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El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley del Sistema de Seguridad Pública con 445 votos a favor y 37 en contra, en una sesión decisiva que consolidó el respaldo mayoritario de Morena, PAN, PVEM, PT y MC. El dictamen fue avalado con múltiples cambios respecto a su versión original y generó reacciones diversas dentro del recinto legislativo.

Uno de los cambios más significativos fue la eliminación de la definición expresa sobre el carácter civil de las instituciones de seguridad pública. La versión anterior establecía que estas serían disciplinadas, profesionales y civiles, y que su actuación debía regirse bajo principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y respeto a los derechos humanos. Ese fragmento fue suprimido en la nueva redacción, mientras se ratificó a la Guardia Nacional como la principal institución de seguridad federal, bajo adscripción a la Secretaría de la Defensa Nacional, aunque con formación basada en doctrina policial civil.

Además, el dictamen retiró la creación de una plataforma digital de usuarios de telefonía móvil, que estaría a cargo de la Agencia de Transformación Digital, lo cual fue señalado por legisladores como una concesión menor. A pesar de esa eliminación, continúa la preocupación entre diputados por la posibilidad de acceso irrestricto a bases de datos públicas y privadas, sin requerimiento de orden judicial, prevista en el proyecto paralelo de Ley del Sistema Nacional de Inteligencia, que se debatirá próximamente.

La nueva legislación otorga al Consejo Nacional de Seguridad Pública facultades adicionales, entre ellas, la capacidad de suspender recursos en materia de seguridad a estados y municipios que incumplan los acuerdos de coordinación. Esta medida fue calificada por algunos legisladores como una centralización excesiva del poder y como un instrumento que podría someter a las entidades a decisiones federales de manera unilateral.

Durante la sesión, representantes de diversas bancadas fijaron postura. El diputado César Damián, del PAN, expresó que su grupo parlamentario votaría a favor de la Ley del Sistema de Seguridad Pública, pero rechazaría la del Sistema de Inteligencia, debido a preocupaciones por posibles mecanismos de vigilancia sin control judicial. Advirtió sobre el fortalecimiento de lo que denominó “el monstruo del espionaje”.

Desde Movimiento Ciudadano, la diputada Claudia Ruiz Massieu cuestionó la aparente eliminación del registro de usuarios de líneas telefónicas, señalando que la Agencia de Transformación Digital mantiene el control de la información. También subrayó que el acceso sin restricciones a datos sigue contemplado en la ley de inteligencia próxima a discutirse.

Por parte del PRI, el legislador Alejandro Domínguez fundamentó el voto en contra de su bancada, señalando como grave la eliminación del carácter civil en la definición de seguridad pública, así como las modificaciones de última hora al dictamen. Consideró que el Consejo Nacional de Seguridad Pública fue dotado de un poder que va más allá de su función articuladora, al poder incluso condicionar los recursos a gobiernos locales.

En la misma sesión se anticipó que la discusión sobre la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia tendría lugar ese mismo día. Las implicaciones de ambos proyectos continúan generando análisis entre legisladores, especialistas y organizaciones civiles, por su posible impacto en derechos ciudadanos y equilibrios institucionales.

La aprobación se da en un contexto político clave, marcado por la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, y podría reconfigurar la estructura y funciones de seguridad en el país de forma profunda.

Tras la jornada del 1 de junio relacionada con la reforma al Poder Judicial, el PAN prepara una contrarreforma que pretende evitar la repetición del proceso en 2027. Ricardo Anaya, coordinador de los senadores del partido, anunció esta iniciativa como una medida directa para impedir que, según sus palabras, “esta locura se repita en el año 2027”.

Durante su pronunciamiento, Anaya calificó el reciente procedimiento como una simulación que careció de legitimidad desde su arranque. Argumentó que no existió una elección real de jueces y magistrados, y que en lugar de una consulta democrática, se impuso un comité compuesto por cinco personas, a las que describió como incompetentes. De ese grupo surgieron los nombres que finalmente aparecieron en las boletas de votación.

