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El gobierno de México prevé sostener diversas reuniones con China a lo largo de este año para abordar temas comerciales, incluidos aranceles y condiciones de exportación, informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. El funcionario explicó que el diálogo se mantendrá de manera permanente y que uno de los encuentros más relevantes será el del grupo de alto nivel, el cual se realizará tanto en territorio chino como en México, aunque aún no hay fechas definidas.

Ebrard indicó que uno de los primeros puntos en la agenda será analizar las dificultades que enfrentan las exportaciones mexicanas hacia China, así como comparar los procesos comerciales entre ambos países. Además, señaló que México participará en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), cuya sede será China, lo que permitirá sostener múltiples conversaciones durante el año.

“Con China tenemos conversación permanentemente. Este año habrá varias reuniones, sobre todo la del grupo de alto nivel, porque corresponde llevarla a cabo”, señaló.

Las declaraciones se producen después de que el funcionario defendiera la decisión de México de imponer aranceles a productos chinos, particularmente en sectores como acero, textiles, calzado y automotriz, con el objetivo de equilibrar la competencia frente a importaciones con precios difíciles de igualar. Señaló como ejemplo que el acero chino llega al país a unos 150 dólares por tonelada.

“Pusimos aranceles para que el piso, que está muy disparejo, empiece a emparejarse. Es un derecho que México tiene. No tenemos nada contra China“, afirmó anteriormente, al asegurar que la medida se ajusta a las reglas de la Organización Mundial del Comercio.

Por otra parte, Ebrard confirmó que la Organización Mundial del Comercio reanudará en mayo, en Ginebra, el diálogo sobre la moratoria de bienes electrónicos y digitales.

Asimismo, destacó la necesidad de reducir la dependencia de importaciones en sectores como el farmacéutico y cárnico, de cara a la revisión del T-MEC, y aseguró que ya se establecieron las mesas de trabajo y la secuencia de reuniones para las próximas semanas.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó ante el Senado de la República una iniciativa de reforma legal orientada a fortalecer los derechos laborales y de seguridad social de las personas que trabajan en el campo, además de establecer mecanismos que vinculen el comercio agroalimentario con estándares ambientales y laborales verificables.

El proyecto legislativo plantea modificaciones a diversas normas federales con el objetivo de armonizar la política comercial con las políticas laboral y ambiental del Estado mexicano. Entre las leyes que se propone reformar se encuentran la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Comercio Exterior y la Ley Federal del Trabajo.

De acuerdo con el documento enviado al Senado, la iniciativa busca mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores del sector agropecuario, así como reforzar la protección de los ecosistemas forestales frente a prácticas productivas que puedan provocar la eliminación parcial o total de la cobertura vegetal en terrenos destinados a actividades agrícolas orientadas a la exportación.

El texto de la propuesta señala que la medida busca establecer una relación más directa entre el comercio exterior agroalimentario y el cumplimiento de estándares laborales y ambientales.

Entre los puntos centrales del proyecto se encuentra la ampliación de atribuciones para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dependencia que podría emitir un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social para las empresas del sector agroalimentario. Este mecanismo permitiría verificar que las actividades productivas destinadas a exportación cumplan con las normas laborales vigentes.

La iniciativa también plantea ampliar los supuestos en los que el Estado puede aplicar medidas de regulación o restricciones no arancelarias a la exportación de mercancías, conforme a lo establecido en la Ley de Comercio Exterior. Estas disposiciones permitirían intervenir cuando se detecten incumplimientos relacionados con derechos laborales o impactos ambientales vinculados con la producción agrícola.

El documento ya fue turnado por la presidencia del Senado a las comisiones correspondientes para su análisis y dictaminación, paso previo a su eventual discusión y votación en el pleno.

El proyecto incluye además un artículo transitorio que establece que la implementación de la reforma deberá realizarse con los recursos ya contemplados en el presupuesto vigente. Según el texto, las erogaciones que se generen por la entrada en vigor de la iniciativa deberán cubrirse con los presupuestos aprobados para las dependencias responsables durante el actual ejercicio fiscal, sin que se autoricen recursos adicionales para su aplicación.

La Cámara de Diputados aprobó, tras más de ocho horas de debate, una reforma a la Ley General de Salud que prohíbe en todo el país la adquisición, fabricación, venta, importación, exportación y distribución de vapeadores, cigarrillos electrónicos y dispositivos análogos. La discusión estuvo marcada por críticas de legisladores opositores, quienes señalaron que la propuesta criminaliza actividades relacionadas con estos productos. El dictamen fue avalado con 292 votos a favor y 163 en contra, y ahora será analizado por el Senado de la República.

La reforma establece penalidades que van de uno a ocho años de prisión y multas de hasta dos mil veces el valor diario de la UMA, equivalentes a 226 mil 280 pesos, para quienes incumplan las disposiciones. Uno de los puntos relevantes incorporados al documento fue la reserva presentada por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, mediante la cual se excluyen del régimen de prohibición el consumo y la posesión de vapeadores, siempre que no se destinen a fines de comercio, distribución o producción.

