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Lenia Batres Guadarrama, actual ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha emprendido una intensa agenda de viajes por México en los meses previos a la elección judicial del 1 de junio. Lo llamativo no ha sido solo su presencia en diversos foros y eventos, sino el uso de recursos públicos asignados por el Poder Judicial para costear estas actividades, en las que su imagen ha tomado protagonismo.

De octubre de 2024 a febrero de 2025, Batres realizó un total de 15 viajes a diferentes estados del país. Los registros disponibles revelan que estos traslados fueron justificados ante la Corte como “invitaciones académicas”. Sin embargo, en dichos encuentros se dedicó a promover la reforma judicial y la propuesta de elección popular de jueces, magistrados y ministros, temas que coinciden directamente con su agenda de campaña para continuar en el máximo tribunal.

Los datos revisados por Latinus detallan que el costo total de estas giras fue de 210 mil pesos. De ese monto, 112 mil pesos fueron utilizados para los viáticos de la ministra, mientras que los restantes 98 mil se destinaron a vuelos de su asesor, Eduardo Murillo Torres, quien la acompañó en parte de los recorridos.

Esta situación ha generado contrastes con otras ministras en funciones. Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, quienes también han participado en eventos relacionados con la reforma judicial, no reportaron comisiones oficiales ni gastos financiados por la Corte durante el mismo periodo. A pesar de tener presencia en actos públicos similares, ambas ministras evitaron el uso de recursos institucionales, lo que ha despertado cuestionamientos sobre el criterio empleado por Batres para justificar sus salidas.

La estrategia de la ministra no ha pasado desapercibida, ya que su mensaje ha coincidido con una narrativa que apoya la transformación del sistema judicial a través del voto ciudadano, una propuesta impulsada desde el Ejecutivo. En cada una de sus intervenciones, la figura de Batres ha estado presente como promotora de la reforma, en un momento clave previo a la elección que definirá la renovación de múltiples cargos en el Poder Judicial.

Mientras se mantiene en curso su intento por permanecer en la SCJN, la utilización de recursos públicos para actividades que refuerzan su presencia política sigue generando atención. La línea entre el ejercicio institucional y la promoción personal ha vuelto a ponerse bajo la lupa en un contexto donde la imparcialidad judicial es uno de los valores más exigidos por la ciudadanía.

La elección judicial de este año presenta un nuevo reto para la inclusión: el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que no será posible contar con boletas en sistema braille. Una decisión que marca un cambio significativo en el acceso al voto de personas con discapacidad visual, especialmente considerando que desde 2003, en elecciones federales, se ha utilizado material diseñado para facilitar su participación. 

El acuerdo se tomó tras acatar una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aunque generó desacuerdos al interior del Consejo General. La consejera presidenta Guadalupe Taddei y los consejeros Norma de la Cruz y Jorge Montaño votaron en contra de la medida. Claudia Zavala, también consejera, expresó su preocupación por lo que calificó como una “regresión” en materia de accesibilidad.

“Garantizar el derecho al voto es una responsabilidad del Estado mexicano”, afirmó Zavala, al señalar que la falta de recursos y los tiempos ajustados impidieron una implementación adecuada. Desde el inicio del proceso se enfrentó un presupuesto limitado, situación atribuida al recorte de más de 13 mil millones de pesos en el presupuesto del INE.

La decisión del Instituto se sustenta en múltiples factores. No solo se trata de una cuestión económica o de plazos, sino también de viabilidad técnica. En esta elección, las boletas para el Poder Judicial no incluirán recuadros para marcar opciones, sino que requerirán que las personas anoten números correspondientes a las candidaturas elegidas. Este nuevo formato impide el uso de las plantillas braille tradicionales, que están diseñadas para coincidir con recuadros táctiles.

En el caso de la boleta para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), habrá que elegir entre 64 candidaturas distribuidas en nueve cargos. Las papeletas de las otras cinco elecciones serán impresas en formato media carta, lo que complica aún más la integración del sistema braille. De implementarse, se requeriría un cuadernillo de 42 hojas tamaño carta, algo que supera los tiempos y presupuestos disponibles.