La crítica se extendió a la dinámica del ejercicio, donde, según Anaya, se presionó a la ciudadanía a votar por ciertos perfiles. “Era gente tan desconocida que en realidad fue una feria de acordeones”, expresó, en referencia a la forma en que se habría instruido a los votantes. Además, resaltó el bajo nivel de participación ciudadana, señalando que nueve de cada diez personas decidieron no acudir a las urnas.

El planteamiento de la contrarreforma ha generado diversas reacciones en el entorno político. Miguel Ángel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación, consideró que la propuesta del PAN tiene posibilidades de concretarse. No obstante, señaló que sería inviable respaldarla en alianza con el PRI, debido a la postura pasiva de su dirigencia. En sus palabras, “no se ve ni siquiera una oposición, ni siquiera cercana a poder dar puntos de vista que permitan ver voces diferentes a las de gobierno”.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, fue aludido por Osorio Chong al considerar que sus recientes declaraciones responden más a un intento de llamar la atención que a una estrategia política articulada.

Por otro lado, Osorio Chong subrayó que la reforma judicial ya está consumada, por lo que ahora la prioridad debe ser vigilar el desempeño de quienes integran el nuevo Poder Judicial. Afirmó que garantizar certeza jurídica es fundamental para proteger la estabilidad económica del país y evitar una posible fuga de inversiones que afecte a sectores clave.

La contrarreforma que plantea el PAN se perfila como el siguiente capítulo en el debate legislativo sobre el rumbo del sistema judicial en México. La discusión promete marcar una nueva etapa de confrontación entre los partidos, con miras a redefinir el modelo de justicia del país en los próximos años.

El ambiente político en México se encendió tras la reciente difusión de mensajes considerados discriminatorios hacia la comunidad migrante, contratados por el gobierno de Estados Unidos para su transmisión en medios mexicanos. Las reacciones no se hicieron esperar, y desde el Congreso surgió un pronunciamiento claro y contundente.

Las bancadas de Morena, el Partido del Trabajo (PT), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Movimiento Ciudadano (MC) expresaron su rechazo absoluto a la intervención extranjera en territorio nacional mediante propaganda. En un comunicado conjunto, calificaron la acción como “inaceptable” y señalaron que constituye tanto una injerencia política como una falta de respeto hacia la población migrante y hacia México como país soberano.

“Es inaceptable que el gobierno de Estados Unidos contrate propaganda en nuestro territorio para discriminar a los connacionales”, sentenció Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, al encabezar el pronunciamiento.

La controversia se intensificó luego de que un mensaje emitido por la secretaria de Seguridad de Estados Unidos fuera difundido en medios nacionales. En el contenido, se hizo referencia a personas migrantes como “criminales”, lo que desató una ola de indignación entre los legisladores y diversos sectores sociales.

“Rechazo esta injerencia y esta discriminación a nuestros paisanos”, puntualizó Gutiérrez Luna. El llamado desde el Legislativo fue directo: evitar la difusión de cualquier contenido que fomente el odio o la estigmatización, especialmente cuando proviene de actores extranjeros.

El exhorto se dirigió específicamente a televisoras y plataformas digitales mexicanas, instándolas a no servir como canal para transmitir mensajes que atenten contra los derechos y la dignidad de las personas migrantes. “Quienes tenemos conciencia social y entendemos las dificultades que día a día viven las personas migrantes, nos manifestamos profundamente indignados”, señalaron los legisladores.

En contraste, las bancadas del PAN y PRI optaron por deslindarse del manifiesto. Sin embargo, Rubén Moreira, coordinador del PRI, también ofreció una postura crítica. Subrayó que la diplomacia mexicana ha sido insuficiente para responder a este tipo de provocaciones y lamentó que la reacción del gobierno federal se centrara en atacar a los medios nacionales en lugar de emitir una nota de protesta formal hacia el gobierno estadounidense.

