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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Economía (SE) informaron que el ajuste al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), programado para entrar en vigor el 1 de enero de 2026, no provocará aumentos en el precio final de la gasolina. Ambas dependencias precisaron que la medida fiscal no tendrá efectos adversos para los consumidores y se mantendrá la estabilidad en el costo del combustible a nivel nacional.

A través de un documento oficial, las autoridades federales detallaron que la actualización del IEPS por inflación aplicable a la gasolina no modificará los elementos de la Estrategia para Estabilizar el Precio de la Gasolina, mecanismo que se encuentra en operación en todo el país. En ese sentido, subrayaron que el ajuste tributario no se reflejará en incrementos para el usuario final ni alterará el esquema vigente de control y supervisión de precios.

La SHCP y la SE explicaron que esta estrategia permite amortiguar variaciones derivadas de factores fiscales o de mercado, asegurando que los ajustes al impuesto no se traduzcan en afectaciones directas al consumidor. En el mismo contexto, reafirmaron que la política de estabilidad se mantendrá activa sin cambios en sus lineamientos operativos.

Las dependencias recordaron que la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina está vigente desde el 1 de marzo y establece un tope máximo para la gasolina con octanaje menor a 21, cuyo precio no podrá superar los 24 pesos por litro. Este acuerdo continúa aplicándose como referencia para garantizar certidumbre en el mercado de combustibles.

El esquema de estabilización es resultado de una coordinación interinstitucional en la que participan las secretarías de Hacienda y Crédito Público, Economía, Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como la Comisión Nacional de Energía y el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Estas instancias trabajan de manera conjunta para dar seguimiento a la aplicación del acuerdo y verificar su cumplimiento en los distintos puntos de venta.

A este esfuerzo se suman la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), encargada de la supervisión y vigilancia de precios al público, y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, que participa en el control y regulación del sector. Petróleos Mexicanos (Pemex) también forma parte del esquema de coordinación, contribuyendo a la implementación de la estrategia en el ámbito de suministro y distribución.

Con este anuncio, las autoridades federales reiteraron que el ajuste al IEPS previsto para 2026 se realizará sin repercusiones en el precio final de la gasolina, manteniendo las condiciones actuales de estabilidad establecidas en la estrategia nacional y sin afectar a los consumidores en el país.

El Senado de la República dio un paso firme en defensa de los consumidores al aprobar por unanimidad una reforma que pone fin a los cobros automáticos injustificados y a los contratos forzosos en servicios como telefonía, televisión, internet o plataformas digitales de streaming. Con esta medida, ahora será posible cancelar cualquier suscripción en el momento que se desee, sin penalizaciones, cargos extra ni trámites interminables.

Con 91 votos a favor de todas las bancadas, la Cámara Alta avaló la modificación al artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor. La iniciativa, impulsada desde Morena, fue turnada al Ejecutivo federal para su promulgación y entrada en vigor. Su objetivo central es garantizar que los usuarios tengan la libertad de decidir sobre la permanencia o cancelación de sus servicios, eliminando los obstáculos que antes hacían casi imposible cortar una suscripción sin pagar de más.

La reforma busca erradicar una práctica común: los cobros automáticos que se mantenían activos incluso cuando el usuario ya no utilizaba el servicio. A partir de esta modificación, las empresas estarán obligadas a informar de manera clara si el contrato incluye cargos recurrentes. Desaparecen las letras pequeñas y las cláusulas escondidas que por años han servido para retener a los usuarios sin su consentimiento explícito.

Otro de los puntos clave es que la cancelación deberá realizarse de manera inmediata, por el mismo medio en que se contrató. Si se dio de alta una cuenta o una membresía en línea, podrá darse de baja desde la misma plataforma, con un simple clic y sin necesidad de realizar llamadas, llenar formularios o acudir a sucursales. La medida aplica para todo tipo de servicios digitales, desde telefonía hasta plataformas de entretenimiento o aplicaciones con membresía.

El dictamen también busca equilibrar la relación entre empresas y consumidores, imponiendo reglas más transparentes y accesibles. Las compañías deberán avisar de forma destacada cualquier renovación automática y requerir el consentimiento expreso del usuario antes de aplicarla. De esta forma, se protege el derecho a decidir y se evita que los consumidores sigan pagando por servicios que no desean o no usan.

La reforma representa un cambio significativo en la protección al consumidor en México. Se trata de una respuesta a una queja constante de millones de usuarios: las trabas para cancelar servicios y los cobros que seguían apareciendo mes tras mes sin autorización. Con esta nueva ley, los consumidores tendrán el control de sus suscripciones, poniendo fin a las prácticas abusivas que durante años vulneraron su bolsillo y su libertad de elección.

Una reunión de alto nivel en Palacio Nacional concluyó con la firma del Acuerdo Nacional Maíz – Tortilla entre el Gobierno Federal y diversos actores de la cadena productiva del maíz. El objetivo: mejorar los procesos, reducir costos y estabilizar el precio de la tortilla, alimento base en millones de hogares mexicanos.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el encuentro con representantes de productores, comercializadores, harineros, nixtamaleros y tortilleros. El acuerdo contempla una serie de acciones para fortalecer a la industria y facilitar una reducción progresiva en el precio del kilo de tortilla durante el actual sexenio.