Durante las elecciones de 2024 se produjeron 92,000 juegos de plantillas braille, a un costo de 8.8 millones de pesos. Sin embargo, solo fueron utilizadas por 2,386 personas. Aun así, desde hace más de dos décadas, se ha contado con esta herramienta en las casillas como parte del compromiso con la accesibilidad.

El INE aclaró que, aunque no se proporcionará material en braille, las personas con discapacidad visual podrán recibir apoyo de una persona de su confianza o del personal de casilla para emitir su voto. Esto en cumplimiento de lo que establece la ley electoral.

La Asociación Civil para la Accesibilidad de Personas con Discapacidad Libre Acceso A.C. y la Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual impulsaron este tema, recibiendo respuesta formal del INE tras la sentencia del Tribunal.

La elección judicial de este año no contará con la accesibilidad en braille que durante dos décadas se ofreció. Las limitaciones presupuestarias, técnicas y logísticas delinean un nuevo panorama, dejando fuera una herramienta que, aunque poco utilizada, representa un símbolo de inclusión y equidad democrática.

El escenario político nacional suma una nueva batalla legal. Gobernadores, legisladores, candidatas a la Suprema Corte y el propio partido Morena han iniciado una ola de impugnaciones en contra del acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que restringe el uso de recursos públicos para promover la elección judicial. A la fecha, más de 40 juicios se encuentran ya en manos del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien será el encargado de presentar el proyecto que resolverá este conflicto jurídico.

Las primeras demandas llegaron desde los estados gobernados por Morena. Delfina Gómez, mandataria del Estado de México, presentó dos impugnaciones; Layda Sansores, desde Campeche, y Salomón Jara, en Oaxaca, también formalizaron su inconformidad. En cada caso, los argumentos coinciden: el acuerdo del INE limitaría el derecho ciudadano a estar informado sobre un proceso considerado histórico, como lo es la elección de integrantes del Poder Judicial de la Federación.

A esta ofensiva legal se sumaron las impugnaciones del Senado, la Cámara de Diputados, la dirigencia nacional de Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque el acuerdo prohíbe expresamente que partidos políticos participen en la promoción del proceso, el partido oficialista optó por involucrarse directamente, alegando que no busca apoyar a candidaturas específicas, sino únicamente fomentar la participación democrática.

El artículo 506 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, promovida por el propio bloque oficialista, establece que está prohibido el uso de recursos públicos para la propaganda electoral relacionada con la elección judicial, según lo dictado en el artículo 134 de la Constitución. No obstante, las impugnaciones giran en torno a la interpretación de dicha norma: los inconformes sostienen que esta restricción sólo aplica cuando se busca influir en favor o en contra de alguna candidatura.

Desde esta perspectiva, diversos actores políticos insisten en que su intención no es interferir en la contienda, sino cumplir con el deber institucional de motivar la participación ciudadana en una jornada que consideran trascendental para el fortalecimiento democrático del país.

Las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, aspirantes a conservar sus lugares en la Suprema Corte de Justicia, también presentaron impugnaciones. En sus argumentos, califican el acuerdo del INE como “irrazonable” y “contradictorio”, al limitar la difusión del proceso justo cuando ellas, como candidatas, requieren visibilidad para que la ciudadanía conozca sus perfiles.

Por su parte, el INE reafirmó que la promoción del voto es competencia exclusiva de la autoridad electoral, garantizando imparcialidad y equidad en la contienda. Enfatizó que ninguna institución pública o figura de poder puede intervenir en estas actividades, salvo mediante convenios que estén bajo control directo del Instituto.

Ahora, todo queda en manos del Tribunal Electoral. La Sala Superior deberá decidir si valida o revoca el acuerdo del INE, en una resolución que podría marcar un nuevo precedente en la relación entre los poderes del Estado y el árbitro electoral.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reforzó su promoción sobre la elección judicial del próximo 1 de junio, destacando que esta medida permitirá separar al Poder Judicial del poder económico. Durante su gira por Hidalgo, reiteró que este cambio convertirá a México en “el país más democrático del mundo”.

