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El proyecto de Plan General de Desarrollo (PGD) de la Ciudad de México, impulsado por la administración encabezada por Clara Brugada, enfrenta críticas de organizaciones civiles y activistas urbanos que advierten posibles impactos en la gobernanza, el medio ambiente y el ordenamiento territorial de la capital. Entre los principales señalamientos destaca la propuesta de crear “Casas de Gobierno” en cada una de las 16 alcaldías, figura que, según sus detractores, podría modificar el actual esquema de toma de decisiones comunitarias.

El PGD es el instrumento que definirá el crecimiento y la organización urbana de la Ciudad de México durante los próximos 20 años. En él se establecerán las zonas donde será posible construir, así como los mecanismos para proteger el suelo de conservación. 

Las autoridades han señalado que el plan busca transformar la capital en una metrópoli sostenible, con énfasis en vivienda, movilidad sustentable, gestión del agua y desarrollo urbano con enfoque de derechos humanos.

Sin embargo, organizaciones y ciudadanos consideran que el documento, elaborado por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP), no refleja esos objetivos. Josefina MacGregor Anciola, directora de la asociación civil Suma Urbana, afirma que la propuesta plantea cambios profundos en la gobernanza local.

De acuerdo con el proyecto, las “Casas de Gobierno” evolucionarían hacia Consejos de Gobierno Comunitario con facultades normativas, jurídicas y presupuestales. Estas instancias, según MacGregor, se encargarían de acercar servicios públicos, programas sociales y organizar consultas vecinales con decisiones vinculantes.

El activista urbano Jaziel Ibarra también cuestiona la propuesta y advierte que las decisiones podrían tomarse mediante asambleas con “asistentes coptados y coercionados en su voto” y con “decisiones dirigidas y no una voluntad genuina”. Además, señala que estas nuevas instancias funcionarían como una estructura paralela a las alcaldías.

Las críticas también apuntan a posibles efectos en el desarrollo urbano y el medio ambiente. Activistas consideran que el PGD podría permitir la regularización de construcciones levantadas sin permisos.

Asimismo, Ibarra advierte que el proyecto facilitaría la expansión de plataformas de renta de corta estancia. “El proyecto PGD viene a legalizar un proceso de turistificación ilegal de los territorios en la CDMX”, señala. Los críticos sostienen que esto podría incentivar la gentrificación y el desplazamiento de habitantes.

También alertan que el documento permitiría urbanizar áreas de conservación y zonas de recarga acuífera, lo que pondría en riesgo la sustentabilidad hídrica. A esto se suma la preocupación por el crecimiento urbano sin infraestructura suficiente, lo que podría saturar vialidades y transporte público.

El proyecto permanece en consulta pública hasta el 10 de abril. Tras este proceso, el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva integrará el documento final que será enviado al Congreso de la Ciudad de México, donde será analizado y eventualmente votado por el pleno.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este miércoles un relevo en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), luego de que Juan Ramón de la Fuente solicitara dejar el cargo para someterse a un proceso de rehabilitación. En su lugar, la mandataria federal designó a Roberto Velasco Álvarez, quien actualmente se desempeñaba como subsecretario para América del Norte.

El anuncio fue realizado por la propia presidenta a través de un video difundido en la red social X, donde explicó que propondrá al Senado la ratificación de Velasco Álvarez como titular de la Cancillería. En el mismo mensaje, Sheinbaum señaló que De la Fuente podría integrarse a otra área del gobierno una vez que su condición de salud mejore.

La salida de De la Fuente ocurre después de que, en noviembre pasado, solicitara licencia para someterse a una intervención quirúrgica. Durante ese periodo, Roberto Velasco quedó al frente de la dependencia, asumiendo temporalmente la conducción de la política exterior del país.

Durante su gestión, Juan Ramón de la Fuente enfrentó diversos desafíos diplomáticos, particularmente ante el gobierno de Donald Trump, con quien se abordaron temas relacionados con seguridad, comercio exterior y migración. Entre los asuntos que marcaron su administración destacaron las redadas realizadas por agentes del Servicio de Control de Migración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), así como la defensa de los migrantes mexicanos en Estados Unidos.

El entonces canciller también respondió a críticas por los nombramientos políticos realizados en embajadas y consulados durante la administración de Sheinbaum. Ante los cuestionamientos por la designación de exgobernadores y figuras sin trayectoria diplomática, De la Fuente defendió la decisión de incorporar perfiles diversos como representantes del país en el exterior.

