Exdefensora de “El Chapo” Guzmán a jueza penal en Chihuahua tras elección judicial

Silvia Rocío Delgado García, quien formó parte del equipo legal de Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2016, obtuvo los votos necesarios en el proceso de elección judicial en Chihuahua para asumir como jueza penal de primera instancia y menores en el distrito de Ahumada. El cómputo final de la elección, cerrado este martes, registró un total de 23 mil 605 votos a su favor.

El proceso judicial en Chihuahua contempla cinco vacantes disponibles para jueces locales, por lo que, con la validación del Instituto Estatal Electoral, Delgado García ocupará una de esas posiciones como funcionaria judicial del ámbito penal.

Durante su carrera profesional, Delgado García se desempeñó como parte de la defensa legal del exlíder del Cártel de Sinaloa. Su participación como abogada en ese equipo quedó registrada en agosto de 2016, cuando representó a Guzmán Loera ante instancias federales mientras este se encontraba recluido en el penal federal de Ciudad Juárez.

En diciembre del mismo año, promovió un recurso legal en favor de su cliente para que se le entregaran cobijas, debido a las bajas temperaturas reportadas en el centro penitenciario, argumentando afectaciones a la salud del entonces detenido.

El proceso de elección judicial, impulsado por el Congreso del Estado y validado por el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, permitió que ciudadanos postularan y eligieran a candidatas y candidatos a diferentes posiciones judiciales. La participación de Silvia Delgado no pasó desapercibida, debido a sus antecedentes profesionales.

A pesar del respaldo ciudadano en las urnas, organizaciones como Defensorxs han manifestado su oposición a que Delgado García ocupe el cargo. El colectivo anunció que interpondrá un juicio electoral con el fin de impugnar su nombramiento, al considerar que no cumple con el requisito de “buena fama pública”, estipulado en las recientes reformas judiciales aprobadas por legisladores del partido en el poder.

Este criterio de buena fama es uno de los filtros considerados para garantizar la idoneidad ética y moral de los aspirantes a cargos judiciales. Según la organización, la trayectoria de la abogada no se alinea con dichos parámetros, lo cual representa un punto clave para su posible inhabilitación.

El Instituto Estatal Electoral aún debe concluir el proceso de validación de los resultados. Hasta que ello ocurra, las posiciones no serán formalmente adjudicadas. Sin embargo, los resultados preliminares colocan a Delgado García como una de las cinco personas más votadas para ocupar las vacantes disponibles.

El proceso de elección judicial ha generado múltiples reacciones en la entidad debido a la inédita participación ciudadana en la designación de jueces, así como por el perfil de algunos de los aspirantes ganadores. Diversas organizaciones civiles y observatorios del sistema judicial han dado seguimiento puntual al proceso, particularmente en los casos donde se señala que podría haber conflictos éticos, históricos o de interés.

La impugnación anunciada se sumará al análisis legal que deberá resolver el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua. En caso de proceder, podría derivar en la revocación de la designación y abrir la puerta para el nombramiento de otros aspirantes que también participaron en el proceso electoral judicial.

Hasta ahora, Delgado García no ha emitido declaraciones públicas sobre los cuestionamientos ni sobre el proceso de impugnación en curso. Su nombre continúa en la lista oficial de aspirantes con mayor respaldo ciudadano en las votaciones recientes, en espera de la resolución definitiva de las autoridades electorales estatales.

Senado se prepara para discutir la reforma judicial mientras surge debate sobre número de votos necesarios

Este martes 10 de septiembre de 2024, el Senado de la República llevará a cabo la primera lectura del dictamen de la reforma judicial, iniciando así formalmente la discusión en el pleno. Sin embargo, en las últimas horas ha surgido un intenso debate sobre cuántos votos necesita Morena para aprobar la reforma constitucional impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, garantizó una amplia discusión en el pleno, asegurando que todas las voces presentes en la Cámara serán escuchadas y que el resultado de la votación será respetado.

La reforma judicial busca democratizar la elección de más de 1,600 puestos judiciales, incluyendo jueces, magistrados y ministros, a través de elecciones populares escalonadas. En 2025 se elegiría a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a la mitad de los jueces y magistrados de distrito, mientras que la otra mitad sería elegida en 2027.

Entre los puntos clave de la reforma se encuentra la reducción de los ministros de la SCJN de 11 a 9, con una presidencia rotatoria cada dos años, determinada por el porcentaje de votos obtenidos en un sistema de representación proporcional. La duración de los cargos variaría: 14 años para los más votados, 11 y 8 años para los que reciban menos votos.

Además, la reforma propone la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, un organismo encargado de vigilar la conducta del personal judicial y de aplicar sanciones cuando corresponda. Los magistrados de este tribunal también serían elegidos en las urnas en 2025.

Morena, junto con sus aliados del Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, necesita una mayoría calificada para que la reforma sea aprobada en el Senado, ya que se trata de una reforma constitucional. La mayoría calificada implica obtener al menos dos tercios de los votos de los legisladores presentes en el pleno, según la Ley Orgánica del Congreso y el Reglamento del Senado.

Si los 128 senadores están presentes durante la votación, serían necesarios 86 votos a favor. No obstante, algunos senadores, como Adán Augusto López, han sugerido que solo se necesitan 85 votos debido a un cálculo matemático que considera el “resto mayor o menor” al determinar la mayoría calificada.

Adán Augusto López explicó que, según algunos cálculos, la mayoría calificada sería de 85 votos, basándose en que cuando el “resto mayor” es mayor a 50, el número se ajusta hacia abajo. Según sus palabras, “la ley dice que son 85.36, si las matemáticas no fallan”.

Este criterio ha sido debatido previamente. En 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó un decreto del Congreso de Morelos al no alcanzar el número suficiente de votos, aplicando el principio de aproximación por exceso. Según este enfoque, las dos terceras partes de los 128 senadores representan un 66.666% de los votos, lo que solo se alcanza con 86 votos, no con 85.

Incluso en 2022, el entonces senador Ricardo Monreal reconoció que se requerían 86 votos para la mayoría calificada en una sesión en la que participaran todos los senadores.