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La Cámara de Diputados aprobó, tras más de ocho horas de debate, una reforma a la Ley General de Salud que prohíbe en todo el país la adquisición, fabricación, venta, importación, exportación y distribución de vapeadores, cigarrillos electrónicos y dispositivos análogos. La discusión estuvo marcada por críticas de legisladores opositores, quienes señalaron que la propuesta criminaliza actividades relacionadas con estos productos. El dictamen fue avalado con 292 votos a favor y 163 en contra, y ahora será analizado por el Senado de la República.

La reforma establece penalidades que van de uno a ocho años de prisión y multas de hasta dos mil veces el valor diario de la UMA, equivalentes a 226 mil 280 pesos, para quienes incumplan las disposiciones. Uno de los puntos relevantes incorporados al documento fue la reserva presentada por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, mediante la cual se excluyen del régimen de prohibición el consumo y la posesión de vapeadores, siempre que no se destinen a fines de comercio, distribución o producción.

El texto aprobado señala que queda prohibida la adquisición con fines de comercialización, preparación, producción, mezclado, acondicionamiento, envasado, almacenamiento, transporte comercial, importación, exportación, comercio y suministro de los dispositivos mencionados, incluidos los de un solo uso. La excepción incorporada permite únicamente su posesión y consumo sin vínculo con actividades comerciales.

Durante la discusión en lo particular, la diputada Iraís Reyes, de Movimiento Ciudadano, calificó la reforma como “la más prohibicionista, autoritaria y absurda en la historia”. Al intervenir, sostuvo que el dictamen contempla “penas de hasta ocho años de cárcel… ocho años por un vapeador”, mientras utilizaba un dispositivo en tribuna. Legisladores del PAN también manifestaron su inconformidad.

Éctor Jaime Ramírez acusó a la mayoría de impulsar medidas que derivarían en encarcelamientos por portar vapeadores, acompañado de compañeros de bancada que mostraron carteles con la frase “La salud no se improvisa, se protege”. A su lado, la diputada Verónica Pérez Herrera utilizó igualmente un vapeador.

Desde el PRI, Ana Isabel González comparó las sanciones previstas con las aplicadas al narcomenudeo. Desde una zona rodeada de pancartas que señalaban “Morena quiere meter a la cárcel a los jóvenes”, afirmó que la reforma “abre la puerta a que cualquier persona que adquiera un vapeador o cigarrillo electrónico… tiene una pena entre uno y ocho años de cárcel”.

El proyecto impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum incluye también la prohibición total de publicidad y propaganda que promueva el uso de vapeadores o dispositivos análogos a través de medios impresos, televisivos, radiofónicos, digitales o cualquier plataforma de comunicación. Además, contempla restricciones para la producción, distribución y comercialización de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas, así como la prohibición del uso ilícito de fentanilo.

De forma adicional, el dictamen incorpora medidas para avanzar en la universalidad del sistema nacional de salud. Entre ellas se encuentra el intercambio de servicios entre instituciones públicas para asegurar atención oportuna, la compra consolidada de medicamentos y la ampliación del acceso a servicios de salud digital como parte de las acciones de salubridad general.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo a tres líderes sindicales como parte de la “Operación Caudal”, el despliegue estatal con el que autoridades buscan frenar la extracción, distribución y comercialización ilegal de agua en la entidad. 

Entre los detenidos se encuentra Mario “N”, identificado también como Juan “N”, señalado como un objetivo prioritario dentro del operativo. De acuerdo con la fiscalía, fue ubicado como líder de la Federación Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Asalariados de México (FITTAM) y vocero de Sindicatos Unidos por la Transformación de México (SUTMEX).

La institución informó que al detenido se le encontraron armas de fuego y cartuchos útiles, además de que es investigado por su presunta participación en delitos de extorsión. Las autoridades sostienen que su intervención en la cadena ilícita del agua se realizaba presuntamente mediante el acaparamiento y distribución en municipios como Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, utilizando pipas operadas por integrantes de sus organizaciones. 

Según la FGJEM, en “grado de probabilidad” también habría cometido agresiones y robos contra conductores de pipas ajenas a sus grupos, y obligado a dueños de purificadoras a contratar servicios con operadores afines.

La operación “Caudal” arrancó el 24 de octubre con acciones simultáneas en 48 municipios para desarticular redes dedicadas al llamado “aguachicol”. Durante esta primera fase, la fiscalía aseguró más de 160 puntos vinculados con la extracción y sobreexplotación del agua, además de confiscar 250 pipas relacionadas con el suministro clandestino.