El texto aprobado señala que queda prohibida la adquisición con fines de comercialización, preparación, producción, mezclado, acondicionamiento, envasado, almacenamiento, transporte comercial, importación, exportación, comercio y suministro de los dispositivos mencionados, incluidos los de un solo uso. La excepción incorporada permite únicamente su posesión y consumo sin vínculo con actividades comerciales.

Durante la discusión en lo particular, la diputada Iraís Reyes, de Movimiento Ciudadano, calificó la reforma como “la más prohibicionista, autoritaria y absurda en la historia”. Al intervenir, sostuvo que el dictamen contempla “penas de hasta ocho años de cárcel… ocho años por un vapeador”, mientras utilizaba un dispositivo en tribuna. Legisladores del PAN también manifestaron su inconformidad.

Éctor Jaime Ramírez acusó a la mayoría de impulsar medidas que derivarían en encarcelamientos por portar vapeadores, acompañado de compañeros de bancada que mostraron carteles con la frase “La salud no se improvisa, se protege”. A su lado, la diputada Verónica Pérez Herrera utilizó igualmente un vapeador.

Desde el PRI, Ana Isabel González comparó las sanciones previstas con las aplicadas al narcomenudeo. Desde una zona rodeada de pancartas que señalaban “Morena quiere meter a la cárcel a los jóvenes”, afirmó que la reforma “abre la puerta a que cualquier persona que adquiera un vapeador o cigarrillo electrónico… tiene una pena entre uno y ocho años de cárcel”.

El proyecto impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum incluye también la prohibición total de publicidad y propaganda que promueva el uso de vapeadores o dispositivos análogos a través de medios impresos, televisivos, radiofónicos, digitales o cualquier plataforma de comunicación. Además, contempla restricciones para la producción, distribución y comercialización de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas, así como la prohibición del uso ilícito de fentanilo.

De forma adicional, el dictamen incorpora medidas para avanzar en la universalidad del sistema nacional de salud. Entre ellas se encuentra el intercambio de servicios entre instituciones públicas para asegurar atención oportuna, la compra consolidada de medicamentos y la ampliación del acceso a servicios de salud digital como parte de las acciones de salubridad general.

El avance del gusano barrenador del ganado encendió la alerta máxima en todo México. Lo que comenzó como un problema focalizado en la frontera sur ahora se convirtió en una amenaza nacional que llevó a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) a extender el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal a los 32 estados del país. El objetivo: contener la propagación de esta plaga que afecta directamente al sector pecuario y amenaza la exportación de animales vivos.

El anteproyecto, publicado por la Sader en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), busca reforzar las acciones del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) para evitar que el gusano barrenador continúe desplazándose hacia el norte. Este parásito, capaz de infestar heridas abiertas en animales y provocar graves daños, se ha extendido desde el sur hasta el centro del país, poniendo en riesgo regiones ganaderas que hasta ahora se mantenían libres de la plaga.

Las nuevas medidas obligan a todos los propietarios de animales a notificar de inmediato cualquier caso sospechoso de “gusanera” detectado en sus hatos. Además, para mover cualquier ejemplar —bovino, bufalino, ovino, caprino, porcino o bisonte— será obligatorio contar con un Certificado Zoosanitario de Movilización (CZM), expedido por Senasica.

Obtener este documento no será un simple trámite: el ganado deberá recibir un tratamiento con lactonas macrocíclicas entre tres y cinco días antes de la solicitud, seguido de un baño insecticida y una inspección física para confirmar que no existan larvas ni heridas activas.

Si el traslado del ganado no ocurre de inmediato, el protocolo exige repetir el tratamiento entre seis y quince días después. En caso de que pasen más de quince días, todo el proceso deberá reiniciarse desde cero. Estas medidas buscan garantizar que ningún animal infectado pueda ser movilizado dentro del territorio nacional, reduciendo así el riesgo de contagio en regiones productoras.

El acuerdo, registrado bajo el expediente 12/0076/061125, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, una vez que sea aprobado. Su aplicación busca no solo contener la plaga, sino también recuperar la confianza sanitaria de los socios comerciales, especialmente de Estados Unidos, que desde noviembre de 2024 mantiene cerrada la frontera a la importación de ganado mexicano.

Ese cierre, decretado por el Departamento de Agricultura estadounidense, frenó el comercio de más de un millón de cabezas de ganado al año y afectó a miles de productores nacionales. Con las nuevas medidas de emergencia, México intenta proteger su cabaña ganadera, restaurar su estatus sanitario y reabrir una de las rutas comerciales más importantes del sector agropecuario.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, estableció precios mínimos de exportación para el jitomate fresco de origen nacional. La medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), tiene como propósito proteger la planta productiva, mantener el equilibrio en el comercio internacional y garantizar el abasto interno, tras la finalización en julio del Acuerdo de Suspensión de la Investigación Antidumping con Estados Unidos.