Desde el evento, Sheinbaum recalcó la importancia de que “el pueblo decida” quiénes ocuparán los cargos en el Poder Judicial, asegurando que este proceso es un ejemplo para el mundo. “Lo que queremos es que también el poder económico se separe del Poder Judicial, que se acabe con la corrupción en el Poder Judicial, que los jueces le sirvan al pueblo”, declaró.

En el marco de su visita, Sheinbaum inauguró la carretera Real del Monte-Huasca, un proyecto de 9.8 kilómetros que conecta Pachuca con Tampico. El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que la obra requirió una inversión de 5 mil 500 millones de pesos y que su construcción inició en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Durante el acto, Sheinbaum envió un saludo al exmandatario.

Un día antes de la inauguración, una avioneta particular realizó un aterrizaje de emergencia en la autopista debido a una falla mecánica. A pesar del incidente, la actividad en la vía continuó sin mayores contratiempos.

Durante su recorrido por Hidalgo, Sheinbaum repasó diversas acciones implementadas en la región, destacando programas de vivienda social, saneamiento de ríos y la entrega de apoyos sociales. También mencionó la iniciativa “Salud en tu Casa” y adelantó que en el Valle del Mezquital se implementarán proyectos de tecnificación agrícola.

Sheinbaum anunció que en un año y medio los habitantes de Hidalgo podrán acceder al Tren Ciudad de México-Pachuca, el cual posteriormente se conectará con el Tren México-Querétaro, pasando por Tula. La ampliación de infraestructura de transporte es una de las prioridades de su administración.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha revocado el límite de 220 mil pesos fijado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para los gastos personales de campaña en la elección judicial. La decisión obliga al INE a establecer montos diferenciados según el cargo al que se aspire, pues se consideró que el tope uniforme no era racional ni razonable. 

El INE había establecido un límite general de 220 mil 326.20 pesos para todas las candidaturas en la elección judicial, lo que equivalía a un gasto diario de aproximadamente 3 mil 672.10 pesos. Sin embargo, el TEPJF determinó que este monto debía ser una base y no un tope absoluto, ya que la ley establece que el límite de gastos no podrá ser superior a esa cifra, pero no impide que se fijen montos diferenciados dependiendo del cargo.

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, autor del proyecto aprobado, argumentó que el límite de 220 mil pesos se aplica a las diputaciones federales por distrito, lo que significa que debe utilizarse como parámetro para ajustar los topes de cada cargo. Explicó que existen 300 distritos electorales uninominales, y aunque esto no implica multiplicar el monto por cada distrito, sí permite establecer un límite superior basado en una lógica diferenciada.

Rodríguez Mondragón señaló que el INE debe considerar el órgano a elegir, el tamaño del electorado y el territorio abarcado para definir los montos. En este sentido, subrayó que no es comparable el gasto de una persona que compite por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con alcance nacional, frente a quien busca un puesto en un distrito judicial de menor extensión.

El Tribunal también resaltó que, debido a las restricciones impuestas en la reforma electoral, como la prohibición de contratar espacios en radio, televisión, espectaculares y redes sociales, las candidaturas deben contar con los recursos suficientes para llevar a cabo actividades permitidas, como la impresión de propaganda y la participación en foros públicos.

No obstante, la magistrada Janine Otálora votó en contra de esta resolución, argumentando que la ley es clara en que los topes de gastos de campaña no pueden superar el monto de 220 mil pesos. Consideró que elevar estos límites sin justificación afecta la equidad electoral, favoreciendo a quienes disponen de mayores recursos económicos. Su postura coincidió con la del consejero Uuc-kib Espadas, quien también sostuvo que los montos deberían ajustarse de forma diferenciada, pero sin superar el tope máximo legal.

