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La Sala Superior del Tribunal Electoral ratificó la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de excluir a los partidos políticos de las sesiones del Consejo General donde se discutan temas sobre la elección de cargos del Poder Judicial, argumentando que es “para evitar efectos no deseados”. Esta medida fue confirmada tras un recurso presentado por el PAN y Movimiento Ciudadano, quienes impugnaron la decisión.

El INE ajustó su reglamento de sesiones para alinearlo con la reforma del Poder Judicial, la cual establece que los partidos no deben participar en las fases de este proceso electoral. El proyecto, elaborado por el magistrado Felipe de la Mata y aprobado por mayoría de votos, señaló que las impugnaciones eran infundadas, ya que el INE tiene la autoridad para emitir las resoluciones necesarias en la organización de la elección judicial conforme a la reforma.

Según el documento, los argumentos presentados por los partidos son “hipotéticos” y no demuestran que la reforma afecte la participación de las representaciones y consejerías del Poder Legislativo en las elecciones para renovar los poderes Ejecutivo y Legislativo, en las cuales sí pueden intervenir y solicitar la inclusión o retiro de puntos en la agenda. Sin embargo, sus facultades están limitadas exclusivamente en lo referente a los procesos de renovación del Poder Judicial de la Federación.

La magistrada presidenta, Mónica Soto, subrayó que los derechos de los partidos no se ven vulnerados, ya que únicamente se les impide intervenir en las sesiones extraordinarias relacionadas con la elección del Poder Judicial. “El INE actuó conforme a sus facultades reglamentarias y atendió a un mandato constitucional claro, que le otorga la facultad de establecer los acuerdos necesarios para el proceso electoral extraordinario”, explicó Soto, añadiendo que la exclusión de los partidos se debió a este mandato que restringe su participación.

Por otro lado, la magistrada Janine Otálora se mostró en desacuerdo con el proyecto, argumentando que el INE interpretó incorrectamente el artículo transitorio de la reforma al prohibir la presencia de partidos en el Consejo General. Según Otálora, los partidos podrían participar en las discusiones sin incurrir en proselitismo o tomar partido por alguna candidatura.

“La prohibición busca evitar que las intervenciones de los partidos en el Consejo General generen consecuencias no deseadas, según lo dispuesto en la reforma constitucional”, mencionó Otálora. Además, añadió que esta medida se aplica para moderar su influencia en los procesos judiciales, sin afectar la composición del Consejo General ni otros derechos de los partidos como integrantes del mismo.

La magistrada presidenta Mónica Soto enfatizó que el Tribunal Electoral tomará decisiones sobre la asignación de plurinominales con base en la democracia y el Estado de Derecho, sin dejarse influenciar por amenazas o presiones recibidas a nivel personal, institucional y familiar.

A pesar de las críticas, presiones externas y amenazas, tanto directas como indirectas, hacia ella, su entorno institucional y familiar, Soto subrayó que el Tribunal continuará juzgando con libertad y apego a la ley, defendiendo la imposición del derecho sobre cualquier otra expectativa. Enfatizó que el Estado de Derecho debe prevalecer y la democracia prosperar.

Antes de iniciar la sesión en la que se decidirá la asignación de escaños en el Congreso de la Unión, Soto destacó que en las elecciones del pasado 2 de junio, la ciudadanía expresó su voluntad en las urnas, y es deber de la Sala Superior respetar esa decisión, actuando conforme a las leyes vigentes.

La magistrada reiteró que el Tribunal tiene la responsabilidad de proteger los derechos político-electorales de la ciudadanía mexicana, asegurando que las decisiones del pleno se alineen con las reglas y normas previamente establecidas para la competencia electoral. Señaló que la decisión del Tribunal debe basarse estrictamente en la ley, dejando de lado cualquier influencia política o social.

Soto también recalcó que el Tribunal Electoral es la única autoridad con la facultad de resolver de manera definitiva la integración de la Cámara de Diputados y del Senado de la República. Recordó que la Constitución Política establece al Tribunal como el órgano especializado del Poder Judicial de la Federación y máxima autoridad en materia electoral, por lo que sus decisiones son estrictamente jurisdiccionales, independientemente de cualquier consideración política, económica o cultural.

Los primeros proyectos que se debatieron fueron los encabezados por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, los cuales incluyen impugnaciones del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Estos proyectos respaldan la decisión del INE, que otorgó a la coalición Morena-PT-PVEM una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, quedando a tres escaños de alcanzar la misma situación en el Senado.

Hasta el momento, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no han sido invitados a participar en los diálogos sobre la reforma al Poder Judicial, organizados por la Cámara de Diputados desde hace dos semanas. No obstante, Mónica Soto, presidenta de la Sala Superior del TEPJF, confía en que eventualmente serán convocados para expresar sus opiniones.

