Senado cierra periodo sin resolver más de 130 nombramientos clave

El Senado de la República concluyó su periodo de sesiones este martes sin cubrir 130 nombramientos pendientes en diversos organismos, incluidos cargos del e la Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

En el Tribunal Electoral, quedaron vacantes 49 cargos, entre ellos dos magistraturas de la Sala Superior, seis de salas regionales y 41 de tribunales locales, según el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral. También se dejaron sin cubrir tres puestos de comisionados en el INAI.

El Observatorio de Designaciones Públicas criticó la falta de avances y acusó al Senado de seguir una estrategia para debilitar a los organismos autónomos. Entre los organismos afectados están las comisiones Nacional de Hidrocarburos, Reguladora de Energía y Nacional de Derechos Humanos.

Legisladores de la oposición cuestionaron la actitud de los senadores de Morena por su aparente sumisión al Poder Ejecutivo. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, defendió el trabajo del Senado, calificando el periodo como histórico. En contraste, el coordinador del PAN, Julen Rementería, opinó que la Cámara Alta falló al país por no abordar problemas clave y dejó a más de 130 cargos sin resolver, incluyendo organismos vitales como el INAI.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, también expresó su descontento, señalando que el Senado quedó muy lejos de una transformación significativa y un equilibrio de poderes, optando por la subordinación en momentos críticos.

Durante la sesión del pleno, se anunció que Ana Lilia Rivera Rivera, de Morena, presidirá la Comisión Permanente durante el segundo receso. Los vicepresidentes serán Israel Zamora Guzmán (Morena), Adriana Bustamante Castellanos (Morena), Marcela Guerra Castillo (PRI) y Juan Carlos Maturino Manzanera (PAN).

La nueva Comisión Permanente también incluye a Mónica Fernández Balboa (Morena), Ruth Alejandra López Hernández (Movimiento Ciudadano), José Erandi Bermúdez Méndez (PAN), Karla Yuritzi Almazán Burgos (Morena), Luis Edgardo Palacios Díaz (PVEM) y Ángel Benjamín Robles Montoya (PT).

Rosario Piedra propone Disolver la CNDH y Crear una Nueva Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo

En su informe anual ante la Cámara de Diputados, Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), hizo un llamado para la disolución de la institución, argumentando que esta es una reliquia del neoliberalismo y ya no satisface las necesidades del pueblo.

Piedra Ibarra reiteró su firmeza en la idea de transformar por completo la CNDH, creada en 1990 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari en respuesta a las exigencias del Tratado de Libre Comercio (TLC) con México, Estados Unidos y Canadá. Durante su intervención ante los legisladores, señaló la necesidad de que la defensoría de los derechos del pueblo emerja como una institución completamente nueva.

La gestión de Piedra Ibarra al frente de la CNDH ha estado marcada por conflictos debido a su afiliación con Morena y su proximidad al presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde su toma de posesión en noviembre de 2019, ha enfrentado críticas por supuestas decisiones políticas a favor del gobierno, como respaldar la militarización de la Guardia Nacional y la propuesta de reforma electoral del presidente.

En la reunión con la Comisión Permanente en la Cámara de Diputados, la titular de la CNDH, conocida por su defensa de los militares y la omisión de denuncias a la Secretaría de la Marina, enmarcó su propuesta como parte de las “herencias” del neoliberalismo que ya no tienen razón de ser.

En su mensaje, Piedra Ibarra destacó que la CNDH, tras cinco años de su gestión, ha logrado un cambio sustancial en su modelo de defensa de los derechos humanos. Afirmó que la comisión ahora cuenta con el marco normativo y operativo mínimo necesario para convertirse en la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo, una demanda de los mexicanos desde hace años.

La presidenta de la CNDH presentó una iniciativa ante los legisladores para reformar el artículo 120 constitucional y la Ley de la Comisión, proponiendo la desaparición de la CNDH tal como se conoce y la creación en su lugar de la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo, con el objetivo de proteger con mayores alcances los derechos de los mexicanos. En su discurso, destacó las medidas de austeridad implementadas durante su gestión, incluida la reducción del presupuesto, la eliminación de privilegios, y la donación de armas a la Secretaría de la Defensa Nacional.