En el mismo operativo fueron detenidos Juan “N” y Guillermo “N”, también identificados por las autoridades como líderes sindicales vinculados al manejo ilegal del agua. En el caso de Guillermo “N”, la FGJEM lo señala como integrante relevante del grupo “Sindicato 22 de Octubre”, una organización vinculada con presuntos delitos como homicidio, secuestro, extorsión, despojo de propiedades, robo con violencia, robo a transporte de carga, disparo de arma de fuego y narcomenudeo en municipios como Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca y Chicoloapan.

Las detenciones se suman a la captura previa de Christian Jesús “N”, alias “Gimy” o “Jimmy”, Sexto Regidor de Chalco y señalado como líder del mismo “Sindicato 22 de Octubre”. Tanto esta organización como FITTAM y SUTMEX participaron en manifestaciones y bloqueos registrados el 27 de octubre en contra de la “Operación Caudal”, un despliegue que continúa activo mientras autoridades estatales buscan desarticular por completo la cadena ilícita de abasto y cobro de agua en el Estado de México.

El aeródromo Juan Guillermo Villasana, en Pachuca, Hidalgo, se convirtió en el principal centro de acopio y distribución de ayuda humanitaria tras las intensas lluvias que azotaron la región la semana pasada. Desde este punto estratégico, el Ejército Mexicano organiza el envío de alimentos, medicinas y herramientas hacia las comunidades más afectadas, bajo la supervisión directa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El más reciente informe del gobierno federal sobre las afectaciones en Hidalgo reporta 22 personas fallecidas y 20 más no localizadas. Las víctimas se registraron en los municipios de Acaxochitlán, Agua Blanca de Iturbide, Huautla, Jacla, San Bartolo Tutotepec, Tenango de Doria, Tepeco, Tepehuacán de Guerrero, Tianguistengo, Xochiatopa y Zacualtipán de Ángeles, donde las lluvias y deslaves provocaron severos daños a viviendas, caminos y servicios básicos.

Sheinbaum realizó este sábado un recorrido por el aeródromo, donde constató la organización y los avances de los trabajos de apoyo implementados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Coordinación Nacional de Protección Civil. La presidenta destacó la importancia de mantener la distribución constante de insumos y el restablecimiento de caminos para facilitar la llegada de más ayuda a las zonas incomunicadas.

Como parte de su visita, la mandataria se trasladará en helicóptero hacia el municipio de Huehuetla, uno de los más afectados por el desbordamiento del río Pantepec. En esta localidad, ubicada a más de 150 kilómetros al norte de Pachuca, se reportan más de 300 viviendas y dos escuelas dañadas, además de calles cubiertas de lodo y bienes arrastrados por las corrientes de agua que irrumpieron en casas y comercios.

La presidenta también tiene programado un recorrido por Tianguistengo, municipio de la región serrana que resultó con afectaciones severas. En estas comunidades, el gobierno federal mantiene operativos para evaluar los daños y garantizar la atención inmediata a las familias damnificadas.

Durante su visita a Hidalgo, Sheinbaum estuvo acompañada por el gobernador Julio Menchaca, con quien recorrió diversas zonas afectadas y dialogó con pobladores. “Junto a la presidenta Sheinbaum damos seguimiento al monitoreo y evaluación de las acciones implementadas en los municipios afectados en atención a las familias”, expresó el mandatario estatal en redes sociales, mensaje que acompañó con imágenes donde se observa a la presidenta con un megáfono en mano, rodeada de habitantes y personal de la Marina.

Previo a su llegada a Hidalgo, la presidenta visitó Tamaulipas, donde inspeccionó los niveles del río Pánuco y coordinó las acciones preventivas en las zonas ribereñas. Como parte de su agenda de supervisión, Sheinbaum continuará este domingo 19 de octubre en la Sierra Norte de Puebla, de acuerdo con el gobernador Alejandro Armenta, en lo que será su sexto día consecutivo recorriendo comunidades afectadas por las lluvias en distintas regiones del país.

Con el aeródromo de Pachuca como base de operaciones y el despliegue permanente de fuerzas federales, el gobierno federal mantiene activos los esfuerzos para acelerar la entrega de ayuda y la recuperación de las zonas dañadas por las intensas precipitaciones.

El Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen que marca un cambio significativo en la política de salud local: la prohibición de la venta y uso de cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos en la capital. La medida se enmarca en una estrategia más amplia que también sanciona la producción y distribución de sustancias tóxicas, precursores químicos y el uso ilícito del fentanilo y otras drogas sintéticas no autorizadas.

