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La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que el gobierno capitalino propondrá ampliar de manera significativa el rango de automóviles que podrán quedar exentos del pago de la tenencia vehicular. La actualización plantea que los vehículos con un costo de hasta 638 mil pesos con IVA podrán acceder al subsidio, un incremento notable frente al tope actual de 250 mil pesos.

El planteamiento se detalló durante la presentación del Presupuesto 2026. Brugada informó que para el próximo año se prevé ejercer 314 mil millones de pesos y aseguró que no habrá incrementos en los impuestos aplicados a los contribuyentes de la capital. La ampliación del tope para la exención de tenencia forma parte de las medidas que busca implementar su administración para el siguiente ejercicio fiscal.

Juan Pablo de Botton Falcón, secretario de Administración y Finanzas, explicó que esta propuesta tiene como objetivo fortalecer la recaudación y aumentar el registro de vehículos particulares en la Ciudad de México. Indicó que, con la modificación, se estima obtener una recaudación de 4 mil 582 millones de pesos por concepto de tenencia vehicular y duplicar el número de altas. Subrayó que el beneficio podrá solicitarse entre enero y marzo, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos, trámite que calificó como “muy sencillo y ágil”.

El gobierno capitalino precisó que ampliar el número de vehículos elegibles para la exención permitirá contar con un mayor control en temas relacionados con movilidad, seguridad y finanzas públicas. El registro vehicular, señaló, es una de las herramientas clave para el monitoreo y la regulación del tránsito en la metrópoli, además de ser una fuente importante para la gestión administrativa local.

Durante la presentación, Brugada adelantó también que la próxima semana anunciará un estímulo vinculado al Mundial, el cual, afirmó, “nos va a ayudar a mejorar” en materia vehicular. Aunque no se dieron detalles adicionales, explicó que la medida se presentará el martes o miércoles.

El ajuste al tope para la exención de tenencia se integra en la propuesta completa del Presupuesto 2026, que además contempla un plan de regularización del impuesto predial. Este programa incluirá un descuento del 100% en multas y recargos, sin importar el monto adeudado, con la finalidad de facilitar la actualización de obligaciones fiscales entre propietarios de vivienda y predios.

Con estas acciones, el gobierno de la Ciudad de México busca reorganizar y fortalecer su base recaudatoria sin aplicar incrementos de impuestos, apostando por incentivos que eleven el cumplimiento y registro de los contribuyentes.

Más de un mes después de la fecha prevista, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió finalmente uno de los casos más comentados de la pasada elección judicial. En una sesión decisiva, el Tribunal revocó las multas que el Instituto Nacional Electoral (INE) había impuesto a 176 candidatos, quienes habían sido sancionados por supuestamente beneficiarse de los llamados “acordeones”, listas de apoyo difundidas de forma física y digital durante el proceso de votación.

Las sanciones, que sumaban más de 6.3 millones de pesos, incluían multas a aspirantes de alto perfil. Entre ellos estaban Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel, Sara Irene Herrerías, María Estela Ríos González y Giovanni Azael Figueroa Mejía, quienes enfrentaban montos individuales que iban desde los 94 mil hasta los 255 mil pesos. Sin embargo, con la nueva resolución, todos ellos quedan exentos de pago.

El INE había determinado que los candidatos eran responsables de la difusión de los acordeones por haber resultado “beneficiados” con su circulación. Pero el TEPJF consideró que esta decisión se tomó sin pruebas suficientes y sin demostrar que los aspirantes tuvieran conocimiento o participación directa en la creación o difusión del material. En su análisis, el Tribunal concluyó que el INE actuó sin fundamento ni motivación adecuada, al no comprobar ni el beneficio real ni la intención de los involucrados.

La revocación fue aprobada por mayoría, con votos de los magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata y Alfredo Fuentes, quienes respaldaron los proyectos que anularon las sanciones. En contraste, los magistrados Janine Otálora y Reyes Rodríguez Mondragón emitieron votos particulares, al considerar que el caso debía regresar al INE para que ampliara las investigaciones antes de cerrar el expediente.

