Etiqueta: penal

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó en su conferencia matutina la designación de Omar Reyes Colmenares como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependencia clave en el combate contra el lavado de dinero y el financiamiento ilícito en México.

La llegada de Reyes Colmenares ocurre en un momento crítico. Actualmente, la UIF tiene en curso investigaciones sobre instituciones financieras mexicanas como Ci Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, señaladas por organismos como el FinCEN (Red de Control de Delitos Financieros de EE.UU.) por presuntas operaciones vinculadas al narcolavado.

Con una trayectoria consolidada en áreas de seguridad e inteligencia, Omar Reyes ya había formado parte del equipo operativo cercano a Sheinbaum durante su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Su perfil técnico-operativo también lo vincula estrechamente a Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal.

Su experiencia en la capital del país abarca cargos de alto impacto. En 2024, fungió como subsecretario en la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), específicamente en el área de Fuerza de Seguridad e Inteligencia. Antes, fue director general en la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, donde enfrentó situaciones complejas como la riña registrada en 2023 en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, la cual derivó en disturbios y la irrupción de familiares al penal. Durante su gestión se reforzaron los operativos de decomiso, logrando incautar más de 6 mil celulares en los centros penitenciarios capitalinos.

En el año 2021, tuvo a su cargo la Dirección General de Atención Inmediata a Casos de Alto Impacto, unidad especializada en responder a delitos como secuestros, extorsiones y desapariciones forzadas, con una operación táctica coordinada entre la SSC y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Previo a estas funciones, en 2020, trabajó en la Policía Bancaria e Industrial, también dentro de la SSC, en tareas de inteligencia destinadas a proteger infraestructura crítica, como entidades financieras y centros de distribución.

A nivel federal, su papel más destacado fue entre 2017 y 2019, cuando se desempeñó como director en la Oficina Central Nacional de Interpol México, adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR). Desde ese cargo colaboró en la ejecución de alertas rojas y procesos de coordinación internacional para la localización de personas con órdenes de aprehensión vigentes.

En cuanto a su formación, Reyes Colmenares es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), título que registró en 2019, según consta en su declaración patrimonial publicada en la plataforma Declara CDMX.

Identificado en círculos de seguridad como “El Aceites”, Reyes Colmenares llega a la UIF con un perfil operativo y técnico que responde a la lógica del nuevo gabinete de seguridad encabezado por Sheinbaum: estructura cerrada, confianza política y eficacia institucional.

En Querétaro, un artículo del Código Penal encendió el debate y terminó por quedarse firme: el 127 bis-1 seguirá castigando a quien represente un riesgo de contagio de una enfermedad grave, sin necesidad de que el contagio ocurra. La Suprema Corte de Justicia de la Nación votó, se dividió y, al final, no alcanzó mayoría para invalidarlo.

La CNDH intentó frenar esa ley. Alegó que es ambigua y se mete demasiado en lo penal. Respaldada por la ministra Yasmín Esquivel, la propuesta de invalidez buscaba eliminar un delito que, según su visión, no explica con claridad qué es una “enfermedad grave”. Tampoco se ancla a otra norma que defina el término.

Esquivel afirmó que ese vacío afecta el principio de legalidad. La ministra Lenia Batres reforzó el punto diciendo que se puede sancionar a alguien aunque el contagio haya sido accidental. Con ella estuvieron Norma Piña y Javier Laynez, sumando cuatro votos que iban por tumbar el artículo.

Pero el otro bloque también se plantó firme. Juan Luis González Alcántara dijo que la gravedad de una enfermedad puede entenderse por sus consecuencias y síntomas. Margarita Ríos Farjat recordó que el artículo fue reformado en tiempos de emergencia sanitaria, para proteger la salud pública frente a quienes saben que tienen una afección y, aun así, exponen a los demás. Jorge Pardo y Alberto Pérez Dayán completaron el grupo que votó por dejar todo como está.

El empate fue inevitable. Ocho ministros votaron, cuatro de un lado y cuatro del otro. Loretta Ortiz y Alfredo Gutiérrez no asistieron. Por reglamento, sin mayoría, no hay cambios. El artículo se queda.

Mientras tanto, en Pennsylvania, Pittsburgh y buena parte del estado estadounidense, empresas como Google y Blackstone invierten miles de millones para fortalecer centros de datos e infraestructura energética, también con la salud y la tecnología como ejes clave. Un contraste entre visiones de futuro, pero con un punto en común: la urgencia de proteger lo que viene.

