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Más de un mes después de la fecha prevista, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió finalmente uno de los casos más comentados de la pasada elección judicial. En una sesión decisiva, el Tribunal revocó las multas que el Instituto Nacional Electoral (INE) había impuesto a 176 candidatos, quienes habían sido sancionados por supuestamente beneficiarse de los llamados “acordeones”, listas de apoyo difundidas de forma física y digital durante el proceso de votación.

Las sanciones, que sumaban más de 6.3 millones de pesos, incluían multas a aspirantes de alto perfil. Entre ellos estaban Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel, Sara Irene Herrerías, María Estela Ríos González y Giovanni Azael Figueroa Mejía, quienes enfrentaban montos individuales que iban desde los 94 mil hasta los 255 mil pesos. Sin embargo, con la nueva resolución, todos ellos quedan exentos de pago.

El INE había determinado que los candidatos eran responsables de la difusión de los acordeones por haber resultado “beneficiados” con su circulación. Pero el TEPJF consideró que esta decisión se tomó sin pruebas suficientes y sin demostrar que los aspirantes tuvieran conocimiento o participación directa en la creación o difusión del material. En su análisis, el Tribunal concluyó que el INE actuó sin fundamento ni motivación adecuada, al no comprobar ni el beneficio real ni la intención de los involucrados.

La revocación fue aprobada por mayoría, con votos de los magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata y Alfredo Fuentes, quienes respaldaron los proyectos que anularon las sanciones. En contraste, los magistrados Janine Otálora y Reyes Rodríguez Mondragón emitieron votos particulares, al considerar que el caso debía regresar al INE para que ampliara las investigaciones antes de cerrar el expediente.

Durante la sesión, el pleno también aceptó la excusa de los magistrados Claudia Valle Aguilasocho y Gilberto de Guzmán Bátiz García, quienes participaron en la elección judicial y se apartaron del análisis por razones de imparcialidad.

Con esta resolución, el TEPJF dejó sin efecto las multas impuestas por el INE y marcó un precedente sobre los límites de responsabilidad de los candidatos en la propaganda generada por terceros. Según la decisión del Tribunal, no basta con que existan materiales de apoyo para atribuir una falta, sino que es indispensable probar la relación directa o el conocimiento de los involucrados.

La sentencia pone fin a un proceso que había acumulado más de 400 juicios pendientes, y devuelve al tablero político un mensaje claro: las autoridades electorales deben fundamentar sus decisiones con pruebas sólidas antes de sancionar. Para los 176 candidatos, esta decisión representa el cierre de un episodio que los mantenía bajo cuestionamiento desde la pasada elección judicial.

Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, actuales ministras y candidatas para continuar en el Poder Judicial, se deslindaron formalmente ante el Instituto Nacional Electoral (INE) de cualquier relación con los llamados “acordeones” que circularon en redes y calles para orientar el voto ciudadano hacia perfiles afines al oficialismo.

El deslinde fue presentado por escrito, en línea con lo que también hicieron alrededor de cien aspirantes más. La acción busca evitar que esos materiales sean considerados como parte de sus gastos de campaña, en el marco de la fiscalización que el INE ya realiza tras las elecciones judiciales celebradas recientemente.

Entre quienes también presentaron su deslinde se encuentran Claudia Valle Aguilasocho y Dolores Ruvalcaba, aspirantes a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); Luis Ibarra Navarrete, candidato a juez de distrito en la Ciudad de México, así como otros dos aspirantes a magistrado regional en materia electoral y al Tribunal de Disciplina Judicial.

La consejera electoral Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización, informó que estos escritos buscan deslindar a los candidatos de una posible vinculación con el financiamiento, producción y distribución de los acordeones. Aclaró que la Unidad Técnica de Fiscalización ya indaga el origen de los recursos destinados a ese material propagandístico.

En caso de que la investigación detecte una relación directa entre los materiales y alguna candidatura, el costo será sumado al tope de gastos correspondiente. Si dicho límite es rebasado, se aplicará la sanción correspondiente, conforme a la normativa vigente.

La fiscalización en curso se centra en los más de 3 mil 300 aspirantes que compitieron por 881 cargos dentro del Poder Judicial. De acuerdo con Humphrey, la mayoría ya entregó sus informes de gastos, y será el próximo 18 de julio cuando la Comisión de Fiscalización resuelva si existen anomalías. Posteriormente, el Consejo General del INE aprobará los informes definitivos el 28 de julio.

La consejera aclaró que estos procedimientos no afectan la entrega de constancias de mayoría, prevista para el 15 de junio, ni el proceso de toma de posesión de los cargos, programada para el 1 de septiembre. Añadió que, durante ese periodo, podrán presentarse impugnaciones que serán atendidas conforme al marco legal.

Sin emitir juicios, el INE mantiene en marcha la revisión del ejercicio electoral que marcó un precedente al abrir a votación popular la integración de instancias clave del sistema judicial. Mientras tanto, el proceso continúa, con la lupa puesta en los gastos, la legalidad y la legitimidad de los resultados.

