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La iniciativa de reforma electoral del Ejecutivo federal incluirá únicamente los puntos contenidos en el “Decálogo por la Democracia” presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena. El legislador adelantó que el proyecto podría llegar a la Cámara entre la noche del martes y el miércoles, una vez que concluya su redacción definitiva en Palacio Nacional.

Monreal explicó que la mandataria solicitó ajustar el documento para limitarlo estrictamente a los compromisos incluidos en el decálogo dado a conocer el 25 de febrero. Indicó que existían propuestas adicionales que no formaban parte de ese paquete y que fueron retiradas antes de su envío formal. Por esa razón, la iniciativa no se remitió en la fecha inicialmente prevista.

De acuerdo con el diputado, la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral se encuentra en la fase final de elaboración del borrador, el cual será presentado a la presidenta para su firma y posterior envío a la Cámara correspondiente. Aunque dijo conocer “pinceladas” del contenido, precisó que el grupo parlamentario aún no dispone del texto oficial y que lo conocerán formalmente cuando sea entregado.

En términos generales, la propuesta busca reducir en 25% el costo de las elecciones, medida que impactaría al Instituto Nacional Electoral (INE), a los partidos políticos, a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y a los tribunales electorales. También contempla disminuir salarios y bonos de consejeros y altos mandos del INE conforme al artículo 127 constitucional.

El proyecto plantea además eliminar duplicidades en funciones entre órganos electorales, ajustar el gasto del Congreso de la Unión y de los congresos locales, así como modificar el número de regidurías municipales con base en la población de cada demarcación.

Otro de los puntos centrales es la eliminación de 32 escaños en el Senado y el cambio en la fórmula de asignación de legisladores plurinominales, con el objetivo de fortalecer la representación popular. Esta última propuesta ha sido rechazada por el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, aliados legislativos de Morena.

Con los ajustes en curso y la revisión presidencial en puerta, la iniciativa se encuentra a horas de iniciar su trámite legislativo, centrada exclusivamente en los ejes delineados en el decálogo presidencial.

La dirigencia nacional de Morena anunció su intención de impugnar los resultados electorales en siete municipios de Veracruz, en los que los triunfos favorecieron a fuerzas políticas opositoras. La decisión fue confirmada por Luisa María Alcalde Luján, dirigente nacional del partido, durante una declaración ofrecida el miércoles. El listado incluye los municipios de Las Choapas, Chama, Naranjos, Sayula, Boca del Río, Chontla y San Andrés Tlalnehuayocan.

En este último, ubicado en la zona conurbada con Xalapa, se han generado acusaciones de corrupción, violencia y manipulación electoral. La alcaldesa electa, Arianna Ángeles Aguirre, del PRI, señaló que la candidatura de Morena habría sido vendida por cinco millones de pesos, según declaraciones atribuidas al dirigente estatal del partido guinda, Esteban Ramírez Zepeta. La acusación fue difundida tras la confirmación de la victoria de Ángeles Aguirre.

Las cifras oficiales, contenidas en el acta de cómputo, marcan una diferencia de mil 52 votos a favor de la priista, en contraste con los 88 votos que, de acuerdo con Alcalde Luján, se reportaban como diferencia previa. La constancia de mayoría ya fue entregada a Ángeles Aguirre, quien también denunció públicamente la existencia de agresiones y actos vandálicos antes y durante la jornada electoral.

En sus declaraciones, Arianna Ángeles afirmó que 42 de las 43 comunidades de San Andrés Tlalnehuayocan respaldaron su candidatura. Aseguró que en varias zonas obtuvo una ventaja de dos a uno y en otras, hasta tres a uno sobre su principal contendiente. También reportó que su equipo fue agredido, que una de sus camionetas fue dañada y que interpuso denuncias penales contra la excandidata de Morena, María Emilia Nieto Miranda.

A estas tensiones se suman los señalamientos por presuntos intentos de sabotaje electoral. Según Ángeles Aguirre, dos días después de los comicios se intentó quemar urnas, se registraron detonaciones frente a su domicilio y se habría intentado incendiar las oficinas del Organismo Público Local Electoral (OPLE), sin que las acciones prosperaran.

