Un amplio bloque integrado por más de 150 organizaciones, especialistas, actores políticos y representantes de la academia pidió detener la elección judicial prevista para 2027 con el fin de corregir deficiencias detectadas en el proceso de 2025 y rediseñar su estructura.
El pronunciamiento fue enviado a autoridades legislativas y electorales, donde se advierte que el esquema vigente presenta fallas de origen que ponen en duda su capacidad para asegurar perfiles adecuados y un sistema de justicia de calidad. Además, alertaron sobre riesgos estructurales que podrían afectar la confianza pública en el proceso.
Uno de los puntos centrales es la coincidencia de la elección judicial con los comicios federales y locales de 2027. De acuerdo con los firmantes, este cruce podría abrir la puerta a prácticas partidistas y clientelares que comprometan la independencia del Poder Judicial.
“La elección de personas juzgadoras, en su diseño actual, plantea riesgos relevantes y no es suficiente por sí sola para garantizar la legitimidad del sistema de justicia”, señalaron.
Entre las fallas detectadas tras la jornada de junio de 2025 destacan la ausencia de filtros técnicos robustos para evaluar candidaturas, lo que permitiría la participación de aspirantes sin experiencia suficiente. También se identificaron problemas operativos como boletas complejas, escasa información para los votantes y criterios inconsistentes en la valoración de perfiles.
El modelo actual contempla tres comités de evaluación —uno por cada Poder del Estado—, mecanismo que, según los críticos, ha generado disparidades en los estándares, así como percepciones de parcialidad política.
Ante este panorama, los firmantes plantearon una serie de ajustes: elevar los requisitos técnicos de quienes aspiren a cargos judiciales, unificar los criterios de evaluación y simplificar el diseño electoral para hacerlo más claro y funcional.
La elección judicial forma parte de una reforma impulsada por el gobierno mexicano que introdujo el voto popular para designar jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. Este proceso se planteó en dos fases: la primera se realizó en 2025, mientras que la segunda está programada para 2027, cuando se renovarán cargos federales restantes y la totalidad de los puestos locales.
Advertencias internacionales también han apuntado en la misma dirección. La Organización de los Estados Americanos (OEA) indicó que la coincidencia de elecciones podría incrementar la influencia partidista en el proceso judicial.
Los impulsores de la propuesta sostienen que aplazar la jornada permitiría ajustar el modelo sin abandonarlo, con el objetivo de mejorar su implementación y fortalecer su credibilidad.
