En un giro sorprendente, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, titular de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, ha solicitado una licencia de seis meses sin goce de sueldo “para atender asuntos de carácter personal y familiar”, según un comunicado oficial. Este inesperado paso genera interrogantes sobre las repercusiones que podría tener en medio de la crisis de violencia que enfrenta el estado.
La solicitud de licencia, presentada ante el Congreso del estado, se fundamenta en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero y la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.
Valdovinos asumió la responsabilidad como fiscal general el 28 de diciembre de 2021, tras competir con otros 44 aspirantes al puesto. Durante su ausencia, el Dr. Zipacná Jesús Torres Ojeda, actual vicefiscal de Investigación, asumirá el cargo de manera temporal. La fiscal asegura que, una vez que desaparezcan las razones de su solicitud, retomará sus funciones.
Este paso se produce en un contexto crítico para Guerrero, marcado por una ola de violencia que ha paralizado ciudades clave como Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo y Taxco, debido a amenazas del crimen organizado a transportistas. La renuncia de Evelio Méndez Gómez a la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero el 25 de enero, seguida por la designación de Rolando Solano Rivera, también agrega complejidad a la situación de seguridad en el estado.
La gobernadora Evelyn Salgado Pineda instó recientemente a la Fiscalía a investigar los actos violentos contra transportistas que han ocurrido desde el 4 de febrero. La solicitud de licencia de Valdovinos Salmerón se produce en respuesta a este llamado, así como en medio de un aumento de la violencia, reportes de desapariciones, asesinatos a transportistas, incendios provocados y atentados contra aspirantes políticos.
La crisis alcanzó su punto álgido con el asesinato de Omar Reina Abarca, líder transportista de la Organización de Taxistas Real de Oro, el pasado martes en Chilpancingo. Este acto violento ha afectado directamente al servicio de transporte público en la capital, que se detuvo desde el 5 de enero tras el asesinato de cuatro conductores en diferentes eventos.
El gobierno había anunciado un avance del 90% en la reanudación del servicio de transporte público el pasado lunes, buscando recuperar la normalidad en las actividades afectadas. Sin embargo, el reciente asesinato ha generado nuevas dudas sobre la seguridad en la región.
La ciudadanía y expertos en seguridad esperan respuestas claras y medidas contundentes por parte de las autoridades para restablecer la paz y la normalidad en Guerrero, ante la incertidumbre que rodea la solicitud de licencia de Sandra Luz Valdovinos Salmerón.