“Otro gobierno viene acá y hace lo que quiere”, dijo Moreira al cuestionar la aparente pasividad de la Cancillería. Las tensiones políticas continúan escalando mientras se exige una respuesta más firme y clara desde el Ejecutivo mexicano. La controversia no solo revela un conflicto diplomático en potencia, sino que también enciende el debate sobre los límites de la soberanía mediática en tiempos de migración y campañas transfronterizas.

Del 11 al 27 de abril, el Pueblo Mágico de Comala, en el estado de Colima, abrirá sus puertas para recibir a todos aquellos que deseen disfrutar de una de sus festividades más representativas: la Feria del Ponche, Pan y Café 2025. Un evento que promete deleitar los sentidos con sabores auténticos, música en vivo y una experiencia cultural única.

El ponche artesanal, el pan tradicional y el café de altura son los protagonistas de esta feria, destacando la esencia de Comala y su rica herencia gastronómica. Cada uno de estos productos ha sido parte de la identidad del pueblo durante generaciones y ahora se presentan en un evento que busca celebrar y compartir su importancia con locales y visitantes.

A lo largo de los días de feria, se llevará a cabo una variada programación cultural que incluirá presentaciones artísticas, danza y actividades musicales que ambientarán el evento con el calor y la hospitalidad característica de Comala. Además, los asistentes podrán adquirir productos locales en la exposición y venta de ponche, pan, café y otros artículos elaborados por productores de la región.

El ponche artesanal, bebida insignia del evento, ha sido transmitido de generación en generación, ofreciendo una gran diversidad de sabores. Desde opciones frutales como arándano, guayabilla, granada y tamarindo, hasta versiones cremosas con café, almendras y nueces, cada sorbo es un reflejo del esfuerzo y pasión de los artesanos colimenses.

El pan tradicional de Comala, con una fuerte influencia europea, también será una de las estrellas del evento. Panes icónicos como los “picones” y las “conchas” destacan por su textura esponjosa y sabor inconfundible, convirtiéndose en un imprescindible para quienes deseen probar un auténtico bocado colimense.

El café de altura, cultivado en suelos volcánicos y en armonía con la naturaleza, es otro de los tesoros gastronómicos que se podrán disfrutar en la feria. Su proceso de producción artesanal garantiza una bebida con aroma y sabor incomparables. Para quienes deseen conocer más sobre este producto, la Ruta del Cafées una experiencia imperdible, permitiendo descubrir de cerca el proceso de cultivo y producción de este café excepcional.

Para complementar la visita, Comala ofrece múltiples atractivos turísticos que van desde su encantadora Plaza Principal y la Parroquia de San Miguel Arcángel, hasta espacios naturales como la Laguna de Carrizalillos y el Volcán de Colima. Además, hospedarse en la histórica Hacienda de San Antonio es una excelente opción para quienes buscan una estancia llena de encanto y tradición.

La Feria del Ponche, Pan y Café Comala 2025 reúne lo mejor de la gastronomía, la historia y la cultura de esta tierra mágica. Del 11 al 27 de abril, Comala espera a todos con los brazos abiertos para vivir una experiencia llena de sabor y tradición.

Las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron un decreto que impulsa cambios fundamentales en el sector energético de México. Con 22 votos a favor, uno en contra y ocho abstenciones, el dictamen ahora será discutido por el pleno de la Cámara Alta, con una posible votación programada para este miércoles.

La iniciativa, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca fortalecer las empresas públicas del Estado, proporcionar certeza a agentes privados y mejorar la regulación del sector desde un enfoque técnico. Además, se pretende establecer un marco jurídico claro para la transición energética y los sectores eléctrico e hidrocarburos.

