Impugnaciones, denuncias y tensión tras elecciones en siete municipios de Veracruz

La dirigencia nacional de Morena anunció su intención de impugnar los resultados electorales en siete municipios de Veracruz, en los que los triunfos favorecieron a fuerzas políticas opositoras. La decisión fue confirmada por Luisa María Alcalde Luján, dirigente nacional del partido, durante una declaración ofrecida el miércoles. El listado incluye los municipios de Las Choapas, Chama, Naranjos, Sayula, Boca del Río, Chontla y San Andrés Tlalnehuayocan.

En este último, ubicado en la zona conurbada con Xalapa, se han generado acusaciones de corrupción, violencia y manipulación electoral. La alcaldesa electa, Arianna Ángeles Aguirre, del PRI, señaló que la candidatura de Morena habría sido vendida por cinco millones de pesos, según declaraciones atribuidas al dirigente estatal del partido guinda, Esteban Ramírez Zepeta. La acusación fue difundida tras la confirmación de la victoria de Ángeles Aguirre.

Las cifras oficiales, contenidas en el acta de cómputo, marcan una diferencia de mil 52 votos a favor de la priista, en contraste con los 88 votos que, de acuerdo con Alcalde Luján, se reportaban como diferencia previa. La constancia de mayoría ya fue entregada a Ángeles Aguirre, quien también denunció públicamente la existencia de agresiones y actos vandálicos antes y durante la jornada electoral.

En sus declaraciones, Arianna Ángeles afirmó que 42 de las 43 comunidades de San Andrés Tlalnehuayocan respaldaron su candidatura. Aseguró que en varias zonas obtuvo una ventaja de dos a uno y en otras, hasta tres a uno sobre su principal contendiente. También reportó que su equipo fue agredido, que una de sus camionetas fue dañada y que interpuso denuncias penales contra la excandidata de Morena, María Emilia Nieto Miranda.

A estas tensiones se suman los señalamientos por presuntos intentos de sabotaje electoral. Según Ángeles Aguirre, dos días después de los comicios se intentó quemar urnas, se registraron detonaciones frente a su domicilio y se habría intentado incendiar las oficinas del Organismo Público Local Electoral (OPLE), sin que las acciones prosperaran.

Mientras tanto, Morena avanza en sus procesos de impugnación, aunque los candidatos ganadores ya recibieron sus respectivas constancias de mayoría, documentos que validan sus triunfos ante las autoridades electorales. El proceso legal continuará en las instancias correspondientes, mientras el clima político en Veracruz mantiene alta su tensión postelectoral.

Violencia, desinformación y largas travesías marcan la histórica elección judicial en México

La jornada electoral de este domingo en México, marcada por la inédita elección judicial, transcurrió con tensión, obstáculos y un bajo nivel de participación ciudadana, especialmente en regiones como Veracruz y Chiapas, donde la violencia y la falta de información empañaron el proceso.

En Veracruz, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) confirmó la instalación de casi el 100% de las casillas, sin embargo, ocho de ellas suspendieron temporalmente la votación ante riesgos de violencia. En el reporte de incidencias entregado por el OPLE dos horas antes del cierre de urnas, se documentaron agresiones entre simpatizantes, colocación de propaganda partidista en zonas prohibidas, intimidación a electores y un ataque con arma de fuego a la casa de campaña de una candidata del partido Movimiento Ciudadano, en el municipio de Xico. Afortunadamente, no se reportaron heridos.

También se registraron irregularidades en el padrón. Al menos 56 personas lograron emitir su voto sin aparecer en la lista nominal, según reconoció el propio organismo estatal.

A nivel nacional, el contexto no fue menos complejo. Cientos de ciudadanos tuvieron que recorrer largas distancias desde comunidades marginadas del sur del país para poder ejercer su derecho al voto.  “Instalaron casillas normales, pero no especiales. El problema es la desinformación”, comentó un votante.

En San Juan Chamula, Chiapas, la participación fue baja durante las primeras horas del día. La comunidad tzotzil acudió lentamente a las urnas, y algunos electores tardaron hasta media hora en tomar su decisión. Uno de los votantes, lamentó la escasa asistencia: “Como que esta vez se vio un poquito débil”.

