Sheinbaum alista regulación para limitar celulares en escuelas y poner reglas a redes sociales e IA

El gobierno de México pondrá sobre la mesa una reforma para establecer límites al uso de teléfonos celulares en las escuelas de todo el país y, al mismo tiempo, iniciar la discusión sobre una regulación para las redes sociales y la Inteligencia Artificial. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el tema será abordado una vez que concluya el Mundial de futbol, el próximo 19 de julio.

La decisión colocará a México en un debate que ya ha sido impulsado en distintas regiones del mundo, donde autoridades educativas han optado por restringir el uso de dispositivos móviles y plataformas digitales en planteles de educación básica.

Durante su conferencia matutina de este martes, la mandataria explicó que el proyecto buscará establecer lineamientos nacionales para limitar el uso de celulares dentro de las escuelas, además de analizar mecanismos de regulación para las redes sociales y la Inteligencia Artificial.

“Haremos una regulación para poner limitantes en las escuelas para el uso de los teléfonos celulares a nivel nacional (…) es muy importante que México entre a este proceso de regulación de una u otra manera de las redes sociales y de la inteligencia artificial sin caer en la censura”, afirmó.

Sheinbaum indicó que, antes de presentar una propuesta, su administración abrirá espacios de discusión con especialistas, quienes participarán tanto en la conferencia presidencial como en otros foros para analizar los alcances de las posibles medidas.

La presidenta señaló que el diseño de la regulación también considerará los resultados de encuestas realizadas entre madres y padres de familia, con el propósito de incorporar su opinión en las disposiciones que podrían aplicarse en los centros escolares del país.

Explicó que la iniciativa busca equilibrar el derecho a la información con la protección de la salud y el acceso de niñas, niños y adolescentes a contenidos digitales. “Es un asunto que tiene que ver con el derecho a la información, pero también con el cuidado de la salud de todas y de todos y de acceso a información que no debería a estar tan accesible”, sostuvo.

Frente a las críticas que pudieran surgir, la presidenta descartó que la propuesta tenga fines de control político o de restricción a la libertad de expresión. “Para todos los comentócratas y todos los adversarios que nos están escuchando y ya seguro están publicando en sus redes sociales, no tiene nada que ver con la censura”, declaró.

El análisis de estas medidas comenzará después del Mundial y marcará el inicio de la discusión sobre una regulación nacional del entorno digital enfocada en menores de edad y el ámbito escolar.

Diputados aprueban prohibición nacional de vapeadores con sanciones penales; avanza al Senado

La Cámara de Diputados aprobó, tras más de ocho horas de debate, una reforma a la Ley General de Salud que prohíbe en todo el país la adquisición, fabricación, venta, importación, exportación y distribución de vapeadores, cigarrillos electrónicos y dispositivos análogos. La discusión estuvo marcada por críticas de legisladores opositores, quienes señalaron que la propuesta criminaliza actividades relacionadas con estos productos. El dictamen fue avalado con 292 votos a favor y 163 en contra, y ahora será analizado por el Senado de la República.

La reforma establece penalidades que van de uno a ocho años de prisión y multas de hasta dos mil veces el valor diario de la UMA, equivalentes a 226 mil 280 pesos, para quienes incumplan las disposiciones. Uno de los puntos relevantes incorporados al documento fue la reserva presentada por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, mediante la cual se excluyen del régimen de prohibición el consumo y la posesión de vapeadores, siempre que no se destinen a fines de comercio, distribución o producción.

El texto aprobado señala que queda prohibida la adquisición con fines de comercialización, preparación, producción, mezclado, acondicionamiento, envasado, almacenamiento, transporte comercial, importación, exportación, comercio y suministro de los dispositivos mencionados, incluidos los de un solo uso. La excepción incorporada permite únicamente su posesión y consumo sin vínculo con actividades comerciales.

Durante la discusión en lo particular, la diputada Iraís Reyes, de Movimiento Ciudadano, calificó la reforma como “la más prohibicionista, autoritaria y absurda en la historia”. Al intervenir, sostuvo que el dictamen contempla “penas de hasta ocho años de cárcel… ocho años por un vapeador”, mientras utilizaba un dispositivo en tribuna. Legisladores del PAN también manifestaron su inconformidad.

Éctor Jaime Ramírez acusó a la mayoría de impulsar medidas que derivarían en encarcelamientos por portar vapeadores, acompañado de compañeros de bancada que mostraron carteles con la frase “La salud no se improvisa, se protege”. A su lado, la diputada Verónica Pérez Herrera utilizó igualmente un vapeador.

Desde el PRI, Ana Isabel González comparó las sanciones previstas con las aplicadas al narcomenudeo. Desde una zona rodeada de pancartas que señalaban “Morena quiere meter a la cárcel a los jóvenes”, afirmó que la reforma “abre la puerta a que cualquier persona que adquiera un vapeador o cigarrillo electrónico… tiene una pena entre uno y ocho años de cárcel”.

El proyecto impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum incluye también la prohibición total de publicidad y propaganda que promueva el uso de vapeadores o dispositivos análogos a través de medios impresos, televisivos, radiofónicos, digitales o cualquier plataforma de comunicación. Además, contempla restricciones para la producción, distribución y comercialización de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas, así como la prohibición del uso ilícito de fentanilo.

De forma adicional, el dictamen incorpora medidas para avanzar en la universalidad del sistema nacional de salud. Entre ellas se encuentra el intercambio de servicios entre instituciones públicas para asegurar atención oportuna, la compra consolidada de medicamentos y la ampliación del acceso a servicios de salud digital como parte de las acciones de salubridad general.