Durante la sesión, el pleno también aceptó la excusa de los magistrados Claudia Valle Aguilasocho y Gilberto de Guzmán Bátiz García, quienes participaron en la elección judicial y se apartaron del análisis por razones de imparcialidad.

Con esta resolución, el TEPJF dejó sin efecto las multas impuestas por el INE y marcó un precedente sobre los límites de responsabilidad de los candidatos en la propaganda generada por terceros. Según la decisión del Tribunal, no basta con que existan materiales de apoyo para atribuir una falta, sino que es indispensable probar la relación directa o el conocimiento de los involucrados.

La sentencia pone fin a un proceso que había acumulado más de 400 juicios pendientes, y devuelve al tablero político un mensaje claro: las autoridades electorales deben fundamentar sus decisiones con pruebas sólidas antes de sancionar. Para los 176 candidatos, esta decisión representa el cierre de un episodio que los mantenía bajo cuestionamiento desde la pasada elección judicial.

En el sexto día del periodo extraordinario, el Senado de la República aprobó con 68 votos a favor y 35 en contra el dictamen que reforma la Ley Federal de Competencia Económica y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. La iniciativa, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, propone la desaparición de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la creación de la Comisión Nacional Antimonopolio.

La nueva institución será un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, adscrito a la Secretaría de Economía. Sustituirá a la Cofece con un diseño institucional distinto, mayores atribuciones y cinco comisionados propuestos por el Ejecutivo y ratificados por el Senado. Su principal objetivo será garantizar la libre concurrencia y combatir prácticas monopólicas en todos los sectores económicos.

El dictamen forma parte del paquete de reformas constitucionales en materia de simplificación orgánica, publicado el 20 de diciembre de 2024. Establece un nuevo marco institucional, que modifica procedimientos, endurece sanciones y amplía las facultades del Estado para intervenir en los mercados.

Entre las innovaciones más destacadas figura la facultad para ordenar la desincorporación de activos en casos de concentración indebida en sectores clave como telecomunicaciones, medios y radiodifusión, en cumplimiento del artículo 28 constitucional.

También se fortalece la cooperación internacional. La reforma establece mecanismos de colaboración con autoridades extranjeras, especialmente en el marco del T-MEC, para permitir investigaciones transnacionales sobre colusión empresarial o prácticas anticompetitivas.

Se amplía el periodo para investigar concentraciones entre empresas de uno a tres años y se incorpora un nuevo libro legal que regula la participación cruzada en medios de comunicación.

El artículo Tercero Transitorio establece que la Cofece continuará en funciones de manera provisional hasta que se conforme el pleno de la nueva Comisión Nacional Antimonopolio. Los nombramientos deberán ser enviados por el Ejecutivo al Senado y los periodos de los comisionados estarán escalonados hasta el año 2032.

Las sanciones se incrementan de manera considerable: se establecen multas de hasta 200 mil UMAs por obstrucción a verificaciones y se podrá inhabilitar hasta por cinco años a empresas sancionadas por prácticas monopólicas absolutas en procesos de contratación pública.

Las resoluciones firmes de la Comisión habilitarán a los consumidores a presentar acciones colectivas sin necesidad de agotar juicio previo, facilitando la defensa de derechos en casos de afectación por prácticas anticompetitivas.

Desde tribuna, senadores de oposición calificaron la reforma como un retroceso. Legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano señalaron riesgos de concentración de poder y pérdida de autonomía técnica. Por su parte, legisladores de Morena defendieron el rediseño institucional, al asegurar que responde a una realidad económica desigual y busca romper con estructuras tecnocráticas que no han garantizado una competencia auténtica. El dictamen pasará ahora a la Cámara de Diputados para su análisis y votación final.