De acuerdo con el decreto, la reforma permitirá que México recupere el control de su sector energético, priorizando la seguridad nacional, el bienestar de la población y la sustentabilidad de los recursos. Para lograr estos objetivos, se expedirán ocho nuevas leyes y se reformarán tres normativas vigentes.

Las nuevas leyes incluyen la Ley de la Empresa Pública del Estado para la Comisión Federal de Electricidad, la Ley de la Empresa Pública del Estado para Petróleos Mexicanos, la Ley del Sector Eléctrico, la Ley del Sector Hidrocarburos, la Ley de Planeación y Transición Energética, la Ley de Biocombustibles, la Ley de Geotermia y la Ley de la Comisión Nacional de Energía.

Asimismo, se proponen modificaciones a la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.

Durante la discusión, legisladores de los partidos PAN, PRI y MC pidieron que las leyes y reformas fueran votadas de manera separada en lugar de un solo bloque. Ante la negativa de esta solicitud, optaron por abstenerse y anunciaron que insistirán en su petición durante la votación en el pleno.

Este debate es crucial para el futuro del sector energético del país, pues su aprobación podría redefinir el papel del Estado en la gestión de los recursos energéticos, así como el nivel de participación de las empresas privadas. Se espera que en los próximos días continúen las discusiones y que el Senado tome una decisión definitiva sobre esta reforma estructural.

El Congreso de Morelos aprobó la destitución de Uriel Carmona Gándara como fiscal general del estado tras una votación mayoritaria. Con 16 votos a favor y cuatro en contra, los diputados determinaron su remoción en respuesta a una solicitud formal del Ejecutivo estatal, encabezado por la gobernadora Margarita González Saravia.

Carmona Gándara enfrentó múltiples procesos penales y fue acusado de desviar recursos, proteger figuras políticas y encubrir delitos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lo señaló como un obstáculo para la pacificación de Morelos y lo acusó de manipular pruebas en el caso de Ariadna Fernanda ‘N’.

Durante su gestión, también fue señalado por encubrimiento de crímenes, persecución judicial contra periodistas y creación de una red de influencia con nexos políticos y criminales. Su permanencia en el cargo fue defendida por fracciones parlamentarias del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, lo que había impedido su destitución en intentos previos.

En la sesión ordinaria del Congreso estatal, se abrió un receso para analizar la solicitud de destitución enviada por el Ejecutivo a través de su jefe de oficina, Javier García. Rafael Reyes Reyes, presidente de la Junta Política del Congreso, convocó a una reunión urgente para discutir el caso. Finalmente, la decisión fue tomada y aprobada por la mayoría legislativa.

Esta no fue la primera solicitud de remoción. Anteriormente, la gobernadora ya había enviado un documento a la presidenta del Congreso, Jazmín Solano, reiterando la necesidad de su destitución.

El ahora exfiscal calificó su destitución como “inconstitucional” e “ilegal”. Afirmó que no había sido notificado formalmente y que se enteró a través de los medios de comunicación. Según Carmona, la decisión violó su derecho a audiencia, un principio fundamental del debido proceso.

“Este procedimiento exige que se me dé la oportunidad de defenderme y no lo hicieron, se saltaron la garantía de audiencia”, declaró en una entrevista. También acusó que la decisión fue una represalia por haber anunciado una solicitud de desafuero contra el exgobernador Cuauhtémoc Blanco.

Uriel Carmona enfrentó tres procesos penales relacionados con el caso de Ariadna Fernanda, lo que lo llevó a estar en prisión preventiva por casi dos meses, incluyendo un período en el penal de máxima seguridad de El Altiplano. Además, se le imputó su presunta participación en la tortura de un individuo conocido como “El Diablo”.

La gobernadora Margarita González Saravia insistió en la necesidad de su remoción, señalando no solo su prolongada permanencia en el cargo, sino también su inacción en casos de alto perfil. Con la salida de Carmona Gándara, se espera una reestructuración en la fiscalía y un nuevo rumbo en la procuración de justicia en Morelos.