El Senado de la República aprobó reformas clave a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Las modificaciones normativas, surgidas de una iniciativa presentada por Claudia Sheinbaum el 31 de marzo, fueron avaladas con 89 votos a favor de legisladores de Morena, PT, PVEM, PAN y Movimiento Ciudadano, y 13 votos en contra por parte del PRI.
El dictamen elimina el plazo de espera de 72 horas para iniciar una búsqueda. A partir de su aprobación, las autoridades deben actuar desde el primer momento en que se presenta una denuncia de desaparición. La medida fue impulsada por colectivos de madres buscadoras y se convierte en uno de los ejes fundamentales del nuevo marco legal.
El documento establece que la CURP será utilizada como el identificador oficial en procesos de búsqueda, lo que permitirá articular una Plataforma Única de Identidad, sistema que estará enlazado con diversas bases de datos: el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el Banco Nacional de Datos Forenses y otros registros administrativos.
La Secretaría de Gobernación estará a cargo de un programa de recolección y gestión de datos biométricos, con énfasis en niñas, niños y adolescentes. Esta dependencia será responsable de integrar dicha información a la CURP, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales. La finalidad será consolidar un registro de identidad más robusto y facilitar la localización de personas.
El nuevo modelo también incluye la monitoreación en tiempo real de la CURP, así como el acceso de la Fiscalía General de la República, fiscalías locales, instituciones de seguridad pública y el Centro Nacional de Inteligencia a bases de datos que contengan datos biométricos y otros elementos de identificación.
Además de acelerar la apertura de carpetas de investigación y generar una búsqueda inmediata, la reforma contempla la creación de una base única forense, el fortalecimiento de registros estatales y la homologación del delito de desaparición con el de secuestro.
Durante la sesión, se aceptó una reserva presentada por la senadora Margarita Valdéz para que gobiernos estatales y municipales, en un plazo de 180 días, regulen cementerios, panteones, servicios funerarios, crematorios y fosas comunes.
Por otro lado, no fue aprobada la propuesta de la senadora Maki Ortiz para integrar una sección permanente de denuncia ciudadana en la Plataforma Única de Identidad. Tampoco se aceptó la reserva del senador Erick Jaimes, que buscaba reconocer a madres y familiares de personas desaparecidas como coadyuvantes oficiales en las investigaciones. La mayoría de Morena se opuso a ambas propuestas. El dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados para su revisión.