Como parte de su estrategia de comunicación, el funcionario impulsó conferencias periódicas enfocadas en la protección de los mexicanos en Estados Unidos. Sin embargo, estos encuentros dejaron de realizarse tras la licencia solicitada en noviembre.

Entre los encuentros relevantes de su periodo, De la Fuente recibió en septiembre pasado a Marco Rubio, durante la visita del secretario de Estado de Estados Unidos a México. En esa reunión se abordaron temas relacionados con seguridad y combate al narcotráfico.

Antes de encabezar la Cancillería, De la Fuente se desempeñó como embajador ante las Naciones Unidas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Posteriormente, dejó ese cargo para integrarse al equipo de campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. Tras la victoria electoral, fue nombrado secretario de Relaciones Exteriores, posición que ahora deja después de un año y medio al frente de la dependencia.

En medio de la controversia generada por el derrame de hidrocarburo en el litoral de Veracruz, la gobernadora Rocío Nahle aseguró que existe una campaña coordinada para dañar la imagen del estado, señalando directamente a medios de comunicación por difundir lo que calificó como información difamatoria.

Durante un encuentro con reporteros, la mandataria reaccionó a las críticas surgidas desde hace casi un mes, cuando se reportó la presencia de hidrocarburo en la costa del Golfo de México. Visiblemente molesta, sostuvo que no responderá a provocaciones y rechazó las versiones que, según ella, han circulado en ese periodo. En ese contexto, acusó a la prensa de actuar en “nado sincronizado” y aseguró que existe una estrategia mediática para afectar la percepción pública del estado.

Nahle insistió en que las críticas forman parte de un “ataque sistemático” y afirmó que el objetivo no es su administración, sino el territorio veracruzano. Para reforzar su postura, reiteró una frase que ha utilizado en días recientes: “el ataque sistemático es contra Veracruz, no contra mí, pues yo qué, yo ya en esto yo ya me hice, mucho tiempo”.

La gobernadora también estableció una comparación con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, al mencionar que las críticas hacia figuras públicas pueden prolongarse durante años. “a él le duraron 20 años y todavía, el presidente está allá en su casa descansando, y lo mencionan todos los días”, declaró.

Mientras defendía su postura, Nahle aseguró que la situación en las playas se mantiene bajo control y destacó labores de limpieza en las zonas afectadas. Según explicó, quienes cuestionan la respuesta gubernamental omiten las condiciones actuales del litoral. “en contraparte, ven a Veracruz, las playas están limpias, se están limpiando”, afirmó.

Asimismo, subrayó que, pese a la polémica, la actividad turística continúa en el estado, especialmente durante el periodo vacacional. En ese sentido, señaló que, a pesar de la “campaña contra Veracruz, principalmente en estas fechas de Semana Santa, el turismo continúa llegando al territorio veracruzano”.

La mandataria también invitó a visitantes a acudir a los destinos costeros y reiteró que las condiciones son favorables. “están limpias y otras más se están limpiando”, expresó al referirse a las playas.

Paralelamente, Nahle publicó un mensaje en su cuenta de Facebook donde aseguró: “una gran afluencia en nuestras playas durante este fin de semana, Veracruz está listo para recibirte en estas vacaciones de Semana Santa a los turistas”.La publicación generó reacciones inmediatas de usuarios en redes sociales, quienes respondieron con comentarios críticos, entre ellos el mensaje: “venga a bañarse”.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció sobre la controversia generada en torno a Hugo Aguilar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de la difusión de un video en el que se observa a dos empleados limpiándole los zapatos en plena vía pública. De acuerdo con la mandataria, las críticas dirigidas al ministro no se explican únicamente por las imágenes, sino por el desacuerdo de diversos sectores con los cambios recientes en el Poder Judicial.

Durante su conferencia de prensa, Sheinbaum destacó que Aguilar ofreció una explicación pública sobre lo ocurrido y presentó una disculpa tras el incidente registrado previo a la ceremonia conmemorativa del 109 aniversario de la Constitución, celebrada en Querétaro. Señaló que el ministro presidente dio a conocer las razones del hecho y asumió su responsabilidad al pronunciarse de manera directa.

“Dio las razones de lo que ocurrió, incluso ofreció disculpas y digamos que pues él tiene que dar su explicación. Pero todo lo que han hecho alrededor de esto, es en realidad porque no están de acuerdo con el cambio que hubo en el Poder Judicial”, expresó la presidenta ante medios de comunicación.

