Vecinos acusan alza de hasta 300% en predial tras cambios urbanos

El reordenamiento urbano promovido por el gobierno de la Ciudad de México comenzó a generar efectos directos en colonias del sur de la capital, donde habitantes denuncian aumentos en impuestos, reclasificación de zonas y presión inmobiliaria tras modificaciones administrativas vinculadas al nuevo modelo de desarrollo urbano impulsado por la administración de Clara Brugada.

En Olivar de los Padres, residentes reportaron que sus viviendas fueron incorporadas administrativamente a la zona de Lomas de San Ángel Inn mediante cambios de código postal realizados sin previo aviso. La modificación provocó incrementos de hasta 300 por ciento en el cobro del impuesto predial, afectando la economía de diversas familias.

De manera paralela, vecinos señalaron un aumento en el interés de desarrolladoras inmobiliarias por adquirir predios en la zona para promover nuevos complejos residenciales y corporativos.

La inquietud se extendió a otras colonias tras la revisión del Plan General de Desarrollo presentada por el gobierno capitalino. 

Organizaciones ciudadanas advirtieron que el proyecto plantea una nueva estructura para tomar decisiones urbanas mediante “Casas de Gobierno” y futuros “Consejos de Gobierno Comunitario”, organismos que serían coordinados desde la administración central y no desde las alcaldías.

Habitantes y colectivos consideran que este esquema podría reducir la capacidad de decisión de los ciudadanos sobre cambios de uso de suelo, autorización de obras y desarrollo de proyectos inmobiliarios dentro de sus colonias.

Aunque el plan incluye conceptos como “densificación estratégica”, “revitalización integral” y “vivienda asequible”, residentes de San Ángel, San Ángel Inn, San Ángel Tlacopac y Olivar de los Padres sostienen que estas figuras podrían facilitar la regularización de construcciones irregulares y acelerar procesos de especulación inmobiliaria en distintas zonas habitacionales de la capital.

Las inconformidades vecinales surgieron luego de detectar cambios administrativos y fiscales relacionados con el nuevo planteamiento urbano, mientras organizaciones mantienen alertas sobre el impacto que las modificaciones podrían tener en futuras decisiones territoriales dentro de las alcaldías.

Cuestionan Plan de Desarrollo de la CDMX por posible centralización del poder y riesgos ambientales

El proyecto de Plan General de Desarrollo (PGD) de la Ciudad de México, impulsado por la administración encabezada por Clara Brugada, enfrenta críticas de organizaciones civiles y activistas urbanos que advierten posibles impactos en la gobernanza, el medio ambiente y el ordenamiento territorial de la capital. Entre los principales señalamientos destaca la propuesta de crear “Casas de Gobierno” en cada una de las 16 alcaldías, figura que, según sus detractores, podría modificar el actual esquema de toma de decisiones comunitarias.

El PGD es el instrumento que definirá el crecimiento y la organización urbana de la Ciudad de México durante los próximos 20 años. En él se establecerán las zonas donde será posible construir, así como los mecanismos para proteger el suelo de conservación. 

Las autoridades han señalado que el plan busca transformar la capital en una metrópoli sostenible, con énfasis en vivienda, movilidad sustentable, gestión del agua y desarrollo urbano con enfoque de derechos humanos.

Sin embargo, organizaciones y ciudadanos consideran que el documento, elaborado por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP), no refleja esos objetivos. Josefina MacGregor Anciola, directora de la asociación civil Suma Urbana, afirma que la propuesta plantea cambios profundos en la gobernanza local.

De acuerdo con el proyecto, las “Casas de Gobierno” evolucionarían hacia Consejos de Gobierno Comunitario con facultades normativas, jurídicas y presupuestales. Estas instancias, según MacGregor, se encargarían de acercar servicios públicos, programas sociales y organizar consultas vecinales con decisiones vinculantes.

El activista urbano Jaziel Ibarra también cuestiona la propuesta y advierte que las decisiones podrían tomarse mediante asambleas con “asistentes coptados y coercionados en su voto” y con “decisiones dirigidas y no una voluntad genuina”. Además, señala que estas nuevas instancias funcionarían como una estructura paralela a las alcaldías.

Las críticas también apuntan a posibles efectos en el desarrollo urbano y el medio ambiente. Activistas consideran que el PGD podría permitir la regularización de construcciones levantadas sin permisos.

Asimismo, Ibarra advierte que el proyecto facilitaría la expansión de plataformas de renta de corta estancia. “El proyecto PGD viene a legalizar un proceso de turistificación ilegal de los territorios en la CDMX”, señala. Los críticos sostienen que esto podría incentivar la gentrificación y el desplazamiento de habitantes.

También alertan que el documento permitiría urbanizar áreas de conservación y zonas de recarga acuífera, lo que pondría en riesgo la sustentabilidad hídrica. A esto se suma la preocupación por el crecimiento urbano sin infraestructura suficiente, lo que podría saturar vialidades y transporte público.

El proyecto permanece en consulta pública hasta el 10 de abril. Tras este proceso, el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva integrará el documento final que será enviado al Congreso de la Ciudad de México, donde será analizado y eventualmente votado por el pleno.