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La discusión en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre un proyecto vinculado con el cobro de impuestos en la compra de inmuebles derivó en un intercambio entre ministros sobre la imparcialidad del análisis presentado. El asunto, que fue sometido a votación este martes, generó cuestionamientos sobre el alcance del estudio jurídico incluido en la propuesta y motivó una aclaración pública del ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz.

Durante la sesión, el ministro Giovanni Figueroa Mejía manifestó su desacuerdo con el contenido del proyecto al considerar que el documento analizaba una norma distinta a la señalada originalmente como acto reclamado dentro del juicio de amparo. A su juicio, esa situación implicaba una modificación del objeto del litigio que, desde su perspectiva, no correspondía al máximo tribunal.

“Estimo que este Alto Tribunal no tiene la facultad de variar la litis ante la discrepancia entre la norma combatida y la norma aplicada”, señaló el ministro Figueroa Mejía al exponer su postura ante el pleno.

El señalamiento derivó en una propuesta concreta del ministro, quien sugirió que el proyecto debía contemplar la reposición del procedimiento. De acuerdo con su planteamiento, el juzgado de Distrito tendría que solicitar al promovente del amparo que precisara el acto reclamado, ya que modificar el criterio podría afectar la seguridad jurídica.

“Alterar la litis originalmente planteada, comprometer el principio de imparcialidad y, además, adoptar un criterio que nos obligaría a analizar en todos los casos la posibilidad de variar la litis”, añadió Figueroa Mejía, postura que detonó la respuesta del ministro presidente.

Ante los cuestionamientos, Hugo Aguilar Ortiz intervino para aclarar que la elaboración del proyecto no respondía a ningún interés personal y rechazó que existiera algún compromiso que afectara la imparcialidad del análisis presentado.

“Quisiera dejar claro que no hay aquí algún compromiso. Me preocupa esta expresión del ministro Giovanni Figueroa que diga que está comprometida la imparcialidad, yo sí quiero dejar claro que no tengo ningún interés”, expresó el ministro presidente durante la sesión.

El intercambio se dio en el contexto de la discusión del proyecto relacionado con el cobro de impuestos en operaciones de compra de inmuebles, asunto que fue sometido a votación tras el debate entre los integrantes del pleno.

Finalmente, la propuesta presentada por Aguilar Ortiz fue aprobada por mayoría de siete votos. Los ministros Giovanni Figueroa Mejía y Yasmín Esquivel se pronunciaron en contra del proyecto y respaldaron la alternativa de ordenar la reposición del procedimiento, tal como se había planteado durante la discusión.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que un grupo empresarial relacionado con Grupo Salinas asumió el compromiso de cubrir un adeudo fiscal por un monto total de 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos, como parte de un proceso de regularización con la autoridad hacendaria. De esa cantidad, 10 mil 400 millones 630 mil 537 pesos ya fueron pagados e ingresados a la Tesorería de la Federación, mientras que el resto será cubierto mediante 18 pagos posteriores.

De acuerdo con el comunicado oficial del SAT, el ingreso inicial se realizó el mismo día en que se dio a conocer el acuerdo. “Un grupo empresarial realizará el pago por un monto total de 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos. De dicha cantidad, 10 mil millones 630 mil 537 pesos ya fueron ingresados a la Tesorería de la Federación el día de hoy, mientras que el monto restante será cubierto mediante 18 pagos”, detalló la dependencia.

Casi de manera simultánea al anuncio de la autoridad fiscal, Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, difundió un posicionamiento en el que aseguró haber cubierto los montos fiscales solicitados por el SAT. En un mensaje publicado a través de la red social X, el conglomerado afirmó: “Con este pago que trasciende los límites de los acuerdos originalmente pactados en 2024 habremos cubierto absolutamente todo lo que el Fisco exigió en este largo litigio. A partir de ahora, no debemos nada al gobierno, por ningún concepto”.

En el mismo documento, la empresa señaló que, en los últimos 20 años, ha realizado pagos por más de 300 mil millones de pesos en obligaciones fiscales. Además, destacó que tanto sus empresas como su presidente fundador buscan enfocar sus esfuerzos en las actividades productivas del grupo, al señalar que es esencial “continuar creando prosperidad y valor para México, prestando servicio a nuestros millones de clientes y procurando el bienestar de más de 200 mil familias que dependen de Grupo Salinas”.

Este proceso ocurre después de que, una semana antes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informara públicamente que el empresario debía un monto aproximado de 51 mil millones de pesos, tras resoluciones judiciales adversas. Dicho adeudo se configuró luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negara diversos amparos promovidos por empresas del grupo.

El pasado 13 de noviembre, la SCJN aprobó por unanimidad el proyecto del ministro Arístides Guerrero García, mediante el cual se desechó el amparo directo en revisión 6321/2024, promovido por Grupo Elektra. Este recurso era el de mayor cuantía interpuesto por la empresa contra el fisco y establecía la obligación de pagar 33 mil 306 millones de pesos. Con los pagos anunciados y el esquema acordado con el SAT, el caso fiscal se encuentra en proceso de cumplimiento conforme a lo informado por ambas partes.

El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, colocó nuevamente en el centro del debate la deuda fiscal que mantiene Grupo Salinas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la llegada de nuevos ministros a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría marcar un punto de quiebre en un litigio que ha estado activo por más de 16 años.

Claudia Sheinbaum indicó que las críticas lanzadas desde las empresas del empresario Ricardo Salinas Pliego hacia la reforma del Poder Judicial y su administración están vinculadas a la resistencia del empresario para cumplir con sus obligaciones fiscales. “Van a pagar los impuestos”, señaló, al referirse a la nueva composición del máximo tribunal del país.

Según la mandataria, algunos de los actuales ministros de la Suprema Corte habrían mantenido vínculos con el empresario, lo que se tradujo en una prolongación de los procesos judiciales. Esta situación, aseguró, ha impedido que se tomen decisiones definitivas a favor del Estado mexicano en cuanto a la recuperación de recursos públicos.

Durante la misma conferencia, Grisel Galeano, procuradora fiscal de la Federación, detalló que la deuda total de las empresas de Salinas Pliego con el fisco asciende a 74 mil millones de pesos, de los cuales 26 mil millones se encuentran actualmente bajo revisión en la SCJN. La funcionaria explicó que hay tres casos activos en el máximo tribunal, mismos que han sido objeto de recursos legales por parte de la empresa desde los años 2008, 2010 y 2013.

La Procuraduría Fiscal informó también que Grupo Salinas ha interpuesto hasta 29 medios de defensa legales para frenar los fallos en su contra, generando una serie de retrasos que han evitado resoluciones firmes. En palabras de Sheinbaum, se trató de un “aletargamiento en la decisión”, en referencia al papel que jugaron algunos ministros que dejarán su cargo en septiembre.

El caso más reciente tuvo lugar el 19 de junio, cuando el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa negó un amparo a Grupo Elektra, una de las empresas del conglomerado, en un juicio relacionado con un adeudo fiscal de 2 mil millones de pesos. Esta resolución representa un precedente clave en el contexto de los litigios abiertos entre el grupo empresarial y el SAT.

La postura del gobierno federal mantiene firme su intención de recuperar los recursos públicos a través de los cauces judiciales, en un escenario que podría redefinirse con los próximos cambios dentro de la Suprema Corte.