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La Fiscalía General de la República informó que la investigación por el asesinato de Héctor Melesio Cuén continúa activa y negó que las líneas abiertas en México tengan relación con el proceso iniciado en Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

A través de un comunicado difundido este miércoles, la dependencia federal señaló que las indagatorias sobre el homicidio del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa permanecen bajo responsabilidad de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional.

La institución precisó que el expediente no ha sido archivado ni suspendido, y sostuvo que la integración del caso sigue en curso a casi dos años de los hechos ocurridos en 2024.

“En este, como en todos los casos, la FGR trabaja para esclarecer los hechos, dar con las personas responsables que participaron en los mismos y, con ello, que el delito no quede impune”, indicó la fiscalía.

El caso tomó relevancia nacional luego de que en octubre de 2024 la FGR confirmara que Héctor Melesio Cuén fue asesinado en una finca ubicada en Huertos del Pedregal. La conclusión federal contradijo la versión inicial presentada por la fiscalía de Sinaloa, que había sostenido que el ataque ocurrió en una gasolinera.

La investigación federal se apoyó en el hallazgo de restos de sangre dentro de la propiedad y en el análisis temporal de un video grabado en una estación de servicio y difundido localmente, el cual, según la FGR, fue registrado horas después del homicidio.

Previo a ello, Ismael “El Mayo” Zambada había asegurado en una carta que el exrector fue asesinado en la finca señalada por las autoridades federales. La misiva fue difundida el 10 de agosto de 2024, semanas después de la captura del líder criminal en Estados Unidos.

En el documento, Zambada afirmó que fue privado de la libertad por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien supuestamente lo convocó a una reunión en la que participarían Rubén Rocha Moya y el entonces diputado electo Héctor Melesio Cuén.

El gobernador sinaloense fue posteriormente señalado junto con otros nueve exfuncionarios por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa. De acuerdo con las acusaciones, podrían enfrentar condenas de hasta 40 años de prisión.

Un incendio consumió por completo las 16 bodegas del complejo Alimentación para el Bienestar en Zacatecas, lo que movilizó a corporaciones estatales, municipales y fuerzas federales para contener las llamas y evitar mayores riesgos. El siniestro, ocurrido antes de las 19:00 horas, dejó pérdidas materiales totales, sin reporte de personas lesionadas hasta el cierre de esta edición.

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que, de acuerdo con datos preliminares, el incendio habría sido provocado por la quema de neumáticos realizada por productores de frijol que mantenían protestas en el lugar.

“Lo que indica ahora el coordinador de Protección Civil, y lo que nos han dicho los peritos de las fiscalías (FGR y estatal) con la información que tienen, es que el incendio se provocó a raíz del incendio que provocaron los neumáticos”,declaró el funcionario.

Horas antes del siniestro, productores provenientes de municipios como Fresnillo, Trancoso, Guadalupe, Vetagrande y Pánuco habían tomado las instalaciones y bloqueado la carretera federal 45, en la salida hacia Fresnillo, donde también realizaron quemas como parte de sus protestas por presuntas irregularidades en el programa de acopio de frijol.

Entre las 15:00 y 16:00 horas, se registraron nuevas quemas dentro del patio de maniobras del complejo. Posteriormente, el fuego se extendió y terminó por consumir la totalidad de las bodegas. El sitio funcionó durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador como sede central de Seguridad Alimentaria Mexicana.

Ante la emergencia, acudieron elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, además de autoridades locales, quienes trabajaron para retirar vehículos cercanos y evitar que el fuego alcanzara depósitos de combustible.

Reyes Mugüerza señaló que previamente se buscó dialogar con los manifestantes para evitar la quema de neumáticos. “No hubo manera”, afirmó. También indicó que “es un delito lo que se está haciendo en este caso”, aunque aclaró que será necesario esperar los peritajes para determinar responsabilidades legales.

La Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación para esclarecer el origen del incendio y definir si existen responsabilidades penales. Mientras tanto, autoridades confirmaron que los daños materiales serían totales y continúan pendientes los dictámenes oficiales sobre las causas del siniestro.

Un video difundido en redes sociales detonó una investigación federal por el saqueo de huevos de tortuga golfina en la costa de Oaxaca. Las imágenes muestran a tres hombres extrayendo los huevos directamente de la arena mientras los ejemplares se encontraban en pleno proceso de desove, lo que provocó la intervención de autoridades ambientales y de procuración de justicia.

La denuncia fue presentada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que confirmó que el caso ya es analizado por la Fiscalía General de la República y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. El incidente ocurrió el 23 de marzo en Playa Escobilla, considerada la zona de anidación más importante del mundo para la tortuga golfina.

Las grabaciones evidencian a tres sujetos utilizando costales para recolectar los huevos mientras manipulan a las tortugas antes de que concluyan el proceso de anidación. Incluso, en una de las escenas, uno de los individuos arroja a un ejemplar, mientras continúan retirando los huevos de los nidos. El saqueo se realizó a plena luz del día y sin que se observara presencia de vigilancia en el lugar.

Habitantes del municipio de Santa María Tonameca alertaron sobre lo ocurrido, lo que llevó a que el material audiovisual se viralizara y derivara en la denuncia formal ante las autoridades. La Conanp señaló que, pese a estos intentos de saqueo, las labores de conservación continúan en la zona.

“El trabajo no se detiene a pesar de los recientes intentos de saqueo de huevos de tortuga golfina (que ya fueron denunciados y están siendo investigados), la fuerza de la comunidad es más grande”, informó la dependencia en redes sociales.

