunión se llevó a cabo con la asistencia de nueve de los once integrantes del Consejo General del INE, encabezados por Taddei Zavala. No acudieron las consejeras Dania Ravel ni Claudia Zavala. El texto presentado lleva por nombre “Propuesta de mejora en materia electoral” y busca incidir en diversos aspectos operativos, normativos y estructurales del sistema electoral mexicano.

Las consejeras y consejeros Carla Humphrey y Arturo Castillo señalaron que hubiera sido deseable un proceso de discusión interna más amplio antes de la entrega final del documento. Humphrey explicó que, aunque se formularon 316 propuestas, únicamente 241 lograron consenso, mientras que el resto refleja posiciones individuales. Subrayó que cada consejería incorporó los temas que consideró prioritarios.

Entre los planteamientos destacados se encuentra la propuesta de garantizar al INE un presupuesto anual vinculado al Producto Interno Bruto (PIB), como respuesta a los cuatro recortes presupuestales aplicados por la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados. Esta idea fue rechazada de inmediato por Pablo Gómez, presidente de la comisión presidencial para la reforma electoral, quien la calificó como inviable al considerar que una disminución del PIB podría traducirse en una reducción automática de recursos para el organismo electoral.

Humphrey defendió la necesidad de asegurar un presupuesto suficiente para que el INE pueda cumplir con sus funciones constitucionales. En el ámbito técnico, el documento también plantea fortalecer los procesos de fiscalización, incluyendo la eliminación del secreto fiscal para el instituto, con el objetivo de permitir investigaciones más eficaces. Asimismo, propone reforzar las medidas de equidad en la contienda y el combate a la violencia política contra las mujeres en razón de género.

El consejero Jaime Rivera expuso que las propuestas buscan preservar los principios y valores democráticos. Señaló cuatro ejes centrales: fortalecer la pluralidad política sin favorecer a una sola fuerza; proteger la equidad de la contienda evitando la intervención gubernamental; salvaguardar la independencia del INE; y respetar los procedimientos colegiados para el nombramiento de funcionarios. En este contexto, pidió revertir la reforma al artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que otorgó mayores facultades a la presidencia del INE para designaciones internas.

Al término del encuentro, Pablo Gómez confirmó que el miércoles entregará a la presidenta Sheinbaum un anteproyecto de reforma electoral. Reconoció que persisten diferencias al interior de la comisión, integrada también por Rosa Icela Rodríguez y Arturo Zaldívar, pero aseguró que se encuentran en fase de deliberación. Aclaró que la iniciativa no modificará las fechas de la segunda elección judicial prevista para 2027 y señaló que la propuesta de elegir consejeros del INE mediante voto popular “está en la mesa”.

AMLO Divulga Ingresos de Loret de Mola en Conferencia Matutina, Violando Normas de Protección de Datos

El presidente Andrés Manuel López Obrador nuevamente reveló los ingresos del periodista Carlos Loret de Mola y los pagos a colaboradores del medio Latinus durante su conferencia matutina del 3 de julio. Especialistas han señalado que esta acción viola normas de protección de datos personales y de secreto fiscal.

“Pon la lista de a los que les paga Latinus”, instruyó López Obrador después de que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, presentara la lista. Gómez aclaró que Loret de Mola no está involucrado en ninguna denuncia presentada por la UIF contra Latinus por presuntos delitos de corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ya en 2022, López Obrador había divulgado los ingresos anuales de Loret después de que Latinus publicara un reportaje sobre una casa en Houston en la que vivió uno de los hijos del presidente, señalando un posible conflicto de interés.

Según los expertos, difundir los ingresos de un particular contraviene el artículo 16 de la Constitución, que garantiza el derecho a la protección de datos personales. También se vulnera la Ley de Protección de Datos Personales, que protege la privacidad individual salvo por razones de seguridad nacional o para proteger derechos de terceros. Además, esta divulgación infringe el derecho al secreto fiscal establecido en el Código Fiscal de la Federación y viola artículos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos.

López Obrador solicitó al Instituto Nacional de Transparencia (INAI) que pidiera al SAT y a Hacienda que certificaran los datos de los ingresos de Loret de Mola, aunque este no es funcionario público y el INAI no tiene atribuciones para solicitar esa información.

Diego García Ricci, profesor de derecho de la Universidad Iberoamericana, afirmó que el presidente solo podría haber revelado esa información con el consentimiento de Loret de Mola o si este ya la hubiera hecho pública. Comparar los ingresos del periodista con los suyos, como hizo López Obrador en 2022, es una violación de derechos fundamentales, pues los salarios de servidores públicos son de acceso público por ley, no así los de los particulares.

Javier Martín Reyes, politólogo y académico del CIDE, considera que la divulgación de información personal del periodista es una represalia e intento de intimidación. Añadió que las conferencias matutinas son actos oficiales del presidente, no de un ciudadano, y que usar esa plataforma para difundir información privada es un acto ilegal y una forma de persecución política.

Los especialistas concluyen que es preocupante que un presidente exponga datos de un particular, algo inédito en la historia reciente de México. Para ellos, el mecanismo de protección para periodistas o una denuncia por violación al secreto fiscal son posibles vías de acción ante esta situación.