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El proyecto de Plan General de Desarrollo (PGD) de la Ciudad de México, impulsado por la administración encabezada por Clara Brugada, enfrenta críticas de organizaciones civiles y activistas urbanos que advierten posibles impactos en la gobernanza, el medio ambiente y el ordenamiento territorial de la capital. Entre los principales señalamientos destaca la propuesta de crear “Casas de Gobierno” en cada una de las 16 alcaldías, figura que, según sus detractores, podría modificar el actual esquema de toma de decisiones comunitarias.

El PGD es el instrumento que definirá el crecimiento y la organización urbana de la Ciudad de México durante los próximos 20 años. En él se establecerán las zonas donde será posible construir, así como los mecanismos para proteger el suelo de conservación. 

Las autoridades han señalado que el plan busca transformar la capital en una metrópoli sostenible, con énfasis en vivienda, movilidad sustentable, gestión del agua y desarrollo urbano con enfoque de derechos humanos.

Sin embargo, organizaciones y ciudadanos consideran que el documento, elaborado por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP), no refleja esos objetivos. Josefina MacGregor Anciola, directora de la asociación civil Suma Urbana, afirma que la propuesta plantea cambios profundos en la gobernanza local.

De acuerdo con el proyecto, las “Casas de Gobierno” evolucionarían hacia Consejos de Gobierno Comunitario con facultades normativas, jurídicas y presupuestales. Estas instancias, según MacGregor, se encargarían de acercar servicios públicos, programas sociales y organizar consultas vecinales con decisiones vinculantes.

El activista urbano Jaziel Ibarra también cuestiona la propuesta y advierte que las decisiones podrían tomarse mediante asambleas con “asistentes coptados y coercionados en su voto” y con “decisiones dirigidas y no una voluntad genuina”. Además, señala que estas nuevas instancias funcionarían como una estructura paralela a las alcaldías.

Las críticas también apuntan a posibles efectos en el desarrollo urbano y el medio ambiente. Activistas consideran que el PGD podría permitir la regularización de construcciones levantadas sin permisos.

Asimismo, Ibarra advierte que el proyecto facilitaría la expansión de plataformas de renta de corta estancia. “El proyecto PGD viene a legalizar un proceso de turistificación ilegal de los territorios en la CDMX”, señala. Los críticos sostienen que esto podría incentivar la gentrificación y el desplazamiento de habitantes.

También alertan que el documento permitiría urbanizar áreas de conservación y zonas de recarga acuífera, lo que pondría en riesgo la sustentabilidad hídrica. A esto se suma la preocupación por el crecimiento urbano sin infraestructura suficiente, lo que podría saturar vialidades y transporte público.

El proyecto permanece en consulta pública hasta el 10 de abril. Tras este proceso, el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva integrará el documento final que será enviado al Congreso de la Ciudad de México, donde será analizado y eventualmente votado por el pleno.

Durante una gira de trabajo por Baja California, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas de San Quintín, un conjunto de acciones orientadas a mejorar las condiciones de vida, laborales y de acceso a servicios públicos en una de las principales zonas agrícolas del país. En el acto estuvo acompañada por la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila, a quien la mandataria expresó públicamente su respaldo.

En su mensaje, Sheinbaum informó que el hospital de la región será transformado en un hospital general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cual contará con diversas especialidades médicas. Detalló que la construcción y adecuación del nuevo hospital estarán a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, como parte de los proyectos de infraestructura del gobierno federal.

En materia educativa, la presidenta señaló que se realizará la rehabilitación de las escuelas primarias existentes en la zona y anunció la edificación de dos nuevas preparatorias, con el objetivo de ampliar la cobertura educativa para niñas, niños y jóvenes de las comunidades agrícolas. A estas acciones se suma la apertura de dos Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), denominación que el gobierno federal utiliza para referirse a estos espacios, en sustitución de los términos estancias infantiles o guarderías.

Como parte del fortalecimiento de la presencia institucional, Sheinbaum anunció la instalación de un centro integrador del gobierno federal en el predio conocido como Las Escobas, en San Quintín. Este espacio concentrará la realización de trámites federales, con el fin de facilitar el acceso de la población a los servicios públicos sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.

