Diversas organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de personas migrantes han alzado la voz para exigir el respeto a los derechos de las familias en tránsito, luego de que elementos de la Guardia Nacional fueran acusados de disparar, agredir y robar a un grupo de migrantes de distintas edades y nacionalidades que viajaban en un tren de carga.
Mediante un comunicado respaldado por diez organizaciones y el Programa de Estudios sobre Migración de la Universidad Iberoamericana de León, se solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que investigue al Instituto Nacional de Migración y a la Guardia Nacional para esclarecer responsabilidades, ya que fueron las autoridades migratorias quienes ordenaron el operativo y las fuerzas federales las que lo ejecutaron.
El incidente ocurrió mientras las familias migrantes atravesaban Silao en su trayecto hacia Estados Unidos, momento en el que comenzaron los disparos. Videos difundidos en redes sociales muestran a un elemento de la Guardia Nacional ordenando a los migrantes que bajaran del tren, mientras se observa la presencia de personal del Instituto Nacional de Migración.
Las agresiones, ocurridas la noche del 12 de agosto, se hicieron públicas a través de las redes sociales. Tras la difusión de los videos, el Instituto Nacional de Migración informó que se trató de un operativo de revisión migratoria en la comunidad de Nápoles, municipio de Silao, donde detuvieron el tren que transportaba a las familias migrantes.
Las organizaciones denunciaron que el operativo se realizó en violación de la Ley de Migración y los derechos humanos, pues se registraron abusos como agresiones físicas, disparos, retención indebida de documentos, amenazas, intentos de separar a madres de sus hijos, y el robo de pertenencias personales, incluyendo celulares y dinero.
Además de solicitar la intervención de la CNDH, las organizaciones exigieron protección para las víctimas, muchas de las cuales siguen en Irapuato, y pidieron la devolución de sus documentos y pertenencias, así como ayuda humanitaria, atención médica y psicológica.
Asimismo, instaron a las autoridades de Guanajuato, como la Secretaría del Migrante, la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado y el DIF estatal, a brindar asistencia humanitaria y asesoría legal a las familias afectadas.
El comunicado fue firmado por organizaciones como la Red de Casas de Apoyo al Migrante, Casa del Migrante Galilea, Amigos del Tren México, y el Programa de Estudios sobre Migración de la Universidad Iberoamericana de León, entre otras.