Lenia Batres Guadarrama, actual ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha emprendido una intensa agenda de viajes por México en los meses previos a la elección judicial del 1 de junio. Lo llamativo no ha sido solo su presencia en diversos foros y eventos, sino el uso de recursos públicos asignados por el Poder Judicial para costear estas actividades, en las que su imagen ha tomado protagonismo.

De octubre de 2024 a febrero de 2025, Batres realizó un total de 15 viajes a diferentes estados del país. Los registros disponibles revelan que estos traslados fueron justificados ante la Corte como “invitaciones académicas”. Sin embargo, en dichos encuentros se dedicó a promover la reforma judicial y la propuesta de elección popular de jueces, magistrados y ministros, temas que coinciden directamente con su agenda de campaña para continuar en el máximo tribunal.

Los datos revisados por Latinus detallan que el costo total de estas giras fue de 210 mil pesos. De ese monto, 112 mil pesos fueron utilizados para los viáticos de la ministra, mientras que los restantes 98 mil se destinaron a vuelos de su asesor, Eduardo Murillo Torres, quien la acompañó en parte de los recorridos.

Esta situación ha generado contrastes con otras ministras en funciones. Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, quienes también han participado en eventos relacionados con la reforma judicial, no reportaron comisiones oficiales ni gastos financiados por la Corte durante el mismo periodo. A pesar de tener presencia en actos públicos similares, ambas ministras evitaron el uso de recursos institucionales, lo que ha despertado cuestionamientos sobre el criterio empleado por Batres para justificar sus salidas.

La estrategia de la ministra no ha pasado desapercibida, ya que su mensaje ha coincidido con una narrativa que apoya la transformación del sistema judicial a través del voto ciudadano, una propuesta impulsada desde el Ejecutivo. En cada una de sus intervenciones, la figura de Batres ha estado presente como promotora de la reforma, en un momento clave previo a la elección que definirá la renovación de múltiples cargos en el Poder Judicial.

Mientras se mantiene en curso su intento por permanecer en la SCJN, la utilización de recursos públicos para actividades que refuerzan su presencia política sigue generando atención. La línea entre el ejercicio institucional y la promoción personal ha vuelto a ponerse bajo la lupa en un contexto donde la imparcialidad judicial es uno de los valores más exigidos por la ciudadanía.

El escenario político nacional suma una nueva batalla legal. Gobernadores, legisladores, candidatas a la Suprema Corte y el propio partido Morena han iniciado una ola de impugnaciones en contra del acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que restringe el uso de recursos públicos para promover la elección judicial. A la fecha, más de 40 juicios se encuentran ya en manos del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien será el encargado de presentar el proyecto que resolverá este conflicto jurídico.

Las primeras demandas llegaron desde los estados gobernados por Morena. Delfina Gómez, mandataria del Estado de México, presentó dos impugnaciones; Layda Sansores, desde Campeche, y Salomón Jara, en Oaxaca, también formalizaron su inconformidad. En cada caso, los argumentos coinciden: el acuerdo del INE limitaría el derecho ciudadano a estar informado sobre un proceso considerado histórico, como lo es la elección de integrantes del Poder Judicial de la Federación.

A esta ofensiva legal se sumaron las impugnaciones del Senado, la Cámara de Diputados, la dirigencia nacional de Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque el acuerdo prohíbe expresamente que partidos políticos participen en la promoción del proceso, el partido oficialista optó por involucrarse directamente, alegando que no busca apoyar a candidaturas específicas, sino únicamente fomentar la participación democrática.

El artículo 506 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, promovida por el propio bloque oficialista, establece que está prohibido el uso de recursos públicos para la propaganda electoral relacionada con la elección judicial, según lo dictado en el artículo 134 de la Constitución. No obstante, las impugnaciones giran en torno a la interpretación de dicha norma: los inconformes sostienen que esta restricción sólo aplica cuando se busca influir en favor o en contra de alguna candidatura.

Desde esta perspectiva, diversos actores políticos insisten en que su intención no es interferir en la contienda, sino cumplir con el deber institucional de motivar la participación ciudadana en una jornada que consideran trascendental para el fortalecimiento democrático del país.

Las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, aspirantes a conservar sus lugares en la Suprema Corte de Justicia, también presentaron impugnaciones. En sus argumentos, califican el acuerdo del INE como “irrazonable” y “contradictorio”, al limitar la difusión del proceso justo cuando ellas, como candidatas, requieren visibilidad para que la ciudadanía conozca sus perfiles.

Por su parte, el INE reafirmó que la promoción del voto es competencia exclusiva de la autoridad electoral, garantizando imparcialidad y equidad en la contienda. Enfatizó que ninguna institución pública o figura de poder puede intervenir en estas actividades, salvo mediante convenios que estén bajo control directo del Instituto.

Ahora, todo queda en manos del Tribunal Electoral. La Sala Superior deberá decidir si valida o revoca el acuerdo del INE, en una resolución que podría marcar un nuevo precedente en la relación entre los poderes del Estado y el árbitro electoral.