El proyecto, avalado por mayoría, modifica los artículos 9, “Ciudad Solidaria”, y 10, “Ciudad Productiva”, de la Constitución Política de la Ciudad de México. En el dictamen se establece con claridad: “La ley de la materia y demás aplicables, sancionarán toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos que señale la ley”.

Durante la discusión en el Congreso capitalino, el diputado de Morena, Alberto Vanegas Arenas, explicó que la iniciativa busca fortalecer el derecho humano a la salud. Argumentó que los cigarrillos electrónicos y los vapeadores no representan una alternativa segura, especialmente porque los principales consumidores en el país son adolescentes. “Llegan a fumar casi el doble que un consumidor adulto”, aseguró el legislador.

Desde otra perspectiva, la diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Urriza Arellano, propuso que en lugar de prohibir se regulara el mercado de vapeadores. Afirmó que con controles de calidad estrictos, el Estado podría obtener beneficios económicos. “El mercado de vapeadores podría llegar a significar siete mil millones de pesos anuales en impuestos”, destacó.

El debate también contó con la postura del diputado del Partido del Trabajo (PT), Ernesto Villarreal Cantú, quien respaldó la prohibición señalando que estos dispositivos no contribuyen a disminuir el consumo de tabaco. “Generan la adicción a sustancias más nocivas”, dijo. Además, citó estudios que revelan que casi un millón de adolescentes de entre 12 y 17 años han utilizado vapeadores, lo que evidencia un riesgo de salud pública que requiere medidas urgentes.

La aprobación del dictamen se suma a los esfuerzos del gobierno capitalino por establecer políticas más estrictas contra el consumo de productos nocivos y sustancias ilícitas. El enfoque no se limita al ámbito del tabaquismo, sino que refuerza la lucha contra drogas sintéticas como el fentanilo, considerado una de las amenazas más graves para la salud en el país y en el continente.

Con esta decisión, la Ciudad de México se coloca a la vanguardia de las restricciones sobre vapeadores en Latinoamérica. La medida abre el camino a nuevos retos en materia de aplicación y fiscalización, así como a un debate nacional que podría extenderse en los próximos meses.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el abasto de medicamentos se regularizará a partir de julio de este año. La declaración se realizó durante un evento público en Campeche, donde explicó que la compra nacional de medicamentos concluyó el pasado domingo y que la distribución ya comenzó en distintas regiones del país.

“En julio estaremos esperando que ya se normalice todo el abasto de medicamentos”, afirmó ante simpatizantes reunidos para conocer avances de los programas del Bienestar. La mandataria reconoció complicaciones iniciales en el proceso de adquisición: “Tuvimos un problema con la primera licitación de medicamentos, que hubo algunos que se quisieron pasar de vivos”.

El mensaje se suma a una serie de anuncios realizados desde octubre de 2024, cuando aún era presidenta electa. En esa fecha, Sheinbaum comunicó que la mega farmacia de Huehuetoca, Estado de México, seguiría operando con nuevas tecnologías. Más tarde, el 31 de octubre, presentó un nuevo mecanismo para compras de medicamentos.

El 26 de noviembre se anunció que las entregas urgentes llegarían en diciembre. En diciembre 13, se informó que el IMSS estaba trabajando en garantizar el suministro. Dos semanas después, el 30 de diciembre, se proyectó la construcción de farmacias junto a los bancos del Bienestar, con inicio previsto para mediados de 2025.

El 15 de enero se declaró que México regresaría al modelo de compras consolidadas. En marzo, Sheinbaum indicó que comenzaría la distribución correspondiente al periodo 2025–2026. En abril, mencionó que se fortalecería a la industria farmacéutica nacional, y el 27 de mayo informó que las Farmacias del Bienestar empezarían su instalación en 5 mil localidades en agosto. El 3 de junio se reportó una subasta de medicamentos con ahorros significativos y entregas próximas.

Durante el acto en Campeche, la presidenta también adelantó que el hospital IMSS-Bienestar en El Carmen estará completamente listo el 30 de octubre. “Tiene que estar el tomógrafo, la remodelación de urgencias, los 3 quirófanos funcionando, los elevadores funcionando; hay los recursos”, afirmó.

En su discurso, Sheinbaum también respondió a críticas sobre la situación del IMSS-Bienestar. “Ya que hagan yoga para que se tranquilicen un poco. Bueno, todos ellos, ahí están en las redes sociales, critique y critique”, declaró. La reacción del público fue de aplausos y risas.