En el ámbito laboral y de seguridad social, la mandataria indicó que durante este año se entregará un certificado dirigido a productores agrícolas, principalmente de tomate, fresa, berries y pepino que destinan su producción a la exportación. Este documento acreditará que todos sus trabajadores cuentan con seguridad social, como parte de los compromisos del plan de justicia.

En cuanto a vivienda, Sheinbaum anunció la construcción de 600 casas nuevas a precios accesibles para los trabajadores de la región. Además, informó que se habilitarán opciones de vivienda en renta, también con costos accesibles, destinadas a jornaleros temporales que se desplazan a San Quintín durante las temporadas de cosecha.

La presidenta concluyó su intervención al comprometerse a regresar a San Quintín en un plazo de seis meses, con el objetivo de supervisar y garantizar el cumplimiento de cada una de las acciones anunciadas dentro de este plan integral.

La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de la Ley Federal de Derechos, impulsado por la mayoría de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), con 355 votos a favor, 132 en contra y dos abstenciones. La reforma busca ajustar cuotas y tarifas para reflejar el costo real de los servicios públicos, así como modernizar y simplificar trámites en diversos sectores gubernamentales.

Al presentar el dictamen en tribuna, la diputada de Morena Marcela Michel López, integrante de la Comisión de Hacienda, señaló que la propuesta “moderniza servicios y simplifica trámites en distintos sectores”, además de actualizar y armonizar la Ley Federal de Derechos con las reformas recientes “garantizando la coherencia normativa”.

Michel López explicó que la nueva legislación contempla ajustes a las cuotas migratorias para visitantes sin permiso de trabajo, residentes temporales y permanentes, e incluye un descuento del 50% en casos humanitarios, como reunificación familiar, ofertas laborales o invitaciones de carácter cultural. También destacó revisiones en las tarifas de servicios sanitarios, aeronáuticos, fitosanitarios y zoosanitarios, ajustadas por factores económicos o en términos inflacionarios.

La legisladora subrayó que los nuevos cobros no afectarán directamente a la población con menores recursos, y mencionó ejemplos como los pagos por autorizaciones para embarcaciones turísticas de altura, servicios migratorios extraordinarios en vuelos no regulares o permisos para aeronaves privadas sin fines de lucro. En contraste, aclaró que seguirán exentas las aeronaves destinadas a protección civil y ambulancias aéreas.

Otro punto relevante de la reforma es la adecuación de los derechos por el uso del espectro radioeléctrico, con el objetivo de ampliar la cobertura de telecomunicaciones y radiodifusión en comunidades que aún carecen de estos servicios.

Durante la discusión, la oposición expresó su rechazo al dictamen. La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Noemí Luna Ayala, acusó al gobierno de Morena de contradecir su lema de “primero los pobres”. “Lo que propone este gobierno para el 2026 es sencillo de resumir: que todos paguen más, pero que los beneficios sigan sin llegar”, afirmó. Señaló que el proyecto incrementa hasta 100% las cuotas en trámites migratorios, 16% en servicios financieros y eleva costos en sanidad, aviación, telecomunicaciones y agua, sin garantizar beneficios a las comunidades más vulnerables.

Desde Movimiento Ciudadano (MC), el diputado Eduardo Gaona Domínguez advirtió que los nuevos cobros afectarán a empresas de telecomunicaciones y negocios generadores de empleo, calificándolo como “una estocada en los bolsillos de todos los mexicanos”. Añadió que la iniciativa elimina exenciones en el cobro del agua, lo que podría impactar en zonas rurales y de bajos recursos.

Por su parte, la diputada morenista Claudia Rivera resaltó que la reforma mantiene exenciones para las PyMES que busquen inscripción simplificada en el Registro Nacional de Valores, con el fin de facilitar su acceso al financiamiento y fomentar el desarrollo económico local. 

También precisó que parte de los recursos recaudados se destinarán a fortalecer al Servicio de Administración Tributaria (SAT) mediante tecnología de vigilancia, marbetes y precintos, “principalmente para combatir la falsificación, la evasión y el comercio ilegal”.