En el Tercer Foro Nacional: El Abogado y el Legislador, organizado por el Senado, Soto fue cuestionada sobre la posible participación de los magistrados en estos diálogos nacionales, que se han desarrollado en varias entidades del país. “Por el momento no nos han convocado, estamos en línea de espera, supongo que sí estaremos por ahí presentes y esperaremos sobre ese momento para opinar al respecto”, indicó Soto. Al ser preguntada sobre la elección de ministros, magistrados y jueces por voto popular, prefirió no emitir su opinión.

Tribunal Electoral a la expectativa de impugnaciones contra el PRI

Mónica Soto también informó que el TEPJF está en espera de las impugnaciones contra la reforma de los estatutos del PRI, que permitirían a su dirigente, Alejandro Moreno, reelegirse hasta en dos ocasiones más, extendiendo su mandato hasta 2032. Soto subrayó que no pueden pronunciarse sobre casos susceptibles de llegar al tribunal hasta que las impugnaciones sean presentadas. “Hasta ahorita  p lazo máximo para esta tarea es el 6 de septiembre,  no tenemos ninguna impugnación”, aseguró.

En cuanto a la calificación de la elección presidencial, Soto recordó que el plazo máximo para esta tarea es el 6 de septiembre, aunque se está considerando que la resolución se realice antes. Esta decisión está siendo evaluada por una comisión especial encargada de sustanciar el expediente principal y la impugnación madre.

En un movimiento significativo para modernizar y agilizar el proceso electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han firmado un acuerdo que reducirá considerablemente el tiempo necesario para el cómputo judicial de los votos en las próximas elecciones presidenciales del 2 de junio.

Hasta ahora, el TEPJF necesitaba un mes para digitalizar los 300 paquetes electorales y sumar los votos. Con este convenio, el INE asumirá la tarea de digitalizar los paquetes y los entregará al Tribunal en formato USB, permitiendo una rápida verificación y cómputo.

El proceso de cómputo para la elección presidencial será distinto al del resto de las elecciones del 2 de junio, ya que este proceso es competencia exclusiva de la sala superior del TEPJF. Así, todos los paquetes electorales de los 300 consejos distritales del país serán enviados al TEPJF, junto con cualquier impugnación presentada por partidos políticos. La digitalización y el uso de correo electrónico para la comunicación reducirán los tiempos de operación en un proceso que tradicionalmente ha sido complejo.

Durante la firma del convenio, el magistrado Felipe Fuentes Barrera destacó la importancia de la agilidad en el proceso y enfatizó el compromiso del Tribunal para garantizar la legalidad de las elecciones. La Sala Superior instalará 12 mesas con cuatro funcionarios cada una para agilizar el cómputo. La seguridad y resguardo de los paquetes estarán a cargo de la Guardia Nacional y otras autoridades hasta que el proceso de cómputo concluya.

Una vez completado el proceso, los paquetes regresarán al INE para ser destruidos. El magistrado Fuentes Barrera subrayó que, a pesar de contar con solo cinco magistrados en la Sala Superior, el compromiso con la legalidad y la justicia permanece inquebrantable. “El Tribunal Electoral está fuerte y comprometido para darle a la sociedad las elecciones que espera”, señaló, destacando la trayectoria y ética del equipo. En el evento estuvieron presentes las titulares de la Sala Superior, Mónica Soto, y del INE, Guadalupe Taddei.

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, ha desestimado las acusaciones recientes del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha insinuado la posibilidad de un “golpe de Estado técnico” por parte del Poder Judicial.

En una entrevista radiofónica, Soto afirmó enfáticamente que el Tribunal no participa en campañas ni es un actor activo en el proceso electoral. “Nuestro papel es ser la última instancia y resolver los medios de impugnación”, aseguró.

Ante las preguntas sobre las declaraciones del presidente, Soto destacó la necesidad de mantener una visión objetiva y distante de la dinámica política. “No nos involucramos en pasiones electorales; nuestra labor es resolver lo que llega a nuestra instancia”, enfatizó.

Respecto a las especulaciones sobre un posible “golpe de Estado técnico”, la magistrada subrayó que el Tribunal Electoral se rige por la ley y la Constitución, que establecen causales específicas de nulidad de elecciones. Aunque reconoció que la intervención de cualquier servidor público puede ser considerada en casos de violación a la ley.

Soto rechazó categóricamente la versión de un golpe de Estado técnico y reiteró el compromiso del Tribunal de garantizar el respeto al voto ciudadano. “Nosotros no ponemos ni quitamos candidatos; nuestro deber es valorar los expedientes presentados y determinar su legalidad”, concluyó la magistrada.