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Las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el Centro Histórico de la Ciudad de México alcanzaron este martes una reunión prevista entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el vicepresidente primero del gobierno de España, Carlos Cuerpo, obligando a modificar la agenda oficial de la visita del funcionario europeo.

La delegación española tenía programado trasladarse a Palacio Nacional para sostener un encuentro presencial con la mandataria mexicana. Sin embargo, los bloqueos y manifestaciones que mantienen los maestros en el corazón de la capital impidieron el desplazamiento, por lo que la reunión tuvo que realizarse de manera virtual desde las instalaciones de la Secretaría de Economía, de acuerdo con información proporcionada a EFE por fuentes españolas.

El ajuste ocurrió mientras la CNTE mantiene un plantón en el Centro Histórico y continúa desplegando movilizaciones en distintos puntos de la Ciudad de México como parte de su huelga nacional para exigir mejoras laborales.

Pese a las complicaciones de movilidad generadas por las protestas, la agenda económica entre ambos países continuó. Horas antes, Carlos Cuerpo sostuvo una reunión con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en la que revisaron las perspectivas económicas para este año y refrendaron, según lo informado, “un compromiso común con el multilateralismo”.

En ese encuentro, México y España delinearon objetivos para fortalecer su relación económica durante los próximos años. Ambos gobiernos expresaron su disposición a duplicar el comercio bilateral hacia 2030 e incrementar la inversión en al menos 50%, apoyados en el acuerdo modernizado entre México y la Unión Europea.

“Queremos seguir aumentando esa inversión bilateral y también el comercio entre nuestros países”, afirmó Carlos Cuerpo durante la reunión.

La propuesta encontró respaldo del lado mexicano. Marcelo Ebrard planteó incluso una meta más amplia en materia comercial al señalar que ambos países podrían “plantearse un objetivo aún más ambicioso e intentar doblar el comercio” antes de que termine la década.

“Bueno, ya acepté todo el reto, ahora es mucho trabajo, pero lo hacemos”, respondió el secretario de Economía, quien recordó que originalmente había planteado un aumento de 50% en inversión, exportaciones y presencia económica con la Unión Europea.

Así, mientras las protestas magisteriales mantenían bloqueado el acceso al Centro Histórico, México y España avanzaron en una agenda enfocada en ampliar el intercambio comercial y la inversión bilateral.

Una serie de mensajes de respaldo a Marcelo Ebrard comenzó a difundirse en redes sociales en los últimos días, luego de que se revelara que su hijo permaneció durante seis meses en la residencia de la embajada de México en Londres. La movilización digital incluyó a familiares, legisladores, colaboradores cercanos y funcionarios vinculados a la Secretaría de Economía, quienes destacaron la trayectoria del exsecretario de Relaciones Exteriores y su desempeño en distintas responsabilidades públicas.

La polémica surgió después de que el periodista Claudio Ochoa diera a conocer la información sobre la estancia del hijo del funcionario en la sede diplomática en Reino Unido. A partir de ese momento, comenzaron a multiplicarse los mensajes de respaldo, replicando una dinámica similar a otras campañas políticas utilizadas para defender a figuras públicas.

Entre las primeras publicaciones destacó la de su esposa, Rosalinda Bueso Asfura, quien recordó la participación de Ebrard durante la pandemia de Covid-19. En su mensaje señaló que el actual secretario de Economía se dedicó a conseguir vacunas para el país y afirmó que “mientras muchos se detenían, él no descansó ni un solo día, trabajando incansablemente”.

A esta postura se sumó el diputado morenista y exembajador de México en Haití, Jesús Valdés Peña, quien compartió un video en el que repasó la trayectoria del funcionario durante su paso por la Ciudad de México, particularmente en el programa “Policía de barrio”. A través de su cuenta en la red social X, lo calificó como “Funcionario ejemplar que siempre ha trabajado por el proyecto México. Un México igualitario, equitativo y democrático”.

También participó Bárbara Botello, responsable del plan de marca “Hecho en México” dentro de la Secretaría de Economía, quien publicó una fotografía junto al funcionario y destacó su papel en las negociaciones del T-MEC. En su mensaje escribió: “Marcelo Ebrard es, sin duda, un gran secretario de Economía. En un momento clave para México, ha demostrado visión, experiencia y una capacidad real para conducir temas que definen el rumbo del país”.