Tras su aprobación en lo general, la Ley Federal de Derechos pasó a la discusión en lo particular, donde los legisladores continuaron el análisis de artículos específicos y reservas presentadas por las distintas fracciones parlamentarias.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la realización de un censo nacional de damnificados en los cinco estados más afectados por las intensas lluvias que han azotado al país en los últimos días. La medida busca apoyar directamente a las familias que han sufrido pérdidas humanas y materiales en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

Durante su mensaje, Sheinbaum informó que este conteo iniciará una vez que concluya la etapa de emergencia y que la prioridad inmediata de su gobierno es garantizar la seguridad y atención de la población afectada. “Una vez que se atienda la emergencia, iniciarán los censos para el apoyo a la población, a nadie dejaremos desamparado; atendemos a las familias que perdieron a un ser querido”, señaló.

La presidenta adelantó que este viernes sostendrá una reunión virtual con integrantes del Consejo Nacional de Protección Civil para evaluar los avances en la atención de las comunidades impactadas por las lluvias. En la sesión participarán autoridades federales y estatales con el objetivo de coordinar las acciones de rescate, asistencia médica y reconstrucción.

Sheinbaum aseguró que su administración no solo se concentrará en atender los daños actuales, sino también en fortalecer medidas preventivas ante la tormenta tropical “Raymond”, que se desarrolla en el Pacífico y podría intensificar las condiciones meteorológicas en el país durante los próximos días.

Las lluvias torrenciales han provocado severas afectaciones en infraestructura, viviendas y servicios públicos en las cinco entidades. Hasta el momento, las autoridades reportan al menos 37 personas fallecidas a consecuencia de los deslaves, inundaciones y derrumbes provocados por las precipitaciones, aunque el número podría aumentar conforme avancen las labores de rescate y localización.

En los estados más afectados, se han habilitado albergues temporales que ofrecen atención médica, alimentación y refugio seguro para quienes perdieron sus hogares o se encuentran en zonas de riesgo. Los gobiernos locales, con apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, continúan desplegando operativos de apoyo en comunidades incomunicadas y zonas rurales.

Veracruz se mantiene como una de las entidades con mayores daños estructurales, particularmente en el municipio de Poza Rica, donde las inundaciones arrasaron viviendas, escuelas y vialidades. Sin embargo, el mayor número de víctimas mortales se concentra en Hidalgo, que ha confirmado 22 fallecimientos y múltiples afectaciones en su red carretera y servicios básicos.

En Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, las lluvias han dejado cientos de familias desplazadas, cortes de energía eléctrica y daños en caminos rurales, lo que ha dificultado la llegada de ayuda humanitaria.

El gobierno federal trabaja en conjunto con las autoridades estatales para estabilizar la situación y preparar el inicio del censo, que permitirá cuantificar los daños, identificar a los damnificados y canalizar los apoyos económicos y materiales de manera directa en cada una de las zonas afectadas.

Un cambio significativo en los documentos oficiales de identificación se aproxima en México. La presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado, Margarita Valdéz, confirmó que la credencial para votar emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE) dejará de ser válida como identificación oficial para trámites cotidianos como operaciones bancarias, visitas a museos, accesos a bibliotecas, atención en hospitales y otros servicios públicos o privados. En su lugar, la Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos se convertirá en el documento oficial de identificación nacional.

Este cambio se da como parte de una reforma reciente a la Ley General de Población, impulsada por la mayoría de Morena en el Congreso de la Unión. La nueva disposición establece que la CURP incluirá huellas dactilares y fotografía, lo que la transforma en un documento de aceptación universal y uso obligatorio en todo el país.

En medio de dudas expresadas por algunos consejeros del INE respecto a esta decisión, la senadora Margarita Valdéz aseguró que no existe tal confusión. Explicó que la credencial del INE fue creada exclusivamente para votar, no para identificarse ante instituciones. Una vez que el gobierno federal complete la recolección de datos biométricos de la población, incluyendo menores de edad, la CURP pasará a ser el documento que identifique oficialmente a los mexicanos.

“La INE no es un documento para identificarnos, la INE el origen es para ir a votar, nada más”, declaró la legisladora. “La CURP, en cuanto esté ya lista, para que la gente entienda, es la que nos va a identificar, la firma, los datos biométricos se nos van a pedir como identificación”.

Valdéz subrayó que la transición tomará tiempo, ya que la ciudadanía está acostumbrada a usar la credencial del INE como identificación principal, debido a que hasta ahora contenía firma, fotografía y huella digital, lo que la hacía más completa que otros documentos. Sin embargo, insistió en que este hábito debe cambiar.