Sheinbaum evitó adelantar si la difusión del video podría afectar la imagen o el funcionamiento de la nueva integración de la Corte. En ese contexto, subrayó que lo negativo habría sido que el ministro no hubiera fijado una postura frente a lo ocurrido. Asimismo, hizo un llamado general a las y los servidores públicos para mantener una conducta basada en la humildad en el ejercicio de sus funciones.

El video que detonó la polémica fue captado la mañana del jueves, cuando Hugo Aguilar se encontraba en calles de Querétaro, momentos antes de acudir al Teatro de la República para participar en la ceremonia oficial. En las imágenes se observa a una mujer, vestida con tacones, agacharse para limpiar las puntas de los zapatos del ministro en medio de la calle. Posteriormente, otro hombre se aproxima y repite la acción utilizando un pañuelo.

Una vez concluida la limpieza, el ministro presidente sonríe y es interceptado por el gobernador Alejandro Armenta, con quien camina algunos pasos hasta la banqueta. La escena se difundió ampliamente en redes sociales y generó reacciones en distintos espacios públicos.

Este episodio se da en un contexto de atención pública sobre la Suprema Corte, marcado también por la reciente controversia relacionada con la adquisición de nuevas camionetas blindadas por parte del máximo tribunal. Tras las críticas recibidas, los ministros decidieron no hacer uso de dichos vehículos, lo que mantuvo a la SCJN en el centro del debate político y mediático.

La Cámara de Diputados aprobó, tras más de ocho horas de debate, una reforma a la Ley General de Salud que prohíbe en todo el país la adquisición, fabricación, venta, importación, exportación y distribución de vapeadores, cigarrillos electrónicos y dispositivos análogos. La discusión estuvo marcada por críticas de legisladores opositores, quienes señalaron que la propuesta criminaliza actividades relacionadas con estos productos. El dictamen fue avalado con 292 votos a favor y 163 en contra, y ahora será analizado por el Senado de la República.

La reforma establece penalidades que van de uno a ocho años de prisión y multas de hasta dos mil veces el valor diario de la UMA, equivalentes a 226 mil 280 pesos, para quienes incumplan las disposiciones. Uno de los puntos relevantes incorporados al documento fue la reserva presentada por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, mediante la cual se excluyen del régimen de prohibición el consumo y la posesión de vapeadores, siempre que no se destinen a fines de comercio, distribución o producción.

El texto aprobado señala que queda prohibida la adquisición con fines de comercialización, preparación, producción, mezclado, acondicionamiento, envasado, almacenamiento, transporte comercial, importación, exportación, comercio y suministro de los dispositivos mencionados, incluidos los de un solo uso. La excepción incorporada permite únicamente su posesión y consumo sin vínculo con actividades comerciales.

Durante la discusión en lo particular, la diputada Iraís Reyes, de Movimiento Ciudadano, calificó la reforma como “la más prohibicionista, autoritaria y absurda en la historia”. Al intervenir, sostuvo que el dictamen contempla “penas de hasta ocho años de cárcel… ocho años por un vapeador”, mientras utilizaba un dispositivo en tribuna. Legisladores del PAN también manifestaron su inconformidad.

Éctor Jaime Ramírez acusó a la mayoría de impulsar medidas que derivarían en encarcelamientos por portar vapeadores, acompañado de compañeros de bancada que mostraron carteles con la frase “La salud no se improvisa, se protege”. A su lado, la diputada Verónica Pérez Herrera utilizó igualmente un vapeador.

Desde el PRI, Ana Isabel González comparó las sanciones previstas con las aplicadas al narcomenudeo. Desde una zona rodeada de pancartas que señalaban “Morena quiere meter a la cárcel a los jóvenes”, afirmó que la reforma “abre la puerta a que cualquier persona que adquiera un vapeador o cigarrillo electrónico… tiene una pena entre uno y ocho años de cárcel”.

El proyecto impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum incluye también la prohibición total de publicidad y propaganda que promueva el uso de vapeadores o dispositivos análogos a través de medios impresos, televisivos, radiofónicos, digitales o cualquier plataforma de comunicación. Además, contempla restricciones para la producción, distribución y comercialización de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas, así como la prohibición del uso ilícito de fentanilo.

De forma adicional, el dictamen incorpora medidas para avanzar en la universalidad del sistema nacional de salud. Entre ellas se encuentra el intercambio de servicios entre instituciones públicas para asegurar atención oportuna, la compra consolidada de medicamentos y la ampliación del acceso a servicios de salud digital como parte de las acciones de salubridad general.