Otros pronunciamientos retomaron la fórmula del “no estás solo”, utilizada anteriormente por simpatizantes del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum. En esa línea, la diputada morenista Luz María Rodríguez expresó: “¡Total apoyo a mi líder. Cuando no hay argumentos, aparecen las descalificaciones. Pero frente a eso, hay algo que no se puede borrar: una trayectoria de resultados”.

Asimismo, el diputado local en Baja California, Ramón Vázquez Valadez, difundió una infografía donde enlistó distintas acciones del funcionario desde su etapa en la Ciudad de México, destacando su experiencia y resultados en temas de igualdad e inclusión. Aunque la mayoría de los mensajes difundidos en redes sociales respaldaron al secretario de Economía, también surgieron comentarios críticos que cuestionaron el apoyo público, lo que mantuvo activa la discusión en plataformas digitales.

Víctor Aguilar Pérez, actual jefe de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía, fue propuesto como nuevo embajador plenipotenciario de México ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), tras la designación realizada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien envió al Senado de la República la solicitud formal para su ratificación.

El funcionario cuenta con una trayectoria de más de una década dentro de la Secretaría de Economía, dependencia en la que trabaja desde 2011 en áreas relacionadas con el comercio exterior y la aplicación de medidas en materia de prácticas comerciales internacionales. Actualmente dirige la unidad encargada de analizar y atender casos vinculados con disputas comerciales y regulaciones que afectan el intercambio de bienes entre países.

Además de su experiencia en la administración pública federal, Aguilar Pérez formó parte de la misión diplomática de México ante la Unión Europea, donde participó en labores relacionadas con la representación del país en temas económicos y comerciales.

Su nombramiento fue notificado oficialmente al Senado mediante un oficio enviado por el Ejecutivo federal. La presidenta de la Cámara Alta, Laura Itzel Castillo, informó que el documento fue recibido y será turnado a la Comisión de Relaciones Exteriores para el análisis correspondiente y la elaboración del dictamen.

De acuerdo con la legisladora, existe la posibilidad de que el pleno del Senado discuta y vote la ratificación del diplomático durante la próxima semana, una vez concluido el proceso legislativo en comisiones.

La eventual designación de Aguilar Pérez colocaría a un especialista en comercio internacional al frente de la representación de México ante la OMC, organismo encargado de establecer las reglas que rigen el comercio global entre las naciones.

La Organización Mundial del Comercio administra el sistema internacional de normas comerciales y opera como un foro de negociación para acuerdos entre países. También interviene en la solución de disputas comerciales y desarrolla mecanismos para atender las necesidades de las economías en desarrollo dentro del sistema de comercio internacional.

Actualmente, el organismo cuenta con más de 166 países miembros, entre ellos México, Estados Unidos y Canadá, que en conjunto concentran alrededor del 98% del comercio mundial. La representación mexicana ante la OMC participa en negociaciones multilaterales y en los mecanismos de resolución de controversias que influyen en el intercambio económico global.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Economía (SE) informaron que el ajuste al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), programado para entrar en vigor el 1 de enero de 2026, no provocará aumentos en el precio final de la gasolina. Ambas dependencias precisaron que la medida fiscal no tendrá efectos adversos para los consumidores y se mantendrá la estabilidad en el costo del combustible a nivel nacional.

A través de un documento oficial, las autoridades federales detallaron que la actualización del IEPS por inflación aplicable a la gasolina no modificará los elementos de la Estrategia para Estabilizar el Precio de la Gasolina, mecanismo que se encuentra en operación en todo el país. En ese sentido, subrayaron que el ajuste tributario no se reflejará en incrementos para el usuario final ni alterará el esquema vigente de control y supervisión de precios.

La SHCP y la SE explicaron que esta estrategia permite amortiguar variaciones derivadas de factores fiscales o de mercado, asegurando que los ajustes al impuesto no se traduzcan en afectaciones directas al consumidor. En el mismo contexto, reafirmaron que la política de estabilidad se mantendrá activa sin cambios en sus lineamientos operativos.

Las dependencias recordaron que la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina está vigente desde el 1 de marzo y establece un tope máximo para la gasolina con octanaje menor a 21, cuyo precio no podrá superar los 24 pesos por litro. Este acuerdo continúa aplicándose como referencia para garantizar certidumbre en el mercado de combustibles.