Mientras tanto, Morena avanza en sus procesos de impugnación, aunque los candidatos ganadores ya recibieron sus respectivas constancias de mayoría, documentos que validan sus triunfos ante las autoridades electorales. El proceso legal continuará en las instancias correspondientes, mientras el clima político en Veracruz mantiene alta su tensión postelectoral.

El escenario postelectoral en Veracruz se torna tenso tras el anuncio de Morena sobre la impugnación de resultados en 23 municipios del estado. Esta decisión se presenta días después de las elecciones del 1 de junio, donde se renovaron las 212 alcaldías veracruzanas.

El representante del partido ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE), Gabriel Zúñiga Ovando, confirmó que las impugnaciones están enfocadas en localidades con márgenes de victoria ajustados y en donde se detectaron presuntas anomalías tanto durante la jornada electoral como en los cómputos municipales.

Entre los municipios que figuran en esta estrategia legal destaca Boca del Río. En esta demarcación, la panista Maryjose Gamboa recibió la constancia de mayoría el 5 de junio, tras obtener 635 votos más que la candidata de Morena, Bertha Ahued Malpica. Según Zúñiga Ovando, el proceso ahí estuvo marcado por situaciones que calificó como irregulares y que buscarán acreditar ante las instancias correspondientes.

Uno de los señalamientos incluye la sustitución de funcionarios de casilla con personas que no pertenecían a la sección correspondiente, lo que, de acuerdo con Morena, representa una causal de nulidad del proceso en ese municipio. También se menciona el tema de la fiscalización, en especial el presunto rebase en los topes de gastos de campaña por parte de algunos candidatos.

Otro de los casos destacados es el del municipio de Tlalnelhuayocan, donde, según el partido, se quemó la documentación electoral. Esto coloca a esa elección dentro del rango que permite iniciar un procedimiento de impugnación, al encontrarse bajo el umbral del 5% de diferencia entre los contendientes.

Morena también alude que no se trata únicamente de resultados cerrados, sino de prácticas que comprometerían la transparencia del proceso. En todos los casos señalados, afirman contar con elementos que serán presentados ante los tribunales electorales para sustentar sus reclamos.

Hasta ahora, en el balance general de las elecciones del pasado 1 de junio, la coalición Morena-Partido Verde obtuvo el control de por lo menos 80 municipios. De manera individual, el Partido Verde Ecologista de México logró 13 triunfos, mientras que Morena aseguró 11 alcaldías.

El OPLE de Veracruz concluirá oficialmente los cómputos municipales este domingo 8 de junio, lo que marcará un punto clave en la etapa postelectoral y abrirá paso a las resoluciones judiciales que se deriven de las impugnaciones anunciadas.

El ambiente político en el estado se mantiene expectante ante lo que podría desencadenar una revisión judicial en varios puntos del territorio veracruzano. Morena asegura que defenderá lo que considera triunfos legítimos.

La jornada electoral de este domingo en México, marcada por la inédita elección judicial, transcurrió con tensión, obstáculos y un bajo nivel de participación ciudadana, especialmente en regiones como Veracruz y Chiapas, donde la violencia y la falta de información empañaron el proceso.

En Veracruz, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) confirmó la instalación de casi el 100% de las casillas, sin embargo, ocho de ellas suspendieron temporalmente la votación ante riesgos de violencia. En el reporte de incidencias entregado por el OPLE dos horas antes del cierre de urnas, se documentaron agresiones entre simpatizantes, colocación de propaganda partidista en zonas prohibidas, intimidación a electores y un ataque con arma de fuego a la casa de campaña de una candidata del partido Movimiento Ciudadano, en el municipio de Xico. Afortunadamente, no se reportaron heridos.

También se registraron irregularidades en el padrón. Al menos 56 personas lograron emitir su voto sin aparecer en la lista nominal, según reconoció el propio organismo estatal.