La violencia también hizo acto de presencia en Chiapas. El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó el robo de 25 paquetes electorales que contenían más de 138 mil boletas. Claudia Rodríguez Sánchez, vocal ejecutiva del INE en el estado, detalló que los hurtos ocurrieron entre el 29 y el 31 de mayo en Jiquipilas y Copainalá. En varios casos, los delincuentes engañaron o intimidaron a los responsables de las mesas directivas para sustraer la documentación oficial. Las denuncias correspondientes ya fueron presentadas ante la fiscalía especializada en delitos electorales.

En este contexto de incertidumbre, cerca de 100 millones de ciudadanos fueron convocados para votar por más de 800 cargos judiciales federales entre más de 3,400 aspirantes. Esta elección ha sido fuertemente cuestionada por sectores académicos, organismos internacionales y asociaciones judiciales, quienes señalan la complejidad del proceso, la escasa información disponible y la preocupación por una posible injerencia del crimen organizado.

Organizaciones exigen respeto a derechos de migrantes tras agresiones de la Guardia Nacional

Diversas organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de personas migrantes han alzado la voz para exigir el respeto a los derechos de las familias en tránsito, luego de que elementos de la Guardia Nacional fueran acusados de disparar, agredir y robar a un grupo de migrantes de distintas edades y nacionalidades que viajaban en un tren de carga.

Mediante un comunicado respaldado por diez organizaciones y el Programa de Estudios sobre Migración de la Universidad Iberoamericana de León, se solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que investigue al Instituto Nacional de Migración y a la Guardia Nacional para esclarecer responsabilidades, ya que fueron las autoridades migratorias quienes ordenaron el operativo y las fuerzas federales las que lo ejecutaron.

El incidente ocurrió mientras las familias migrantes atravesaban Silao en su trayecto hacia Estados Unidos, momento en el que comenzaron los disparos. Videos difundidos en redes sociales muestran a un elemento de la Guardia Nacional ordenando a los migrantes que bajaran del tren, mientras se observa la presencia de personal del Instituto Nacional de Migración.

Las agresiones, ocurridas la noche del 12 de agosto, se hicieron públicas a través de las redes sociales. Tras la difusión de los videos, el Instituto Nacional de Migración informó que se trató de un operativo de revisión migratoria en la comunidad de Nápoles, municipio de Silao, donde detuvieron el tren que transportaba a las familias migrantes.

Las organizaciones denunciaron que el operativo se realizó en violación de la Ley de Migración y los derechos humanos, pues se registraron abusos como agresiones físicas, disparos, retención indebida de documentos, amenazas, intentos de separar a madres de sus hijos, y el robo de pertenencias personales, incluyendo celulares y dinero.

Además de solicitar la intervención de la CNDH, las organizaciones exigieron protección para las víctimas, muchas de las cuales siguen en Irapuato, y pidieron la devolución de sus documentos y pertenencias, así como ayuda humanitaria, atención médica y psicológica.

Asimismo, instaron a las autoridades de Guanajuato, como la Secretaría del Migrante, la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado y el DIF estatal, a brindar asistencia humanitaria y asesoría legal a las familias afectadas.

El comunicado fue firmado por organizaciones como la Red de Casas de Apoyo al Migrante, Casa del Migrante Galilea, Amigos del Tren México, y el Programa de Estudios sobre Migración de la Universidad Iberoamericana de León, entre otras.

La Iglesia Mexicana Alerta sobre la Violencia Electoral en las Presidenciables 2024

“Por el bien de México, primero la democracia y el Estado de Derecho”, subrayó la CEM en su declaración, destacando la importancia de preservar los principios fundamentales que sustentan la vida democrática de la nación.

En un comunicado emitido el domingo, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expresó su profunda preocupación ante el escenario más sombrío que podría emerger en el actual proceso electoral en México: la intervención del crimen organizado y grupos delincuenciales. La CEM destacó que esta conjunción entre democracia electoral y criminalidad es un “binomio totalmente inaceptable“, constituyendo un signo alarmante de corrupción que debe ser evitado a toda costa.