El compromiso central establece una meta gradual de reducción del 10 por ciento en el precio de la tortilla. Esta baja se realizará en dos fases: la primera buscará una disminución del 5 por ciento en los próximos años, y la segunda alcanzaría otro 5 por ciento, siempre y cuando se den condiciones favorables en el mercado, el clima, las finanzas y el comercio internacional.

El subsecretario de Industria y Comercio, Vidal Llerenas, informó que se implementarán medidas específicas para apoyar a todos los eslabones de la cadena, desde la producción primaria hasta la venta final. Se prevé otorgar financiamiento en condiciones preferenciales, mejorar la logística del transporte de maíz y reforzar la seguridad en el sector.

“El cinco por ciento es el punto de base. Es una cosa que se tiene que ir revisando”, aseguró el funcionario, quien también señaló que estas acciones buscan reducir los costos indirectos en toda la cadena productiva, con el fin de beneficiar tanto a productores como a consumidores.

Otro de los elementos clave del acuerdo es su carácter voluntario. Así lo explicó Alejandro Nicolás, enlace con sectores productivos de la Secretaría de Economía, quien detalló que cada actor podrá sumarse al plan conforme a sus posibilidades. Esta estrategia permitiría que más empresas se incorporen de forma gradual a mejores prácticas y precios más accesibles.

La estabilización del precio del grano también forma parte del plan. Para lograrlo, se establecerán contratos por cosecha con precios fijos, acceso a financiamiento y coordinación con harineras. Con ello, se pretende que los costos bajen desde el origen, impactando positivamente en el precio final del producto.

Actualmente, el precio del kilo de tortilla varía significativamente en el país. Existen zonas donde puede llegar hasta los 35 pesos, mientras que en otras regiones se mantiene en los 18 pesos. Esta diferencia responde a múltiples factores, entre ellos la ubicación geográfica, el acceso a insumos y las condiciones del transporte.

El acuerdo también contempla la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para atender temas logísticos, como el transporte de maíz, y prevenir afectaciones al abastecimiento. Esta línea de acción busca garantizar el cumplimiento del pacto sin interrupciones ni encarecimientos por factores externos.

Con este acuerdo, se inicia una nueva etapa para el sector del maíz y la tortilla en México, marcada por la colaboración entre gobierno e industria, con el fin de garantizar precios más estables y accesibles para los consumidores.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció que se perfila una revisión expedita del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en busca de mayor claridad y certidumbre para inversionistas, consumidores y la actividad económica en general. La revisión, prevista en el artículo 34.7 del acuerdo comercial, contempla una evaluación a seis años de su entrada en vigor, y la posibilidad de extender su vigencia por otros 16 años si los tres países lo acuerdan.

Ebrard explicó que el objetivo central es agilizar el proceso, disminuir incertidumbres y enviar señales claras a los mercados. “Entre más rápido se reduzca la incertidumbre, es mejor para la inversión y para nuestra vida cotidiana”, afirmó durante la presentación del programa Hecho en México de Stori, Kapital Bank y Banco Dondé.

Con una visión enfocada en facilitar el camino para las decisiones empresariales y económicas, planteó que las conversaciones con Estados Unidos y Canadá podrían avanzar en el segundo semestre del año. El tono, según él, ya es favorable: “Estamos, creo, que en la misma idea”, respondió cuando se le preguntó por la postura de la administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

El artículo 34.7 del T-MEC compromete a las partes a una revisión a los seis años de vigencia del acuerdo. Si no hay consenso para su prórroga, el tratado será revisado cada año hasta que se tome una decisión definitiva. El tratado no determina si será el Congreso o el Ejecutivo quien lleve a cabo este ejercicio, pero Ebrard deja claro que su liderazgo en el tema está enfocado en mantener la estabilidad comercial entre las tres economías.

La postura mexicana se enfoca en la continuidad del acuerdo, la protección de los flujos comerciales y la construcción de consensos técnicos que favorezcan la integración económica regional. Ebrard dejó ver que, aunque existen diferencias puntuales, especialmente sobre aranceles, el diálogo con Washington es “crecientemente cordial”.

“De parte del Secretario de Comercio he encontrado una persona razonable, una persona que escucha argumentos; puede que no esté de acuerdo, pero los escucha, toma nota y, en lo que ha podido, ha facilitado este diálogo”, agregó.

El secretario puntualizó que más del 80% del comercio entre México y Estados Unidos fluye actualmente sin aranceles, lo que considera un logro fundamental que no puede perderse. En ese contexto, reiteró que su presencia constante en Washington no es casualidad: hay muchos temas por atender y la relación bilateral requiere atención continua.

“La integración es tan alta, tan importante, que eso nos limita a ambas partes, porque tenemos que ponernos de acuerdo, si no es muy caro”, concluyó Ebrard, dejando en claro que la prioridad es mantener la dinámica económica sin sobresaltos, con un acuerdo revisado que beneficie a las tres naciones.