En México, el riesgo de contagiar, incluso sin intención, ahora puede traducirse en sanción. El marco legal en Querétaro lo permite, y la Corte lo avaló. La salud pública se colocó por encima de las ambigüedades. Y la ley, tal como está, seguirá marcando esa línea entre la prevención y la penalización.

El exgobernador de Puebla, Mario Marín, volvió al penal del Altiplano en el Estado de México tras seis meses de reclusión domiciliaria en su residencia de Xilotzingo. La decisión fue tomada por el Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, luego de que la periodista Lydia Cacho impugnara la medida.

El Tribunal determinó que la resolución que otorgaba la prisión domiciliaria carecía de fundamentación y no evaluó adecuadamente los riesgos procesales, incluyendo la posibilidad de fuga y la gravedad de los cargos. La FGR respaldó la decisión, señalando la importancia del caso a nivel nacional por tratarse de una agresión contra una periodista en ejercicio de su libertad de expresión y por el abuso de las instituciones del Estado.

Lydia Cacho celebró la decisión judicial a través de un video donde resaltó que “dos de los tres jueces aseguraron que Mario Marín es un preso peligroso y que debe estar en un penal de alta seguridad”. Recordó que, cuando estuvo en una cárcel en Cancún, creó una red de corrupción al interior, lo que justificó su traslado a un penal de mayor seguridad.

El caso de Mario Marín se remonta a 2005, cuando Lydia Cacho fue detenida en Cancún por agentes ministeriales de Puebla, en lo que se consideró un acto de represalia tras la publicación de su libro Los Demonios del Edén, en el que denunció una red de explotación infantil vinculada a empresarios y políticos. Marín fue detenido en 2021 en Acapulco, Guerrero, tras permanecer prófugo casi dos años después de que se emitiera una orden de captura en su contra en 2019.

En agosto de 2024, el exgobernador fue trasladado a su domicilio en Puebla bajo arresto domiciliario, con supervisión electrónica, una decisión que fue impugnada por la FEADLE, argumentando que no se ajustaba a derecho. La reciente revocación de esta medida reabre el debate sobre la justicia en casos de violaciones a la libertad de expresión y abuso de poder.

Mario Marín ya se encuentra nuevamente en el penal del Altiplano, mientras que la batalla legal sigue su curso. Lydia Cacho y organismos de derechos humanos continúan impulsando que se haga justicia en un caso que ha marcado un precedente en la lucha contra la impunidad en México.

El Instituto Nacional Electoral (INE) publicó este domingo la lista de más de 4 mil candidatos que participarán en la histórica elección judicial del 1 de junio. Esta elección, sin precedentes en México, permitirá a los ciudadanos elegir jueces, magistrados y ministros mediante voto popular.

La publicación de la lista se retrasó dos días debido a inconsistencias en los datos entregados por el Senado. Finalmente, el INE difundió en su portal un documento de 97 páginas con los nombres de 4,224 aspirantes a distintos puestos judiciales.

Los candidatos están organizados por el cargo al que aspiran, incluyendo ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y miembros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). También se incluyen los aspirantes a magistrados de las Salas Regionales del TEPJF en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Toluca y Xalapa.

Adicionalmente, la lista comprende a magistrados de circuito y jueces especializados en distintas áreas del derecho, como penal, laboral, civil y administrativo. La autoridad electoral ha programado una sesión para este lunes 17 con el fin de aprobar la lista definitiva, que se usará para la impresión de boletas electorales.

Para facilitar el acceso a la información de los aspirantes, el INE habilitará el micrositio “Conóceles”, donde los ciudadanos podrán consultar los datos de los candidatos según su distrito electoral.

La elección judicial del 1 de junio renovará alrededor de mil cargos, incluyendo 386 jueces y 464 magistraturas. Este proceso forma parte de la reforma judicial promulgada en septiembre de 2024, que transformó la estructura del Poder Judicial en México. Entre los cambios más significativos destaca la reducción del número de ministros de la SCJN de 11 a nueve y la creación del TDJ, encargado de supervisar la conducta de jueces y magistrados.

Esta reforma ha generado amplio debate, ya que por primera vez en la historia del país, los jueces y magistrados serán elegidos por voto popular, lo que plantea nuevos retos para la impartición de justicia en México.