A nivel nacional, el contexto no fue menos complejo. Cientos de ciudadanos tuvieron que recorrer largas distancias desde comunidades marginadas del sur del país para poder ejercer su derecho al voto.  “Instalaron casillas normales, pero no especiales. El problema es la desinformación”, comentó un votante.

En San Juan Chamula, Chiapas, la participación fue baja durante las primeras horas del día. La comunidad tzotzil acudió lentamente a las urnas, y algunos electores tardaron hasta media hora en tomar su decisión. Uno de los votantes, lamentó la escasa asistencia: “Como que esta vez se vio un poquito débil”.

La violencia también hizo acto de presencia en Chiapas. El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó el robo de 25 paquetes electorales que contenían más de 138 mil boletas. Claudia Rodríguez Sánchez, vocal ejecutiva del INE en el estado, detalló que los hurtos ocurrieron entre el 29 y el 31 de mayo en Jiquipilas y Copainalá. En varios casos, los delincuentes engañaron o intimidaron a los responsables de las mesas directivas para sustraer la documentación oficial. Las denuncias correspondientes ya fueron presentadas ante la fiscalía especializada en delitos electorales.

En este contexto de incertidumbre, cerca de 100 millones de ciudadanos fueron convocados para votar por más de 800 cargos judiciales federales entre más de 3,400 aspirantes. Esta elección ha sido fuertemente cuestionada por sectores académicos, organismos internacionales y asociaciones judiciales, quienes señalan la complejidad del proceso, la escasa información disponible y la preocupación por una posible injerencia del crimen organizado.

Una situación inesperada sacudió el ambiente electoral en Xalapa, Veracruz, cuando se reportó la ausencia de 2,700 boletas correspondientes a la elección de alcalde. El representante del Partido Verde Ecologista, Sergio Martínez Ruiz, expuso la anomalía durante una sesión del Organismo Público Local Electoral (OPLE), lo que encendió las alarmas en pleno desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario 2024-2025.

El Consejo Municipal de Xalapa precisó que el faltante se detectó el pasado 15 de mayo durante el desembarque de la documentación electoral del Distrito 10. Se trataba de boletas con folios del 16,201 al 18,900, que no llegaron con el resto del material programado. La tensión inicial fue disipada tras una pronta investigación que arrojó resultados claros y contundentes.

El origen del incidente fue confirmado por la empresa encargada de producir el material electoral, Litho Formas S.A. de C.V., la cual reconoció que la caja no fue embarcada por un error humano durante el proceso de embalaje. Una vez identificada la situación, la empresa localizó el paquete dentro de su planta, donde permanecía en custodia y bajo medidas de seguridad, sin haber salido del almacén.

El OPLE Veracruz, junto con representantes de todos los partidos políticos acreditados, verificó y documentó el hallazgo. Se activaron los protocolos correspondientes y se garantizó que la cadena de custodia se mantuviera íntegra en todo momento. La caja fue enviada de inmediato el 16 de mayo, bajo resguardo de elementos de Seguridad Pública y personal de la Oficialía Electoral, arribando esa misma noche al Consejo Municipal de Xalapa.

La entrega fue presenciada por representantes partidistas, reforzando la transparencia del proceso y asegurando que cada paso se mantuviera bajo estricta vigilancia institucional. El conteo y sellado de las boletas inició de inmediato, conforme al calendario establecido, sin que este incidente provocara retrasos ni alteraciones legales.

Actualmente, las actividades continúan con normalidad. La documentación será agrupada y distribuida a las Mesas Directivas de Casilla, tal como lo establece la normatividad electoral vigente. La vigilancia permanece activa y las acciones del OPLE se desarrollan con apego a los principios rectores de legalidad, imparcialidad, transparencia y objetividad.

El OPLE Veracruz confirmó que esta situación no compromete la certeza del proceso, gracias a la respuesta inmediata, al seguimiento institucional y a la colaboración de las fuerzas de seguridad y las representaciones políticas, fortaleciendo así la confianza ciudadana en la integridad de las elecciones.