El programa IMSS-Bienestar está implementado en 23 estados y ha implicado la transferencia de 576 hospitales y 10,501 centros de salud. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entre 2021 y 2024 se acumularon 18,153 quejas dirigidas al IMSS, muchas relacionadas con desabasto de medicamentos, deficiencias en atención médica, problemas de infraestructura, integración irregular de expedientes clínicos y casos de presunta negligencia.

El Senado de la República aprobó una reforma constitucional para reforzar la soberanía nacional y evitar cualquier tipo de intervención extranjera en los asuntos internos del país. La iniciativa, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue aprobada en lo general y particular con 100 votos a favor y 17 en contra. Ahora, el dictamen será enviado a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo. 

Las modificaciones aprobadas impactan dos artículos clave de la Constitución:

•           Artículo 19: Se establece que cualquier persona, nacional o extranjera, que participe en la fabricación, distribución o tráfico ilegal de armas dentro del territorio mexicano enfrentará la pena más severa posible y prisión preventiva oficiosa.
•           Artículo 40: Se refuerza el principio de no intervención, declarando que México no aceptará injerencias extranjeras en asuntos como elecciones, golpes de Estado o violaciones a su territorio, ya sea por tierra, mar, aire o espacio.
  

La sesión estuvo marcada por un intenso debate entre legisladores de diferentes partidos. Durante la discusión se presentaron confrontaciones verbales, carteles y llamados al orden, además de que se realizaron tres recesos.

El senador Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, destacó que esta reforma es un mensaje claro al mundo de que México es un país fuerte e independiente. Señaló que con este cambio se prohíbe cualquier tipo de intervención extranjera, dejando claro que México no está subordinado a ninguna potencia.

Por su parte, Enrique Inzunza Cázares, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, afirmó que la reforma es una defensa clara de la soberanía nacional, asegurando que ningún gobierno extranjero podrá condicionar las decisiones de México.

Sin embargo, algunos legisladores de oposición cuestionaron la necesidad de la reforma. La senadora Carolina Viggiano, del PRI, argumentó que la iniciativa podría generar conflictos diplomáticos, ya que la soberanía ya está protegida en la Constitución.

La panista Guadalupe Murguía consideró que se trata de una medida política y simbólica, mientras que Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, advirtió que la soberanía debe garantizarse con acciones concretas y no solo con reformas legales.

A pesar de las críticas, la mayoría en el Senado respaldó la iniciativa, argumentando que responde a la amenaza de una posible intervención extranjera, en particular por parte de Estados Unidos, tras la designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

Ahora, la reforma deberá ser analizada por la Cámara de Diputados antes de su posible incorporación definitiva a la Constitución.

El exfiscal de Nayarit, Édgar Veytia, también conocido como “El Diablo”, ya no se encuentra bajo custodia federal en Estados Unidos, según el registro de la Oficina Federal de Prisiones. De acuerdo con la información oficial, Veytia estaba recluido en la prisión de Ashland, en Kentucky, y dejó de estar bajo custodia el pasado 10 de febrero.

Veytia había sido sentenciado en 2019 por su participación en una conspiración internacional de fabricación y distribución de heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana. 

Originalmente, su condena era de 20 años, pero en abril de 2024, una jueza redujo su sentencia a 10 años, estableciendo su liberación para 2027. Sin embargo, esta pena se acortó nuevamente, y según registros consultados a finales de 2023, su liberación estaba programada para octubre de 2024. Ahora, ha salido de custodia antes de lo previsto.

El exfiscal fue detenido en marzo de 2017 y, tras dos años en proceso judicial, fue declarado culpable el 26 de febrero de 2019. Durante su estancia en prisión, Veytia se convirtió en uno de los testigos clave en el juicio estadounidense contra Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública durante la administración de Felipe Calderón y también fue declarado culpable de narcotráfico.

La salida de custodia de Veytia ha generado interrogantes sobre las razones detrás de su liberación anticipada. Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han dado declaraciones sobre los motivos exactos de su excarcelación antes de la fecha programada. Su caso sigue siendo de interés debido a su vinculación con altos funcionarios y el impacto de su testimonio en procesos judiciales clave contra el crimen organizado.

Se espera que en los próximos días se brinden más detalles sobre su situación legal y su posible regreso a México, donde también enfrenta señalamientos por sus actividades durante su gestión como fiscal de Nayarit.