“Creemos que el peor de los escenarios, el que mayormente debemos evitar, es aquel en el que el crimen organizado y otros grupos delincuenciales intervengan en el proceso electoral en cualquier lugar y momento”, subrayó la CEM en su declaración, instando a la sociedad y a las autoridades a rechazar cualquier forma de complicidad con esta lamentable realidad.

La Iglesia Mexicana señaló que, por ningún motivo, se puede justificar la interferencia delictiva en el proceso electoral y, además, enfatizó la necesidad imperante de que las autoridades responsables de la seguridad a nivel estatal y nacional tomen medidas para garantizar la protección y un ambiente de paz durante el desarrollo de las elecciones el 2 de junio.

En su comunicado, la CEM hizo un llamado a las fuerzas del orden y a las autoridades responsables de la seguridad para que se eviten agresiones, atentados y lamentables asesinatos de candidatos, políticos, familiares, periodistas y ciudadanos en general con motivo electoral. La Iglesia subrayó la importancia de que la seguridad esté garantizada en todos los rincones del país durante este crucial evento democrático.

La expectativa de la CEM es que las elecciones de 2024 en México sirvan como un ejemplo de civilidad a la altura de la cultura democrática que los mexicanos han construido y perfeccionado en las últimas décadas. La Iglesia hace un llamado urgente a todos los actores políticos, desde las autoridades hasta los candidatos, partidos y ciudadanos, para que cumplan rigurosamente las leyes y normativas en materia electoral.

La CEM también hizo un llamado específico al Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL) para que actúen con imparcialidad, justicia, ética y competencia profesional, garantizando que el proceso se desarrolle con plena legalidad y transparencia.

Finalmente, la Iglesia destacó la necesidad de campañas electorales limpias, legales y austeras, que se centren en propuestas responsables y serias, fomentando el diálogo y la búsqueda de soluciones auténticas para los problemas del país.

Periodistas Condenan Hostigamiento de AMLO y Exigen Respeto a la Libertad de Prensa

Un grupo de 123 periodistas, corresponsales y educadores de periodismo han levantado su voz en una carta abierta, repudiando enérgicamente las acciones de hostigamiento llevadas a cabo por el presidente Andrés Manuel López Obrador contra la jefa de corresponsales del New York Times. Esto, tras la difusión por parte de AMLO de datos personales durante una de sus conferencias matutinas.

La misiva destaca que estas conductas no solo afectan a nivel local, sino que también se dan en un contexto de aumento de la violencia contra los comunicadores, lo que ha sido denominado como una “epidemia” por los firmantes.

Se hace hincapié en que la tasa de homicidios de periodistas en México, la más alta a nivel mundial fuera de zonas de conflicto durante las últimas dos décadas, no ha disminuido durante el actual sexenio. Por el contrario, se ha registrado un incremento en las amenazas y agresiones hacia los profesionales de la prensa.

La carta enfatiza que una prensa que sufre hostigamiento desde las altas esferas del poder y en un entorno de constante amenaza no puede considerarse verdaderamente libre.

Los 123 periodistas firmantes hacen un llamado a los gobernantes a nivel local y federal para que ejerzan su derecho de réplica sin poner en riesgo la integridad de quienes ejercen el periodismo. Asimismo, instan a los candidatos presidenciales a comprometerse con el respeto a la libertad de prensa y a reconocer su responsabilidad en no realizar acciones que pongan en peligro a periodistas.

En el transcurso del año 2023, México registró al menos 561 agresiones contra periodistas, con un promedio alarmante de una agresión cada 16 horas a un miembro de la prensa o medio de comunicación por el simple ejercicio de su labor. Aunque se observa una ligera disminución en comparación con el año anterior, que fue el más violento para la prensa mexicana, sigue siendo preocupantemente alto, superando en más de un 200% al quinto año de Felipe Calderón y en un 30% al penúltimo año de Peña Nieto.