En cuanto a la posibilidad de que el gobierno federal solicite al INE el padrón electoral para cotejar información con el nuevo registro de CURP biométrica, la senadora no descartó la opción. Señaló que podría realizarse un cruce de datos para estudios o validaciones específicas.

Este proceso marca una nueva etapa en la digitalización e identificación nacional, con un sistema centralizado basado en datos biométricos. Con la CURP biométrica, se busca unificar los registros de identidad bajo un solo documento con validez total en el país.

Toluca da un paso firme hacia la modernización digital con el lanzamiento de una herramienta innovadora diseñada para mejorar la vida cotidiana de sus habitantes. A partir del 30 de abril, los ciudadanos ya pueden acceder a la aplicación “Toluca en tus manos”, una plataforma creada para fortalecer la seguridad, optimizar servicios públicos y conectar a la población con su gobierno de manera ágil y eficiente.

Presentada durante el evento “La Toluqueña”, el presidente municipal Ricardo Moreno Bastida anunció esta app como una respuesta directa a la demanda ciudadana en materia de atención inmediata y comunicación efectiva. Disponible de forma gratuita para dispositivos iOS, Android y equipos de cómputo, la aplicación promete convertirse en una aliada indispensable para la comunidad toluqueña.

“Toluca en tus manos” destaca por integrar alertas de seguridad, incluidas las de género, permitiendo dar atención prioritaria a reportes sensibles. La plataforma también facilita el registro y seguimiento de trámites y reportes de servicios públicos como alumbrado, baches y otros, todo sin necesidad de acudir físicamente a las oficinas del Ayuntamiento.

Además de atender temas operativos, la aplicación funciona como un centro informativo. Desde el celular, la tableta o la computadora, se puede acceder a las actividades culturales, noticias municipales y actualizaciones del gobierno, promoviendo así una relación más cercana entre el Ayuntamiento y la ciudadanía.

Durante su intervención, el alcalde Ricardo Moreno subrayó la importancia de esta herramienta digital. Explicó que su implementación elimina barreras físicas y reduce tiempos de atención, haciendo de la digitalización un pilar clave para la administración local. También destacó que, a pesar de que las aplicaciones comenzaron a aparecer hace dos décadas, es la primera vez que un gobierno municipal en la capital del Estado de México desarrolla una herramienta propia de esta magnitud.

“La app simboliza un gobierno cercano, accesible y eficiente, lo que nos coloca como una ciudad moderna”,puntualizó Moreno Bastida. Aseguró que esta plataforma representa una transformación significativa en la forma en que los ciudadanos interactúan con sus autoridades, llevando literalmente al gobierno a la palma de la mano.

Diseñada para ser intuitiva y fácil de usar, “Toluca en tus manos” invita especialmente a los jóvenes a integrarse a esta dinámica digital. Con esta apuesta, Toluca se posiciona como un referente de innovación urbana en el país, apostando por la tecnología como un vehículo para una gestión pública más transparente y eficaz.

Carlos Beltrán Olmeda, Oficial Mayor del XV Ayuntamiento de Los Cabos, anunció que en 2025 se destinarán más recursos y acciones para optimizar los servicios públicos en San José del Cabo y Cabo San Lucas. Estas mejoras se implementarán en estrecha coordinación con la delegada municipal, Karina de la O. 

Entre las principales iniciativas destacan el mantenimiento y limpieza de calles y avenidas, una recolección de residuos sólidos urbanos más eficiente y un refuerzo en la seguridad pública. Estas acciones buscan atender de manera efectiva las necesidades más urgentes de la ciudadanía y mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Además, se resalta el interés de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en impulsar medidas de beneficio social para las familias de Los Cabos. Un ejemplo de ello es el arranque del Plan Nacional de Vivienda en la región, una iniciativa clave dentro del segundo piso de la Cuarta Transformación. Este plan tiene como objetivo reducir la brecha entre el desarrollo turístico y el desarrollo social, un aspecto que Beltrán Olmeda considera esencial para el bienestar de la población.

Con estas acciones, se busca fortalecer la infraestructura y los servicios en Cabo San Lucas, promoviendo un crecimiento más equitativo y sostenible para sus habitantes.