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El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) y Pemex Exploración y Producción (PEP) recibieron sobornos por al menos 150 mil dólares entre 2019 y 2021, a cambio de otorgar contratos millonarios a empresarios vinculados a Texas. Los hechos ocurrieron durante la administración de Octavio Romero Oropeza como director de la petrolera estatal.

La acusación, presentada en el Distrito Sur de Texas, apunta a Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, de 46 años, residente en Woodlands, Texas, y a Mario Alberto Ávila Lizárraga, de Spring, Texas, actualmente prófugo. De acuerdo con los documentos judiciales, ambos presuntamente conspiraron para pagar sobornos en efectivo, artículos de lujo —incluyendo piezas de Louis Vuitton y relojes Hublot— y otros bienes valiosos a por lo menos tres funcionarios de Pemex y PEP.

El objetivo de estos pagos, según la investigación, fue asegurar y mantener contratos por un valor aproximado de 2.5 millones de dólares. “Rovirosa, Ávila y sus cómplices presuntamente ofrecieron sobornos… a cambio de que estos realizaran ciertas acciones para ayudar a las empresas asociadas con Rovirosa a obtener y mantener negocios con Pemex y PEP”, detalla la acusación.

El caso está siendo investigado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Seguridad Nacional (HSI). Los documentos judiciales también señalan que Rovirosa tendría vínculos con miembros de cárteles mexicanos, lo que eleva el perfil criminal del caso.

Matthew R. Galeotti, fiscal general adjunto interino de la División Penal del Departamento de Justicia, subrayó que este tipo de conductas no quedarán impunes. “Esta acusación formal debe transmitir un mensaje claro: la División Penal no tolerará a quienes enriquezcan a funcionarios corruptos para beneficio personal y en detrimento del mercado justo”, declaró.

Rovirosa y Ávila enfrentan cada uno un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y tres cargos sustanciales por violaciones a la misma legislación. De ser declarados culpables, podrían recibir hasta cinco años de prisión por cada cargo.

Hasta el momento, no se han dado a conocer los nombres de los funcionarios de Pemex presuntamente implicados en el esquema de sobornos.

Octavio Romero Oropeza dirigió Pemex desde diciembre de 2018 hasta septiembre de 2024, periodo en el que se habrían registrado estos pagos ilegales. Actualmente, ocupa el cargo de director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

El caso refuerza la vigilancia internacional sobre posibles actos de corrupción en la industria petrolera mexicana, involucrando tanto a empresarios como a funcionarios que, de acuerdo con la acusación, se beneficiaron a costa de la integridad del proceso de licitación y del mercado justo.

El Senado de la República dio luz verde a una serie de reformas que marcan un antes y un después en la vigilancia financiera del país. Se trata de un nuevo paquete legislativo contra el lavado de dinero que fortalece las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y amplía el cerco sobre operaciones sospechosas, especialmente en el entorno político y financiero nacional.

Con 74 votos a favor, 13 en contra y 19 abstenciones, el pleno aprobó modificaciones clave a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como a los artículos 11 y 400 Bis del Código Penal Federal. La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados para su siguiente revisión.

Uno de los puntos más sensibles de estas reformas recae sobre la definición y supervisión de las Personas Políticamente Expuestas (PEP). A partir de ahora, se establece la obligación de monitorear más de cerca a funcionarios públicos y a cualquier individuo vinculado con ellos. La Secretaría de Hacienda será la responsable de elaborar un listado actualizado de los cargos considerados como políticamente expuestos, y las instituciones financieras deberán reportar cualquier movimiento inusual de este grupo.

Los cambios también introducen nuevas obligaciones para múltiples entidades públicas. El Instituto Nacional Electoral (INE) deberá entregar información sobre partidos, precandidaturas, coaliciones y candidaturas independientes. Las Secretarías del Trabajo, tanto federales como locales, compartirán datos de sindicatos y sus dirigentes. Petróleos Mexicanos (Pemex) deberá hacer lo mismo cuando Hacienda lo solicite.

Una reforma destacada es la conversión de los umbrales de vigilancia económica de pesos a UMAS (Unidad de Medida y Actualización), lo que redefine los montos que despiertan sospechas. Por ejemplo, si una empresa transfiere 90 mil pesos en efectivo a una tarjeta de crédito y no se encuentra en los registros fiscales como proveedor actualizado, la operación podría considerarse de riesgo.

Además, la reforma obliga a la Fiscalía General de la República a notificar a la UIF sobre cualquier indicio de lavado de dinero. El objetivo es cerrar la brecha institucional y permitir que se recaben denuncias, se ejerzan acciones penales y se rastreen activos relacionados con redes criminales.

La senadora Claudia Anaya del PRI expresó preocupación por el impacto de esta reforma en los trabajadores informales. Según su postura, la iniciativa apunta más hacia la economía informal que al crimen organizado. “Van contra los ciudadanos, van contra la clase más oprimida como pueden ser los trabajadores informales, van contra la clase política”, declaró en tribuna.

Senadoras como Guadalupe Murguía, del PAN, y Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, también manifestaron inquietudes sobre el término “personas relacionadas”, que podría abarcar desde familiares hasta vecinos o empleados. Señalaron que esta ambigüedad permite que Hacienda interprete las disposiciones según criterios propios.

Finalmente, el senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, respaldó las reformas como una herramienta para desmantelar redes financieras ligadas al crimen organizado y a los sectores de poder.

Las reformas reflejan el esfuerzo de México por alinearse con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI) en materia de prevención de operaciones ilícitas. Mientras se afina su implementación en la Cámara de Diputados, el país entra en una nueva etapa de fiscalización donde los movimientos financieros y políticos quedarán bajo un lente más exigente.