El acuerdo fija precios en dólares para las distintas variedades de jitomate:

• Tomate Cherry: 1.70 dólares.
• Tomate bola: 0.95 dólares, con tallo: 1.65 dólares y en racimo: 1.70 dólares.
• Tomate Roma (saladette): 0.88 dólares.
• Tomate grape (uva): 1.70 dólares.
• Otras variedades como Cocktail, Campari, Kumato, Mini Roma, Heirloom, Pera, Medley y San Marzano: 1.70 dólares.

Este mecanismo se aplicará únicamente a exportaciones definitivas y no contempla restricciones de volumen ni precios máximos. Su función principal es dar certidumbre a las operaciones internacionales del sector. Las dependencias indicaron que los precios serán revisados anualmente o antes si el mercado lo demanda.

Manuel Antonio Cázares, presidente del Sistema Producto Tomate, informó que la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Economía continúan negociaciones con Estados Unidos. En paralelo, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó un plan de respaldo al sector que no dependa de subsidios.

El contexto de esta decisión incluye el retiro, por parte del Departamento de Comercio de Estados Unidos, del Acuerdo de 2019 que suspendía la investigación antidumping contra tomates frescos mexicanos. Desde el 14 de julio, las exportaciones hacia ese país enfrentan un arancel del 17.03%, calculado bajo el argumento de que parte de la producción mexicana se vende a precios considerados “injustos” en el mercado estadounidense.

El Departamento de Comercio señaló que esta medida está alineada con sus políticas comerciales y con la estrategia de la administración del entonces presidente Donald Trump hacia México. La ruptura del acuerdo obliga a exportadores mexicanos a adaptarse a un nuevo escenario competitivo, en el que el establecimiento de precios mínimos busca mitigar los efectos del arancel y prevenir prácticas que puedan perjudicar al sector nacional.

Las secretarías subrayaron que la acción refuerza el compromiso del Gobierno con la competitividad agrícola, la generación de empleo digno en el campo y la soberanía alimentaria. El acuerdo cuenta con el respaldo de las asociaciones de productores de jitomate que participan en el comercio con Estados Unidos.

Con estas medidas, México busca mantener su posición en uno de sus mercados agrícolas más importantes y proteger a miles de productores que dependen de la exportación de esta hortaliza.

Petróleos Mexicanos (Pemex) ha intensificado sus esfuerzos por diversificar sus mercados de exportación luego de que Estados Unidos impusiera aranceles del 25% a los productos de México y Canadá. Esta situación afecta directamente al petróleo mexicano, que tiene en el país vecino a su principal comprador. Ante este desafío, la empresa estatal ha comenzado conversaciones con compañías en Europa y Asia, destacando el interés de China, India y otras naciones en el crudo pesado de Pemex.

Según una fuente del gobierno mexicano con conocimiento de las negociaciones, existe un “apetito” en el mercado internacional por el crudo mexicano, especialmente en regiones con refinerías adaptadas para procesar este tipo de petróleo. Entre los posibles nuevos destinos destacan China, India, Corea del Sur y Japón, considerados mercados naturales para el crudo de Pemex.

Estados Unidos ha sido históricamente el destino del 80% de las exportaciones mexicanas y el principal comprador del petróleo Maya, un tipo de crudo pesado que representa el 75% de las exportaciones de Pemex. Sin embargo, la imposición de estos aranceles podría dificultar la continuidad de esta relación comercial. A pesar de la incertidumbre, fuentes dentro de la empresa han asegurado que Pemex no aplicará descuentos en su crudo para compensar los nuevos impuestos.

Las conversaciones con socios en Asia y Europa se han intensificado debido a la necesidad de redirigir el flujo de exportaciones mexicanas. Una de las fuentes consultadas señaló que, aunque Estados Unidos no ha dejado de comprar crudo mexicano, la posibilidad de una reconfiguración en los mercados es alta. A medida que los contratos vigentes con clientes estadounidenses expiren, se espera que una parte considerable del crudo mexicano sea enviada a Europa y Asia.

El panorama del petróleo en México enfrenta otros desafíos, como la caída en la producción de los yacimientos más antiguos ubicados en el Golfo de México. En 2024, las exportaciones de Pemex promediaron 806 mil barriles por día (bpd), de los cuales el 57% se destinaron a Estados Unidos. En enero, estas exportaciones cayeron un 44% en comparación con el año anterior, alcanzando 532 mil 404 bpd, el nivel más bajo en décadas. A esto se suma la preocupación por la calidad del crudo, aspecto que Pemex ha reconocido como un reto adicional.

Estados Unidos sigue dependiendo de México y Canadá como sus principales fuentes de importación de petróleo, ya que juntos representan aproximadamente una cuarta parte del suministro para las refinerías estadounidenses. No obstante, con la implementación de los aranceles, la relación comercial podría experimentar cambios significativos en el corto y mediano plazo.

A pesar de la situación actual, el gobierno mexicano mantiene una postura de tranquilidad, respaldado por las alternativas comerciales que se han explorado. La expectativa es que, conforme evolucionen las negociaciones y los mercados globales se adapten a los nuevos aranceles, Pemex pueda consolidar su presencia en otros países y reducir su dependencia de Estados Unidos.