El esquema de estabilización es resultado de una coordinación interinstitucional en la que participan las secretarías de Hacienda y Crédito Público, Economía, Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como la Comisión Nacional de Energía y el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Estas instancias trabajan de manera conjunta para dar seguimiento a la aplicación del acuerdo y verificar su cumplimiento en los distintos puntos de venta.

A este esfuerzo se suman la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), encargada de la supervisión y vigilancia de precios al público, y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, que participa en el control y regulación del sector. Petróleos Mexicanos (Pemex) también forma parte del esquema de coordinación, contribuyendo a la implementación de la estrategia en el ámbito de suministro y distribución.

Con este anuncio, las autoridades federales reiteraron que el ajuste al IEPS previsto para 2026 se realizará sin repercusiones en el precio final de la gasolina, manteniendo las condiciones actuales de estabilidad establecidas en la estrategia nacional y sin afectar a los consumidores en el país.

La Secretaría de Economía (SE) informó que las consultas públicas previas a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) avanzan hacia la construcción de un “consenso interno” sobre las prioridades nacionales que se presentarán en la evaluación del acuerdo comercial.

Del 6 al 10 de octubre, la dependencia encabezada por Marcelo Ebrard realizó mesas de trabajo con sectores productivos estratégicos, así como con representantes empresariales, académicos y de la sociedad civil, con el propósito de recabar información, comentarios y propuestas que permitan delinear la posición de México en la próxima revisión del tratado.

“Estamos haciendo una evaluación de cómo funcionó el T-MEC. Y la estamos haciendo con todos los sectores económicos relevantes y en todos los estados del país, escuchando a todos para tener una posición de consenso y legitimidad interna, de cara al proceso de revisión del acuerdo”, afirmó el titular de la SE.

En esta etapa, las consultas se enfocaron en los sectores de madera-mueble y papel, bebidas y alimentos procesados, plásticos y juguete, y minería, de acuerdo con la información oficial difundida este domingo.

Las sesiones se llevaron a cabo en los estados de Guerrero, Tlaxcala, San Luis Potosí, Querétaro y Nuevo León, con la participación de cámaras industriales, asociaciones, especialistas y representantes del sector privado vinculados al comercio con América del Norte.

La Secretaría detalló que se distribuyeron cuestionarios específicos para recabar datos y opiniones sobre los principales retos y oportunidades en la aplicación del tratado, con el fin de realizar un análisis estadístico de los sectores y clasificar las aportaciones según los capítulos del T-MEC.

Estas mesas de trabajo forman parte del proceso consultivo interno que se desarrolla de manera paralela en Estados Unidos y Canadá, con miras a la revisión del acuerdo comercial prevista para 2026, la cual fue anunciada a inicios de 2025.

El T-MEC, que sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), fue suscrito en 2018 durante el primer mandato del entonces presidente estadounidense Donald Trump e implementado el 1 de julio de 2020. La próxima evaluación del tratado ocurre en un contexto internacional marcado por la guerra arancelaria global impulsada por la administración de Trump y las nuevas dinámicas del comercio mundial.

De acuerdo con la SE, los resultados de las consultas permitirán definir una postura nacional sólida y consensuada frente a los socios de Norteamérica, con base en los intereses de los distintos sectores económicos del país y en las condiciones actuales del comercio regional.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, estableció precios mínimos de exportación para el jitomate fresco de origen nacional. La medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), tiene como propósito proteger la planta productiva, mantener el equilibrio en el comercio internacional y garantizar el abasto interno, tras la finalización en julio del Acuerdo de Suspensión de la Investigación Antidumping con Estados Unidos.

El acuerdo fija precios en dólares para las distintas variedades de jitomate:

• Tomate Cherry: 1.70 dólares.
• Tomate bola: 0.95 dólares, con tallo: 1.65 dólares y en racimo: 1.70 dólares.
• Tomate Roma (saladette): 0.88 dólares.
• Tomate grape (uva): 1.70 dólares.
• Otras variedades como Cocktail, Campari, Kumato, Mini Roma, Heirloom, Pera, Medley y San Marzano: 1.70 dólares.

Este mecanismo se aplicará únicamente a exportaciones definitivas y no contempla restricciones de volumen ni precios máximos. Su función principal es dar certidumbre a las operaciones internacionales del sector. Las dependencias indicaron que los precios serán revisados anualmente o antes si el mercado lo demanda.