El INE ahora deberá establecer una nueva fórmula para definir los gastos personales de campaña. En la sesión donde se discutió esta decisión, la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, propuso una estructura diferenciada, con montos que iban desde 220 mil pesos para juzgados de distrito hasta 1.4 millones de pesos para la Suprema Corte. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por la mayoría de los consejeros, quienes insistieron en la necesidad de respetar el límite legal.

Con esta resolución, el INE enfrentará el reto de diseñar una nueva metodología para la asignación de gastos personales de campaña que concilie los principios de equidad y racionalidad en el uso de los recursos electorales.

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que hasta el 18 de febrero a las 20:00 horas, un total de 222 aspirantes a cargos judiciales presentaron su renuncia. Estos candidatos formaban parte de la lista de 4,224 postulaciones firmes enviadas por el Senado de la República al INE.

En un comunicado oficial, el instituto indicó que actualizará el listado de candidaturas en su portal web conforme reciba nuevas solicitudes de renuncia. Además, anunció que, a partir de este martes, recibirá solicitudes de ratificación de renuncia o aclaración de personas a un cargo judicial durante las 24 horas del día en sus 300 Juntas Distritales, 32 Juntas Locales y oficinas centrales.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, declaró que el Senado ya concluyó su labor en este proceso y que la responsabilidad de la elección judicial ahora recae en el INE. En sus declaraciones, reafirmó que el Senado colaborará con el instituto en lo necesario, aunque señaló que algunos actores políticos han utilizado el tema para cuestionarlo.

Por su parte, la consejera del INE, Carla Humphrey, advirtió que el plazo máximo para hacer modificaciones en la lista de candidaturas es el 20 de febrero, antes de proceder con la impresión de las boletas electorales. Explicó que aún existen inconsistencias en los datos, como candidaturas duplicadas y errores en los nombres, lo que representa un reto para el instituto en la fase final del proceso.

El INE continúa evaluando la información recibida y trabaja en la depuración de la lista para garantizar la transparencia y legalidad en la designación de los nuevos juzgadores. Con el cierre del plazo acercándose, el proceso de actualización cobra especial relevancia en la organización de los comicios

El Instituto Nacional Electoral (INE) publicó este domingo la lista de más de 4 mil candidatos que participarán en la histórica elección judicial del 1 de junio. Esta elección, sin precedentes en México, permitirá a los ciudadanos elegir jueces, magistrados y ministros mediante voto popular.

La publicación de la lista se retrasó dos días debido a inconsistencias en los datos entregados por el Senado. Finalmente, el INE difundió en su portal un documento de 97 páginas con los nombres de 4,224 aspirantes a distintos puestos judiciales.

Los candidatos están organizados por el cargo al que aspiran, incluyendo ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y miembros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). También se incluyen los aspirantes a magistrados de las Salas Regionales del TEPJF en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Toluca y Xalapa.

Adicionalmente, la lista comprende a magistrados de circuito y jueces especializados en distintas áreas del derecho, como penal, laboral, civil y administrativo. La autoridad electoral ha programado una sesión para este lunes 17 con el fin de aprobar la lista definitiva, que se usará para la impresión de boletas electorales.

Para facilitar el acceso a la información de los aspirantes, el INE habilitará el micrositio “Conóceles”, donde los ciudadanos podrán consultar los datos de los candidatos según su distrito electoral.

La elección judicial del 1 de junio renovará alrededor de mil cargos, incluyendo 386 jueces y 464 magistraturas. Este proceso forma parte de la reforma judicial promulgada en septiembre de 2024, que transformó la estructura del Poder Judicial en México. Entre los cambios más significativos destaca la reducción del número de ministros de la SCJN de 11 a nueve y la creación del TDJ, encargado de supervisar la conducta de jueces y magistrados.

Esta reforma ha generado amplio debate, ya que por primera vez en la historia del país, los jueces y magistrados serán elegidos por voto popular, lo que plantea nuevos retos para la impartición de justicia en México.