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El Instituto Nacional Electoral (INE) dio luz verde al nuevo modelo de credencial para votar, que incorporará tecnología de vanguardia para reforzar su seguridad y autenticidad. La decisión fue tomada este jueves durante la sesión del Consejo General, donde se detallaron los cambios que tendrá el documento más utilizado para identificarse en México.

Arturo Castillo Loza, consejero electoral y presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores, informó que esta renovación se enmarca dentro de un proceso de licitación para contratar a la empresa que fabricará las nuevas credenciales. Aprovechando este proceso, el INE introducirá mejoras sustanciales tanto en diseño como en protección contra fraudes.

El nuevo diseño contará con innovaciones como microtextos, elementos ópticamente variables, tintas termocromáticas e infrarrojas, así como un diseño de seguridad de alta resolución. También se añadirá una fotografía digital en el reverso y un elemento táctil que facilitará su uso a personas con debilidad visual.

Además, se mantendrán los mecanismos actuales de verificación y lectura rápida, como los códigos de barras tradicionales y los códigos QR bidimensionales de alta densidad. El documento seguirá incluyendo hasta 650 caracteres para los datos personales del titular, así como el código OCR compuesto por la sección electoral y un identificador único.

El objetivo central, señaló Castillo, es robustecer la seguridad del documento para hacerlo prácticamente infalsificable y garantizar la integridad de los procesos democráticos en México.

“Se busca incrementar las medidas de seguridad de esta credencial y garantizar que sea prácticamente infalsificable”, afirmó.

El nuevo modelo también abre la puerta a futuras discusiones sobre la inclusión de información adicional, como la voluntad de donación de órganos o la pertenencia a un grupo indígena, a solicitud de ciudadanos. Sin embargo, estos temas serán abordados en una etapa posterior.

La renovación de la credencial forma parte de los esfuerzos del INE por mantenerse a la vanguardia tecnológica y proteger la identidad de más de 97 millones de ciudadanos registrados en el padrón electoral. Con estas modificaciones, el instituto busca no solo facilitar el ejercicio del voto, sino también fortalecer la confianza en los instrumentos electorales del país.

El Senado de la República dio luz verde a una serie de reformas que marcan un antes y un después en la vigilancia financiera del país. Se trata de un nuevo paquete legislativo contra el lavado de dinero que fortalece las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y amplía el cerco sobre operaciones sospechosas, especialmente en el entorno político y financiero nacional.

Con 74 votos a favor, 13 en contra y 19 abstenciones, el pleno aprobó modificaciones clave a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como a los artículos 11 y 400 Bis del Código Penal Federal. La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados para su siguiente revisión.

Uno de los puntos más sensibles de estas reformas recae sobre la definición y supervisión de las Personas Políticamente Expuestas (PEP). A partir de ahora, se establece la obligación de monitorear más de cerca a funcionarios públicos y a cualquier individuo vinculado con ellos. La Secretaría de Hacienda será la responsable de elaborar un listado actualizado de los cargos considerados como políticamente expuestos, y las instituciones financieras deberán reportar cualquier movimiento inusual de este grupo.

Los cambios también introducen nuevas obligaciones para múltiples entidades públicas. El Instituto Nacional Electoral (INE) deberá entregar información sobre partidos, precandidaturas, coaliciones y candidaturas independientes. Las Secretarías del Trabajo, tanto federales como locales, compartirán datos de sindicatos y sus dirigentes. Petróleos Mexicanos (Pemex) deberá hacer lo mismo cuando Hacienda lo solicite.

Una reforma destacada es la conversión de los umbrales de vigilancia económica de pesos a UMAS (Unidad de Medida y Actualización), lo que redefine los montos que despiertan sospechas. Por ejemplo, si una empresa transfiere 90 mil pesos en efectivo a una tarjeta de crédito y no se encuentra en los registros fiscales como proveedor actualizado, la operación podría considerarse de riesgo.

Además, la reforma obliga a la Fiscalía General de la República a notificar a la UIF sobre cualquier indicio de lavado de dinero. El objetivo es cerrar la brecha institucional y permitir que se recaben denuncias, se ejerzan acciones penales y se rastreen activos relacionados con redes criminales.

La senadora Claudia Anaya del PRI expresó preocupación por el impacto de esta reforma en los trabajadores informales. Según su postura, la iniciativa apunta más hacia la economía informal que al crimen organizado. “Van contra los ciudadanos, van contra la clase más oprimida como pueden ser los trabajadores informales, van contra la clase política”, declaró en tribuna.

Senadoras como Guadalupe Murguía, del PAN, y Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, también manifestaron inquietudes sobre el término “personas relacionadas”, que podría abarcar desde familiares hasta vecinos o empleados. Señalaron que esta ambigüedad permite que Hacienda interprete las disposiciones según criterios propios.

Finalmente, el senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, respaldó las reformas como una herramienta para desmantelar redes financieras ligadas al crimen organizado y a los sectores de poder.

Las reformas reflejan el esfuerzo de México por alinearse con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI) en materia de prevención de operaciones ilícitas. Mientras se afina su implementación en la Cámara de Diputados, el país entra en una nueva etapa de fiscalización donde los movimientos financieros y políticos quedarán bajo un lente más exigente.