El senador Gerardo Fernández Noroña anunció que el próximo jueves 24 de octubre solicitará licencia para ausentarse temporalmente de sus funciones legislativas. El morenista, quien presidió la Mesa Directiva del Senado hasta agosto de 2025, informó la decisión durante una transmisión en vivo en Facebook, aunque evitó precisar los motivos o la duración de su retiro.

“Será por un tiempo… tengo cosas que hacer”, dijo el legislador, quien adelantó que el martes 21 de octubre ofrecerá una conferencia de prensa a las 11:00 horas para explicar las razones de su licencia. Afirmó que la medida es “necesaria, temporal y para bien”, y que su suplente está preparado para asumir el cargo.

El anuncio confirma los rumores que circulaban desde días atrás, luego de que el propio Fernández Noroña dejara entrever la posibilidad de separarse del cargo. El 14 de octubre, al ser cuestionado sobre si se uniría a la propuesta de la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, de donar la mitad de su salario a los damnificados por las lluvias en Veracruz, Querétaro y Puebla, el senador respondió que lo haría y adelantó que además tenía una “sorpresa” relacionada con el cese de percepciones, sin ofrecer más detalles.

En este caso, Dunia Ludlow, actual directora del SuperISSSTE, será quien ocupe el escaño de Fernández Noroña. Ludlow es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana y fue diputada local por el PRI antes de integrarse a Morena.

La decisión del senador ocurre tras varios meses de polémica en torno a su estilo de vida. Fernández Noroña ha enfrentado críticas por la compra de una residencia valuada en más de 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos, así como por trasladarse en vuelos privados y viajar en primera clase. En respuesta, el legislador ha asegurado que existe una “ofensiva durísima” en su contra y defendió que la casa fue adquirida mediante un crédito. “Cuando la rentaba no había problema; el escándalo surgió cuando la incluí en mi declaración patrimonial”, argumentó.

El senador también ha protagonizado episodios de confrontación verbal y física con miembros de la oposición, aunque insiste en que los ataques mediáticos buscan desacreditarlo. Su próxima declaración pública del 21 de octubre será clave para conocer las causas y alcances de la licencia que lo mantendrá temporalmente fuera del Senado.

El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, colocó nuevamente en el centro del debate la deuda fiscal que mantiene Grupo Salinas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la llegada de nuevos ministros a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría marcar un punto de quiebre en un litigio que ha estado activo por más de 16 años.

Claudia Sheinbaum indicó que las críticas lanzadas desde las empresas del empresario Ricardo Salinas Pliego hacia la reforma del Poder Judicial y su administración están vinculadas a la resistencia del empresario para cumplir con sus obligaciones fiscales. “Van a pagar los impuestos”, señaló, al referirse a la nueva composición del máximo tribunal del país.

Según la mandataria, algunos de los actuales ministros de la Suprema Corte habrían mantenido vínculos con el empresario, lo que se tradujo en una prolongación de los procesos judiciales. Esta situación, aseguró, ha impedido que se tomen decisiones definitivas a favor del Estado mexicano en cuanto a la recuperación de recursos públicos.

Durante la misma conferencia, Grisel Galeano, procuradora fiscal de la Federación, detalló que la deuda total de las empresas de Salinas Pliego con el fisco asciende a 74 mil millones de pesos, de los cuales 26 mil millones se encuentran actualmente bajo revisión en la SCJN. La funcionaria explicó que hay tres casos activos en el máximo tribunal, mismos que han sido objeto de recursos legales por parte de la empresa desde los años 2008, 2010 y 2013.

La Procuraduría Fiscal informó también que Grupo Salinas ha interpuesto hasta 29 medios de defensa legales para frenar los fallos en su contra, generando una serie de retrasos que han evitado resoluciones firmes. En palabras de Sheinbaum, se trató de un “aletargamiento en la decisión”, en referencia al papel que jugaron algunos ministros que dejarán su cargo en septiembre.

El caso más reciente tuvo lugar el 19 de junio, cuando el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa negó un amparo a Grupo Elektra, una de las empresas del conglomerado, en un juicio relacionado con un adeudo fiscal de 2 mil millones de pesos. Esta resolución representa un precedente clave en el contexto de los litigios abiertos entre el grupo empresarial y el SAT.

La postura del gobierno federal mantiene firme su intención de recuperar los recursos públicos a través de los cauces judiciales, en un escenario que podría redefinirse con los próximos cambios dentro de la Suprema Corte.