Manuel Antonio Cázares, presidente del Sistema Producto Tomate, informó que la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Economía continúan negociaciones con Estados Unidos. En paralelo, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó un plan de respaldo al sector que no dependa de subsidios.

El contexto de esta decisión incluye el retiro, por parte del Departamento de Comercio de Estados Unidos, del Acuerdo de 2019 que suspendía la investigación antidumping contra tomates frescos mexicanos. Desde el 14 de julio, las exportaciones hacia ese país enfrentan un arancel del 17.03%, calculado bajo el argumento de que parte de la producción mexicana se vende a precios considerados “injustos” en el mercado estadounidense.

El Departamento de Comercio señaló que esta medida está alineada con sus políticas comerciales y con la estrategia de la administración del entonces presidente Donald Trump hacia México. La ruptura del acuerdo obliga a exportadores mexicanos a adaptarse a un nuevo escenario competitivo, en el que el establecimiento de precios mínimos busca mitigar los efectos del arancel y prevenir prácticas que puedan perjudicar al sector nacional.

Las secretarías subrayaron que la acción refuerza el compromiso del Gobierno con la competitividad agrícola, la generación de empleo digno en el campo y la soberanía alimentaria. El acuerdo cuenta con el respaldo de las asociaciones de productores de jitomate que participan en el comercio con Estados Unidos.

Con estas medidas, México busca mantener su posición en uno de sus mercados agrícolas más importantes y proteger a miles de productores que dependen de la exportación de esta hortaliza.

Una reunión de alto nivel en Palacio Nacional concluyó con la firma del Acuerdo Nacional Maíz – Tortilla entre el Gobierno Federal y diversos actores de la cadena productiva del maíz. El objetivo: mejorar los procesos, reducir costos y estabilizar el precio de la tortilla, alimento base en millones de hogares mexicanos.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el encuentro con representantes de productores, comercializadores, harineros, nixtamaleros y tortilleros. El acuerdo contempla una serie de acciones para fortalecer a la industria y facilitar una reducción progresiva en el precio del kilo de tortilla durante el actual sexenio.

El compromiso central establece una meta gradual de reducción del 10 por ciento en el precio de la tortilla. Esta baja se realizará en dos fases: la primera buscará una disminución del 5 por ciento en los próximos años, y la segunda alcanzaría otro 5 por ciento, siempre y cuando se den condiciones favorables en el mercado, el clima, las finanzas y el comercio internacional.

El subsecretario de Industria y Comercio, Vidal Llerenas, informó que se implementarán medidas específicas para apoyar a todos los eslabones de la cadena, desde la producción primaria hasta la venta final. Se prevé otorgar financiamiento en condiciones preferenciales, mejorar la logística del transporte de maíz y reforzar la seguridad en el sector.

“El cinco por ciento es el punto de base. Es una cosa que se tiene que ir revisando”, aseguró el funcionario, quien también señaló que estas acciones buscan reducir los costos indirectos en toda la cadena productiva, con el fin de beneficiar tanto a productores como a consumidores.

Otro de los elementos clave del acuerdo es su carácter voluntario. Así lo explicó Alejandro Nicolás, enlace con sectores productivos de la Secretaría de Economía, quien detalló que cada actor podrá sumarse al plan conforme a sus posibilidades. Esta estrategia permitiría que más empresas se incorporen de forma gradual a mejores prácticas y precios más accesibles.

La estabilización del precio del grano también forma parte del plan. Para lograrlo, se establecerán contratos por cosecha con precios fijos, acceso a financiamiento y coordinación con harineras. Con ello, se pretende que los costos bajen desde el origen, impactando positivamente en el precio final del producto.

Actualmente, el precio del kilo de tortilla varía significativamente en el país. Existen zonas donde puede llegar hasta los 35 pesos, mientras que en otras regiones se mantiene en los 18 pesos. Esta diferencia responde a múltiples factores, entre ellos la ubicación geográfica, el acceso a insumos y las condiciones del transporte.

El acuerdo también contempla la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para atender temas logísticos, como el transporte de maíz, y prevenir afectaciones al abastecimiento. Esta línea de acción busca garantizar el cumplimiento del pacto sin interrupciones ni encarecimientos por factores externos.

Con este acuerdo, se inicia una nueva etapa para el sector del maíz y la tortilla en México, marcada por la colaboración entre gobierno e industria, con el fin de garantizar precios más estables y accesibles para los consumidores.