De acuerdo con la comisión, actualmente más de 117 personas participan en actividades de vigilancia y monitoreo biológico en Escobilla, Vainilla y Barra del Potrero. Estas acciones forman parte de un esquema de conservación que, durante dos décadas, ha involucrado a comunidades locales y autoridades de seguridad nacional, incluyendo la Marina, la Defensa y la Guardia Nacional.

Además, la Conanp mantiene activos proyectos de subsidio enfocados en la protección de especies prioritarias, en los que participan habitantes de Escobilla, Vainilla, Macahuite, Guapinole y Barra del Potrero, quienes colaboran en tareas de resguardo de nidos y monitoreo ambiental.

La tortuga golfina cuenta con protección legal en México debido a su condición de riesgo. La normativa NOM-059-SEMARNAT-2010 prohíbe cualquier aprovechamiento extractivo, comercial o de subsistencia de tortugas marinas, incluidos sus huevos. Asimismo, el Código Penal Federal establece sanciones de entre uno y nueve años de prisión para quienes cometan este delito.

Las autoridades federales continúan con las investigaciones para identificar a los responsables del saqueo ocurrido durante el periodo de desove en una de las playas más relevantes del mundo para la reproducción de la tortuga golfina.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una nueva ofensiva legal para regular los casinos y las plataformas digitales de apuestas en México. El anuncio se dio tras revelarse una investigación federal que detectó 13 establecimientos con operaciones irregulares y posibles vínculos con lavado de dinero en ocho estados del país.

La medida busca actualizar un marco legal que ha quedado rebasado por el auge de las apuestas en línea. En los últimos años, las plataformas digitales de juego se han multiplicado y, al no estar sujetas a una regulación clara, muchas han operado al margen de la supervisión financiera y tributaria. Este vacío legal ha facilitado movimientos económicos difíciles de rastrear y el uso de flujos internacionales sin justificación formal.

El plan de reformas incluirá ajustes para que tanto los casinos físicos como los digitales cumplan con reglas similares en materia de transparencia, control financiero y prevención de lavado de dinero. Con ello, se busca cerrar los huecos legales que permiten que operen sin una supervisión estricta y con riesgos para los usuarios y para el sistema financiero nacional.

La investigación que detonó esta decisión fue resultado de un trabajo coordinado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Estas dependencias detectaron operaciones millonarias en efectivo, flujos internacionales sin respaldo y el uso de plataformas no registradas ante la autoridad mexicana.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que los establecimientos bajo investigación operaban en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México. Algunos de estos lugares, además de las casas de apuestas tradicionales, contaban con vínculos directos con sitios digitales que manejaban apuestas y transferencias desde el extranjero.

La indagatoria también contó con apoyo de organismos internacionales como FINCEN y la OFAC, ambos de Estados Unidos, que aportaron información sobre movimientos financieros sospechosos hacia países como Rumania, Suiza, Malta, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos. Estos flujos incluían transferencias injustificadas y esquemas de simulación fiscal.

La iniciativa de reforma que prepara el gobierno federal buscará establecer un marco moderno para supervisar los juegos de azar tanto en línea como presenciales. Con esta actualización, las autoridades pretenden evitar que las apuestas digitales se conviertan en canales para operaciones ilícitas y reforzar la vigilancia sobre un sector que ha crecido aceleradamente sin una regulación sólida.

El proyecto será presentado en las próximas semanas y marcará el primer intento integral del país por poner orden en un negocio que, hasta ahora, se movía entre la diversión, la falta de control y el riesgo financiero.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó sobre la detención de directivos de empresas privadas y servidores públicos vinculados con el aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tamaulipas. Las aprehensiones se realizaron en un operativo conjunto con la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR), tras la obtención de órdenes de captura.

De acuerdo con las dependencias, las detenciones ocurrieron en días recientes como parte de una investigación federal que se inició en marzo, luego de un decomiso considerado uno de los más grandes en la región. La indagatoria permitió identificar a empresarios y funcionarios relacionados con el resguardo y la posesión del combustible.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, señaló que la acción conjunta derivó en la captura de los primeros implicados. Aunque no se han revelado nombres ni cargos específicos, se confirmó que se trata de directivos de compañías privadas y servidores públicos presuntamente involucrados en operaciones irregulares.

Los detenidos ya se encuentran a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su situación jurídica en las próximas horas. El funcionario federal destacó que el aseguramiento forma parte de la estrategia integral contra delitos vinculados con el almacenamiento y comercialización ilegal de combustibles, actividades relacionadas con redes de corrupción y financiamiento de grupos criminales.

“El proceso de investigación sigue en curso y seguiremos trabajando para detener a todos los involucrados en este delito, como parte de la estrategia contra la corrupción y la impunidad del gobierno federal”, señaló García Harfuch.

La SSPC informó que este domingo a las 11:00 horas se ofrecerá una conferencia de prensa para dar a conocer más detalles sobre los perfiles de los detenidos, las acciones emprendidas y el avance de las investigaciones.

El operativo que dio origen a este caso se realizó en marzo, cuando autoridades federales aseguraron un buque que arribó al puerto de Tampico el día 19, con una carga reportada como aditivos para aceites lubricantes. Tras labores de inteligencia, se confirmó que transportaba 10 millones de litros de diésel. En la embarcación también se localizaron armas de fuego, cartuchos y documentos relevantes para el caso.

De manera paralela, se ejecutaron cateos en predios ubicados en Camino Antiguo a Medrano y en el Libramiento del Ejido Ricardo Flores Magón, donde se aseguraron contenedores, tractocamiones, camionetas pick-up, equipos de cómputo, más hidrocarburo y cartuchos útiles.

Las autoridades calificaron este decomiso como uno de los golpes más importantes al tráfico ilícito de combustibles en la región y destacaron la coordinación entre la Semar, FGR, SSPC, además de la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.